La Dirección General de Minería del Minem formalizó la ya anunciada autorización para el inicio de actividades del proyecto minero Tía María, largamente resistido por los pobladores del Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa.
La resolución directoral está firmada por el Director General de Minería, Óscar Rodríguez Muñoz, mediante firma digital del día 14 de octubre (ayer) a las 16 horas con 16 minutos, cuando el nuevo Ministro de Energía y Minas estaba por juramentar el cargo, lo que ocurrió pasadas las 6 de la tarde.
Así, el exministro de esta cartera, con varios años de trabajo en compañías mineras antes de asumir esta cartera, Jorge Montero Cornejo, cumplió su promesa de «destrabar» el proyecto minero en octubre de este año. Esto, pese a la reiterada oposición de los agricultores de la zona, quienes acabaron criminalizados por protestar y calificados como «terroristas antimineros».
Al parecer, se aprovechó el último minuto de la gestión de Dina Boluarte y su ministro Montero para cumplir los compromisos que habrían asumido con la empresa minera Southern Perú, que trata de imponer el proyecto desde el año 2009.
El proyecto y sus problemas ambientales
La resolución, según se lee, autoriza el minado de siete derechos mineros de Southern Perú, con el objetivo de producir «120 mil toneladas de cobre al año desde 2027».
Además, según el documento, la Dirección de Gestión Minera asegura que «no es necesaria la consulta previa para el proyecto, porque en el área de influencia directa no hay pueblos indígenas«.
Los derechos mineros autorizados son los denominados Chanca 919, Malena I, Malena III, Tía María 18, Tía María 19, Tía María 2 y Tía María 8. La inversión anunciada para esta etapa sería de mil 800 millones de dólares para alcanzar la producción ya mencionada de cobre.
La notificación de la resolución también habla de que «la empresa debe implementar los compromisos asumidos en los Instrumentos de Gestión Ambiental que respaldan el proyecto». No se amplía más sobre esta obligación.
En tanto, los dirigentes sociales que se oponen al proyecto no han cesado de denunciar daños ambientales potenciales de gran magnitud, al punto de hacer inviable la agricultura que caracteriza a la zona y ha sido su sustento históricamente.
A eso se suma, las irregularidades denunciadas en Fiscalía respecto a la ausencia de terrenos saneados para su planta de procesamiento. Y las irregularidades en el trámite de permiso de agua de la zona de San Camilo. Esto, pese a que habían ofrecido utilizar agua del mar para no perjudicar a los agricultores de la zona, ya que el recurso hídrico está agotado.
Ahora se espera la reacción de los opositores al proyecto en medio de un tenso clima social con protestas hacia el nuevo gobierno de transición, falta de legitimidad del congreso e inseguridad ciudadana.
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