La Contraloría General identificó retrasos en las obras e inaplicación de penalidades por ausencia de personal clave de la empresa supervisora, en la construcción del hospital Alto Inclán del distrito de Mollendo, provincia de Islay, (Arequipa).
El Informe de Control Concurrente N° 210-2020-CG/GRAR-SCC, evaluó el período del 29 de agosto de 2019 al 30 de enero de 2020. Se verificaron los avances físicos y financieros de la construcción del establecimiento de salud a cargo del Gobierno Regional de Arequipa, que demanda una inversión de S/ 72,675,508.14.
En la inspección, se encontró que la obra tiene atraso constante y no cuenta con calendario acelerado aprobado. Asimismo, la aprobación de valorizaciones de supervisión, sin aplicación de penalidades por ausencia de personal clave, generaría incumplimiento de términos contractuales y normativa aplicable, en beneficio de la empresa supervisora.
A diciembre de 2019, con visitas de inspección realizadas por la comisión de control, se constató que la obra tenía un monto y porcentaje de ejecución acumulado de S/ 15,660,738.45 y 22.30%, respectivamente, cuando en el cronograma debía tener un avance del 31.98%.
Además, revela la ausencia en varios periodos de parte del personal clave de la empresa supervisora. Esto, en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, mecánicas, de voz y data, equipamiento médico e impacto ambiental.
Ejecución de hospital en región Arequipa
El 17 de diciembre de 2018 el Gobierno Regional suscribió el contrato de ejecución con una constructora, por un monto de S/ 70,218,724.38 y un plazo de ejecución de 540 días calendario. Sería bajo el sistema de contratación a suma alzada y modalidad de ejecución llave en mano.
Entre tanto, el 9 de noviembre de 2018 se suscribió el contrato de supervisión con otra empresa, por un monto de S/ 2,456,783.76 y un plazo de ejecución de 600 días calendario, incluyendo 60 días para la liquidación.
El 28 de diciembre de 2019 se inició la obra. Durante la ejecución, el contratista solicitó ampliación de plazo por “conmoción social – paro y movilización social”. Esto, a raíz del conflicto suscitado en la provincia de Islay por el proyecto minero Tía María.
Este pedido fue aprobado el 9 de noviembre de 2019 por el Gobierno Regional por un total de 56 días. Luego se modificó el plazo de culminación para el 14 de agosto de 2020.
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