Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas (ONU), denunció la situación de Delia Espinoza, quien al momento enfrenta impedimentos para retornar al Ministerio Público pese a una orden judicial de reincorporación.
Al tiempo de expresar su preocupación por la situación de Delia Espinoza hizo notar que, “tanto la Junta Nacional de Justicia como el Congreso han tenido un papel activo en el asedio contra Espinoza y que estos ataques siguen intensificándose».
Satterthwaite, se refirió a los impedimentos que han evitado que Espinoza Valenzuela retome a su puesto en el Ministerio Público, “pese a existir una disposición judicial que ordenaba su reincorporación”. Además, dijo que, “en los últimos meses ha prevalecido un ambiente hostil contra Espinoza”.
“Atacar a la fiscal Espinoza mediante procedimientos disciplinarios, suspensiones, amenazas a su seguridad al retirarle parte de su escolta y mociones en el Congreso, únicamente por desempeñar su función como fiscal suprema y fiscal general de la Nación del sistema judicial peruano, supone una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales en el país”, refirió la funcionaria.
«El derecho internacional exige un respeto absoluto hacia fiscales y jueces»
Asimismo, dijo que tanto la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como el Congreso han tenido un papel activo en el asedio contra Espinoza. “Me alarma bastante que la Junta Nacional de Justicia haya abierto una investigación por abuso de autoridad contra el juez que ordenó su reincorporación. Me preocupa aún más que estos ataques sigan intensificándose, y me sorprende que el 25 de noviembre la Comisión Permanente del Congreso debatiera y aprobara una moción para inhabilitar a la fiscal Espinoza por 10 años”, añadió.
Recordó también que el derecho internacional exige un respeto absoluto hacia fiscales y jueces, pues ello constituye un pilar indispensable de cualquier democracia. “El personal judicial no debería sufrir ni ser amenazado con enjuiciamientos o sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por acciones realizadas de conformidad con los deberes, normas y ética profesionales reconocidos”, apuntó.
Como se recuerda, la relatora ONU, Margaret Satterthwaite, en abril del 2024, alertó sobre la serie de acciones que “parecen destinadas a socavar el funcionamiento independiente» de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) peruana.
Se refirió entonces a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular los efectos de una resolución del Poder Judicial que permitía la restitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez como integrantes de la JNJ.
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