Un informe de la Contraloría General de la República reveló una grave falla en los procesos de transparencia de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa. El órgano de control identificó que la institución no publicó la lista de inmuebles disponibles en tres subastas públicas realizadas durante 2025 para su arrendamiento, limitando la participación ciudadana y afectando la rendición de cuentas.

La irregularidad se evidenció en los procesos de Subasta Pública N° 001, 002 y 003 del año 2025. Aunque la entidad publicó anuncios en el diario El Pueblo y en su página de Facebook con información general sobre cronogramas, costos de bases y contactos, en ninguno de los casos se detalló qué bienes estaban en convocatoria. Esta omisión ocurrió pese a que las bases administrativas internas sí incluían un listado completo de los inmuebles a subastar.

Entre los inmuebles no divulgados se encuentran oficinas en el Centro Comercial Independencia, una casa-habitación en General Morán 109-111, tiendas en la avenida Pumacahua de Cerro Colorado y un departamento en la avenida La Paz 511. La responsabilidad de esta publicidad recae, según el reglamento interno, en la Gerencia de Recursos Económicos e Inmobiliarios y la Dirección de Gestión Inmobiliaria de la Beneficencia.

Normativa vulnerada en institución de Arequipa

La Contraloría señaló que esta práctica contraviene el “Reglamento para arrendamiento de inmuebles” de la propia institución, aprobado en octubre de 2023. El artículo 9° de dicha norma establece explícitamente que la publicación de los inmuebles disponibles debe realizarse a través de medios de comunicación como radio, televisión, periódicos y redes sociales.

Además, la falta de publicidad adecuada incumple los Lineamientos para la Implementación de Buenas Prácticas de Gestión de las Sociedades de Beneficencia, que exigen transparencia y acceso a la información en todas sus actuaciones. La Gerencia y la Dirección a cargo son las responsables directas de hacer cumplir estas disposiciones.

El efecto directo de esta omisión, según el informe, es un menoscabo en los niveles de transparencia institucional. Al no conocerse públicamente qué se estaba arrendando, se restringió la posible concurrencia de interesados, lo que pudo afectar la competencia y el logro de las mejores ofertas para la institución.

La Contraloría emitió una recomendación formal para adoptar las acciones correctivas que correspondan dentro de sus competencias, lo que incluye la posibilidad de deslindar responsabilidades por este hecho irregular. La institución tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar un plan de acción ante el Órgano de Control Institucional.

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El escenario político peruano para el 2026 empieza a tomar forma y el aspirante a la presidencia , Ronald Atencio, el rostro visible de la Alianza Venceremos, conversó con la Red de Medios Regionales del Perú. Su pasado profesional como abogado de figuras como Pedro Castillo y Guillermo Bermejo genera un debate constante entre sus opositores políticos. Sin embargo, él asume esa trayectoria con una claridad que sorprende a quienes intentan arrinconarlo por sus defensas legales. Durante una reciente charla con medios regionales de Puno, Ayacucho y Loreto, el candidato detalló una agenda que mezcla la justicia social con un nacionalismo económico muy marcado. Atencio cree que el país necesita una transformación que nazca desde las bases para quebrar el dominio de lo que denomina la burguesía limeña.

La unidad de la izquierda parece su primer gran reto en esta carrera electoral hacia Palacio de Gobierno. Atencio asegura que mantiene una relación sólida con Verónica Mendoza y la agrupación Nuevo Perú. Niega cualquier inestabilidad interna y afirma que existen coincidencias políticas totales para enfrentar la crisis actual que vive el país. Su mirada apunta con prioridad hacia el sur, un territorio marcado por las heridas de las protestas sociales recientes. El candidato promete que, en su primer día de gestión, firmará un decreto para instaurar una Comisión de la Verdad. Él no quiere informes interminables que terminen olvidados en un cajón de algún escritorio ministerial. Su objetivo prioritario busca la identificación rápida de los responsables de las muertes. También plantea una indemnización inmediata para las familias de los fallecidos y los heridos en las masacres del sur peruano. Atencio sostiene que el presidente posee la facultad absoluta para ejecutar estas reparaciones sin pedir permiso al Congreso.

Justicia directa y una guerra frontal contra el gran crimen

El orden público ocupa un lugar central en su discurso de campaña ante la inseguridad actual. Atencio propone la creación de un comando de aniquilamiento contra el crimen organizado. No se trata de una fuerza letal descontrolada ni de un grupo que actúe al margen de la ley vigente. Él imagina un equipo de élite compuesto por los 500 mejores policías honestos del país. El propio presidente liderará este grupo de manera personal para asumir toda la responsabilidad política de la seguridad. Utilizarán tecnología de inteligencia, geolocalización y levantamiento de secretos bancarios para capturar a los líderes del narcotráfico. El candidato enfatiza que no perseguirán al delincuente común que roba poco dinero en las calles. Al contrario, buscarán a quienes mueven los hilos del poder ilegal en las sombras de la economía. Además, garantiza el respeto a los derechos humanos mediante capturas en flagrancia y procesos legales transparentes.

