Arequipa: organización criminal y sicariato en la región con más minería informal del país

La fiebre del oro en Caravelí ha desatado una ambición desmedida que ha terminado en el asesinato de 14 personas, además de varios heridos y desaparecidos. Al mismo tiempo, ha evidenciado los vacíos de la formalización minera.

Informe
Arequipa: organización criminal y presunto sicariato en la región con más minería informal del país

La matanza en una de las concesiones mineras de la empresa Intigold Mining, en Caravelí, donde han perdido la vida 14 personas, ha destapado otra realidad de la minería artesanal en Arequipa.

La región concentra la mayor cantidad de mineros informales (16 mil 875) en el país, incluso por encima de otras regiones mineras como Puno o Madre de Dios, según el Registro Integral de Formalización Minera – REINFO. Solo en Caravelí, se concentran más de la mitad de los mineros que pretenden ser formales. En esta provincia, los habitantes los habitantes no habían experimentado nada cercano al horror ocurrido el pasado 2 de junio.

“Ha sido una masacre”, han expresado familiares y compañeros de las víctimas que asustados prefieren guardar sus nombres.

Para la mayoría de mineros que llega al distrito de Atico para trabajar, proveer de dinero a sus hogares y ahorrar para un futuro algo mejor, la minería se ha convertido en una actividad muy riesgosa. Señalan que existen sicarios que les disparan desde los cerros y también drones que sobrevuelan constantemente para vigilarlos. Muestra de todo ello es el derramamiento de sangre y la violencia desatada en la más reciente disputa por el oro.

Las autoridades presumen que detrás de estos hechos hay organizaciones criminales que trabajarían mano a mano con policías y funcionarios corruptos del sector de Energía y Minas, con el objetivo de cometer diversos delitos y en ocasiones, asesinar a quienes incumplan con sus exigencias.

Es por ese motivo que los mineros agraviados desconfían de las autoridades, tienen temor de denunciar a los responsables de los asesinatos perpetrados y piden que, tanto las investigaciones, como el restablecimiento del orden estén a cargo del gobierno nacional. Mientras eso no ocurra, seguirán saliendo a las calles a protestar, a pedir justicia por sus muertos.

El crimen organizado dentro de la minería artesanal

La Fiscalía de Crimen Organizado de Arequipa intenta esclarecer si lo sucedido el jueves 2 de junio fue un ataque intempestivo al campamento minero de Atico Calpa o un enfrentamiento entre mineros de Calpa Renace y Atico Calpa por unos yacimientos de oro. Las primeras investigaciones arrojan que puede tratarse de lo primero, pero no descartan lo otro.

En medio de las indagaciones, la fiscal especialista María Cabana Ocsa dijo el jueves que se ha topado con inconvenientes. A una semana de la matanza, ninguno de los heridos o familiares de los fallecidos se había acercado a declarar. Solo se ha recabado el testimonio de cuatro de los 31 detenidos que arrestaron el día de los hechos. El resto tampoco desea hablar y prefiere guardar silencio.

“Los familiares de las víctimas aún no han declarado, es uno de los inconvenientes que tenemos al momento de la investigación. Aprovecho para hacer un llamado a los familiares de los cadáveres, de los heridos, que se apersonen a declarar” expresó en conferencia de prensa.

La fiscal considera que las víctimas tienen temor de hablar porque “detrás de esto hay algo peor que puede incluso desencadenarse en supuestos de sicariato”, continuó.

Además de los detenidos, dentro de la investigación se han incluido también a los dueños de la concesionaria Intigold Mining. El motivo, explico la fiscal, es porque los primeros enfrentamientos fueron protagonizados entre la minera y la asociación Calpa Renace. Esto ocurrió, después que la mina intentó desalojar a Renace Calpa de sus tierras, en el 2017 y 2020.

Una de las primeras hipótesis es que la empresa habría contratado a personas para desalojarlos utilizando armas de fuego. Aunque su vinculación con el caso se dilucidará en el transcurso del proceso.

También se ha comprendido a funcionarios del sector pues, aparentemente, habrían incurrido en hechos de corrupción. Aunque, lo primero que determinará la fiscal es si pedirá o no la prisión preventiva para las 31 personas detenidas, cuatro de ellos se han identificado como mineros de Atico Calpa.

