Algo preocupa tanto a la Presidencia de la República sobre las revelaciones periodísticas respecto a las contrataciones de las allegadas a José Jerí, tras visitarlo en Palacio, que a las pocas horas de publicar un comunicado amenazando a la prensa, sacó otro omitiendo esa advertencia que iba contra la libertad de expresión.
En tanto, el Ministerio Publico inició una investigación preliminar “contra los que resulten responsables” respecto a la presunta contratación irregular de cinco jóvenes profesionales en diversas entidades del Estado luego de sostener reuniones privadas con el presidente José Jerí en la sede del Ejecutivo.
Roxana Espinoza Páucar es la fiscal provincial que tendrá a su cargo el desarrollo de esta investigación preliminar abierta por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado. Y las diligencias las realizará, de forma conjunta, con personal de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional.
Si durante el desarrollo de esta investigación preliminar se determina una posible responsabilidad penal del presidente José Jerí, el caso será derivado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. Porque solo él puede llevar a cabo diligencias contra el jefe de Estado.
¿Qué decían los comunicados de Presidencia?
En el primer documento decía que la presidencia tomaría posibles acciones legales contra la prensa por el reportaje en el que se vincula a José Jerí con mujeres contratadas en el Estado. Luego de que lo visitaran en Palacio de Gobierno incluso en día feriado y hasta altas horas de la noche.
Sin embargo, pasados unos minutos y tras las críticas recibidas, el despacho Presidencial retrocedió y publicó otro comunicado. Pero éste, sin la amenaza de las acciones legales contra los medios que emitieron esa información. Pese a estar documentada con los propios registros de ingresos y salidas de la sede del Ejecutivo. Y con las planillas de las contrataciones en distintas dependencias del gobierno.
Si bien en el nuevo texto, se mantiene su rechazo al «sentido malintencionado» de la información, suprime el punto que advertía que se tomarían medidas legales contra los responsables del reportaje. Lo que fue interpretado como una amenaza a la libertad de prensa.
Pese a la rectificación, el despacho presidencial considera que no se puede «cosificar ni vulnerar el derecho al buen nombre por el hecho de ser mujeres jóvenes que trabajan en Palacio”. Cuando el reportaje televisivo reveló el beneficio que habrían tenido las allegadas al presidente Jerí. Esto, tras tener una reunión con él y luego conseguir un trabajo.
Presidencia dice que se cumplió procedimiento, pero expertos lo niegan
Desde presidencia insisten también en que las contrataciones se realizaron «siguiendo el procedimiento legal correspondiente» y que las profesionales cumplen con los requisitos establecidos. Sobre este punto discrepan algunos expertos consultados y es precisamente el que constituiría un presunto delito.
Sin embargo, para el abogado experto en contrataciones con el Estado, Christian Castillo, entrevistado en Exitosa, el presidente José Jerí pudo haber incurrido en actos ilícitos. Esto, tras el presunto favorecimiento a cinco mujeres que visitaron Palacio de Gobierno. Porque no solo habría favorecido ilícitamente a las féminas, sino que también habría presumiblemente usurpado funciones que la propia ley le prohíbe por su investidura.
De acuerdo con la revelación periodística, Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraún Rojas, Violeta Veas Otero, Fiorela Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva, a pocos días de que el jefe de Estado asuma funciones por sucesión constitucional y tras visitarlo en Palacio, obtuvieron órdenes para brindar servicios profesionales en diversas entidades públicas desde octubre y noviembre del 2025.
El perito dijo que Jerí Oré podría ser pasible de dos acusaciones en el Ministerio Público. Porque -según se observa- habría intercedido de forma irregular para que las féminas obtengan órdenes de servicio a su favor.
Puso como ejemplo el caso de Cristina Beraún Rojas, quien logró un primer sueldo de 6 300 soles y, luego pasó a ganar 11 000 soles. Lo que “demuestra claramente que hay un tráfico de influencias y por no decir una negociación incompatible. Y si la señorita no está capacitada para el ejercicio del cargo ya estaríamos hablando de una pérdida para el Estado. Y ya no sería negociación incompatible sino colusión agravada con una pena de hasta 15 años», declaró.
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