La Contraloría advirtió presuntas irregularidades en el proceso de contratación de una obra valorizada en S/ 87,734,195, destinada a mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado en distritos de Arequipa. El procedimiento fue convocado por Sedapar S.A. bajo la modalidad de Licitación Pública Abreviada, en el marco de la Ley N.° 31589, orientada a la reactivación de obras públicas paralizadas.
Según el informe del Órgano de Control Institucional, cinco consorcios participaron en la licitación y cuatro obtuvieron el puntaje máximo de 100 puntos tras la evaluación técnica y económica, generando un empate múltiple en el primer lugar. En estos casos, cuando se trata de una Licitación Pública sin modalidad, la normativa establece que el desempate debe resolverse mediante sorteo.
No obstante, el informe señala que no se aplicó ese mecanismo. En su lugar, se otorgó una bonificación adicional del 5 % por condición de micro y pequeña empresa y por empresa integrada por personas con discapacidad, beneficio que no correspondía para este tipo de proceso. Esta decisión modificó el orden de prelación y definió al ganador sin recurrir al sorteo previsto. La Contraloría otorgó a Sedapar un plazo de cinco días para informar las acciones adoptadas.
Consorcio ganador en Arequipa incluía empresa sin inscripción vigente en el RNP
El Consorcio Acuario resultó adjudicatario de la buena pro. Está integrado por Sigma S.A. Contratistas Generales y VCP Consultores y Ejecutores S.A.C. Sin embargo, la comisión de control advirtió que, al momento del otorgamiento de la buena pro, el 13 de febrero, Sigma S.A. no contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor de obras.
Las bases del proceso exigían que todos los integrantes del consorcio tuvieran inscripción vigente en el RNP. Además, se precisó que Sigma S.A. asumiría el 80 % del contrato, incluida la ejecución, recepción y liquidación de la obra. Contraloría indica que estas situaciones podrían afectar los principios de legalidad, transparencia e igualdad de trato en la contratación pública.
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