En el ámbito de la justicia, su postura sobre los indultos genera un intercambio de ideas muy intenso. Atencio planea liberar a quienes considera presos políticos y luchadores sociales de diversas regiones. Menciona nombres específicos como Walter Aduiri, Pedro Castillo y Aníbal Torres entre sus prioridades. Él argumenta que su carcelería responde exclusivamente a su pensamiento político y no a delitos comunes probados. Sin embargo, establece un límite tajante con la corrupción económica. Asegura que nadie que haya recibido dinero de mafias o empresas corruptas recibirá un beneficio presidencial bajo su mandato. Para financiar sus ambiciosas metas educativas y sociales, Atencio apunta a las exoneraciones tributarias vigentes. Propone elevar la presión tributaria en un 2% solo para el gran empresariado nacional y extranjero. Así captará recursos de los 26,000 millones de soles que el Estado deja de percibir actualmente por estos beneficios a las mineras y agroexportadoras.

Soberanía de recursos y la apuesta por la industrialización

La economía que plantea Atencio busca enterrar definitivamente el modelo primario exportador que rige al país. El candidato siente vergüenza de que el Perú siga exportando piedras y rocas mientras importa productos terminados. Su propuesta para el litio en Puno y el cobre en diversas regiones resulta clara para los inversionistas. Cualquier concesión minera debe incluir el compromiso obligatorio de instalar industrias en suelo nacional. Atencio sueña con una patria de donde salgan baterías y productos manufacturados con un alto valor agregado. No aceptará que empresas extranjeras se burlen de los compromisos medioambientales o sociales pactados. Apoyará la minería solo si existe un consenso real con las comunidades nativas y los pueblos originarios. Él prioriza la salud de los ciudadanos que habitan las zonas de influencia de los proyectos extractivos.

La relación con las regiones también cambiará radicalmente si llega a la presidencia de la república. Atencio promete un gobierno de coordinación directa donde el presidente viaje constantemente a cada provincia. Quiere priorizar obras junto a gobernadores y alcaldes en audiencias públicas totalmente transparentes. Su plan busca cortar de raíz el sistema que obliga a las autoridades locales a buscar apoyo en Lima a cambio de favores políticos. Finalmente, el pilar de toda su reforma reside en el cambio de la Constitución. Atencio impulsa una Asamblea Constituyente para redactar una carta magna que devuelva el poder al pueblo. Considera que la actual es una herencia del fujimontesinista que permite al Congreso usar la vacancia como una amenaza constante. Con una nueva constitución, busca un equilibrio real de poderes y un régimen económico que rescate a los 10 millones de peruanos sumidos en la pobreza.

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Pese a la censura a nivel nacional, el documental “Uyariy” logró llenar la sala en Arequipa. Al finalizar la proyección, los asistentes aplaudieron emocionados la cinta. Tras la censura ejecutada por la cadena de cines Cineplanet, el documental solo puede verse en un único horario en Cinépolis Arequipa, donde también ha generado una fuerte reacción entre el público local.

La polémica horas antes de su estreno, Uyariy, dirigido por Javier Corcuera, fue retirado de la cartelera de Cineplanet sin aviso y en silencio. Numerosos artistas, críticos y público en general calificaron esta decisión como un acto de censura cultural y boicot a la libertad de expresión, acusando presiones que habrían llevado al retiro de las funciones programadas en varias ciudades.

Corcuera mismo denunció que su película fue retirada el mismo día en que debía estrenarse, y responsabilizó a directivos de la cadena por anteponer intereses comerciales o políticos frente al valor histórico y testimonial del documental. El filme no solo recoge testimonios sobre la masacre del 9 de enero, sino que también hace un llamado de atención sobre la necesidad de recordar y reflexionar sobre esos hechos, que no son —como señala la narración— un episodio aislado en la historia del país.

En Arequipa, es la única región donde se pudo proyectar Uyariy, la sala llena y los aplausos al final reflejaron el impacto y la resonancia que tiene la cinta entre los asistentes. Muchos la ven como una pieza necesaria para recordar la memoria colectiva, especialmente en una fecha simbólica como el 9 de enero, aniversario de la represión de 2023. La cinta ha sido descrita por críticos y espectadores como una forma de mantener viva la memoria de las víctimas y una herramienta para exigir justicia.

