La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático, tras presentar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, sustentó que el principal motivo es la violación de principios básicos como es el servicio a la Nación.
Explicó que, en este caso específico, es por la observación tardía a la ley que buscaba restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia, lo que ha generado una grave afrenta para combatir la inseguridad ciudadana.
Como se sabe, el Ejecutivo observó la ley mencionada un día antes de que venciera el plazo. Esto impide que se capture a los delincuentes en no flagrancia y así combatir la inseguridad ciudadana que vive el país.
“Considero que está violando este principio y deber que tiene todo alto funcionario de garantizar la seguridad en el país”, refirió.
La denuncia constitucional es extensiva al primer ministro Gustavo Adrianzén y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. “Por presuntas irregularidades en la elaboración de las observaciones presentadas a la ley que buscaba restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia”.
Hubo dos informes en el Mininter sobre la observancia a la ley
En el caso del ministro del Interior, Luque Ibarra dijo que ha solicitado al Mininter le alcancen todos los informes que han sustentado la observación a la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.
La congresista dijo que se tiene conocimiento de que hubo un primer informe donde el Ministerio del Interior dijo que no tenía razón para opinar. Luego hubo otro informe, que basándose en un tweet del abogado de Santiváñez, se fundamentó la observancia de la ley.
“La observación a la mencionada figura legal buscaría beneficiar a Nicanor Boluarte y Fredy Hinojosa, ambos cercanos a Dina Boluarte. Luego, el premier, el ministro del Interior y la presidenta están utilizando su posición de cargo para favorecer a un entorno político que no quieren que sea detenido”, enfatizó.
Según la denuncia, la dilatación a la restitución de la medida se da en fechas cercanas en la que el Ministerio Público pidió al Poder Judicial la detención preliminar por 10 días contra el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, por el caso Qali Warma. Y estas observaciones del Ejecutivo también beneficiarían a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.
Como se sabe, la anulación de la detención preliminar fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo de forma inmediata. Pero por la presión mediática, el Parlamento se rectificó y presentó un nuevo proyecto de ley, restituyendo la norma. Pero el Ejecutivo esperó el último día que tenía para presentar observaciones a la autógrafa y lo hizo basándose en temas “técnicos”.
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