Wilber Mayta Fernández, representante de la asociación Jorge Basadre, denunció irregularidades en la procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), respecto a un desalojo que afectó a más de mil familias en los terrenos ubicados al costado derecho de la quebrada de Culebrillas, en el distrito de Uchumayo.
Según Mayta, los terrenos fueron donados por Violeta Aguirre Llerena, mediante escritura pública en junio de 2023. Explicó que la propiedad inscrita en el registro de predios de Arequipa no figura como propiedad del estado.
Además, denunció que la procuradora del GRA, Luz Amparo Begazo, solicitó un presupuesto por 20 mil soles para realizar el desalojo. Los detalles del monto incluyen el contrato de buses para personal policial, los gastos de combustible y más de 4 mil soles que se utilizaron en la compra de refrigerios.
“La procuradora del GRA conocía que el terreno estaba judicializado (…) le hemos enviado carta notarial, aún así han procedido con el desalojo”
Representante de la asociación Jorge Basadre, Wilber Mayta Fernández
En la demanda también se imputa a Ghino Malaspina del Castillo, jefe de la novena Macro Región Policial de Arequipa; Leonidas Zavala Lazo, Gerente del GRA; Wendy Janampa Sang, fiscal de Prevención del delito de GRA; y otros siete funcionarios relacionados a la entidad.
Advierten que terrenos pertenecen a sitios arqueológicos
En marzo de 2023, la procuraduría observó la presencia de invasores en dichos terrenos. La zona está declarada como Patrimonio Cultura de la Nación, por el registro de petroglifos correspondientes a la cultura Wari.
Desde ese momento la procuradora Amparo Begazo señaló que se habían hechos algunos desalojos y advirtió a la población para que no caiga en estafas.
Sin embargo, para Mayta Fernández el desalojo es una usurpación contra sus terrenos y los de los socios. Por tanto, no descartó realizar una protesta junto a otras asociaciones de vivienda.
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