El 29 de diciembre de 2011 a las 8:00 de la mañana, mientras ronderos y agricultores desayunaban apostados en el cerro Maqui Maqui, en las alturas de Cajamarca; como parte de una protesta contra el proyecto minero Conga, un fuerte contingente policial irrumpió violentamente disparando con armas de fuego de largo alcance pese a que los manifestantes estaban desarmados.
Aquel día 19 personas resultaron heridas por impactos de proyectil. Uno de los casos más dolorosos y dramáticos es el de Elmer Campos Álvarez, quien hasta esa fecha se ganaba la vida como rondero y agricultor. Él recibió dos impactos de bala por la espalda, lo que le ocasionó la pérdida del bazo, un riñón y la paralización de sus extremidades inferiores.
Elmer Campos Álvarez quedó con una paraplejia de por vida. A la fecha Elmer Campos debe tomar 15 pastillas diarias para controlar el dolor permanente que le ocasiona su estado de salud, además de curaciones diarias que deben practicarle para evitar la infección de las heridas producidas por su prolongada permanencia en una silla de ruedas.
Un segundo afectado gravemente fue Marino Rodríguez Castañeda, rondero y agricultor de la provincia de Celendín que recibió impacto de bala cerca a un ojo, lo que le provocó la perdida de la vista. También está el caso de Luis Silva Torres, universitario en ese entonces y también natural de Celendín. Él tuvo que ser sometido a una cirugía para la reconstrucción de la mandíbula. Los demás heridos víctimas de la brutal represión fueron considerados con lesiones leves durante el proceso judicial. Algunos optaron por no entrar a juicio.
Tras 14 largos años de agotamiento y desgaste emocional por el prolongado proceso penal, la fiscal provincial Olga Bobadilla Terán, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, ha solicitado la prescripción del caso, según informan las familias de las víctimas. La fiscal estaría buscando que el caso se acoja a la Ley 31751 “Ley Soto”, una norma legal modificó el artículo 84 del Código Penal y el artículo 339 del nuevo Código Procesal Penal a fin de cambiar la suspensión del plazo de prescripción.
Ley Soto. Otra norma de impunidad afecta a víctimas de represión policial del caso Conga
La aplicación de esta ley en el proceso judicial seguido contra los acusados Amador Bacalla Guadalupe Y Wagner Enrique Ocampo Huaman, dejaría sin justicia a las víctimas quienes además necesitan una reparación civil por los daños físicos, morales y psicológicos causados. Por ello, las familias de los afectados, algunos con tratamientos de por vida, claman justicia.
Las víctimas piden que el juzgado aplique el control difuso para evitar los efectos de impunidad que promueve la Ley Soto. El juez José Luis Morales Boñón, del Juzgado Penal Unipersonal de Celendín es quien deberá emitir sentencia dos días después de la audiencia de alegatos finales a realizarse el próximo martes 20 de mayo.
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