Según lo consignado en su rendición de cuentas, por cada mes en la primera mitad de 2024, Fuerza Popular pagó por servicios de asesoría legal 8 mil soles por abogado.
Por ejemplo, el 3 de enero, FP pagó con fondos del Estado, es decir, del financiamiento público, 8 mil soles a Christian Jaime Salas Beteta, por el concepto de asesoría legal. El 31 de enero pagó 8 mil soles por el mismo concepto, a otro abogado, Juan Carlos Portugal Sánchez.
En enero de 2024, el partido Fuerza Popular, con dinero del financiamiento público directo, también adquirió tres celulares Iphone. Dos de estos equipos están valorizados en más de 2 mil 600 soles. El tercer celular Iphone 14 fue valorizado en más de 4 mil soles.
En febrero de este año, Christian Jaime Salas Beteta, quien también fue acreditado en enero de 2024 como parte del cartel de abogados para defender a Patricia Benavides, la inhabilitada fiscal de la Nación, recibió dos veces el jugoso pago de 8000 soles. Es decir, 16 mil soles en un solo mes por el servicio que solo es descrito como “asesoría legal». El primer pago se dio el 6 de febrero. El segundo se dio pocos días después, el 19 de febrero. Así lo consigna FP en su rendición de cuentas ante la ONPE.
Actividades festivas de Fuerza Popular en marzo costaron más de 30 mil soles del financiamiento público
El 1 de marzo, Fuerza Popular destinó más de 22 mil 800 soles para la instalación de toldos. También por la descripción del concepto de grupo electrógeno, equipo de sonido, pantalla y cámara pagaron 9 mil 800 soles, esa misma fecha.
El 1 de marzo, el partido fujimorista también pagó más de 4 mil soles por el “Servicio de Coach Motivacional” a Giovanna Debora Castro Velandres. En marzo, nuevamente se hizo el pago de 8 mil soles a Christian Jaime Salas Beteta por “asesoría legal”.
Fuerza Popular pagó más de 20 mil soles en legalización de copias en abril
El 15 de abril, Fuerza Popular pagó 20 mil 650 soles con dinero del financiamiento público a Rosa María Fonseca Li por el concepto de “Legalización de copias”.
Ese mes, el 2 de abril, se volvió a pagar religiosamente los honorarios de 8 mil soles al asesor legal Christian Salas Beteta. Al día siguiente se le pagó otros 8 mil soles al también asesor legal Juan Carlos Portugal Sánchez. Los conceptos por “legalización de copias” (1 mil 100 soles) y “asesoría legal” (8 mil soles a Salas y Portugal) se repitieron en mayo.
Christian Jaime Salas Beteta recibió el pago de 8 mil soles en siete ocasiones en el primer semestre de este año por parte de Fuerza Popular. El partido de Keiko Fujimori le pagó un total de 56 mil soles a quien fue el abogado de Patricia Benavides, por concepto de “asesoría legal”.
En marzo, el partido naranja destinó para “actividades de formación”, más de 100 mil soles, y en “actividades de capacitación” pagó más de 58 mil soles. Todo esto con fondos del Financiamiento Público Directo, es decir, con dinero del Estado.
En abril, Fuerza Popular destinó del FPD para la Escuela Naranja más de 198 mil soles y para un “Programa de descentralización política” pagó más de 253 mil soles.
ONPE cerró la recepción de rendición de cuentas de partidos políticos el 15 de julio
Las organizaciones políticas beneficiarias del financiamiento público directo (FPD) debían esclarecer hasta esa fecha límite el uso de recursos durante el primer semestre del presente año, los cuales son proporcionados por el Estado para evitar financiamiento de fuentes ilícitas.
A través de una resolución de la ONPE, en enero de este año, se aprobó la transferencia financiera y el otorgamiento mensual de la subvención del financiamiento de S/ 7 millones 798 mil soles. Estos recursos fueron en beneficio de diez organizaciones políticas.
Los partidos políticos beneficiarios con el Financiamiento Público Directo (FPD) son:
- Perú Libre, con S/ 1,075,639.61.
- Fuerza Popular, con S/ 957,530.59.
- Renovación Popular, con S/ 843,268.72.
- Acción Popular, con S/ 825,571.60.
- Alianza para el Progreso, con S/ 741,414.23.
- Avanza País, con S/ 741,130.77.
- Juntos por el Perú, con S/ 687,321.48.
- Somos Perú, con S/ 661,153.18.
- Podemos Perú, con S/ 644,211.68.
- Partido Morado, con S/ 620,759.78.
El financiamiento público directo es el otorgamiento de fondos a los partidos políticos y alianzas electorales con representación en el Congreso.
Ese dinero debe ser utilizados durante el quinquenio posterior a los comicios generales en los que fueron elegidos.
Esta subvención no debe ser utilizada con fines de lucro, ni con fines distintos a lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas. El gasto o la actividad que se ejecute con los fondos del financiamiento público directo debe realizarse bajo el principio de sostenibilidad.
La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, verificará y controlará la correcta ejecución del financiamiento entregado.
¿Cómo deben distribuir el financiamiento público?
Según el Reglamento de Financiamiento, hasta el 50 % del financiamiento público debe ser para gastos del funcionamiento ordinario, la adquisición de bienes (inmuebles, muebles) para las actividades, así como para la contratación de personal y servicios.
No menos del 50 % del financiamiento son destinadas para actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. Esto debe ser bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre mujeres y hombres. Estas actividades pueden estar orientadas a los procesos electorales, encuestas, sistemas informáticos o digitales y procesamiento de datos.
Los 10 partidos políticos con representación en el Congreso cumplieron con entregar información dentro del plazo establecido
Los diez partidos políticos beneficiados con el financiamiento público directo cumplieron con entregar la rendición de cuentas del primer semestre del 2024. Esta información es visualizada en el aplicativo, Claridad, del organismo electoral.
Los auditores del organismo electoral revisarán el libro de actas de los órganos partidarios, el manual de procedimientos internos, el plan y presupuesto aprobado para la ejecución del financiamiento.
Los partidos políticos deben poner a disposición de la ONPE los requerimientos, cotizaciones, comprobantes de pago. También la conformidad de servicios y contratos con terceros para realizar actividades de formación, capacitación e investigación. Es decir, todo medio que sustente el gasto, alquileres, personal en planilla, boletas de pago, etc.
Los libros contables, compras, ventas, inventarios, extractos bancarios, talonarios y chequeras, también son objeto de verificación.
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