Un violento asalto armado ocurrido la madrugada de este viernes 27 de diciembre ha generado alarma e indignación en el distrito de Layo, provincia de Canas, región Cusco. Delincuentes armados irrumpieron en varias viviendas de la Comunidad Campesina de Limbani Alto Huallatani, dejando como saldo dos comuneros gravemente heridos y la denuncia de un presunto abuso sexual.

El ataque se registró entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada, cuando sujetos encapuchados ingresaron de manera violenta a las viviendas de al menos cuatro familias. Según los testimonios recogidos, los delincuentes redujeron a los ocupantes, los amenazaron con armas de fuego y se apoderaron de dinero en efectivo y diversos objetos de valor.

Durante el asalto, dos comuneros resultaron con heridas de gravedad, por lo que tuvieron que recibir atención médica de emergencia. Además, una de las víctimas denunció haber sido objeto de abuso sexual durante el violento ingreso, hecho que ha causado una profunda conmoción en la comunidad.

Tras lo ocurrido, las familias afectadas se trasladaron hasta la Comisaría de Layo para formalizar las denuncias y exigir una investigación exhaustiva. Los comuneros demandan mayor presencia policial permanente, señalando que la inseguridad se ha incrementado en las zonas rurales, especialmente en comunidades dedicadas a la crianza de alpacas y llamas.

Los pobladores advirtieron que la lejanía de estas comunidades y la escasa vigilancia facilitan la acción de bandas delictivas, por lo que exhortaron a las autoridades a reforzar las labores de patrullaje y prevención del delito.

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Vecinos de la urbanización San Julián (Juliaca) quemaron un antro de perdición, tras encontrar una persona muerta al interior del local nocturno, generando una reacción espontánea de la población ante la ausencia de autoridades municipales y policiales que regulen estos establecimientos en la provincia de San Román, según denunció el dirigente Raúl Canaza Paxi.

La población actuó de manera espontánea frente al hallazgo del cadáver en el local; posteriormente los propietarios del antro denunciaron el incendio ante la policía, que procedió a capturar a dos vecinos de Juliaca, mientras los delincuentes siguen operando libremente en la ciudad, cuestionó el presidente de las Cuatro Zonas.

El dirigente Raúl Canaza Paxi declaró que «la población está desamparada, está sola, no hay autoridades que los protejan en cuanto a la seguridad ciudadana; están por gusto los policías y la mesa técnica».

Amenaza de violencia como Sara Calla

Los hechos podrían repetir el caso de la dirigente Sara Calla, asesinada aparentemente por encargo de centros de perdición en Villahermosa; actualmente existen amenazas contra dirigentes que accionan con la población frente a la proliferación de antros ilegales, advirtió Canaza Paxi sobre el riesgo latente.

Numerosos night clubs y cantinas funcionan ilegalmente sin que la Municipalidad fiscalice ni regule estos establecimientos; incluso operan a espaldas del edificio municipal, donde funcionarios ingresan sospechosamente con documentos para regularizar permisos de los locales que carecen de licencias, denunció el dirigente vecinal sobre la inacción oficial.

Los dirigentes convocarán reunión urgente para abordar la proliferación de antros de perdición; Canaza Paxi cuestionó directamente: «¿están al lado de la población o están en contra de la población?», exigiendo que autoridades municipales, regidores y la Policía Nacional definan su posición frente a la inseguridad que amenaza a los vecinos juliaqueños.

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Tras el sismo de magnitud 6.0 registrado la noche del sábado 27 de diciembre, con epicentro a 67 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote y a una profundidad de 52 kilómetros, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) tiene identificadas 11 zonas críticas por peligros geológicos en el departamento de Áncash y 4 en La Libertad.

De acuerdo con sus estudios técnicos, estas zonas podrían reactivarse como consecuencia del movimiento sísmico y generar procesos como caídas de rocas, derrumbes u otros fenómenos asociados.

En el departamento de Áncash, las zonas críticas se ubican en las provincias de Bolognesi (5), Huari (4), Huaylas (1) y Recuay (1). En tanto, en La Libertad, estas zonas se localizan en las provincias de Otuzco (2), Chepén (1) y Sánchez Carrión (1).

Ingemmet da la alerta

Estas áreas fueron identificadas a partir de estudios realizados por Ingemmet en los años 2009 y 2012, los cuales vienen siendo actualizados de forma permanente y contienen recomendaciones técnicas a las autoridades en los tres niveles de gobierno. Entre ellos destacan los informes Riesgos geológicos en la región Áncash y Riesgo geológico en la región La Libertad.

Toda esta información es pública y de libre acceso, y puede ser consultada a través de la plataforma digital “Perú en Alerta” donde se visualizan las zonas críticas identificadas por Ingemmet a nivel nacional en el siguiente link: https://bit.ly/PeruEnAlerta

Heridos y daños en Áncash y La Libertad

Luego del fuerte sismo ocurrido en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Ministerio de Salud reporta la atención de 25 heridos, de los cuales 12 se encuentran hospitalizados y 13 ya fueron dados de alta.

Añade que 6 personas están hospitalizadas en los servicios de salud de Áncash y los 6 restantes en los establecimientos de La Libertad.

En Áncash, tras la atención médica fueron dados de alta 12 personas lesionadas y en La Libertad un paciente.

El Minsa, EsSalud y la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash vienen garantizando la atención médica a los heridos.

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La población del sector Mercedesniyoc demanda actualmente al concejo de la Municipalidad Provincial de La Convención la formalización administrativa de su jurisdicción. El presidente del comité de gestión, Augusto Palomino Ortega, informó que más de dos mil cuatrocientos habitantes esperan pacientemente esta decisión política. Por lo tanto, el proceso de reconocimiento de centros poblados en Quellouno permitiría que la comunidad acceda legítimamente a presupuestos públicos y espacios de gestión oficial.

El expediente técnico para esta creación ya se encuentra totalmente completo tras siete años de arduas gestiones ante las autoridades locales. Efectivamente, la aprobación final depende exclusivamente del voto de los regidores provinciales para garantizar el derecho electoral de esta importante zona cafetalera.

Además, los dirigentes recordaron que el comité de gestión cuenta con un reconocimiento oficial otorgado desde el año dos mil veintidós. Debido a la falta de autonomía administrativa, la población no puede participar activamente en las sesiones del Consejo de Coordinación Local para priorizar sus obras. Mientras tanto, la falta del reconocimiento de centros poblados en Quellouno retrasa la ejecución de proyectos estratégicos de riego tecnificado y el asfaltado de sus principales vías de comunicación.

Por consiguiente, los agricultores de la zona enfrentan serias dificultades para trasladar sus cosechas de café hacia los mercados regionales debido al mal estado de las carreteras. Sin duda alguna, la formalización institucional representa la única vía para que Mercedesniyoc logre una distribución equitativa de los recursos del canon.

Beneficios del reconocimiento de centros poblados en Quellouno

Por otro lado, la creación de esta nueva municipalidad delegada fortalecería la presencia del Estado en los sectores más alejados del distrito de Quellouno. Por esta razón, la comunidad solicita que el concejo provincial agende de manera prioritaria el debate y la aprobación del expediente técnico presentado.

El reconocimiento de centros poblados facilitará la llegada de servicios básicos y programas sociales para mejorar la calidad de vida de las familias rurales. Igualmente, contar con un alcalde delegado permitirá canalizar directamente las demandas de infraestructura vial ante el gobierno regional y el Ministerio de Transportes. En conclusión, la voluntad política de las autoridades de La Convención es fundamental para cerrar las brechas de desigualdad en el valle.

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Una intervención coordinada y rápida entre el Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Policía Nacional salvó una vida en las primeras horas de ayer. La acción se desarrolló en el emblemático puente Chilina, tras una alerta que activó todo el protocolo de emergencia.

