El fujimorismo propuso y logró que se aprobara en el Pleno la ley que fiscalizará el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y sus actividades, labor que cumplía la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Auristela Obando, de Fuerza Popular, presentó el dictamen según el cual, la APCI se empoderará para «fiscalizar el financiamiento extranjero que llega a las ONG”.
También plantea que el Consejo Directivo de la APCI lo conformarán el ministro de Relaciones Exteriores, un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas, dándole a este organismo una cuota mayor del gobierno de turno.
La ley fujimorista, que fue aprobada por Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia, fue exonerada de trámite de segunda votación y enviada a la presidenta Dina Boluarte para que la observe o apruebe.
¿Cómo afectaría la norma a los ciudadanos?
La norma aprobada con 81 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones considera una serie de infracciones graves. Entre estas está que las ONG financien actividades que supuestamente vayan contra el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno.
Lo que significaría oprimir a las organizaciones que respaldan plantones y movilizaciones de los ciudadanos.
Otra infracción considera grave es que las ONG financien o asesoren acciones administrativas y judiciales en instancias nacionales o internacionales contra el Estado Peruano.
Luego, las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado no podrían contar con el apoyo legal que estas organizaciones suelen brindar a las personas o colectivos afectados.
¿Qué amenazas hay contra las ONG con esta ley?
Según la ley aprobada, se denunciará a las ONG ante el Ministerio Público si se les encuentra indicios o evidencias de que el financiamiento está destinado para actividades ilícitas. Podrían recibir una multa de hasta 500 UIT y la cancelación de la inscripción de la organización denunciada.
Al respecto, el congresista de Honor y Democracia, José Cueto, dijo que no se puede permitir que «millones de soles no tengan fiscalización y que todas [las ONG] se inscriban y se sepa qué finalidad tienen». El fujimorista Alejandro Aguinaga, consideró que con la ley ya no habrá quienes se llenen los bolsillos a costa del destino de los más pobres del Perú», uniéndose a esa opinión, Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial.
La congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, advirtió que sancionar las actividades de las ONG es inconstitucional y pidió una cuestión previa para que se mejore el texto en comisiones, pero rechazaron la propuesta.
Son en total 1748 organizaciones no gubernamentales -ONG- registradas en todo el país, que representan el 1% de las 260 mil asociaciones y fundaciones inscritas en Registros Públicos (Sunarp).
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