La vida, la salud y la seguridad del pueblo wampís, ubicado entre las regiones amazónicas de Amazonas y Loreto, se encuentran bajo una grave amenaza debido a la expansión descontrolada de la minería ilegal. A pesar de los operativos de interdicción realizados, el Estado peruano no logra frenar este avance destructivo. Además, líderes denuncian presunta complicidad policial con esta actividad ilícita. En entrevista con Inforegión expresaron sus principales preocupaciones y demandas.
Minería amenaza vida y bosques
Ante el creciente peligro que representa la minería ilegal y la supuesta corrupción policial que afectan sus territorios, líderes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) viajaron a Lima para exigir acciones urgentes que detengan estos delitos ambientales y sociales. Los líderes wampís narran que desde hace varios años la presencia de esta actividad causa una serie de males a esta población indígena, que sobrevive en condiciones de pobreza y abandono por parte del Estado.
La minería ilegal de oro está presente en el territorio wampís desde el 2016. Desde entonces, esta actividad genera divisiones dentro de la misma comunidad y un impacto ambiental devastador, que incluye la contaminación con mercurio del río Santiago. Esto no solo pone en riesgo la biodiversidad acuática, sino también la salud de las comunidades wampís, awajún y aledañas.
“Cuando esto inició hicimos dos interdicciones con apoyo del Gobierno, y pensamos que terminaría ahí. Pero hoy tenemos más de 30 dragas operando, cuando antes eran 15 o menos. Nuestros hijos, nuestros niños, van al río y regresan con picazón en la piel, algo que antes no ocurría. Los peces también tienen heridas. Incluso hay menor cantidad de ellos. Antes cazábamos hasta diez peces, pero ahora apenas encontramos alguno”, señaló a Inforegión Andrés Noningo Sesén, sabio del GTANW.
Líderes viajan a Lima en busca de acciones urgentes
A pesar de los esfuerzos del GTANW por conformar guardias indígenas y movilizaciones masivas contra la minería ilegal, como la desarrollada el 22 de marzo en la comunidad Puerto Galilea, la instalación de nuevas plataformas de dragas por mineros provenientes de Madre de Dios y el distrito de Cenepa en Amazonas exacerba el conflicto y genera más enfrentamientos con comuneros. 
Wampís denuncian complicidad policial con minería ilegal
El GTANW denunció que el 18 de abril tres individuos vestidos con uniformes policiales fueron detenidos en la comunidad de Villa Gonzalo mientras protegían embarcaciones utilizadas por mineros ilegales en el río Santiago. Al verse descubiertos, los presuntos policías arrojaron sus armas al agua.
“Hemos conformado el Grupo Katsaip (‘guardia indígena’) como un sistema de control socioambiental. Así estuvimos monitoreando el río, ya que durante la noche solían pasar como siete máquinas. Debido a ello y la presión que estamos ejerciendo a nivel nacional, los mineros se vieron obligados a salir con policías. Fue así como nuestro propio sistema de vigilancia, más los comuneros de la comunidad nativa Villa Gonzalo, lograron capturarlos”, detalló a Inforegión, Wrays Pérez.
Ante este alarmante hecho, la comunidad exigió la presencia inmediata de la policía y una delegación de la fiscalía para proceder con la entrega de los presuntos policías y mineros ilegales. Además, solicitaron la elaboración de un acta que documente estos hechos irregulares y alarmantes. Por su parte, el GTANW exigió al Ministerio del Interior y otras instancias del Estado que se realice una investigación exhaustiva para verificar la identidad de los detenidos, la destitución inmediata en caso de confirmarse que son miembros de la policía, la incautación y destrucción de las dragas, la implementación de mecanismos efectivos de intervención y la protección a las autoridades wampís. 
Líderes en riesgo y leyes del Estado que agravan la situación
La falta de atención al pueblo wampís los deja a merced de los mineros ilegales, quienes, aliados con el crimen organizado, amenazan a los líderes indígenas. Además, impiden que defensores ambientales y de derechos humanos ejerzan su rol. “No contamos con ninguna garantía. El sistema de protección a defensores ambientales del Ministerio de Justicia no funciona.
Cuando sufrí una amenaza, vino un comisario a visitarme y me explicó que necesitaba cuatro policías para contar con seguridad. Pero mi comunidad está a tres horas de viaje en bote desde Nieva, y considerando el retorno de los policías, sumado al costo de la gasolina, esta propuesta simplemente no funciona”, señaló el líder Wrays Pérez. Asimismo, los líderes exigieron la derogación de la ley antiforestal y la Ley n.º 7278 de minería, que actualmente impide a la policía intervenir frente al uso ilegal de explosivos en actividades mineras.
“Queremos que se reconozca la Amazonía como una fuente vital de vida para nuestro planeta. Si no actuamos, estamos encaminándonos hacia la muerte”, concluyó Wrays Pérez. Las consecuencias de esta actividad ilícita impactan en la cultura y salud de la población wampís. Una situación que pone en evidencia la urgente necesidad de que el Estado peruano tome medidas firmes para combatir la minería ilegal, antes de que cause daños irreparables.
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