Todo comenzó cuando los operadores del sistema de videovigilancia municipal detectaron, alrededor de las 03:50 horas, a una persona en evidente estado de vulnerabilidad. Se trataba de una mujer que, visiblemente afectada, fue monitoreada desde su recorrido por la calle Juan de la Torre hasta su llegada al puente, en dirección hacia Alto Selva Alegre.

Ante el riesgo inminente, el personal de seguridad ciudadana se movilizó de inmediato al lugar. En el carril, encontraron a la joven en medio de una crisis emocional aguda. Con calma, los efectivos iniciaron un trabajo de contención psicológica directamente en el sitio, logrando establecer un diálogo y brindar el primer apoyo crucial.

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Intervención de PNP de Arequipa

Efectivos de la comisaría de Cayma de la PNP llegaron para sumarse a la labor y, de manera conjunta, se gestionó el traslado preventivo de la ciudadana. Fue conducida al hospital Honorio Delgado para recibir la evaluación y atención médica especializada que su situación requería.

A partir de los últimos casos, se ha vuelto a poner en debate sobre la necesidad del enmallado del puente. Según quienes lo impulsan, disuadiría de cometerse este tipo de casos.

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La Comisión Permanente del Congreso no debatió el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitar por 10 años a la expremier y excongresista Mirtha Vásquez, quien postula al Senado por el partido Ahora Nación, de Alfonso López Chau.

Las fórmulas inscritas pra Elecciones 2026, observadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) son: Renovación Popular, Avanza País, el APRA, Perú Libre. País para Todos, Cooperación Popular, Sí Creo, Libertad Popular, Partido Demócrata Verde, Salvemos al Perú, Perú Acción, Prin, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Cívico Obras, Integridad Democrática, Fuerza y Libertad, Partido Democrático Liberal, y las alianzas Venceremos y Unidad Nacional.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro otorga a los partidos políticos dos días para subsanar los errores detectados. Transcurrido el plazo, en cada caso, evaluará los documentos remitidos para validar si procede o no la inscripción de los candidatos presidenciales.

Los observados

Como se sabe, la primera fórmula en ser observada fue la de Renovación Popular, que ya subsanó las observaciones. Posteriormente, se observó la plancha presidencial de Avanza País debido a que la agrupación no consignó por escrito las renuncias del excandidato presidencial Phillip Butters y de la congresista Karol Paredes a la antigua fórmula presidencial. Asimismo, el actual postulante José Williams omitió colocar el cargo al que postula en su declaración jurada de consentimiento de participación en los comicios.

Por otro lado, también se observó la plancha presidencial de Perú Libre, que lleva al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón como candidato presidencial. Según el JEE, Cerrón colocó en su declaración jurada de consentimiento de participación el 21 de diciembre de este mes. Mientras que su confirmación de hoja de vida lo hizo el 21 de este mes, lo que resultó con 3 años de diferencia y el organismo electoral pidió subsanar.

Otra plancha presidencial observada es la de País para Todos de Carlos Álvarez. El JEE señaló que los integrantes de la plancha no consignaron el nombre completo del partido político con el que participan al momento de inscribirse.

En tanto, en Sí Creo, que lleva al congresista Jorge Montoya entre sus filas, el JEE detectó que ningún miembro de la fórmula presidencial adjuntó su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV). Además, la lista tampoco remitió la declaración jurada de consentimiento de participación en los comicios.

En el APRA, también se declaró inadmisible la plancha presidencial porque Enrique Valderrama. No colocó su huella dactilar del índice derecho ni su firma en la declaración jurada de participación en las elecciones.

Oro caso es el de Libertad Popular, con Rafael Belaúnde Llosa como candidato presidencial. El JEE detectó que el partido no incluyó el apartado «problemas identificados» en el plan de gobierno presentado.

Además, el partido Demócrata Verde, donde el JEE señala que en la declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026, los candidatos Alex Gonzales Castillo, Maritza Del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales y Félix Medardo Murazzo Carrillo, no marcaron la opción de consentimiento.

En Unidad Nacional, el jurado señaló que el candidato Roberto Chiabra no colocó el cargo al que postula y debe realizar la subsanación del documento. En Salvemos al Perú, el JEE indicó que en la declaración jurada de consentimiento de participación y hoja de vida, la inscripción del candidato a primer vicepresidente, Jaime Freundt López, no cuenta con la firma del personero legal.

Luego, en la alianza electoral Venceremos, el JEE resaltó que la fecha de la declaración jurada de consentimiento de participación, los candidatos Ronald Atencio, Elena Rivera y Alberto Quintanilla, es anterior a la declaración jurada de Hoja de Vida.

En Perú Acción, Ernesto Diez Canseco Távara, no consignó su segundo nombre en su declaración jurada. Y figura un error tipográfico en su segundo apellido. Además, el JEE detalló que el nombre de la organización política se encuentra incompleto. Y colocó la fecha 18 de diciembre, lo que es anterior a la fecha de confirmación de la hoja de vida. El mismo caso sucede con Roberto Koster y Clara Quispe, en las que el nombre del partido no aparece completo. También consignaron la fecha anterior a la hoja de vida.

En el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, en la inscripción del candidato Napoleón Becerra García se observó un error tipográfico en su nombre. Además, su DNI se encuentra ilegible y el nombre del partido está incompleto. Además, no marcó la opción de consentimiento respecto a su candidatura en la fórmula y consignó la fecha anterior a la hoja de vida.

En Integridad Democrática, el JEE señala que para Wolfgang Grozo, el partido no ha precisado si el candidato se encuentra activo o retiro de las fuerzas del orden. Además, el nombre de la organización no aparece en la ficha, asi como en el caso de Willington Prada.

En el PRIN, el candidato Walter Chirinos colocó una fecha en su declaración jurada de consentimiento anterior a la confirmación de su hoja de vida. Asimismo, Julio Vega no marcó la opción de consentimiento respecto a su participación como candidato de la fórmula y al que está postulando, mientras que Mayra Vargas no marcó la opción del consentimiento de participación como postulante.

En Cívico Obras, se advirtió que Dina Hancco no consignó el nombre de la organización política dentro de su declaración jurada de hoja de vida.

Mientras que en Cooperación Popular, se detectó que la declaración jurada de participación en las Elecciones 2026 de Yonhy Lescano tiene una fecha anterior a la confirmación de la hoja de vida. En el caso de Carmela Salazar, se alertó que no se consignó el nombre el partido en su inscripción.

En el partido de Fuerza y Libertad se alertó que en la declaración jurada de consentimiento de Fiorella Molinelli, Gilbert Violeta y María Pariona figura con una fecha anterior a la de confirmación de hoja de vida.

Y en el partido Democrático Federal, se alertó que no adjunto el plan de gobierno y el formato de resumen correspondiente. Tampoco el comprobante de pago de la tasa electoral.

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Este grave desastre natural en Yanatile, provincia de Calca, región Cusco, ocasionó la destrucción total de un puente carrozable de quince metros de longitud por seis metros. El fenómeno natural ocurrido el miércoles por la madrugada afectó severamente la transitabilidad dentro de la importante vía nacional denominada ruta CU-105.

Las autoridades locales reportaron que la plataforma de la carretera principal perdió trescientos metros lineales debido a la fuerza del aluvión. Por consiguiente, el Centro Poblado de Colca permanece actualmente incomunicado tras el colapso de la infraestructura vial básica de este sector agrícola.

Además, el reporte técnico preliminar confirmó que el huayco destruyó seis viviendas y dejó a doce personas en condición de damnificadas. Debido a la magnitud del desastre natural en Yanatile, aproximadamente diez hectáreas de cultivos de plátano y también de café resultaron totalmente perdidas.