Las reacciones no se limitaron a Arequipa. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo al documental y de rechazo a la censura. Para muchos, el intento de boicot no hizo más que aumentar la atención sobre Uyariy y evidenciar una tensión más amplia sobre cómo ciertos hechos recientes de violencia estatal son abordados o ignorados por sectores influyentes de la industria cultural.

El video Pese a censura, “Uyariy” conmueve y llena sala en Arequipa: aplaudieron la cinta de Javier Corcuera se publicó en YouTube en este enlace

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Durante la presentación de la Hoja de Ruta 2026–2031 de la Agenda para el Desarrollo de Arequipa, plan de propuestas presentado en Mollendo por la UNSA, la UCSM y la UCSP, como parte de una iniciativa académica orientada a ofrecer lineamientos técnicos a las futuras autoridades que serán elegidas en 2026, se propuso la reactivación del proyecto minero Tía María, al considerar su aporte a la generación de empleo y al movimiento económico regional. Según explicó José Suárez, docente de la Universidad Católica de Santa María y miembro del equipo elaborador, la academia respalda el desarrollo de proyectos productivos siempre que se ajusten a los marcos normativos y ambientales establecidos por el Estado.

Sin embargo, dicho proyecto minero mantiene un frente judicial activo y una polémica constante. Recientemente, en marzo de 2025, pobladores del Valle de Tambo interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto minero, cuestionando presuntas irregularidades en su autorización. Entre los principales argumentos figura la falta de una autorización específica para el uso de agua, así como posibles riesgos ambientales asociados a la planta desalinizadora y a la zona de las Lomas de Cachendo, considerada un área de fragilidad ecológica.

El Primer Juzgado Civil de Islay declaró improcedente la demanda en julio de 2025. Sin embargo, el proceso sigue vigente, ya que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa programó para el 18 de marzo de 2026 la audiencia de apelación. En esa sesión, los demandantes volverán a sustentar sus cuestionamientos, incluidos los relacionados con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2014 y la presunta falta de participación de entidades como Serfor y Sernanp.

Falta de seguimiento a propuestas académicas

Desde el equipo elaborador de la Agenda para el Desarrollo de Arequipa, se reconoció que no se realizó un seguimiento sistemático para verificar si las autoridades incorporaron las recomendaciones formuladas en ediciones anteriores. La iniciativa académica, que funciona desde hace aproximadamente 20 años, ha presentado hojas de ruta similares en el pasado, sin contar con un mecanismo que evalúe su impacto en las decisiones de gestión pública.

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La congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, por ordenar la desactivación de los equipos especiales, especialmente es el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip).

De acuerdo con la acusación constitucional, acusa a Gálvez de infringir varios incisos de los artículos 139 y 159 de la Constitución Política. Y si bien en los fundamentos están considerados los cuatro equipos especiales desactivados como Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto y Eficcop, hay especial interés en la disolución del Eficavip.

“La desactivación de Eficavip implica la pérdida de la especialización y experiencia acumulada». Esto en virtud de que los casos se distribuirán a fiscalías ordinarias y en regiones. La parlamentaria se apoya en la opinión de especialistas que consideran que es «un debilitamiento institucional de la persecución penal en casos emblemáticos de derechos humanos y graves delitos».

Según el documento, sobre la desactivación del Equipo Especial para el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, la parlamentaria consideró que afecta la investigación por pasar a fiscalías anticorrupción bajo un esquema regular. Cuestionó más aún que esta decisión la toma Tomás Gálvez quien fue investigado en el proceso en 2021.

«La desactivación del equipo encargado de investigar dicha red configura un evidente conflicto de intereses o, cuando menos, una afectación al deber de objetividad e imparcialidad, al tratarse de una decisión administrativa adoptada por una autoridad que mantiene una vinculación directa con los hechos y actores investigados», refiere.

Sobre el Equipo Lava Jato, cuestiona que se aparte a los fiscales que lideraban y conducían los casos emblemáticos, ya que tanto el ahora excoordinador del grupo, Rafael Vela, y José Domingo Pérez “tienen muchos casos en su dirección y no se ha informado que pasará con ellos”.

Y en el caso del Eficcop, hizo notar que ahora pasará a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, aunque los casos seguirán a cargo de los mismos fiscales.

“He cumplido con presentar la denuncia constitucional: La desactivación de los 4 equipos especiales es sinónimo de impunidad, entre ellos el que investigaba las violaciones a DDHH ocurridas en el Gobierno de Boluarte. No es una decisión técnica es una infracción constitucional”, escribió Luque Ibarra en un mensaje en sus redes oficiales.

