Un informe de la Contraloría General de la República reveló una situación grave en la Municipalidad Distrital de Majes, ubicada en la provincia de Caylloma, Arequipa. El documento advierte que la entidad edil continúa sin un Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (PPRRD) aprobado y vigente. Esto, pese a que durante el año fiscal 2025 ejecutó el 99.4% del presupuesto asignado al Programa Presupuestal «Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres».
La situación fue identificada en el Informe de Orientación de Oficio N° 4607-2026-CG/PREV-SOO. Según el documento, el distrito de Majes presenta un nivel de riesgo «Alto» por inundaciones y también «Alto» por movimientos en masa. Con una población expuesta estimada en 60 mil 108 habitantes, 33 mil 630 viviendas, seis establecimientos de salud, 70 instituciones educativas, 213.9 kilómetros de vías y 184.1 hectáreas susceptibles de afectación.
Ausencia de instrumento técnico en Majes
De acuerdo con la revisión de la información remitida por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), la comuna distrital no ha aprobado el PPRRD. Un instrumento técnico-operativo de carácter plurianual que permite orientar la identificación, priorización y ejecución de medidas destinadas a reducir las condiciones de riesgo existentes y prevenir nuevos escenarios de peligro en el territorio.
La Contraloría precisó que durante el año 2025 la municipalidad contó con una asignación presupuestal de S/ 3,024,018.00, logrando una ejecución del 99.4%, según consulta realizada el 27 de marzo de 2026 en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, este nivel de gasto se da sin contar con un plan que estructure y priorice las intervenciones técnicamente sustentadas.
El informe señala que esta carencia limita la implementación de intervenciones preventivas y correctivas frente a posibles emergencias en la jurisdicción. Además, podría afectar la programación y ejecución de obras estructurales (como defensas ribereñas y drenajes) y no estructurales (fortalecimiento de capacidades y sistemas de alerta temprana). Comprometiendo la capacidad institucional para reducir la vulnerabilidad existente.
Riesgos para financiamiento
Otra consecuencia relevante es que la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 (Ley N° 32513) autoriza a los gobiernos locales a destinar hasta el 20% de los recursos del canon y regalías a actividades de prevención, siempre que las intervenciones estén sustentadas en un PPRRD aprobado con opinión técnica favorable del CENEPRED. Por lo tanto, la ausencia de este plan podría limitar el acceso a dichos recursos.
Finalmente, el documento de la Contraloría concluye que la falta del PPRRD aprobado, sumada a la alta ejecución presupuestal, afecta la articulación entre la planificación y la ejecución del gasto, reduciendo la eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos públicos. La entidad fue notificada para que, en un plazo de cinco días hábiles, informe las acciones correctivas adoptadas ante el Órgano de Control Institucional.
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