Mientras tanto, el director de Gestión del Riesgo de Desastres, Miguel Oscco Abarca, coordinó el envío inmediato de ayuda humanitaria para los afectados. Por esta razón, el Gobierno Regional del Cusco activó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional para articular las acciones de respuesta rápida. La municipalidad distrital desplegó maquinaria pesada para intentar restablecer la comunicación terrestre entre los centros poblados de Calca.

Respuesta ante el desastre natural en Yanatile

Por otro lado, los equipos especializados continúan realizando la evaluación de daños estructurales para determinar la inversión necesaria en la futura reconstrucción. Por esta razón, las familias de la zona de Osccobamba solicitan mayor presencia del Estado para recuperar sus medios de vida agrícolas perdidos.

La ocurrencia del desastre natural en Yanatile durante las fiestas navideñas ha generado una situación de alta vulnerabilidad para los pobladores locales y los técnicos del COER Cusco monitorean constantemente el nivel de los ríos para prevenir nuevos desbordamientos que pongan en peligro la vida. La articulación entre el gobierno regional y local resulta fundamental para superar esta crisis climática que afecta al departamento del Cusco.

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La rápida reacción de vecinos evitó que un asalto se concrete en el barrio de Verde Cruz, en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga. Un grupo de delincuentes intentó robar un restaurante a plena luz del día, pero huyó al verse descubierto y rodeado por la población.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde, en un local ubicado entre las calles Mateo Pumacahua y Cahuide. Cámaras de seguridad registraron la presencia de sujetos que actuaban de manera sospechosa tanto dentro como en los alrededores del establecimiento.

Según testigos, los presuntos delincuentes habrían coordinado su huida con motocicletas y un mototaxi, una modalidad que genera preocupación entre los vecinos. Sin embargo, la alerta oportuna del personal y los clientes permitió que la población se organizara y frustrara el intento delictivo.

Las imágenes de videovigilancia serán clave para la identificación de los implicados y el desarrollo de las investigaciones por parte de la Policía Nacional.

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Camino descalzo entre surcos agrietados mientras el cielo se oscurece. No es temor lo que veo en los ojos del productor del campo que observa las nubes aproximarse—es esperanza. Una esperanza que ningún político le ha dado jamás.

Aquí, a kilómetros de Lima y sus decisiones de escritorio, la salvación no llega en discursos ni en promesas de campaña. La salvación cae del cielo en gotas gruesas que golpean la tierra seca con un sonido que parece un aplauso. El productor rural lo sabe: su vida no depende del gobierno, depende de la lluvia.

El agua que nadie prometió

Observo cómo el agua desciende por las colinas, serpentea entre los cerros y se absorbe en la tierra hambrienta. En segundos, el paisaje cambia. El polvo se convierte en lodo fértil. Las plantas que parecían muertas levantan sus hojas. El pasto—ese alimento vital para el ganado—comienza a brotar tímidamente, prometiendo forraje para los próximos días.

Un campesino de manos encallecidas se quita el sombrero y mira al cielo. No reza al congresista que nunca vino. No espera al funcionario del Minagri que nunca ha pisado estas tierras. Agradece a Dios, porque solo Él ha cumplido. Solo Él suelta la lluvia en su tiempo, y con ella, la posibilidad de seguir adelante.

«Hoy habrá futuro», me dice mientras señala los primeros brotes verdes. Sus palabras suenan a declaración y a ruego a la vez.

La brecha que nadie mide

Las políticas de cosecha de agua que tanto se mencionan en conferencias limeñas aquí son un mito. Las irrigaciones prometidas nunca llegaron. Los tractores de campaña quedaron en fotos publicitarias. La inversión agraria se concentra en las grandes agroexportadoras de la costa, mientras aquí—donde realmente se necesita—las políticas estatales son prácticamente insignificantes.

Esta brecha no es nueva. Es histórica, estructural, deliberada quizás. Año tras año, gobierno tras gobierno, el productor del campo espera. Y año tras año aprende que la única certeza es la incertidumbre política y la fidelidad de las estaciones.

Los candidatos al congreso aparecen cada cierto tiempo con sus sonrisas ensayadas y sus promesas impresas en volantes. Hablan de desarrollo, de inclusión, de justicia social. Pero ninguno habla del campesino que cultiva con herramientas rudimentarias esperando la lluvia. Ninguno menciona a este sector olvidado porque aquí no hay votos suficientes, no hay corporaciones que financien campañas, no hay «plata» que justifique su atención.

El ciclo injusto

La lluvia finalmente llegó y con ella la alegría contenida del campo. El verdor empieza a pintar el paisaje y muchos productores salen de sus casas con renovada esperanza. Cultivarán, cosecharán algo—no mucho, pero algo. Lo llevarán al mercado donde los intermediarios, conociendo su desesperación, ofrecerán precios miserables por productos que costaron sudor, tiempo y fe.

Aun así, aceptarán. ¿Qué otra opción tienen? El Estado no regula estos abusos. No existe política que proteja al pequeño productor de la cadena extractiva que lo explota sistemáticamente. Los politicastros que gobiernan para las grandes empresas miran hacia otro lado, ocupados en calcular sus propios beneficios.

La resistencia que no se rinde en el altiplano de Puno

Lo más impactante no es el abandono estatal—eso ya lo sabíamos. Lo verdaderamente conmovedor es la resistencia. Ver a hombres y mujeres con las manos encallecidas por décadas de trabajo seguir cultivando sus tierras, seguir creyendo que algo puede mejorar, seguir sembrando no solo cultivos sino esperanza para sus hijos.

Mantienen la fe en que Dios no los olvidará, en que la lluvia volverá cada temporada, en que habrá algo—aunque sea poco—para llevar a casa. Esta resiliencia es un testimonio silencioso de dignidad que ningún funcionario público puede comprender desde su oficina climatizada.

Mientras regreso del campo con los zapatos embarrados y el corazón apretado, una pregunta me persigue: ¿Cuánto tiempo más puede sobrevivir esta esperanza sin apoyo real? ¿Cuántas generaciones más podrán sostener esta vida que depende exclusivamente de que el cielo se compadezca?

La respuesta debería preocuparnos a todos. Porque cuando la esperanza se agote—cuando ni siquiera la lluvia sea suficiente para compensar el abandono estructural—no habrá politicastro que pueda llenar el vacío que dejará un campo finalmente rendido.

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Los 88 congresistas que buscan mantener sus privilegios, aparecen en las listas de 16 partidos que están en carrera en estas elecciones 2026. Hay 8 que tientan suerte en planchas presidenciales, 58 buscan el Senado, 29 la Cámara de Diputados y 2 el Parlamento Andino.

Esto, sin considerar a los 9 acciopopulistas que no pueden postular por la anulación de sus listas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con los que hubieran sumado 97. Con estos 88 congresistas que buscan algún tipo de reelección se podría aprobar casi cualquier reforma en el Pleno del Congreso.

Fuerza Popular, el más ambicioso

El partido que más congresistas busca llevar a la reelección es Fuerza Popular. Son 19 de los 21 parlamentarios que tiene actualmente el partido los que buscan seguir en el Congreso. Esto equivale al 90% de intgrantes buscando la reelección.

No van para ningún puesto, María del Pilar Cordero Jon Tay y Magally Santisteban Suclupe. En el caso de Alejandro Aguinaga y Martha Moyano ya han sido reelegidos antes. Aguinaga, fue legislador en el periodo 2011-2016 y Moyano en el 2001-2006 y 2006-2011.

Renovación Popular postula a 11 congresistas

En el caso de Renovación Popular, son 11 congresistas los que irían a la reelección, de un total de 13, lo que equivale al 82 por ciento de aspirantes a repetir el plato. Estoso son los congresistas que postularán con Renovación Popular el 2026

Alianza para el Progreso (APP) postula a 9 congresistas

En el caso de APP son 9 tenemos Congresistas que postularán con APP el 2026. Esto equivale al 59% de su bancada actual en el Parlamento nacional.

