La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazan que las contrarreformas al sistema de justicia por las que el Congreso pueda elegir y suspender a magistrados supremos porque sería un retroceso en el equilibrio de poderes.
Ambas autoridades del sistema judicial se manifestaron durante la ceremonia de aniversario del Ministerio Público. Ratificaron su rechazo al intento del Congreso de aprobar leyes que sometan a fiscales y jueces supremos, entre otras contrarreformas que se están promulgando.
Delia Espinoza, dijo estar en contra, además de la iniciativa de ley que se discute en el Congreso para que la futura Cámara de Senadores elija a fiscales y jueces supremos. Proyecto que presentó José Balcázar de Perú Libre.
“En un Estado constitucional, sería un grave retroceso al equilibrio de poderes. Por supuesto que en otros países el poder político incide en la elección de sus magistrados, pero no hay que seguir los ejemplos que quiebran la separación de poderes”, advirtió.
Otra propuesta de ley: Senadores elegirían a quienes pueden procesarlos
Pero también se opone a esta propuesta la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, tal como lo manifestó la semana pasada, ante la Comisión Especial del Congreso para plantear una reforma integral del sistema de justicia. Recordó que esa es una facultad que actualmente le corresponde a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Es decir, que el Parlamento que ingrese en 2026 y que tendrá Cámara de Senadores y de Diputados tendría el poder de elegir a fiscales y jueces supremos, que son quienes investigan a altos funcionarios, como los congresistas. Luego, esta ley permitiría que el Congreso bicameral elija a quiénes pueden procesarlos.
La fiscal Delia Espinoza, también cuestiona otro proyecto de ley que promueve Patricia Juárez de Fuerza Popular para modificar el Reglamento del Congreso a fin de que el Pleno pueda suspender a altos funcionarios, entre ellos fiscales y jueces supremos, con 50 votos cuando se resuelvan procesos de denuncias constitucionales.
“Estamos observando el proyecto de ley que busca reducir la votación calificada para suspender a altos funcionarios, incluyendo a fiscales. Esa pretendida reforma sería una especie de quiebre constitucional porque la separación de poderes es un principio elemental en un Estado de derecho”, explicó.
También criticó la ley de extinción de dominio que ya promulgó el Gobierno y que establece que haya una sentencia previa para incautar un bien de presunto origen ilícito. “Esa propuesta del Congreso incrementaría la impunidad”. El Ministerio Público no permitirá que esta norma continúe en vigencia, dijo.
Prevención en lugar de criminalizar a menores
Sobre la ley que responsabiliza penalmente a los menores de 16 y 17 años de edad, la fiscal de la Nación, también expresó su rechazo y adelantó que institucionalmente se está evaluando qué acciones legales adoptarán para revertir su vigencia.
“Si la criminalidad quiere instrumentalizar a nuestros niños y niñas, ya no usando a chicos de 16 y 17 años, sino de 15 y 14, ¿vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como si fueran adultos. Ese es el camino equivocado”. Criticó que pese a la oposición de todos los sectores involucrados a esa norma y que más bien se aplique una política de prevención, el Poder Legislativo y Ejecutivo procedieron a aprobarla.
Sobre esta ley, agencias del Sistema de las Naciones Unidas expresaron su preocupación y pidieron a las autoridades reflexionar sobre sus consecuencias. Dijeron, en comunicado conjunto, que la norma es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional que reconoce los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y que ha sido suscrito por el Perú.
Igualmente, las agencias como la Unicef, Unfpa, Oficina contra las Drogas y el Delito, alertan que esta medida no contribuirá a reducir la inseguridad ni la criminalidad en el país, ya que el 98% de los delitos graves son cometidos por adultos. Al contrario, enviar a adolescentes a cárceles comunes junto a adultos podría aumentar su vulnerabilidad y el riesgo a que sigan una trayectoria delictiva.
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