El Poder Judicial admitió a trámite la demanda del Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la ley que aprobó el Congreso dando nuevas facultades a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para intervenir en el trabajo de las ONG.
La norma recientemente aprobada por el Congreso amplía las facultades de la APCI para intervenir y sancionar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben cooperación internacional.
El Poder Judicial evaluará su inconstitucionalidad porque representa una amenaza para varios derechos constitucionales, ya que obliga a las ONG a iniciar sus proyectos solo si tienen la autorización de la APCI, advirtió el director del IDL, Carlos Rivera.
Además, esta nueva norma establece la prohibición de litigio contra el Estado a nivel nacional, internacional, judicial y administrativo. Y si en la anterior ley había una sanción de una multa de 50 UIT que ya es bastante, esta nueva ley tiene un rango de multas absolutamente desproporcionadas.
Se busca intimidar a las ONG
Rivera Paz dijo a La República, que esta ley determina “la voluntad del Ejecutivo de querer disolver las organizaciones, pues la multa [ahora] sería de 500 UIT”. Admitida la acción, «vamos a continuar con esto y sin duda alguna vamos a presentar una medida cautelar en el menor tiempo posible», anunció.
De acuerdo con lo manifestado por las organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos, esta norma busca intimidar a las ONG que son críticas con el gobierno.
Ahora, el Poder Judicial evaluará la constitucionalidad de esta norma en una audiencia virtual programada en Meet para el próximo 29 de setiembre a las 10 de la mañana.
Norma afectaría a cerca de 7 mil personas al no tener defensa legal
La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, advirtió que esta ley podría afectar a cerca de 7 mil personas. Víctimas que participan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte IDH. Esta es “una ley que busca beneficiar a personas involucradas en desapariciones forzadas, violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales”. Y de entrar en vigencia, tendrían que dejar la representación de víctimas en casos clave, como el proceso por las muertes en las protestas en Ayacucho y Andahuaylas, refirió.
De otro lado, la directora de Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez, advirtió también que esta ley impacta directamente en los procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos, particularmente en los casos de las personas fallecidas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, la defensa legal, en su mayoría, está a cargo de organizaciones de la sociedad civil.
La sociedad civil cumple un rol clave en vigilar al poder y con esta norma, lo que se busca detrás es acallar a las organizaciones, frenar la protesta, la crítica, el control ciudadano y la exigencia de justicia, dijo Gutiérrez a La República.
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