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La reunión entre José Jerí y José Antonio Kast pasó casi desapercibida, salvo por un tema que el político chileno repitió varias veces: la minería ilegal. Kast fue enfático al señalar el grave problema que representa esta actividad para Chile y dejó en claro que no quiere que “les afecte”.

Estas declaraciones resultan llamativas, sobre todo porque se producen después de que el Congreso, con el respaldo del gobierno de José Jerí, aprobara una nueva ampliación del REINFO, una medida que para diversos especialistas y organizaciones civiles no solo no combate la minería ilegal, sino que termina dándole oxígeno administrativo para seguir operando bajo una fachada de “proceso de formalización”.

Kast advirtió que la minería ilegal ya no puede ser vista como un problema local o sectorial, sino como una estructura de crimen organizado transnacional, vinculada al lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de insumos químicos y la corrupción política. Según el presidente electo, este fenómeno amenaza no solo al Perú, sino a toda Sudamérica, y por ello Chile estaría dispuesto a colaborar con tecnología, inteligencia y controles más estrictos, incluso desde sus propios puertos, para frenar el flujo de minerales de origen ilegal.

Sin embargo, el discurso de “mano dura” contra la minería ilegal choca frontalmente con las decisiones que se vienen tomando en el Perú. La ampliación del REINFO hasta 2026 ha sido duramente cuestionada porque, tras años de vigencia, el proceso de formalización ha mostrado resultados mínimos, mientras que la minería ilegal sigue expandiéndose en regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad y Amazonas. Para los críticos, el REINFO se ha convertido en un escudo que permite a operadores ilegales seguir extrayendo y comercializando minerales sin una fiscalización real.

Pese a ello, el Ministerio de Energía y Minas anunció la redacción de una futura Ley MAPE, presentada como la solución definitiva para ordenar la pequeña minería y la minería artesanal antes de terminar el gobierno de transición.

El video Kast deja en evidencia al gobierno peruano respecto a la minería ilegal: «Es crimen organizado» se publicó en YouTube en este enlace

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En una reciente entrevista, la congresista Susel Paredes confirmó que postulará a la Alcaldía de Lima, tal como lo venía anunciando desde hace varios meses. En esta ocasión, informó que su candidatura se dará bajo las filas del partido Ahora Nación, liderado por el candidato presidencial Alfonso López-Chau, aunque precisó que primero deberá pasar por el proceso de elecciones internas.

Semanas atrás, otras figuras políticas como Indira Huilca, Mirtha Vásquez, la parlamentaria Ruth Luque y el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, anunciaron también su postulación al Congreso de la República por este mismo partido, con miras a las elecciones generales de 2026.

El video SUSEL CON LÓPEZ CHAU | Susel Paredes anuncia que postulará a la alcaldía de Lima con Ahora Nación se publicó en YouTube en este enlace

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AGENDA REGIONAL | El aspirante a la presidencia por la Alianza Venceremos, Ronald Atencio, afirmó que lo ocurrido en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro tras una incursión de Estados Unidos debe generar unión en el Perú, para no permitir que ocurra algo similar. Aseveró que, en un eventual gobierno, no permitirá ninguna injerencia de un gobierno extranjero e «imperialista» para obtener los recursos de nuestro país. Asimismo, acusó a la derecha de ser «vende patria» por pedir la intervención de Donald Trump en el país.

Mira el programa completo aquí https://www.youtube.com/watch?v=olASgz8NUsU

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El video «¡DERECHA VENDE PATRIA!» | Candidato Atencio rechaza cualquier intervención extranjera en el Perú se publicó en YouTube en este enlace

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El informe de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL) denuncia que la disolución del Equipo Especial Lava Jato y otros grupos de investigación mediante resoluciones emitidas por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, el 6 de enero de 2026, constituye un atentado contra la independencia fiscal.

El documento califica la medida como un atentado contra la independencia fiscal, y señala que el objetivo principal fue apartar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez de casos de corrupción que involucran a importantes figuras políticas y empresariales.

Asimismo, sostiene esta organización -fundada en 1983 en defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz en Perú y América Latina- que esta decisión carece de sustento técnico y vulnera acuerdos internacionales y medidas cautelares de la CIDH destinadas a proteger a los investigadores.

El documento advierte, además, sobre los riesgos operativos y el peligro de impunidad que conlleva trasladar estos complejos procesos de corrupción transnacional a la especialidad de lavado de activos. Y subraya los logros históricos del equipo, incluyendo numerosas sentencias y millonarias reparaciones civiles, para desmentir cualquier acusación de ineficacia.

El informe hace también un llamado a la vigilancia ciudadana e internacional para frenar lo que describe como una estrategia política destinada a favorecer a redes de corrupción.

¿Qué puntualiza el informe del IDL?

