Fernando Rospigliosi expresó su total respaldo a las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Ella defendió la polémica ley de amnistía para delitos de lesa humanidad durante su discurso por la apertura del Año Jurisdiccional Constitucional 2026.
A diferencia de la presidenta del Poder Judicial, que confrontó al Congreso y a las controvertidas leyes que se han aprobado, Pacheco afirmó, a título personal, que las normas que se aprueban no necesariamente deben obedecer mandatos internacionales como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La postura de Pacheco es que si la Corte IDH emite una sentencia contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a la propia Constitución peruana, el país “no estaría obligado a someterse” a ese fallo. Esta interpretación sugiere una primacía interna de la Carta Magna frente a decisiones de organismos internacionales, incluso en materia de derechos fundamentales.
Expertos constitucionalistas han señalado que, aunque la Constitución peruana reconoce la Convención Americana como parte del bloque de constitucionalidad, también establece que ningún tratado puede contradecir la propia Constitución. Según Pacheco, esa tensión normativa abre la posibilidad de cuestionar la obligatoriedad de ciertas decisiones de la Corte IDH cuando se estime que estas contradicen principios y garantías constitucionales peruanas.
Fernando Rospigliosi aprovechó estas declaraciones para demandar un cumplimiento estricto de las leyes y resoluciones internas, alineándose con una lectura soberanista del ordenamiento jurídico. Para Rospigliosi, no solo se trata de respaldar a Pacheco, sino de afirmar que el Perú debe privilegiar su marco constitucional por encima de lo que él considera presiones o mandatos externos.
El apoyo de Rospigliosi a Pacheco también se contrasta con la posición de otros magistrados y autoridades del Poder Judicial. Ellos expresaron su preocupación por el debilitamiento del diálogo interjurisdiccional y posible afectación de la posición internacional del Perú frente a órganos como la CIDH.
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