La denuncia de fraude electoral se instaló desde el primer momento entre miles de ciudadanos, en su mayoría afines a Renovación Popular, que claman respuestas mientras Rafael López Aliaga encabeza una rebelión que exige anular las elecciones por completo.
Pero el verdadero plan es más oscuro. No es el fraude que los políticos denuncian. Es una trampa planificada meticulosamente durante años. Una estrategia diseñada en las sombras. El problema no se limita a un fraude tradicional denunciado por actores políticos, sino a una estructura elaborada desde el 2021 con un propósito claro: mantener a los mismos grupos en el poder.
En ese escenario aparecieron de la nada figuras como Ricardo Belmont y Carlos Álvarez, sin planes de gobierno sólidos ni partidos consolidados, cuya presencia parecía responder más a una función táctica que a una propuesta real. Ambos candidatos lograron captar más de dos millones de votos, con Belmont superando 11% y Álvarez sumando un 7%. Su rol habría sido dispersar el voto moderado, evitando que nuevas alternativas lograran avanzar a una segunda vuelta. Los hechos refuerzan esa sospecha: Belmont ni siquiera acudió a votar y Álvarez anunció su retiro inmediato, dejando tras de sí a un electorado sin representación.
El engranaje institucional del desorden
La construcción de este escenario no habría sido improvisada. Desde el Congreso se eliminaron las elecciones primarias, abriendo paso a un proceso caótico con 36 fórmulas presidenciales que confundieron al electorado. A ello se sumó una cédula de votación desproporcionada, pesada e impráctica, que complicó aún más la logística electoral.
El 12 de abril, miles de personas en Lima no pudieron votar porque el material electoral nunca llegó a tiempo. La Contraloría ya había advertido retrasos graves desde días antes, pero el Jurado Nacional de Elecciones mantuvo silencio mientras el problema crecía sin control. En medio de este panorama, el discurso político también se tornó más agresivo. López Aliaga adoptó una retórica que incluye ataques contra votantes de provincias, cuestionando incluso la capacidad del campesinado para ejercer su voto de manera correcta.
El botin final: el Senado
Finalmente, el resultado ha consolidado el objetivo descrito: tres partidos ya presentes en el Congreso, Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú, lograron concentrar el poder. Con el control del 60% del nuevo Senado, tendrán la capacidad de definir leyes a su conveniencia, pese a contar con un respaldo electoral reducido.
La dispersión del voto terminó favoreciendo a quienes se mantuvieron unidos. Mientras el país se fragmentaba en decenas de opciones, un grupo reducido aseguraba su permanencia. La democracia peruana enfrenta uno de sus momentos más críticos, con una elección que muchos sienten les fue arrebatada a plena vista.
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