El contralor General de la República, Nelson Shack, visitó la ciudad de Arequipa para abordar la preocupante situación de las obras paralizadas en la región. Shack reveló que existe un promedio alarmante de 95 proyectos estancados y solicitó el compromiso de las autoridades distritales, provinciales y regionales para destrabar estas obras.
En tres semanas, técnicos de la Contraloría y de Arequipa trabajarán en la elaboración de una lista prioritaria de proyectos con el objetivo de destrabarlos. Shack informó que tanto la presidenta, Dina Boluarte, como el exministro de Economía, Álex Contreras, se comprometieron a aprobar y asignar créditos suplementarios a las unidades ejecutoras responsables de los proyectos paralizados. Sin embargo, enfatizó que este propósito se aplicaría solo a 65 de ellas. Esta lista detallada se dará a conocer a su retorno a Arequipa, a mediados de marzo.
“Hay prioridades en las obras de los hospitales y saneamiento que van a entrar en esta lista priorizada. La idea es aplicar el marco legal del destrabe”, manifestó el contralor.
Contralor General de la República, Nelson Shack
Shack destacó que la raíz de los problemas en las obras radica en la baja calidad de los estudios, especialmente en los expedientes técnicos. «Muchos de estos expedientes no son elaborados por funcionarios públicos, sino por proyectistas», señaló. Ante esta problemática, anunció la presentación de un proyecto de ley para que las sanciones no solo afecten a los funcionarios públicos, sino también a los proyectistas y contratistas involucrados.
Refirió que la institución que tuvo más obras paralizadas en el periodo del 2023 es el Gobierno Regional de Arequipa.
Pérdidas económicas en Arequipa por corrupción
En cuanto a las pérdidas económicas provocadas por corrupción, Shack reveló que en 2023 se registraron perjuicios por un monto de S/78 millones en Arequipa. Esto representa una disminución respecto al año anterior, que superó los S/100 millones. Actualmente, un total de 401 funcionarios y servidores enfrentan responsabilidad administrativa, civil y penal por presuntas irregularidades e infracciones.
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