La justicia finalmente alcanzó a Dalmy Enrique Gamarra Gonzales. El Juzgado Penal Colegiado subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Cerro Colorado-Camaná impuso una condena de 35 años de cárcel contra este ciudadano extranjero. Los magistrados lo hallaron culpable del delito de feminicidio agravado en perjuicio de una joven de apenas 20 años, quien dedicaba sus días a estudiar la carrera de Técnico en Farmacia y buscaba un futuro mejor a través del trabajo digno.
Los hechos que estremecieron a la comunidad arequipeña ocurrieron el pasado 05 de febrero de 2025. Aquella jornada, la víctima se encontraba cumpliendo su turno laboral, sola, en el interior de La Botica Y&K Farma +Vida, ubicada en el distrito de Cerro Colorado. El agresor ingresó al establecimiento fingiendo ser un cliente común, pero sus intenciones eran oscuras desde el primer momento. Según las investigaciones fiscales, Gamarra Gonzales abordó a la estudiante y le exigió la entrega de clonazepam. Ante la falta de una receta médica, un requisito indispensable para dicho fármaco, la joven se negó a entregar el medicamento, cumpliendo con los protocolos de salud.
Esta respuesta desató la violencia del ahora sentenciado. El hombre no solo la amenazó de muerte y de agresión sexual, sino que procedió a cerrar la puerta del local para asegurar su impunidad. Con una fuerza desmedida, el sujeto trasladó a la trabajadora hacia el baño del establecimiento. En ese espacio reducido, Gamarra consumó una agresión sexual y le propinó múltiples lesiones físicas de extrema gravedad. El nivel de violencia que ejerció contra la joven fue tal que terminó por provocarle la muerte en el mismo lugar de los hechos.
El proceso legal y la reparación civil
Tras cometer el crimen, el delincuente mostró un desprecio absoluto por la vida humana. En lugar de auxiliar a la víctima, Gamarra Gonzales aprovechó la situación para sustraer el teléfono celular de la botica y retirar el dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora. Con el botín en sus manos, abandonó el distrito de Cerro Coloradoy emprendió una huida que lo llevó hasta el departamento de Puno. Sin embargo, el trabajo de las autoridades permitió su captura pocos días después, terminando así con su breve tiempo en libertad.
Durante la instalación del juicio oral, el imputado decidió admitir su responsabilidad y reconocer los hechos que la fiscalía presentó en su contra. Esta confesión facilitó que los jueces Patricia Isabel Posadas Larico, Alexandra Danai Carpio Montes y Marcio Andre Arteaga Espinoza determinaran rápidamente su culpabilidad. La sentencia no solo incluye los 35 años de pena privativa de la libertad, sino que también establece una medida correctiva en el ámbito económico para intentar resarcir, en la medida de lo posible, el daño causado a los deudos.
Los magistrados fijaron una reparación civil de 100 mil soles, monto que el sentenciado deberá pagar a favor de los familiares de la agraviada. Este fallo representa un cierre legal para un caso que conmovió a la opinión pública por la vulnerabilidad en la que se encontraba la estudiante mientras trabajaba. La condena contra Dalmy Enrique Gamarra Gonzales envía un mensaje claro sobre la severidad con la que el sistema judicial peruano castiga los actos de violencia extrema contra las mujeres, especialmente aquellos que truncan la vida de jóvenes que solo buscaban superarse profesionalmente.
Con información de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA).
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