Perú Libre y Podemos postulan cada uno a 8 congresistas

Perú Libre incluye a ocho congresistas, lo que equivale al 67% de su actual bancada. Todos postulan por un puesto en el Senado. Se trata de Waldemar Cerrón; Flavio Cruz, quien también integra la plancha presidencial como primer vicepresidente; Américo Gonza, Isacc Mita Alanoca, Segundo Montalvo, Kelly Portalatino, Abel Reyes y María Taipe.

Podemos Perú lanza a la competencia electoral a 8 congresistas, lo que equivale al 73% de su bancada actual. Ellos son:Arriola Tueros José Alberto, Bellido Ugarte Guido, Burgos Oliveros Juan Bartolomé, Juárez Calle Heidy Lisbeth, Luna Gálvez José León, Orué Medina Ariana Maybee, Paredes Castro Francis Jhasmina, Tello Montes Nivardo Edgar. No postula Picón Quedo Luis Raúl, Wong Pujada Enrique, Espinoza Vargas Jhaec Darwin, Calle Lobatón Digna.

Avanza País y Juntos por el Perú postulan a 7 congresistas

En Avanza País postula al Parlamento Andino, Rosselli Amuruz. Van a la Cámara de Senadores Karol Fonseca, José Williams, quien también forma parte de la plancha presidencial como presidente; mientras que para el Diputado se candidatean Luis Aragón, Alejandro Cavero, Diana Gonzales, Adriana Tudela, quien también forma parte de la fórmula presidencial como segunda vicepresidenta.

Juntos por el Perú postula a congresistas de 3 bancadas distintas y 1 no agrupada, sumando o7, lo que equivale al 64% de su bancada actual. Los legisladores son Roberto Sánchez como presidente y diputado. Víctor Cutipa, Pasión Dávila, Margot Palacios, Jaime Quito, Silvana Robles y Elías Varas, como aspirantes al Senado.

Otros postulantes que anhelan quedarse en el Congreso

Con 6 postulantes figura la bancadae de Somos Perú. El partido incluye a Alfredo Azurin y Ana Zegarra para la Cámara de Diputados y a Elizabeth Hermosilla, Jorge Morante, Alex Paredes, Héctor Valer para la de Senadores.

Después, con dos congresistas cada uno siguen la alianza electoral Venceremos (Sigrid Bazán y Hamlet Echevarría), Perú Primero ((Sigrid Bazán e Isabel Cortez); Sí Creo (Jorge Montoya y Javier Padilla); Progresemos (Katy Ugarte y Óscar Zea); y Cooperación Popular (Carlos Zeballos y Alex Flores).

Las agrupaciones que llevan a un legislador en sus filas son: Ahora Nación (Ruth Luque); País para Todos (Edward Málaga) y Unidad Nacional (Roberto Chiabra).

Para la recopilación de esta información empleamos la base de datos elaborada por el politólogo Alonso Cornejo Sologuren, cuyo link es el que sigue para que puedan explorar con detalle.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qrG4G9CJmOQvUPSoFuUQx2OMhVFhLNRf8cGqwQvjJrI/

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Impactantes imágenes ha dejado el fuerte sismo que sacudió Chimbote la noche del 27 de diciembre. El temblor fue de 6.0 grados de magnitud y, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), su epicentro se ubicó frente a la costa de Áncash, lo que hizo que también se sintiera con fuerza en ciudades como Trujillo (La Libertad), Lima e Ica.

Vecinos quedaron aterrados mientras salían de sus viviendas, y muchos de ellos fueron captados en plena transmisión en redes y en vivo. Las escenas muestran a personas asustadas, familiares reunidos en las calles y otros buscando seguridad lejos de estructuras que se movían visiblemente.

Los adultos mayores fueron de los más afectados, especialmente en sectores donde algunas casas se encuentran en mal estado de conservación. Producto del movimiento telúrico, se reportaron desprendimientos de revoques en paredes y grietas en estructuras antiguas, lo que aumentó el pánico entre los residentes, que buscaban puntos más seguros lejos de muros y techos.

Según el IGP, el sismo ocurrió en la noche del 27 de diciembre y tuvo una profundidad que hizo que se sintiera con fuerza en regiones costeras y valles cercanos a la zona epicentral. Aunque no se activó alerta de tsunami, la intensidad fue suficiente para provocar escenas de alarma y evacuación en distintas ciudades.

Hasta el momento, las autoridades locales y equipos de protección civil han iniciado evaluaciones para determinar daños materiales, revisar infraestructura pública y verificar que no existan personas atrapadas o heridas de gravedad. En algunos sectores se reportan cortes momentáneos de energía y servicios, mientras los vecinos buscan información oficial y consuelo entre familiares y amigos tras el fuerte movimiento.

El sismo se produjo en plena época festiva, lo que ha generado aún mayor impacto emocional entre la población. Se vivió momentos de confusión y miedo al recordar otros movimientos telúricos históricos en la zona.

El presidente Jose Jerí solo ha llamado a la calma a través de sus redes, pero sin informar alguna acción en concreto para los más afectados.

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El video ¡DE TERROR! | SISMO de 6.0 dejó a Chimbote deja impactantes imágenes, ancianos quedaron ATRAPADOS se publicó en YouTube en este enlace

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El gobierno de la mafia congresal, experto en derroche e irresponsabilidad fiscal, después de haber aprobado el presupuesto del 2026, sin vergüenza ni remordimiento, mediante sus títeres en la presidencia y el MEF, en un evento repleto de ex ministros de economía, ha convocado a los poderes del estado, organismos constitucionales, sector privado y sociedad civil a un “Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible” para garantizar el crecimiento, generación de empleo y reducción sostenida de la pobreza; sobre la base de 3 ejes: responsabilidad y sostenibilidad fiscal (respeto al principio constitucional de equilibrio presupuestal), eficiencia y calidad del gasto público y, ampliación de la base tributaria; en tres fases: Fase 1, presentación de aportes, enero y febrero 2026; Fase 2, definición de hoja de ruta, marzo abril 2026 y Fase 3, continuidad y argumento, desde mayo 2026.

Es una burla ridícula al país. Imposible creer y confiar en este gobierno con iniciativas que contradicen su real voluntad y deseo de despilfarro; que faltando medio año para que cumpla su mandato, en medio proceso electoral, engañe con propuestas que van más allá de su limitado periodo gubernamental. Este gobierno acaba de aprobar un desbalanceado presupuesto, ha generado un gigantesco forado vía exoneraciones tributarias a negocios empresariales que no lo necesitan, impulsa la informalidad y fortalecimiento de las economías criminales, ha autorizado discriminadamente beneficios para determinados sectores y no a otros, ha estancado el crecimiento económico y congelado la presión tributaria en la mitad del promedio latinoamericano.

Pretende mostrar responsabilidad para ocultar su monumental corrupción, angurria e irresponsabilidad; busca dar una imagen que no es la suya, como en la lucha contra el crimen, el presidente parlotea “su lucha”, no hace nada concreto para combatirlo y, por el contrario, incrementa las cifras de criminalidad. Ahora pretende dar imagen de responsabilidad fiscal luego de impulsar exoneraciones, promover la informalidad y economías criminales, mejoras para los policías y militares. Incapaz en la lucha contra el crimen, irresponsable en el manejo de la economía nacional.