El informe de Justicia Viva-IDL detalla la desactivación del Equipo Especial Lava Jato y la de otros tres equipos especializados por parte de Tomás Gálvez, el 6 de enero de 2026. Considera como puntos clave:

1. Desactivación del Equipo Lava Jato y remoción de fiscales

La resolución fiscal pone fin al Equipo Especial Lava Jato, que operaba desde 2016 para investigar la corrupción política y empresarial. El cambio principal consiste en que los casos pasen a la especialidad de lavado de activos y que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez sean apartados de las investigaciones.

Mientras Vela regresa a su plaza titular, Pérez queda fuera del nuevo esquema al no ser nombrado en la especialidad de lavado, lo que se describe como una medida sin fundamento objetivo y basada en una «venganza y promesa política» para favorecer a partidos investigados como Fuerza Popular y el APRA.

2. Violaciones a la independencia fiscal y estándares internacionales

De acuerdo con el informe, esta decisión constituye un grave ataque a la independencia fiscal por las siguientes razones:

– Incumplimiento de medidas cautelares: Ignora las protecciones otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Vela y Pérez.

– Vulneración de normas nacionales e internacionales: Viola la Ley de la Carrera Fiscal y el estándar de la sentencia «Casa Nina vs. Perú», que prohíbe remover fiscales sin acreditar un mal desempeño mediante el debido proceso.

– Advertencias desoídas: El Estado peruano habría ignorado solicitudes de la OCDE y de la Relatoría Especial de la ONU para proteger a estos fiscales contra el acoso y la interferencia política.

Logros del Equipo Especial Lava Jato y el impacto de su «desactivación»

3. Logros del Equipo Especial Lava Jato

El informe resalta que la labor del equipo ha sido fundamental para la lucha contra la impunidad, logrando hasta diciembre de 2025:

– 75 sentencias condenatorias en total.

• Acusaciones contra 336 personas naturales y 61 personas jurídicas.

• Una recaudación por reparaciones civiles a favor del Estado que asciende a S/. 4,653’ 802,330.40 soles.

4. Impactos negativos en las investigaciones

La eliminación del equipo genera un retroceso sin precedentes en la lucha contra la corrupción transnacional. Entre los perjuicios identificados están:

– Pérdida de experticia: Al fragmentar los casos o verlos solo bajo la óptica de lavado de activos, se pierde la visión integral que incluía delitos de crimen organizado y corrupción.

– Incertidumbre presupuestal: No se aclara si el presupuesto asignado para pericias y diligencias se mantendrá.

– Riesgo de impunidad: Por el cambio de fiscales a pocos días de diligencias importantes (como interrogatorios a colaboradores eficaces). Esto deja a los nuevos responsables con escaso tiempo de preparación.

5. Llamado a la Acción

El documento concluye que esta es una «estrategia mafiosa» que busca la impunidad en un contexto electoral donde varios investigados postulan a cargos públicos. Por ello, se insta a la demanda ciudadana y a la acción de organismos internacionales. Y mecanismos de control (como el Poder Judicial o la Junta de Fiscales Supremos) para garantizar la rendición de cuentas y la reposición de la legalidad.

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PASÓ EN EL Perú | Noticiero desde regiones – 08 enero 2026

PUNO: La región cerró 2025 con alarmantes cifras de violencia contra las mujeres

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video PASÓ EN EL PERÚ: Dolor e indignación en Azángaro por la mu3rte de una niña se publicó en YouTube en este enlace

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Si algo ha quedado claro en el país es que el terruqueo sigue más vivo que nunca y que la “unidad entre peruanos” solo funciona en los spots publicitarios. Sin importar la expectativa de las regiones, y que ya había sido anunciado en sus salas para este jueves, Cineplanet decidió censurar sin previo aviso el documental “Uyariy”, palabra que en quechua significa escuchar, dirigido por el reconocido cinestas Javier Corcuera.

La cinta recorre distintos momentos de la historia reciente del país, donde comunidades enteras fueron reprimidas por alzar la voz frente a los abusos del poder. Pero el punto que más expectativa generaba, y que evidentemente incomodó, era la reconstrucción de la masacre del 9 de enero de 2023 en Juliaca, ocurrida durante el gobierno de Dina Boluarte. Una herida que no ha cerrado y que algunos han preferido borrar de la cartelera.

Aclamado por la crítica y, sobre todo, por los familiares de las víctimas, Uyariy tenía programado su estreno nacional el 8 de enero. Sin embargo, al momento de comprar entradas, los horarios simplemente no desaparecieron en ciudades como Cusco, Arequipa, Puno y Lima. ¿La excepción? Un solo horario en Juliaca, casi como una burla.

