Una nueva semana, una nueva fecha de marcha contra el maléfico fraude electoral que, según Rafael López Aliaga, habría unido a caviares, terrucos y hasta sectores de derecha en una especie de Avengers políticos para hacerlo perder. Al menos así lo quieren vender.
Con banderas peruanas, camisetas de la selección y toda la estética de final eliminatoria, los seguidores de Porky volvieron a las calles buscando hacer retroceder al JNE, evitar la publicación de resultados y, de ser posible, anular las elecciones completas. Porque si se va a reclamar, que sea en paquete completo.
Antes de la marcha, como ya es costumbre, Porky se dio su baño de popularidad y aprovechó para lanzarle unos cuantos dardos a Keiko Fujimori, quien horas antes había marcado distancia de los llamados a la “insurgencia” impulsados por la ola celeste. Incluso defendió los resultados de la ONPE, esos mismos que la colocan como principal contendora para la segunda vuelta del próximo 7 de junio.
Eso no le cayó nada bien a López Aliaga, quien aseguró que Keiko debería estar a su lado denunciando fraude y no haciéndose de la vista gorda, aun sabiendo, según él, que perderá por cuarta vez. Y como si el golpe necesitara cereza, remató: “hasta el panetón de Tottus le va a ganar”.
Parece que la guerra entre ambos personajes está lejos de terminar. Aunque tampoco falta quien piense que todo este enfrentamiento es puro teatro político para distraer y confundir al país mientras el incendio sigue avanzando por otro lado.
Gremios empresariales presionan a organismos electorales y exigen auditoría internacional al sistema de la ONPE antes de hacerse oficiales los resultados de la primera vuelta
Al fraudismo se le acaba el tiempo. Este jueves vence el plazo fijado por el Jurado Nacional de Elecciones para terminar la revisión de las actas observadas y la publicación de los resultados oficiales son inminentes. Con el tiempo en contra, Rafael López Aliaga ha estado moviendo a toda su gente para doblarle el brazo al JNE y que no se oficialicen los resultados.
A los recursos de Renovación Popular y del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ahora se suman 11 gremios empresariales entre los que destacan Adex, la Sociedad Nacional de Industrias, Canatur, la Asociación Automotriz del Perú y la Cámara de Comercio de Lima.
Todos ellos repiten el pedido de Porky para que la primera vuelta sea sometida a una auditoría internacional antes de anunciarse los resultados. Esta nueva ofensiva del fraudismo desde un sector del empresariado colisiona abiertamente con la postura de la todopoderosa Confiep, que ya rechazó las acusaciones de fraude electoral. Los ultraconservadores están destruyendo todo.
Transparencia cuestionó al JNE y ONPE por su silencio durante llamados a insurgencia
Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, soltó su segundo informe preliminar de observación electoral y, aunque tuvo que admitir que la jornada del 12 y 13 de abril fue “absolutamente normal” en casi todo el país (con el 97.7% de mesas instaladas a las 9 a.m. y todo), no pudo evitar soltar una pulla: el verdadero desastre no fue en las urnas, sino en el mutismo de la ONPE y el JNE. Resulta que mientras los partidos políticos se entretenían llamando a la insurgencia y amenazando con golpes de Estado, que Henzler rechazó de plano, las autoridades electorales se quedaron calladitas como momias, regalando el campo a las noticias falsas y a las teorías del fraude con las famosas actas de la serie 900.
Hablando de ellas: no, querido lector, no son “actas fantasmas” ni las inventaron ayer; funcionan desde 2005 para que los ciudadanos de comunidades rurales y alejadas puedan votar sin tener que viajar tres días a lomo de burro. Pero como explicar eso parece misión imposible, Transparencia tuvo que entregar 20 recomendaciones a los entes electorales, entre ellas: salgan a hablar, refuercen los 60 Jurados Electorales Especiales y transparenten a sus 50 mil fiscalizadores.
Ah, y por si alguien lo olvidó: el cambio de mando del 28 de julio no es un capricho, es mandato constitucional. Así que, señores políticos, a canalizar sus reclamos por la vía legal y dejen de asustar a la ciudadanía con discursos de desestabilización.
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