La mentirosa actitud gubernamental de supuesta responsabilidad fiscal oculta varias cosas:

1.- La responsabilidad fiscal la concentran en el gasto público, los ingresos lo reducen a la “ampliación” de la base tributaria. El gobierno y el MEF evidencian que solo regulan gasto y tributos de la caja fiscal, reconociendo su incapacidad para regular y gestionar la economía nacional. El MEF y el Consejo Fiscal se han especializado en dimensionar el forado del despilfarro gubernamental, ocultan los ingresos que pudieran captarse eliminando las reducciones del impuesto a la renta, la evasión del IGV y las exenciones tributarias; a decir de Luis Valdivieso, estas 3 cosas, aportarían 8 puntos del PBI.

El MEF, además, no aborda lo que se podría lograr integrando, adecuadamente, las economías informales e ilegales, por ejemplo, el caso de la minería ilegal, donde las grandes mineras y empresarios se benefician comprando y vendiendo el oro informal e ilegal; el Estado podría comprar y vender ese oro, mejorando ingresos y reservas al país. Nuestra desgracia es encargar la economía del país a funcionarios que gastan y no generan recursos para atender al país.

2.- El tema de las exoneraciones es otro perjuicio nacional, en la agro exportación se estimaron en cerca de 2000 millones de soles anuales concentradas en 7 grandes empresas y poco más de otras 500. Existen exoneraciones para peluquerías, restaurantes, hoteles aparentando beneficiar a Mypes. Hay muchas más. Existen estimaciones que alcanzarían más de 25,000 millones de soles y que podrían llegar a 50,000. Lo deplorable de esta situación es que son estimaciones genéricas, nada concreto, como si fuera algo clandestino, confirmando que al MEF esto no lo importa, salvo si afecta a los servicios públicos y remuneraciones. Terrible, patético.

3.- El acuerdo fiscal lo promueve un gobierno de transferencia más que de transición. Sabe que nada o poco tendrá que hacer con el próximo gobierno. No porque el llamado a la responsabilidad fiscal no sea válido, sino porque es incompleta, parcializada, discriminatoria y lo realiza sin tener voluntad ni compromiso real con lo que propone. Hacerlo en media campaña electoral sabe a engaño más que a una visión de país, para aparentar una imagen de responsabilidad que no la tiene. Y para desviar la atención de sus propósitos mezquinos. El acuerdo fiscal del MEF y del gobierno parlamentario de la mafia es para “figuretear”, inoportuno e ineficiente.

4.- El acuerdo fiscal parece la búsqueda de respaldo conversado del MEF con varios de sus ex ministros. Salvo Luis Valdivieso, todos han ido a ratificar lo que saben que este gobierno no podrá lograr, para la foto. Mejor hubiera sido que ellos, de manera independiente, hagan ese acuerdo con un informe equilibrado que vea gasto e ingresos. Completo y no parcializado. Justo y no discriminatorio. Su presencia, en lugar de auspiciar una real voluntad de responsabilidad fiscal, alerta una voluntad de continuar el manejo económico de los últimos 30 años. Del encausamiento económico al desbarrancamiento, donde cada uno ha puesto su grano de arena.

Unos han sido verdaderas autoridades ante el congreso, otros asediados e incómodos, hasta los actuales que son apenas conserjes del mismo. El acuerdo fiscal parece reducirse a eso, a un respaldo de exministros del MEF a los amanuenses que el Congreso tiene en el gobierno. Y en el MEF. Penoso, vergonzoso.

Exigirle responsabilidad fiscal a la mafia gubernamental parlamentaria es pedirle peras al olmo, un imposible. Creer que ello es factible en los próximos seis meses de gobierno es ingenuidad más que ilusión. Avalar presencialmente un pedido irrealizable es “figuretismo” o representación de intereses nada buenos para el país. El acuerdo fiscal del gobierno es como los gestos del presidente en la lucha contra el crimen, nada concreto, pura foto, mientras el crimen crece. En este caso, es un falso llamado a la responsabilidad fiscal mientras es más irresponsable con la plata de todos para beneficio de pocos, más corrupción, perjuicio y daño al país. A los peruanos nos corresponde, no dejarnos engañar, mecer, ni por este ni el próximo gobierno.

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Un ciudadano ha presentado un recurso legal para bajarse de un solo hachazo a toda la lista de candidatos al Senado de Fuerza Popular. ¿El motivo? Una presunta «patinada» en sus elecciones internas que, según los denunciantes, habrían sido más un «dedo a dedo» que un proceso democrático de verdad.

Según el expediente, el cuestionamiento central radica en que el Estatuto de Fuerza Popular solo faculta a la Presidencia del partido a designar candidatos, pero no le otorga expresamente la competencia para definir su ubicación dentro de la lista, función que, de acuerdo con la normativa electoral, debe recaer en un órgano debidamente establecido.

El recurso sostiene que esta situación contraviene lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas y en los reglamentos del JNE, al haberse vulnerado los principios de democracia interna y el respeto a los procedimientos estatutarios exigidos para la inscripción de candidaturas.

La jugada de los «viejos conocidos»

Como era de esperarse, en la tienda fujimorista señalaron que se trata de una «persecución política» y que quieren ganar en mesa lo que no pueden en las urnas. En la lista, hay muchos de los actuales congresistas que han aprobado inhabilitaciones de casi todos sus adversarios políticos, a causa de supuestos incumplimientos de otros reglamentos.

Así, para la Cámara de Senadores se presentan los actuales congresistas Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Nilza Chacón, Víctor Flores, Raúl Huamán, David Jiménez, Patricia Juárez, Jeny Luz López, Martha Moyano, Fernando Rospigliosi y Héctor Ventura.

Además, los candidatos a vicepresidentes y exparlamentarios Miguel Torres y Luis Galarreta y el general César Astudillo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuya ubicación originó el problema.

La lista de Fuerza Popular para el Senado

Esta es la lista de candidatos al Senado por Fuerza Popular para las Elecciones Generales 2026:

• Miguel Ángel Torres Morales
• Martha Gladys Chávez Cossio
• Fernando Miguel Rospigliosi Capurro
• Carmen Patricia Juárez Gallegos
• César Augusto Astudillo Salcedo
• Martha Lupe Moyano Delgado
• Carlos Mario del Carmen Tubino Arias Schreiber
• Cecilia Antonieta Castro Torres
• Carlos Fernando Mesía Ramírez
• Sitza Lita Romero Peralta
• Sandro Esposito Shapiama
• Rita Elena Ayasta de Díaz
• Ricardo Rivera Romero
• Liliana Angélica Pinedo Achaca
• Jaime Agustín Sobero Taira
• Jeny Luz López Morales
• Raúl Huamán Coronado
• Santusa Ansia Mamani Vilca
• Erwin Tito Ortega
• María Pilar Pérez Villasante
• César Milton Campos Ramírez
• Betty Gladys Ananculi Gómez
• Jesús Alexander Alcalá Mateo
• Elsa Nora Tuesta de Nogueira
• Alexander Gallardo Sandoval
• Estela Martha León Requena
• Juan Manuel Alarcón Ato
• Cecilia Rosario Villanueva Oshiro
• Carlos Walter Mejía Escajadillo
• Magda Lili Manco Padilla

Tacha contra fórmula presidencial de Renovación Popular

Si bien el expediente aún no se ha resuelto, la tacha compromete a toda la fórmula presidencial presentada por Renovación Popular, obligando al partido a sustentar la legalidad de su inscripción y a responder a las observaciones formuladas.

Estas tachas (contra Fuerza Popular y Renovación Popular) es la prueba de fuego para un Jurado Nacional de Elecciones que muchas veces parece caminar con pies de plomo cuando se trata de los partidos grandes. ¿Habrá justicia electoral o volveremos a ver el circo de siempre?