Sobre los fallecidos, mencionó que los siete primeros cuerpos han sido identificados. Se trata de personas que provendrían de otros lugares del país y que trabajaban como seguridad. Cuatro de ellos serían de Calpa Renace, dijo la magistrada. Los otros siete cadáveres recuperados de una quebrada el último miércoles recién llegaron ayer a la morgue para la necropsia. Sin embargo, los orificios de bala que presentaban en el cuerpo y, principalmente, en la cabeza hacen presumir que los acribillaron, cuando intentaban escapar, según las premisas de la Policía.

Conflicto pone en cuestionamiento proceso de formalización minera en Arequipa

Durante la conferencia, el Ministerio Público descartó que en este caso se haya cometido delito de minería ilegal. Los mineros que trabajan en esta zona son mineros informales en proceso de formalización, señaló la fiscal de medio Ambiente, Carolina Cáceres.

Los mineros se encuentran inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera – REINFO y pueden desarrollar actividades mineras hasta completar el proceso de formalización. No necesitan ser titulares de la concesión, pero si cumplir con ciertos requisitos como, por ejemplo, tener un contrato con el concesionario.

“La minería informal no es delito. Un minero que está dentro del proceso de formalización no es ilegal y no puede incurrir en el delito de minería ilegal”, subrayó.

La magistrada señaló que lo viene ocurriendo en Caravelí ocurre también en otros lugares del país. Hay titulares de concesiones mineras y también hay mineros en proceso de formalización en un mismo territorio, lo que desata estos conflictos.

Por un lado, están los mineros que firman contratos con los titulares de las concesiones a cambio de un pago de regalías que denuncian son muy abusivas por lo que después optan por trabajar independientemente. Por el otro, están los dueños que al no recibir un porcentaje de los mineros que desarrollan actividades en sus terrenos buscan desalojarlos.

A eso se suma la falta de fiscalización por parte de las autoridades que deben hacer seguimiento a este proceso de formalización. Sin embargo, la propia Gerencia Regional de Energía y Minas se ha declarado en crisis al no tener los recursos y el personal para llevar a cabo la fiscalización de la minería artesanal en Arequipa, la región donde hay la mayor cantidad de mineros inscritos en todo el país.

El sector debe trabajar con un presupuesto de 350 mil soles para atender a más de 60 mil mineros artesanales que aún esperan formalizarse. Así, durante la sesión extraordinaria que llevó el Consejo Regional de Arequipa, la jefa de formalización minera, Franshesca ChoquePuma Rosado, dijo que los trámites que deberían demorar 30 días tardan hasta dos años.

“Hay evaluaciones pendientes desde el 2021”, dijo en alusión a la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental que presentan los mineros que realizan su trámite de formalización.

Asimismo, consejeros como José Luis Hancco, responsabilizan de este conflicto al gobierno nacional por no dotar de recursos para fiscalizar a la minería artesanal. También critican a la concesionaria que habría originado todo este conflicto al negociar paralelamente con estas dos asociaciones.

Sin embargo, el asesor legal de Intigold Mining, Frank Melo, ha negado mantener algún trato con alguna de estas dos asociaciones; pero sí conversaciones con Atico Calpa, aunque sin acuerdos. Por el contrario, ha señalado que sufren la invasión de sus yacimientos desde el 2017 y que las autoridades no han hecho nada para restituirle su propiedad. Mencionó que detrás hay corrupción desde el Gobierno Regional de Arequipa que debió desalojar el año pasado a los invasores por una disposición de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN); nunca se efectuó por la desidia de la entonces procuradora Rosa Vallejos.

La empresa minera que se dedica a la extracción de oro tiene 12 concesiones mineras en Caravelí.  El conflicto se ha producido en las concesiones Santiago de Compostela 6 y Santiago de Compostela A, con más 550 hectáreas, las cuales fueron invadidas hace cinco años. Actualmente, estos yacimientos son disputados por las asociaciones Calpa Renace, Atico Calpa y la empresa minera.

Además, hay que mencionar que la minera no tiene una buena imagen en la región. Registra un récord de 17 infracciones ambientales y 16 laborales que registra, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Luego de toda esta situación y violencia, la población ha pedido que se declare en emergencia Caravelí y que ingrese el Ejército para restablecer el orden. Un pedido que el ministro Dimitri Senmache hizo llegar a la Presidencia del Consejo de Ministros, después de su visita a Caravelí.

Mientras eso ocurra, se han suspendido los procesos de formalización en Arequipa hasta que se levante la emergencia en la gerencia de Energía y Minas. Así, todo queda paralizado hasta encontrar una solución a este conflicto social que ha provocado sufrimiento a decenas de familias que viven de la minería.

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