El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, confirmó que la construcción del polémico proyecto minero Tía María en la región Arequipa, iniciará entre agosto y setiembre de 2025. El anuncio se realizó durante su participación en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde destacó avances en los ámbitos social y ambiental.
Según Montero, Tía María es el proyecto con mayor desarrollo para arrancar obras este año, gracias a un presupuesto actualizado de US$1.802 millones por parte de Southern Copper Corp. Hasta diciembre de 2024, la empresa reportó la generación de 614 empleos, de los cuales el 80% (492 puestos) fueron ocupados por residentes de zonas aledañas.
«Este proyecto está avanzando muy bien en los temas sociales y su capacidad de involucramiento social está por buen camino. Creo que se han tomado buenas decisiones en los temas ambientales»
El ministro enfatizó que las acciones de relacionamiento comunitario y las mejoras en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) han sido claves para reactivar el proyecto.
Antecedentes del conflicto social por Tía María
Tía María acumula 16 años de tensiones sociales. Desde 2009, pobladores de Islay y organizaciones ambientales han rechazado el proyecto por posibles impactos en la agricultura y los recursos hídricos. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, las protestas dejaron siete fallecidos entre 2011 y 2015:
- 2011: Tres civiles murieron durante enfrentamientos con la policía en Cocachacra.
- 2015: Cuatro personas perdieron la vida en medio de paros y movilizaciones contra la minera.
Estos hechos mantienen en alerta a pobladores Valle de Tambo, que exigen garantías ambientales y diálogo transparente.
Reacciones y desafíos pendientes
Aunque el Gobierno y Southern Copper insisten en que Tía María operará bajo estándares internacionales, organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Minería en Arequipa reclaman mayor fiscalización. El proyecto, que producirá 120 mil toneladas anuales de cobre, aún enfrenta resistencia en sectores agrícolas, principal actividad económica de Islay.
Montero aseguró que el Ejecutivo priorizará el monitoreo ambiental y el respeto a los acuerdos sociales. Sin embargo, la sombra de los conflictos pasados persiste, y la población espera que esta vez se cumplan las promesas de desarrollo sostenible.
Este anunció se da en medio de un paro indefinido en el Valle de Tambo.
