El viernes 10 de octubre, treinta millones de peruanos se enteraron de que tenían un nuevo presidente de la república cuando se levantaron. En la madrugada, el Congreso destituyó casi unánimemente a la mandataria Dina Boluarte, a la cual ellos mismos pusieron en el sillón presidencial el 7 de diciembre del 2021, y luego nominaron a Jose Jerí como el nuevo presidente interino del Perú.
Si Boluarte se despidió con más del 95 % de desaprobación, a Jerí casi ni le conoce similar porcentaje de toda la población. Se supone que el Perú tiene una democracia donde cada quinquenio sus ciudadanos eligen directamente a su presidencia, pero esto no ocurre. En menos de diez años el parlamento le ha colocado la banda presidencial a ocho personajes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Mercedes Aráoz, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y Jose Jerí.
Solamente Kuczynski y Castillo ganaron un balotaje, aunque con muy poca diferencia sobre Keiko Fujimori, la ex primera dama de la dictadura de su padre, quien se mantuvo como el poder tras la sombra y quien decidía a que mandatario vacar. Según Víctor Andrés Belaunde, Jerí es el primer peruano que llega a la presidencia con serias acusaciones de violación. Además, se le acusa de que, a cargo de la comisión congresal del presupuesto de la nación, se enriqueció con muchos actos de corrupción.
Jerí, además, ni siquiera estuvo entre los 130 congresistas electos en los comicios parlamentarios del 2021. Únicamente pudo entrar al Congreso cuando este mismo veto que Martín Vizcarra, el legislador más votado de la lista de su partido Somos Perú y de todo el país, pudiese asumir el cargo.
Jerí milita en “Somos Perú”, el cual quedó en décimo segundo lugar de las presidenciales del 2021, obteniendo alrededor del 1% del electorado. Solo gracias a la gran votación que tuvo Vizcarra en las legislativas, este mini-partido pudo colocar cinco congresistas, el mínimo número necesario para crear una bancada. No obstante, SP no defendió a Vizcarra o a su entonces candidato presidencial Daniel Salaverry cuando fueron castigados.
Somos Perú se ha convertido en una formación que hemos denominado “Somos de todo”. Varias de sus figuras han pasado por los más diversos zigzags políticos. Salaverry, por ejemplo, fue aprista, fujimorista y luego antifujimorista.
Recientemente, SP ha integrado en su seno a dos ex primeros ministros. Uno que sirvió en el gobierno de Castillo y otro en el de Boluarte. El primero es Héctor Valer, un aprista que entró al Congreso en 2021 en la lista de la ultraderechista Renovación Popular, para luego pasar al bloque SP/Morados. Después, emigró al izquierdista Perú Democrático y, finalmente, acabar en SP.
Valer, quien le propuso a Castillo utilizarlo para cerrar el Congreso, acabó votando con ese mismo Congreso para vacar a Castillo. El segundo es el ex-nacionalista Alberto Otárola, quien sirvió como el ministro de la represión de Boluarte, y fuera corresponsable de la matanza de más de 50 manifestantes.
Tan heterogéneo es SP que el único congresista que se opuso a que el parlamento admitiese la moción de vacancia contra Dina fue un miembro de dicho partido. La vacancia exprés contra Castillo y contra Boluarte es algo que jamás podría haberse dado en una democracia seria. Los procesos de impeachment duran semanas. En el caso peruano estos se dieron ultra-velozmente y sin derecho a la defensa o al debido proceso.
De esto último Boluarte no puede quejarse. Ella asumió el poder traicionando a quien la sacó del anonimato, y con una votación inferior a la requerida según reglamento. Esta se dio apenas el presidente del congreso leyó una moción que él mismo acababa de redactar. Y sin que nadie pudiese haber usado la palabra.
Castillo fue detenido por la policía antes de que acabase la votación. Cuando hasta el Congreso admitía que él seguía siendo intocable por ser presidente constitucional. Boluarte entró a la plancha presidencial proclamándose marxista-leninista-mariateguista, hizo un gobierno al servicio de la ultraderecha porkista-fujimorista.
Como lo dijimos desde un primer momento, ella iba a utilizarse como limón exprimido. Una vez que le sacasen todo el jugo la iban a despachar. A medio año de las elecciones generales todos los partidos del pacto mafioso en el poder (Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Perú Libre, Renovación Popular, Podemos Perú, Acción Popular, Somos Perú, y Avanza País) se daban cuenta de que se estaban desacreditando apuntalando a la presidenta mujer más impopular de la historia universal.
En las últimas semanas, protestas juveniles de la “generación Z” y de otros sectores sociales (como transportistas) fueron minando aún más al gobierno. La gota que rebalso el agua fue la violencia criminal contra el concierto de un famoso grupo musical de cumbia.
Cuando Jerí paso a leer su mensaje como nuevo presidente, se notaba que este lo había estado preparando mucho antes y que lo ocurrido no le cayó de sorpresa. Lo mismo había pasado antes con Boluarte quien previamente había estado complotando con la ultraderecha para aserruchar el piso a Castillo.
Una de las movidas que precipitaron el salto adelante de Jerí fue el cambio de mando en la fiscalía general de la nación, cuando Delia Espinoza (quien investigaba a las mafias) la reemplaza Tomás Gálvez (un implicado en escándalos de corrupción quien abiertamente ha saludado la elección de Jerí, a quien previamente limpio en un caso de acusaciones por violaciones al archivar la denuncia).
Jerí va a querer hacer un gobierno multi-partidario de ancha base que organice las elecciones generales del 2026, pero difícilmente este va a poder sobrevivir mucho tiempo.
Por más que el cerronismo se ofrezca para utilizar un lenguaje “izquierdista” para frenar el descontento popular y apuntalar al nuevo gobierno, las protestas van a continuar, pues estas apuntan a disolver al congreso y derogar todas las leyes que este ha impuesto.
El congresista Jaime Quito pronostica que este nuevo gobierno puede que no dure lio una semana. Es posible que termine como el de Manuel Merino en 2020. Dentro de las protestas hay quienes llaman a que Castillo logre liberarse y/o restituido en la presidencia, quienes piden elecciones inmediatas sin los cambios constitucionales impuestos por este congreso, un gobierno de las organizaciones sociales o una nueva asamblea constituyente con menos poderes que pueda reorganizar radicalmente al país.
Sectores empresariales van a intentar que este gobierno sobreviva creyendo que así se lograría cierta estabilidad social, económica y política, aunque lo opuesto puede acontecer. Mientras tanto, el congreso pasa a dirigirse por el fujimorista Fernando Rospiglosi, cuyo primer vicepresidente es Waldemar Cerrón. Ambos tienen en común haber debutado en política dentro de formaciones que se reclaman comunistas, pero que ahora tienen como objetivo central purgar al aparato estatal y judicial de cualquier elemento independiente y critico para ir logrando que diversas mafias se mantengan incólumes.
Muchos de los graves problemas que tiene el Perú no se podrán a empezar a resolver si es que no se introduce un mayor control político por parte de la población sobre sus autoridades, lo que implica el derecho de la población a poder mandatar y revocar a sus parlamentarios y gobernantes a nivel municipal, regional o nacional.
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