El caso de “Los Ediles del Cono Sur” va llegando a su fin. Los más de 50 audios que incriminan al alcalde de Yarabamba, Manuel Aco Linares, como presunto líder de la denominada organización criminal, dejaron sin defensa al burgomaestre y a sus funcionarios implicados. Como último recurso, reconoció los cargos atribuidos por el Ministerio Público de cohecho y colusión, pero acusó a sus regidores de haberlo presionado.
Recordemos que los cuestionadas autoridades de Yarabamba solicitaban a empresarios el llamado ‘diezmo’. En dicha modalidad, se sobrevaloraban contratos de obras en un 10% del costo real, para dar la buena pro a empresas y salir beneficiados.
Luego de más de 20 horas de audiencia para prisión preventiva con contundente evidencia de la Fiscalía, Aco Linares se acogió a la confesión sincera para revelar que les pagó a los regidores (de su propio peculio) para que dejen de hostigarlo. El primer señalado es el nuevo alcalde de Yarabamba y antes primer regidor, José Luis Luna, quien supuestamente trajo una empresa para que reciba la buena pro en la obra del Mirador de las Iluminarias.
“El monto fue de tres mil a cada regidor, en total fueron cuatro regidores, ellos son José Luis Luna Zapana, Belén Tito Soto, Johan Cabrera y Zenón Cruz Hidalgo, no recuerdo exactamente la fecha. Esa entrega de dinero fue en la oficina de Alcaldía de la Municipalidad de Yarabamba”
Manuel Aco Linares, alcalde suspendido de Yarabamba
A través de un comunicado, el nuevo alcalde, José Luis Luna Zapana, y los regidores de la comuna mencionados, negaron las declaraciones. En el pronunciamiento, que luego fue borrado de sus redes, indican que Aco Linares debió tomar acciones en su momento si se sentía tan presionado. Más abajo califican la confesión de mal intencionada.
Las investigaciones exponen el modus operandi de “Los Ediles del Cono Sur”
La fiscal Roxana Flores explicó que los delitos de cohecho y colusión se empezaron a dar el 15 de junio de 2023, fecha en la que el “alcalde ofrece tareos (total de horas trabajadas por los obreros) con sueldos fantasmas y una obra de mantenimiento para una empresa que los regidores traigan”. Es en ese momento, cuando los implicados inician las coordinaciones para ejecutar la obra del Mirador de las Iluminarias con el fin de que el Consorcio Constructores del Sur gane la buena pro.
Los principales funcionarios de la Municipalidad de Yarabamba que participaron de este proceso son: Ivan Zurita, exgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural; Jorge Gonzales Llerena, jefe de Logística y Abastecimiento; Víctor Maldonado Acosta, gerente municipal. Todos ellos, bajo la asesoría de Carlos Augusto Ope, quien hizo el expediente técnico para obtener el diezmo para los regidores.
En el proceso, también se menciona a Edwin Mamani Apaza y Miguel Ángel Charca Mamani, los intermediarios entre los empresarios, Richard Mamani Vilca y Faustino Jovito (quien además firma el contrato), y los funcionarios públicos acusados.
Para la Fiscalía, Víctor Maldonado es culpable de colusión al firmar el contrato sabiendo que los beneficiaría. De igual forma aplica para Zurita y Gonzales, quienes se reunieron previamente con el alcalde para dar a la empresa las facilidades.
Al momento, la comuna de Yarabamba ha realizado el pago de 785 mil soles a favor del consorcio. Pagos que incluirían partidos o insumos sobrevalorados, es decir, con el ‘diezmo’ aplicado. Según declaraciones del gerente municipal, el pago se hace 5% a la firma del contrato, y 5% al pago de la valorización.
Dinero que la Policía recuperó al momento del allanamiento en las casas y vehículos de los detenidos. En total, se incautó medio millón de soles entre todos. En la camioneta del alcalde se encontraron 50 mil soles en 7 fajos de billetes de 100 soles. Además, otros 30 mil soles en su vivienda. La audiencia inició el 31 de enero y al cierre de la nota, tarde del 2 de febrero, continúa.
¿Cuántos años irá a la cárcel el alcalde de Yarabamba?
A poco de culminar la audiencia de prisión preventiva, todo indica que “Los Ediles del Cono Sur”, conformado por Linares y otros funcionarios, se irán a la cárcel por los siguientes 9 meses, a pedido de la Fiscalía. Según el abogado Héctor Herrera, la gravedad de los actos delictivos culminarán con una grave sentencia de 20 a 25 años de prisión efectiva.
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