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La Sociedad Minera Cerro Verde S.A. urge más agua para sus operaciones. Más aún por la pronta ampliación de su mina que le permitirá seguir explotando cobre y molibdeno dentro la región Arequipa. En la actualidad, Cerro Verde cuenta con cinco derechos de uso de agua superficial y subterránea. Ronald Fernández, exdirector de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina – Ocoña, explicó que la minera no tiene otra fuente a la que pueda recurrir. Su única alternativa es incrementar el uso agua tratada que produce la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada. Una posición ventajosa para la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. (Sedapar), pero que no supo (o no quiso) aprovechar en perjuicio de sus usuarios.

El 19 de diciembre último, Sedapar y Cerro Verde suscribieron el octavo convenio específico sobre este tema a puerta cerrada, en Lima. Con la firma del documento se concluyeron las negociaciones para ampliar el tiempo de operaci y mantenga a la PTAR La Enlozada de manera indefinida. Pues el tenor señala que será «hasta el 2060 o hasta el cierre de sus operaciones productivas, lo que ocurra después». A cambio, la minera podrá usar 1.5 metros cúbicos por segundo (m3/s) del agua tratada para su producción. Hay que recordar que, entre el 2016 y 2017, la empresa construyó y puso en funcionamiento la PTAR La Enlozada; en compensación, se le entregó 1 m3/s de agua, según ordena el convenio marco que firmó con Sedapar del 2011.

En un momento que ya no se puede objetar nada, los funcionarios, junto a integrantes del directorio de la empresa de saneamiento, recién socializaron los acuerdos a la ciudadanía tras la firma de este último convenio específico. “Se acordó que Cerro Verde opere la PTAR hasta el 2060 porque necesitamos asegurar el tratamiento de las aguas negras de la población”, declaró Yanet Montoya Vera, gerenta general de Sedapar. No firmar el convenio, adujo, significaría trasladar el costo del mantenimiento y operación de la planta a los recibos de los usuarios. Estimó que, si ello ocurría, el incremento promedio por familia sería de S/ 24. Actualmente, este concepto no está incluido en los recibos de sus usuarios.

El octavo convenio, además, contempla una serie de inversiones que debe ejecutar Cerro Verde por el valor, a decir de Sedapar, de US$ 3,091 millones, como una suerte de contraprestación por el agua que usó y usará en los siguientes 35 años. Pero, ¿cuánto de lo que estimó conseguir Sedapar ante Cerro Verde en el transcurso de las negociaciones se concretó? ¿Es cierto que son más los beneficios para la empresa de saneamiento o todo lo contrario?

El costo estimado para el agua tratada se esfumó

Durante los años que duraron las negociaciones, se plantearon varios precios para el pago por metro cúbico (m3) de agua tratada que debía efectuar la minera. Tal como estaba estipulado desde el inicio. Las partes tenían que ponerse de acuerdo sobre cuánto iba a ser el monto final, tal como exigía el quinto convenio específico. Sedapar propuso, en una segunda oportunidad, US$ 3.63 como monto de comercialización. La cifra se obtuvo a través del estudio final del consultor Pedro Sandoval Salazar. Incluso la Junta de Accionistas de Sedapar, en setiembre del 2023, aprobó dicho monto.

La empresa pública alegó en varias oportunidades tener todo el sustento técnico, legal y económico para poner en la mesa dicho precio. Incluso calculó que entre 2017 y 2043, tendría ingresos por US$ 4,103 millones. Esto por 1, 130 millones de m3 de agua tratada que dispondría Cerro Verde para sus operaciones en ese periodo. Aunque a la minera se le reste sus inversiones hechas hasta el momento (US$ 991 millones), seguiría debiendo US$ 3 ,112 millones. Así lo demuestra el cálculo en el informe ejecutivo del 2023 de Sedapar.

Pero la minera planteó una contraoferta. Propuso como precio US$ 3.10. Tras una nueva evaluación de Sedapar, tomando como referencia el costo de desalinizar agua de mar, finalmente acordaron que el costo final rebajado sea de US$ 3.46, un valor menor al que pretendía primigeniamente la empresa de saneamiento (US$ 3.63) con el que estimó cuantiosos ingresos. Para Montoya, el precio planteado estaba muy por encima del valor del mercado, a comparación de otros casos en el país. Pero toda esta labor y discusión de fijar un precio fue borrada de un plumazo. No se ha establecido pago alguno por parte de la minera para el uso de 1.5 mts cúbicos de agua por segundo por 45 años o más.

Se cambió la figura de venta del agua tratada

Así, Sedapar ya no cobrará un monto por el agua tratada que usa Cerro Verde. Montoya manifestó que se cambió la figura. Ahora ya no se puede hablar de comercialización (compra-venta), sino de una contraprestación recíproca, explicó. Es decir, Cerro Verde realiza inversiones para tratar los desagües de la ciudad de Arequipa y, a cambio, Sedapar le entrega 1.5 m3/s de agua tratada para sus operaciones. “La naturaleza jurídica del convenio no es una comercialización, tampoco una prestación.  Son prestaciones recíprocas con lo que el monto al que llegamos (US$ 3.46) solo es un valor referencial”, explicó, sin rubor, en su exposición.

Este nuevo marco se debe a la publicación del Decreto Supremo N°009-2024 del 12 de diciembre del 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte, justo en paralelo a las negociaciones. El decreto caído del cielo, deroga un anterior reglamento y dispone que los contratos suscritos antes del 2024 se regirán por sus disposiciones que estaban vigentes en el momento de la firma y hasta que finalicen. El convenio marco que firmaron tanto Cerro Verde como Sedapar es del 2011, por lo tanto, legalmente ya no se pudo negociar una venta del agua tratada en el octavo convenio.

Aunque Montoya insistió en que ya no se trata de una venta de agua tratada, informó que la minera debería a Sedapar “US$ 2 163 millones al día de hoy”. Pero tras una revisión al último convenio, no existe referencia alguna al costo del m3 o deudas de Cerro Verde por el uso ya hecho de agua residual.

El engaño de los US$ 3 091 millones

El octavo convenio sostiene que Cerro Verde invertirá en total US$ 3 091 millones por construir, mantener y operar la PTAR La Enlozada, hasta 2060 o más. Sin embargo, para llegar a dicha cifra se tomó en cuenta un conjunto de obras por impuestos (OXI) por el valor de US$ 929 millones. Esta modalidad tiene la particularidad que al final es la entidad pública, es decir, Sedapar es quien terminará pagando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por las obras que ejecute Cerro Verde a cuenta de sus impuestos. Las obras por impuestos no implican una erogación efectiva de la empresa, solo es un «adelanto de pago de sus impuestos» que serán descontados en 100% más otros beneficios.

Los funcionarios de Sedapar consideraron que esto es un logro, ya que se obliga a la sociedad minera a realizar proyectos en beneficio de la mejora del servicio y el aseguramiento hídrico de las provincias de la región. Pero si retiramos este monto, las inversiones directas de Cerro Verde suman US$ 2 162 millones, cifra idéntica a la que mencionó Montoya párrafos arriba. Así, la deuda de Cerro Verde queda en cero y, además, se deja la falsa impresión de un alto monto de inversiones, lo que redunda a favor de la imagen de la firma extractiva.

Ronald Fernández, ex director de la AAA Caplina – Ocoña, cuestionó que se consideré esta modalidad para compensar el recurso residual tratado por la minera. “Las obras por impuestos, son impuestos. Esto es un engaño porque no tiene nada que ver con el agua que se trata”, indicó.

SEDAPAR solo consiguió obras por US $ 116 millones

En septiembre del 2023, Sedapar dio a conocer estimaciones sobre el precio de agua residual tratada de la PTAR La Enlozada. En el documento de consultoría se indica que Cerro Verde le adeudaría por el uso de agua tratada entre 2017-2043 nada menos que US$ 4,103 millones. Esto, manteniendo el precio de US$ 3.63 por m3. Restando las inversiones realizadas por la empresa extractiva hasta ese momento (US$ 991 millones), la arruga de la minera hubiera sido US$ 3112 millones al 2043.

