El Ministerio Público, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó al Congreso una solicitud para que la Comisión Permanente reconsidere la decisión de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.
La Fiscalía inició este martes el trámite ante el Parlamento porque hubo «graves vicios procesales incurridos en su trámite», por lo que «se solicita la nulidad de todo lo actuado en sede parlamentaria».
Además, solicita disponer que se difiera el procedimiento parlamentario hasta que cese la inmunidad presidencial, “a efectos de garantizar una actuación parlamentaria ajustada a Derecho».
Conforme al sustento de la Fiscalía, los vicios procesales en el procedimiento parlamentario que se siguió, «generan un precedente de inseguridad jurídica incompatible con el Estado de derecho”.
Como se informó, la Fiscalía investiga a la mandataria actualmente, “como presunta autora de la comisión del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado”.
¿Qué argumentaron los congresistas para archivar la denuncia?
Afirman los congresistas que se archiva la denuncia constitucional argumentando que los hechos imputados no se enmarcan en el artículo 117 de la Constitución y que, por tanto, formular acusación contra la presidenta en funciones vulneraría el principio de legalidad.
Sin embargo, para la Fiscalía de la Nación, esta es “una conclusión jurídicamente insostenible”, si se considera que este proceso se admitió, calificó, investigó y debatió por el propio Congreso, “a través de sus órganos competentes, sin cuestionar desde un inicio la supuesta incompetencia constitucional».
Bajo esa premisa, agrega la institución que para el archivamiento de la denuncia se aplicó arbitrariamente el principio de legalidad. «Si el artículo 117 impedía continuar con la acusación, el trámite parlamentario debió suspenderse desde un inicio”, explican desde el MP.
Sin embargo, «se sustanció todo el procedimiento y recién al final se invocó dicho artículo, generando un doble estándar. Esta inconsistencia fue advertida oportunamente por el Ministerio Público en la sesión del 18 de marzo de 2025, sin que se resolviera nuestro cuestionamiento», argumentó.
La semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, por mayoría, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaba el archivo de la denuncia constitucional contra la jefa de Estado que presentó el entonces fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, en mayo del año pasado.
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