Diversos activistas, artistas, políticos y ciudadanos denunciaron públicamente la censura. La indignación es mayor porque esta era una oportunidad para que el resto del país escuche la versión de quienes perdieron a sus hijos, hermanos y padres. Pero, contradictoriamente, nadie quiso escucharlos.
Mientras Cineplanet guarda silencio, Cinemark y Cinépolis sí han habilitado unos pocos  horarios en Lima y Arequipa.

Recuerden: la memoria, aunque moleste, no se censura.

Fernando Rospigliosi elogia discurso de Luz Pacheco a favor de ley de lesa humanidad y exige que JNJ sancione a jueces que no aplican las leyes del Congreso.

El Tribunal Constitucional se mantiene al servicio del pacto. La presidenta del TC, Luz Pacheco, salió a pechar al Poder Judicial por inaplicar la ley que concede amnistía a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, una norma nefasta que impulsó el Congreso en complicidad con Dina Boluarte. La tía aseguró que los jueces están obligados a aplicarla porque el mismo Tribunal la declaró constitucional; en su opinión, ni siquiera el control difuso podría evitarlo. Lo dicho por Pacheco dejó extasiado al presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.

El popular ‘Gusano’, como lo llama César Hildebrandt,  se deshizo en elogios y exigió que la Junta Nacional de Justicia sancione a cualquier juez que se niegue a aplicar las leyes que da el Congreso. Rospulgoso también quedó fascinado por la alusión de Pacheco a la Corte IDH, donde afirmaba que el país no está obligado a obedecer todos sus fallos. Estos dos ya parecen el profesor Jirafales y doña Florinda, no me simpatizan.

Excongresista asegura que candidato Alfonso López Chau pasó meses en la cárcel durante los 70´s

El excongresista Edgar Villanueva, ha sugerido que el candidato Alfonso López Chau revise su guion biográfico pues asegura que el aspirante presidencial habría pasado “varios meses” tras las rejas en dos penales, incluido Lurigancho, allá por la década de 1970.

La sugerencia de aclarar este detalle habría molestado sobremanera al candidato quien, según Villanueva, teme que este capítulo carcelario bajo el régimen velasquista no combine bien con su actual discurso de socialcristiano ejemplar.

Para justificar su declaración en RPP, Villanueva alega que López Chau incluso pidió una amnistía, a lo que desde Ahora Nación replicaron con un documento oficial donde se consigna que no existe “ninguna sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada”, lo que implicaría que no existe obligación legal de informar un incidente de ese tipo. En resumen: uno asegura que hubo rejas, el otro exhibe un papel que dice lo contrario, lo que es cierto es que ya se pueden notar las maniobras usuales en campaña electoral.

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La Red de Medios Regionales del Perú en su Agenda Regional Electoral 2026 conversa con Ronald Atencio, candidato a la presidencia de Voces del Pueblo por la alianza Venceremos.

El video Elecciones 2026: Entrevista a Ronald Atencio, candidato por Venceremos | LA RED se publicó en YouTube en este enlace

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Censuran el documental “Uyariy” que narra la masacre de Juliaca a pocas horas de conmemorarse los 3 años del fatal 9 de enero

Fernando Rospigliosi elogia discurso de Luz Pacheco a favor de ley de lesa humanidad y exige que JNJ sancione a jueces que no aplican las leyes del Congreso

Excongresista asegura que candidato Alfonso López Chau pasó meses en la cárcel durante los 70´s

El video ES OFICIAL: Cineplanet censuró documental “Uyariy” y deja a Juliaca sin voz a 3 años de la masacre se publicó en YouTube en este enlace

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La productividad del cultivo de cacao en el Alto Huallaga muestra un crecimiento sostenido y alentador, alcanzando durante los años 2024 y 2025 un rendimiento promedio de 850 kilos por hectárea, con distritos que incluso superan los mil kilos, gracias al acompañamiento técnico brindado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

De acuerdo con información de la Oficina Zonal Tingo María de Devida, este avance es resultado del fortalecimiento del desarrollo alternativo en la zona, mediante una asistencia técnica especializada y permanente dirigida a los productores cacaoteros, quienes han optimizado el manejo de sus parcelas y mejorado la calidad de su producción.

Asistencia técnica marca la diferencia

Uno de los principales factores que explican estos resultados es la adecuada gestión de los suelos, basada en análisis físicos y químicos que permitieron diseñar planes de abonamiento acordes a las necesidades reales de cada unidad productiva. Esta estrategia ha permitido elevar de manera significativa los rendimientos por hectárea.

Como resultado, distritos como Santa Rosa de Alto Yanajanca han logrado una productividad superior a los 1 016 kg por hectárea, mientras que Monzón ya registra rendimientos que superan los 930 kg/ha, cifras que evidencian el impacto positivo de la asistencia técnica y la adopción de buenas prácticas agrícolas.