La empresa de saneamiento determinó que con ese dinero podría ejecutar un gran portafolio de inversiones integrado por 47 proyectos y que podrían encargársele al mismo Cerro Verde, como contraprestación por el agua reusada.  Pero el desenlace fue otro.  El octavo convenio marcó que solo se intervendrán obras de agua y saneamiento por el valor de US$ 116 millones para 22 proyectos, entre obras y financiamiento de expedientes técnicos. Una cifra muy lejana a la que calculaba Sedapar en 2023.  

Aumento injustificado de los costos de inversiones de la minera

A lo largo de las negociaciones, Cerro Verde cambió hasta en dos oportunidades el monto que invirtió para la construcción de la PTAR La Enlozada. En el estudio realizado por Apoyo Consultoría del 2022, presentado por la minera para sustentar su propuesta de cuánto deberían cobrarle por el agua residual tratada; se indicó que el gasto fue de US$ 460 millones.  Mientras que, en abril 2024, se cambió de postura. En una carta de Julia Torreblanca, vicepresidente de asuntos corporativos de la mina, dirigida a Sedapar, la cifra creció a US$ 480 millones.

La empresa estatal pidió explicaciones por el incremento. En diciembre del 2024, ambas partes acordaron encargar la evaluación de los gastos por ejecución y mantenimiento de la planta, a alguna empresa. En el documento se indica que Cerro Verde remitió una relación de empresas a Sedapar sugiriendo TINSA S.A.C. y a Barrón Valuaciones S.AC. Consultada por esto, Yanet Montoya, sostuvo que se eligió a TINSA de una relación de siete.

Cambio de cifras. Funcionaria de Cerro Verde aumentó el monto de inversión por la construcción de la PTAR La Enlozada en 20 millones de dólares, sin sustento.

Al final, la planta terminó valorizándose en US$ 555 millones, US$ 100 millones más de lo que el mismo Cerro Verde informó al inicio de las negociaciones. “La verdad no nos pareció raro, es un tema económico-financiero que tiene una lógica y hay expertos que tienen que suscribir”, respondió por el caso Yanet Montoya. Para el congresista Jaime Quito la PTAR es una de las plantas más caras del mundo. “Cualquiera podría tener sospechas de cómo se han manejado las cifras”, dijo.

¿SEDAPAR puede operar la PTAR?

Entre los años 2016-2022, el costo de operación y mantenimiento de la PTAR La Enlozada ascendió -siempre según Cerro Verde- hasta US$ 24 millones anuales. Así informó la minera a Apoyo Consultoría. El costo irá incrementándose en una segunda etapa en que pasará de tratar 1800 litros por segundo (l/s) a 2800 l/s. La mencionada consultora calculó que el costo en un año podría tener un pico de US$ 57 millones. Pero en los años siguientes bajar hasta US$ 31 millones. En el octavo convenio específico se acordó que es la minera que costeará la segunda fase con una inversión de US$ 247 millones.

El integrante del directorio de Sedapar, Arturo Arroyo, reconoció que en el supuesto que la minera pagara, lo recaudado alcanza para operar y mantener la PTAR a los costos que informó Cerro Verde. Sin embargo, subrayó que «los gastos muchas veces se encarecen cuando se trata de la administración pública y que ahí tendrían un problema».

Cuadro 4. Leyenda: Estimaciones. Costo de operación y mantenimiento aumentaría cuando inicie segunda fase de tratamiento de PTAR.

Para el legislador Jaime Quito, Sedapar busca “causar miedo” en la población. La empresa manifiesta que si la mina no opera la PTAR, se incrementarán los costos en los recibos. “Se puede operar la planta si pagara Cerro Verde y hasta se tendría ganancias”, replicó. Mientras que el ingeniero Ronal Fernández refirió que es más costoso bombear más aguas negras hasta la PTAR La Enlozada para una segunda etapa. Resaltó que lo más sensato sería ejecutar la segunda fase en la planta la Escalerilla del Cono Norte.

Uno de los directos responsables de la aprobación del octavo convenio es el alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Víctor Hugo Rivera.  La MPA tiene el 84% de las acciones de Sedapar y es representando por su alcalde de turno. Las otras municipalidades provinciales apenas alcanzan el 15% de representatividad juntas. En la práctica, la decisión de la MPA es la única que pesa.

Su voto a favor a este último convenio se dio -coincidentemente. luego que tuviera el compromiso de la minera de financiar el expediente técnico del intercambio vial en la Vía Metropolitana que es la única obra que entregaría el alcalde Rivera al terminar su gestión. «El convenio firmado establece que la Asociación Cerro Verde financiará la elaboración del expediente técnico, que incluye los estudios de suelos, el diseño arquitectónico así como el desarrollo vial y la ingeniería del proyecto, valorizado en más de un millón de dólares. Una vez concluido el expediente, será entregado como donación a la Municipalidad Provincial», informó la MPA.

Así, SEDAPAR y la MPA, renunciaron a miles de millones de dólares bajo la justificación de su propia ineficiencia, ya que – por confesión propia – no pueden gestionar, administrar ni cobrar.

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El patrocinio otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a la Festividad de la Virgen de la Candelaria proyecta a Puno en el escenario cultural mundial y abre la puerta a la llegada de visitantes de otros continentes. El auspicio internacional se ha confirmado para la edición 2026 y supone un nuevo reto para las autoridades y la población local en la organización del turismo cultural.

Así lo informó Luis Luna de la Cruz, jefe de la Oficina Descentralizada de Relaciones Exteriores en Puno, quien precisó que, si bien la festividad fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad hace más de una década, el patrocinio representa un respaldo adicional de alto nivel. “El patrocinio significa el auspicio de la máxima instancia cultural del mundo, la Unesco”, señaló.

Este reconocimiento permitirá que la festividad utilice el logo oficial de la Unesco en sus materiales de difusión, lo que ampliará significativamente su visibilidad internacional. Según explicó el funcionario, este factor resulta clave para atraer turistas extranjeros interesados en manifestaciones culturales vivas, especialmente de países fuera de América Latina.

Luna de la Cruz indicó que el patrocinio refuerza el carácter universal de la Festividad de la Virgen de la Candelaria. Una celebración que conserva sus tradiciones ancestrales y, al mismo tiempo, promueve valores como la cultura de paz y el diálogo intercultural. Este nuevo escenario incrementará el interés turístico y exigirá una respuesta articulada entre autoridades, instituciones y ciudadanía.

El representante de Relaciones Exteriores aclaró que el patrocinio de la Unesco no es permanente, ya que se otorga de manera anual. Y está sujeto al cumplimiento de compromisos específicos.

“El mundo nos está viendo, nos está observando”, advirtió. Y remarcó la importancia de preservar la identidad cultural de Puno y garantizar condiciones adecuadas para recibir a visitantes de distintos continentes.

La edición 2026 de la festividad se perfila así como una vitrina internacional para Puno. Pero también como una oportunidad que demanda planificación, responsabilidad y compromiso colectivo para consolidar al departamento como un destino clave del turismo cultural en el Perú.

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Un viaje marcado por la ilusión de reencontrarse en Navidad terminó en tragedia. Una familia que partió desde Arequipa rumbo al norte del país perdió la vida en un múltiple accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la playa La Gramita, en la provincia de Casma, región Áncash.

El violento choque vehicular dejó cuatro personas fallecidas en el lugar. Las víctimas resultaron identificadas como Jorge Balarezo Villarreal, su hijo Fabricio Balarezo Delgado, y los hermanos Aron Omar Ríos León, de 19 años, y Stefany Olenka Ríos León, de 14. En el accidente también murió la mascota que acompañaba a la familia durante el viaje.

