La violencia en zonas mineras informales del Perú vuelve a sacudir al país. Tras el reciente episodio de Pataz, donde 13 mineros fueron ejecutados, Arequipa recuerda una de sus últimas tragedias: la masacre de 14 mineros artesanales en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, el 2 y 3 de junio de 2022. Un conflicto armado por el control de yacimientos de oro desató una escalada de horror que aún busca respuestas.
Todo comenzó al amanecer del 2 de junio. Dos grupos de mineros, identificados como Atico Calpa y Calpa Renace, se enfrentaron con armas de fuego de corto y largo alcance y dinamita en la zona de Huanaquita. La disputa, alimentada por años de tensiones por terrenos en concesiones de la empresa Intigold Mining, rápidamente se tornó letal. La Policía Nacional intervino, pero los efectivos también fueron atacados desde múltiples frentes.
Cadáveres entre cerros de Caravelí (Arequipa)
La Fiscalía de Arequipa confirmó el hallazgo de 14 cuerpos: siete reportados inicialmente el último sábado y otros siete recuperados el miércoles 8 de junio de 2022, desde una quebrada. Entre las víctimas identificadas figuran Carlos Mendoza Angulo, Milton Zelada Araujo y Alex Castañeda Rivera, todos con heridas de bala, principalmente en la cabeza. «Ha sido una masacre», declararon familiares anónimos, temerosos de represalias.
La fiscal coordinadora María del Rosario Lozada Sotomayor informó la detención de 31 personas halladas con armas, municiones y ropa táctica de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la investigación tropezó con el miedo: solo cuatro detenidos declararon, y los familiares temían por sus vidas. «Detrás de esto hay algo peor, incluso sicariato», advirtió la fiscal especialista de aquel caso.
La desesperación llevó a familiares de desaparecidos (en aquel momento) a bloquear la Panamericana Sur durante seis horas la noche del 7 de junio. Exigían la intervención de las Fuerzas Armadas para buscar más cuerpos y restablecer el orden. El ministro Dimitri Senmache elevó a la Presidencia del Consejo de Ministros el pedido de declarar en emergencia la provincia.
Crimen organizado y corrupción
Las autoridades no descartaron la participación de organizaciones criminales aliadas con policías y funcionarios corruptos de Energía y Minas. La fiscalía investiga si Intigold Mining contrató grupos armados para desalojar a mineros, tras fracasar en intentos de desalojo en 2017 y 2020. La empresa, con 17 infracciones ambientales y 16 laborales, niega vínculos, pero admite invasiones en sus concesiones Santiago de Compostela 6 y A.
Hasta el 2022, Arequipa alberga a 16 mil 875 mineros informales, la cifra más alta del país. En Caravelí, más de la mitad busca formalizarse bajo el REINFO, pero la burocracia y la falta de recursos lo impiden. La gerencia regional de Energía y Minas opera con solo 350 mil soles para fiscalizar a 60 mil mineros, mientras trámites demoran dos años. «Hay evaluaciones pendientes desde 2021», admitió jefa de formalización en aquel año.
«Existen sicarios que disparan desde cerros y drones que vigilan», era la temerosa denuncia de los trabajadores. La sombra del crimen organizado y la desconfianza en las autoridades mantienen a Arequipa en un limbo, que alcanza a otras zonas del país, como Pataz.
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