La productividad del cultivo de cacao en el Alto Huallaga alcanzó durante los años 2024 y 2025 un rendimiento promedio de 850 kilos por hectárea. (Foto: Difusión)

Agricultura sostenible y compromiso de los productores

A estos logros se suma el alto nivel de compromiso de los agricultores, quienes han aplicado oportunamente los insumos y adoptado prácticas eficientes bajo un enfoque de agricultura convencional mejorada y economía circular, contribuyendo no solo a elevar la productividad, sino también a la sostenibilidad del cultivo.

En ese marco, Devida ha impulsado la producción y uso de compost, biofermentos y caldos minerales, promoviendo sistemas productivos más sostenibles, reduciendo costos de producción y fortaleciendo el cuidado del suelo y del medio ambiente.

Los avances registrados en distritos como Cholón, Monzón, Morada y Santa Rosa de Alto Yanajanca, así como en Aucayacu, Santo Domingo de Anda y Pueblo Nuevo, confirman que el cacao se consolida como una alternativa económica lícita y sostenible en el Alto Huallaga.

Finalmente, el ingeniero Raúl Peña Piñan, coordinador de la Actividad de Cacao de Devida, precisó que durante el año 2025 se trabajó con 2 570 productores, quienes conducen 3 873 hectáreas de cacao en el ámbito de intervención, reafirmando el compromiso del Estado con el desarrollo integral y la mejora de los ingresos de las familias agricultoras.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión

El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica obtuvo una sentencia de cadena perpetua contra Jesús Alejandro Espinoza Díaz.

El sujeto fue hallado culpable del delito de violación sexual en agravio de una menor de 13 años, tras un proceso judicial donde la fiscal adjunta Mónica Pisconti Flores presentó pruebas periciales y testimoniales determinantes para acreditar la responsabilidad penal del acusado.

El fallo, dictado por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Zona Sur, establece que el condenado deberá cumplir la pena máxima en un centro penitenciario y pagar S/ 30,000 por concepto de reparación civil.

La sentencia busca sancionar la gravedad de los hechos ocurridos en mayo de 2021, cuando el agresor utilizó el engaño para captar a la víctima en el centro de la ciudad.

Los hechos

Según la investigación fiscal, la menor se encontraba en la Plaza de Armas de Ica junto a su hermanastra de 17 años. En ese lugar conocieron a Espinoza Díaz, quien convenció a ambas de abordar su vehículo con dirección al balneario de Huacachina. Durante el trayecto, el sujeto obligó a la niña a ingerir bebidas alcohólicas con el fin de reducir su capacidad de resistencia y facilitar el abuso sexual.

Un punto crítico del caso revelado durante el juicio fue la inacción de la hermanastra de la víctima. Pese a estar presente en el interior de la unidad móvil mientras se cometía el crimen, la joven de 17 años no brindó auxilio ni intentó detener la agresión. La Fiscalía detalló que esta pasividad permitió que el sentenciado consumara el delito en un estado de total desprotección para la menor de edad.

Cárcel de por vida para sujeto que abusó de menor

El Ministerio Público enfatizó que la condena responde a una estrategia de persecución firme contra delitos que vulneran la integridad de niños y adolescentes. Las pruebas científicas y el relato de la agraviada fueron piezas clave para que el colegiado dictaminara la reclusión de por vida, desestimando los argumentos de la defensa de Espinoza Díaz durante las audiencias de juicio oral.

Con esta resolución, las autoridades judiciales en Ica cierran un caso que causa indignación debido a la premeditación del agresor. La sentencia ya ha sido notificada a las partes y reafirma el compromiso de las instituciones por aplicar las penas más severas contempladas en el Código Penal para los abusadores de menores en la región.

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El inicio de la temporada de lluvias ha generado una preocupante racha de accidentes viales en distintas carreteras de la región Ayacucho, dejando más de siete personas heridas y evidenciando el alto riesgo en las vías durante este periodo. Uno de los hechos más graves ocurrió en la carretera Huanta–Huancayo, donde una camioneta volcó y estuvo a punto de caer al río Mantaro; sus ocupantes, entre ellos una menor de edad, resultaron solo con lesiones leves. Otro accidente se registró en el puente Vista Alegre, en la ruta La Oroya–Ayacucho, donde un vehículo cayó desde el puente y sus ocupantes fueron auxiliados por terceros. 

Asimismo, en la vía Los Libertadores, un despiste dejó dos heridos que fueron trasladados al Hospital Regional de Ayacucho. Las autoridades advierten que las lluvias continuarán en los próximos días, incrementando el peligro por pavimento resbaladizo, baja visibilidad y posibles deslizamientos. Senamhi e Indeci mantienen alertas vigentes y exhortan a conductores y transportistas a extremar precauciones, recordando que los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte violenta en la región.