Según se conoció, el vehículo transportaba panetones y regalos, reflejo de los preparativos que habían hecho para compartir las fiestas navideñas con sus seres queridos. Sin embargo, el trayecto se convirtió en el último para la mayoría de los ocupantes.

La única sobreviviente del siniestro fue Olenka León Balarezo, docente de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). La profesora salió expulsada del vehículo tras el impacto y sufrió golpes leves, pero quedó profundamente afectada por la pérdida total de su familia.

El accidente involucró además a tres camiones y una camioneta. Los ocupantes de estas unidades resultaron heridos y los trasladaron de emergencia al hospital de Casma, donde reciben atención médica.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, bomberos y personal de serenazgo, quienes realizaron las labores de rescate y aseguramiento de la zona. Por disposición del Ministerio Público, los cuerpos fueron levantados y trasladados a la morgue para las diligencias correspondientes.

Este nuevo accidente vuelve a poner en evidencia la peligrosidad de la Panamericana Norte, especialmente en temporadas de alto tránsito, y deja una profunda consternación en Arequipa y en la comunidad universitaria de la UNSA, que hoy lamenta la tragedia que enluta a una de sus docentes.

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Este grave desastre natural en Yanatile, provincia de Calca, región Cusco, ocasionó la destrucción total de un puente carrozable de quince metros de longitud por seis metros. El fenómeno natural ocurrido el miércoles por la madrugada afectó severamente la transitabilidad dentro de la importante vía nacional denominada ruta CU-105.

Las autoridades locales reportaron que la plataforma de la carretera principal perdió trescientos metros lineales debido a la fuerza del aluvión. Por consiguiente, el Centro Poblado de Colca permanece actualmente incomunicado tras el colapso de la infraestructura vial básica de este sector agrícola.

Además, el reporte técnico preliminar confirmó que el huayco destruyó seis viviendas y dejó a doce personas en condición de damnificadas. Debido a la magnitud del desastre natural en Yanatile, aproximadamente diez hectáreas de cultivos de plátano y también de café resultaron totalmente perdidas.

Mientras tanto, el director de Gestión del Riesgo de Desastres, Miguel Oscco Abarca, coordinó el envío inmediato de ayuda humanitaria para los afectados. Por esta razón, el Gobierno Regional del Cusco activó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional para articular las acciones de respuesta rápida. La municipalidad distrital desplegó maquinaria pesada para intentar restablecer la comunicación terrestre entre los centros poblados de Calca.

Respuesta ante el desastre natural en Yanatile

Por otro lado, los equipos especializados continúan realizando la evaluación de daños estructurales para determinar la inversión necesaria en la futura reconstrucción. Por esta razón, las familias de la zona de Osccobamba solicitan mayor presencia del Estado para recuperar sus medios de vida agrícolas perdidos.

La ocurrencia del desastre natural en Yanatile durante las fiestas navideñas ha generado una situación de alta vulnerabilidad para los pobladores locales y los técnicos del COER Cusco monitorean constantemente el nivel de los ríos para prevenir nuevos desbordamientos que pongan en peligro la vida. La articulación entre el gobierno regional y local resulta fundamental para superar esta crisis climática que afecta al departamento del Cusco.

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Con el inicio del cronograma para las Elecciones Generales 2026, la vigilancia ciudadana se convierte en un pilar fundamental. La tacha es el mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano cuestionar una candidatura si considera que esta vulnera los requisitos de la lid electoral o incurre en impedimentos insalvables.

A continuación, presentamos una guía detallada, basada en la normativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sobre cómo proceder correctamente.

¿Qué es una tacha y quién puede presentarla?

La tacha es un recurso interpuesto contra un candidato o una lista completa. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), cualquier ciudadano inscrito ante el RENIEC y con sus derechos civiles vigentes puede presentarla.

Plazos: El factor crítico

El tiempo para actuar es sumamente breve. Una vez que el Jurado Electoral Especial (JEE) respectivo publica la lista de candidatos como «Admitida», se abre una ventana de tres (3) días calendario para interponer la tacha.

Nota: Si la tacha no se presenta dentro de este plazo, el derecho a cuestionar la candidatura por esta vía precluye (caduca).

Causales comunes para una tacha

Para que una tacha sea declarada fundada, debe estar debidamente sustentada en infracciones a la norma electoral. Las causales más frecuentes incluyen:

• Incumplimiento de requisitos: No cumplir con la edad mínima, tiempo de residencia o nacionalidad.
• Impedimentos legales: Tener sentencias condenatorias consentidas o ejecutoriadas por delitos dolosos, o estar inhabilitado para ejercer la función pública.
• Datos falsos en la Hoja de Vida: Haber omitido o falseado información sobre bienes, ingresos, estudios o sentencias judiciales en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV).
• Democracia interna: Incumplimiento de las normas estatutarias del propio partido durante la elección de los candidatos.

Requisitos y Procedimiento Paso a Paso

Para presentar una tacha de manera formal ante el sistema del JNE, siga estos pasos:

Paso 1: Pago de la Tasa

Debe abonar el derecho correspondiente en el Banco de la Nación o a través de Pagalo.pe. El monto varía según el cargo al que postula el candidato tachado (Presidente, Congresista o Parlamentario Andino). Conserve el comprobante de pago, ya que es un requisito de admisibilidad.

Paso 2: Elaboración del Recurso

El documento debe ser dirigido al Presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) competente y debe contener:

• Nombres, apellidos y DNI del tachable.
• Fundamentos de hecho (los sucesos) y de derecho (los artículos de la ley vulnerados).
• Pruebas instrumentales: Documentos, fotos, registros públicos o cualquier evidencia que sustente la acusación.

Paso 3: Presentación vía SIJE

Actualmente, el trámite se realiza mayoritariamente de forma digital a través de la Mesa de Partes del Sistema de Justicia Electoral (SIJE) en el portal web del JNE, utilizando su firma digital o el DNI electrónico.

El Proceso de resolución

Una vez presentada, el JEE corre traslado al personero legal del partido para que presente sus descargos en un plazo de un día calendario. Tras esto, el JEE emite una resolución:

La Apelación: Si alguna de las partes no está conforme, puede apelar. En este caso, el expediente se eleva al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, quien dicta la sentencia definitiva en última y definitiva instancia.

Consejo del Editor: Antes de interponer una tacha, verifique la información en el portal «Voto Informado» del JNE, donde las hojas de vida son de acceso público. Una tacha sin sustento probatorio será rechazada de plano.

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El turismo en Ayacucho continúa mostrando una recuperación lenta y poco sostenida, dependiendo en gran medida del visitante local. Así lo advirtió el presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ayacucho, Alejandro Mancilla, quien señaló que cerca del 70 % del movimiento turístico corresponde a viajeros ayacuchanos que se desplazan dentro de la propia región. 

Según explicó, el turismo nacional e internacional aún se mantiene inestable, lo que evidencia que el sector no ha logrado consolidarse tras el impacto de la pandemia. “Las estadísticas muestran que el turismo sigue siendo mayoritariamente local”, precisó, señalando que esta situación limita el crecimiento y la sostenibilidad de la actividad turística. 

Mancilla indicó que, si bien festividades como Semana Santa, Carnavales y Fiestas Patrias generan incrementos temporales en la llegada de visitantes, el resto del año se registra una fuerte caída en la demanda. Esta estacionalidad afecta directamente la economía regional y no permite una estabilidad para los operadores turísticos. Esta realidad se refleja en la reducción del número de agencias de viaje y en la disminución de salidas turísticas diarias, lo que impacta en el empleo y el dinamismo económico en las provincias. No obstante, destacó el creciente interés por el turismo de naturaleza en destinos emergentes como la cascada de Ruqruqa, impulsados principalmente por el esfuerzo de las comunidades locales.

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