El gobierno de Dina Boluarte busca prohibir la negociación colectiva para más de medio millón de servidores públicos de municipalidades, universidades y entidades descentralizadas del país, y así no puedan acordar mejoras económicas.
Tanto el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, sustentan este jueves 5, ante el Pleno del Congreso y en una sesión extraordinaria, los proyectos de ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
Lo que se quiere es eliminar la negociación colectiva en el ámbito descentralizado por territorio y entidad. Así, después de haber luchado por 40 años para lograr la ley que rige desde el 2021, esta se trunca para más de 2.550 entidades del Estado. Entre 1.980 municipalidades, 33 universidades, ministerios, Poder Judicial, Congreso, entre otros, no podrán acordar mejoras económicas si se aprueba el presupuesto 2025.
El Ejecutivo está bloqueando cualquier acuerdo que mejore las remuneraciones
Alberto Campos, secretario general colegiado de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE) hizo una advertencia. Esto porque desde el 2025 los trabajadores estatales recibirán un aumento de S/100 al mes y un bono de S/200. Y si el aumento de 100 soles parece poco para el costo de vida, la diferencia a negociar se quiere dejar sin efecto, dijo a La República.
Lo que está haciendo el Ejecutivo es bloquear cualquier acuerdo que mejore la retribución económica a los trabajadores estatales. Esto, en el marco de la negociación colectiva descentralizada por ámbito territorial, entidad pública o en la que los sindicatos crean conveniente, explicó el dirigente.
El proyecto del presupuesto público que se envió al Congreso para su debate, debe aprobarse hasta antes de diciembre.
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