Desde que el presidente designado por el Congreso, José Jerí, declaró el estado de emergencia en Lima y el Callao a partir de la medianoche de este martes 21 y por 30 días, ya se han producido cinco asesinatos, heridos por balacera y ataques a los transportistas.
Los primeros fallecidos fueron Juan Montufar Gómez, jardinero municipal de 62 años, en el distrito de Carabayllo. Lo encontraron con varios impactos de bala en su vivienda sin robo aparente. Esto fue al promediar la 1:30 horas del miércoles 22, en las primeras horas del estado de emergencia.
Por la tarde, alrededor de las 5:00 p. m., Jesús Rojas Barbarán (29), obrero de una empresa contratista de una obra de pistas y veredas, fue asesinado de dos disparos en la cabeza en el asentamiento humano Flor de Amancaes, distrito del Rímac frente a sus compañeros.
El asesino huyó en una motocicleta con su cómplice, pese a que también está prohibido que dos personas viajen en una moto. No había presencia policial ni militar en el distrito ni en la zona, según el alcalde del distrito, Néstor de La Rosa.
Jueves 23, segundo día de la declaratoria de emergencia
Este jueves 23, en horas de la mañana, una madre Diana Harter Portilla (53) y su hija Litzy Espinoza Harter (30) fueron interceptadas cuando regresaban a su domicilio y fueron asesinadas a puñaladas por delincuentes encapuchados, en el jirón Los Ébanos, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), para arrebatarles sus pertenencias, pero al ofrecer resistencia, las atacaron reiteradamente con un cuchillo antes de huir.
También, en horas de la madrugada de este jueves, segundo día de estado de emergencia, asesinaron dentro de su vehículo al alférez de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jhordy Stainer Escobedo Mori (23), en el distrito de Carabayllo, cuando estaba acompañado de su pareja a quien los asesinos le dijeron que se baje. No hubo robo de sus pertenencias. Pese a que lo auxiliaron y trasladaron al hospital del distrito, llegó sin vida.
También en la madrugada de este segundo día de emergencia, seis personas fueron heridas durante una balacera registrada en la urbanización Constanzo, entre los pasajes Arévalo y G, siendo trasladados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde acudieron sus familiares y les informaron que están con pronóstico reservado.
Otro ataque armado se registró minutos después, en el asentamiento humano José María Arguedas, en Pachacútec (Ventanilla). Un hombre resultó herido cerca de una iglesia evangélica. En este segundo hecho, la Policía detuvo a un presunto sospechoso que habría participado en el tiroteo.
Estos crímenes ocurrieron tras la visita del presidente Jerí Oré al Callao, donde iba a encabezar un operativo como parte de las medidas extraordinarias dictadas por el Ejecutivo para hacer frente a la criminalidad.
Pese a medidas acordadas siguen los ataques a transportistas
Como se informó, los transportistas se reunieron con el presidente Jerí, el pasado 7 de octubre. Desde entonces a la fecha, se han reportado al menos dos ataques armados contra empresas de transporte urbano, además de varios intentos de extorsión registrados en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Carabayllo. En todos los casos, los delincuentes exigían el pago de cuotas para permitir el funcionamiento de las rutas.
Así lo declaró Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), quien además refirió que los gremios se mantienen en “alerta permanente”.
“Es preocupante que, pese a las conversaciones y promesas, los ataques sigan ocurriendo. No nos hemos reunido aún para tomar una decisión definitiva, pero no descartamos ninguna medida, incluso un paro del transporte. Todo dependerá de las acciones del Gobierno en los próximos días”, afirmó Valeriano.
El plazo de 15 días otorgado al gobierno está por culminar. “El descontento entre los gremios ha ido en aumento, por la falta de resultados visibles por parte del Gobierno y algunos sindicatos del transporte evalúan convocar a un paro nacional el próximo 25 de octubre, coincidiendo con la marcha convocada por el colectivo Generación Z”, refirió el representante del gremio.
“Declarar un estado de emergencia es solo una medida reactiva. No basta con poner militares en las calles. Necesitamos un trabajo de inteligencia profunda que identifique a los cabecillas y desarticule las bandas”, dijo a su vez Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT).
¿Qué están diciendo los ciudadanos de la declaratoria de emergencia?
Con la declaratoria se han realizado operativos masivos para ubicar delincuentes, requisas en los penales, pero se han perpetrado nuevos crímenes en Lima y Callao. La medida que suspende por 30 días los derechos constitucionales vinculados a la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito.
Cada vez más ciudadanos y peritos están considerando la declaratoria como un pretexto para impedir las protestas. Los ciudadanos acusan además que hay diferencias en algunos aspectos, como la presencia de efectivos militares, que se les ve más en los distritos más cercanos al centro de Lima y no en los conos donde está realmente el peligro, dicen.
Hay presencia de las fuerzas del orden en distritos como San Borja, Miraflores, San Isidro. Según dijeron testigos, en La Perla, en el Callao, 8 miembros de la Marina de Guerra permaneció por breves minutos antes de retirarse, previa fotografía.
Es más, en las redes se pudo ver cómo efectivos policiales y serenos de Miraflores intervenían violentamente a un vendedor ambulante de café y empanadas, en horas de la madrugada, a través de un video, lo que está generando críticas por el abuso de autoridad constante.
Para algunos ciudadanos consultados y otros que se manifiestan en redes todos los operativos son despliegues mediáticos porque todo sigue igual en sus zonas.
Declaratorias de emergencia no dan resultado
El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, consultado por La República, dijo que esta medida solo tiene sentido para el control del orden público, más no como una herramienta efectiva para combatir la inseguridad ciudadana. “La extorsión y el secuestro extorsivo, no requieren de una emergencia para enfrentarlas, sino de estrategias basadas en inteligencia y trabajo criminal especializado”.
El exministro José Luis Pérez Guadalupe coincide sobre el estado de emergencia en que, “si no hay inteligencia y planificación, será un show de un mes”. El coautor del estudio “Seguridad ciudadana y política criminal del Estado”, de la iniciativa Agenda 2026 de la UP, dice que “se necesitan acciones concretas” y que, “la fragmentación entre las instituciones es el mayor obstáculo para enfrentar la criminalidad”. Lo que vemos en este momento son las leyes pro crimen dadas por el Legislativo. En contraparte, está el Poder Judicial, que las ha rechazado todas. Y el Ejecutivo, que actúa más en paralelo con los congresistas, refirió.
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