El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena presentó al Congreso una denuncia constitucional en contra de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra como presunta autora de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado y lesiones graves y leves durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y febrero de 2023.
De acuerdo a la denuncia, también están comprendidos el expresidente del Consejo de Ministros; Luis Alberto Otárola Peñaranda, el exministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta y los exministros del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández por los mismos delitos.
En el caso del homicidio calificado es a título de comisión por omisión [omisión impropia] – dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en agravio de Cristian Álex Rojas Vásquez y otros.
Igualmente, por lesiones graves, en agravio de Teófilo Ramírez Ortega y otros; y por lesiones leves, en agravio de Miguel Ángel Velasquez Chilingano y otros. Los manifestantes eran de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.
Archivan denuncia por delito de genocidio
En estas protestas contra Boluarte, se registraron 44 personas fallecidas. Son, 41 por acción del proyectil de un arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente. Un total de 116 personas sufrieron lesiones graves y leves. De estas, 78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos.
De la misma forma, se informó en la mañana de este martes 30 de julio que, se expidió la disposición fiscal de archivo por delito de genocidio imputado a los referidos investigados.
La Fiscalía detalló que existen, también, 303 carpetas fiscales, en los distritos fiscales de las regiones señaladas. En estas se viene investigando a 824 personas por hechos vinculados a las manifestaciones en contra del Gobierno. De diciembre del 2022 a febrero del 2023.
Estos casos son por la comisión de delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y, atentado contra los medios de transporte público. También por violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada. Homicidio y lesiones, en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
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