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La muerte no avisa, pero deja preguntas. En el bosque silencioso de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, fue hallado sin vida Noé Mejía Tapia, estudiante de 27 años de la Facultad de Ciencias Biológicas. Su nombre ahora no solo figura en un parte policial, sino en una estadística que incomoda: la de los jóvenes que cargan solos el peso del fracaso académico y la presión institucional.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Tutoría Universitaria, el estudiante se encontraba en riesgo académico durante el presente semestre, al cursar dos asignaturas en tercera matrícula, una condición que, en el sistema universitario, suele significar advertencia, angustia y amenaza de expulsión encubierta.

Acompañamiento que no alcanzó

La responsable del área de Tutoría, Sayda Paredes, informó que Mejía Tapia recibió orientación y acompañamiento académico conforme a los protocolos establecidos. Sin embargo, la pregunta inevitable queda flotando: ¿basta un seguimiento administrativo cuando el problema no siempre es solo académico?

El joven había iniciado su vida universitaria en la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, carrera que abandonó años atrás, antes de trasladarse a Ciencias Biológicas. Un cambio que habla de búsqueda, pero también de un trayecto marcado por la incertidumbre.

Universidad y responsabilidad compartida

Tras conocerse el hecho, las autoridades universitarias y el Consejo Universitario expresaron públicamente sus condolencias a la familia del estudiante. Asimismo, reiteraron el llamado a los alumnos que atraviesan dificultades académicas o emocionales para que acudan a los servicios de Bienestar Social y Tutoría.

Pero la tragedia obliga a ir más allá del comunicado formal. La salud mental en las universidades públicas sigue siendo un discurso correcto y una práctica insuficiente. El riesgo académico no es solo una cifra en un reporte: es, muchas veces, el síntoma visible de una presión silenciosa.

El último adiós

Los restos de Noé Mejía Tapia serán sepultados hoy miércoles en el Cementerio Satélite de Juliaca. Mientras tanto, la comunidad universitaria guarda silencio. Un silencio incómodo, cargado de duelo y de una pregunta que no aparece en ningún sílabo: ¿quién cuida realmente a los estudiantes cuando ya no pueden más?

Porque cuando un joven muere dentro de una universidad, no solo se apaga una vida. También se apaga una alerta que el sistema insiste en no escuchar.

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Los deudos de las víctimas del 9 de enero de 2023 y heridos que viven con secuelas de por vida, recuerdan los tres años de aquel fatídico día en Juliaca. “Nos han destruido la vida”, señaló el presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, Raúl Samillán Sanga.

“Nos niegan la justicia, pero a los que mataron a nuestros familiares los han premiado con ascensos y bonos. A los militares y policías los han felicitado. No hay ninguno siquiera con prisión preventiva”, lamentó.

Samillán, recordó aquel fatídico 9 de enero, donde en un solo día mataron a 18 personas y decenas quedaron heridos; de ellos, más de 50 están con secuelas permanentes. Ya no pueden trabajar y han quedado con limitaciones de por vida.

“Así metan a la cárcel a Dina Boluarte o a Alberto Otárola, nada va a cambiar. Por el resto de nuestras vidas vamos a vivir así. Han quedado 18 niños huérfanos, incluso muchos dejaron de estudiar, porque papá o mamá eran el único sustento en el hogar”, relató.

Cuestionó la iniciativa legislativa del congresista Fernando Rospigliosi, quien propuso otorgar amnistía a aquellos policías y militares que arremetieron contra los manifestantes

Asimismo, criticó a aquellos políticos que aprovechando la coyuntura electoral, utilicen a los familiares de las víctimas para su campaña. “No lo vamos a permitir”, agregó, señalando que este 9 de enero se cumplirán las actividades centrales a tres años de la masacre.

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PASÓ EN EL Perú | Noticiero desde regiones – 07 enero 2026

AYACUCHO: La región cerró 2025 con alarmantes cifras de violencia contra las mujeres

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video PASÓ EN EL PERÚ: Ayacucho y la dura realidad con 9 feminicidios en 2025 se publicó en YouTube en este enlace

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–Poder Judicial incluye a Fuerza Popular en nueva investigación por lavado de activos en el caso Alas Peruanas: Joaquín Ramírez habría realizado jugosos aportes ilícitos

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Volvió la voz original . Después de tantas peticiones, comentarios y mensajes, escuchamos al público y retomamos la narración de siempre. Gracias por el cariño, por hacerse escuchar y por acompañarnos en cada video. Los leemos, siempre

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