El Poder Judicial, dentro de la investigación preliminar que se le sigue al ministro de Justicia y asesor de la presidenta Dina Boluarte, Eduardo Arana, por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, ordenó levantar el secreto de sus comunicaciones.
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos.
Las empresas de telecomunicaciones tendrán que informar al despacho fiscal las líneas telefónicas que registra o registró Eduardo Arana y el detalle del tráfico de llamadas entrantes y salientes.
También deben informar sobre los mensajes de texto y de voz, y los números vinculados respeto del periodo comprendido entre el 8 y 9 de abril del 2018. Y el registro histórico de llamadas, mensajes de texto y de voz entrantes y salientes de un teléfono celular específico que usó el investigado en ese periodo de tiempo.
Ministro se comunicaba con presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos
Ya el ministro Arana se opuso a este pedido fiscal en 8 de noviembre del 2024, cuando presentó un escrito sosteniendo que no tiene que ver con los “actos urgentes e inaplazables” que determinen si los hechos que tuvieron lugar son delictuosos.
Y además refirió que “no se había identificado a las personas que presuntamente habrían cometido delitos”. Pero la investigación siguió su curso y ahora se conocerán sus comunicaciones.
Según se informó, la Fiscalía inicio una investigación preliminar contra Arana como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y alternativamente por el cargo de cohecho activo específico tras la difusión de reportes periodísticos sobre una conversación telefónica con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, en el año 2018.
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