La Municipalidad Provincial de Arequipa, en alianza estratégica con el RENIEC, ha puesto en marcha una campaña de documentación sin costo para los vecinos de la provincia. La iniciativa, vigente durante todo el mes de enero, tiene como meta principal reducir la indocumentación y garantizar el derecho a la identidad, especialmente en los sectores con mayores dificultades económicas.

La campaña está dirigida de manera prioritaria a los grupos más vulnerables. Los beneficiarios son los menores de edad desde los 0 hasta los 17 años, los adultos mayores a partir de los 60 años y las personas con discapacidad. Para ellos, se exonerará el pago de todas las tasas administrativas regulares.

La atención se centraliza en la Oficina de Registro Civil, ubicada en el Portal de la Municipalidad 110, primer piso, en pleno centro de la ciudad. El horario de servicio es de lunes a viernes, en un horario corrido que inicia a las 8:00 a.m. y finaliza a las 3:00 p.m.

En el lugar se han habilitado seis ventanillas que son atendidas por un equipo combinado de funcionarios municipales y especialistas de la Dirección de Restitución de Identidad del RENIEC. La capacidad operativa proyectada permitirá atender aproximadamente a 250 ciudadanos por día, optimizando los tiempos y evitando aglomeraciones.

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Requisitos para Arequipa

Los servicios disponibles no se limitan a la primera emisión. Los ciudadanos podrán realizar trámites de renovación por vencimiento, rectificación de datos erróneos y actualización de información. Un servicio destacado es la inscripción de recién nacidos, quienes recibirán su primer DNI electrónico de forma inmediata y gratuita al realizar el registro.

Otras sedes son:

Mall Paseo Central (Módulo de Atención): En la Av. Arturo Ibáñez 105 (subida a Cerro Juli). Horarios suelen ser lunes a viernes (mañana y tarde) y sábados,

Hospital Carlos Seguín Escobedo (Oficina Auxiliar): Para atención de recién nacidos y gestantes, usualmente lunes a viernes de 8:45 a.m. a 4:30 p.m.

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El Cuarto Juzgado de Investigación Nacional acogió el pedido del Ministerio Público y ordenó incorporar a Fuerza Popular en la investigación contra Joaquín Ramírez por el delito de lavado de activos en el caso Alas Peruanas. Así, el partido de Keiko Fujimori ahora forma parte del proceso.

De acuerdo con la tesis fiscal, “Fuerza Popular habría recibido aportes de Joaquín Ramírez provenientes del fraude en la administración de la Universidad Alas Peruanas, que dirigía entonces el tío de Joaquín Ramírez, Fidel Ramírez Prado, durante las campañas presidenciales 2011 y 2016”.

El partido fujimorista recibió, 54 mil 536 65 soles entre los años 2014 y 2015; y en el 2011, aceptó un total de 210 mil soles. También se tiene registros de aportes a su favor por la transferencia de dos inmuebles ubicados en la avenida Bucaré de la urbanización Camacho (La Molina) y en la avenida Arequipa (Miraflores).

La indagación de la Fiscalía sostiene que, “de haber alcanzado el Poder Ejecutivo, el partido habría tenido como objetivo retribuir dichos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios tributarios o marcos normativos favorables que permitieran el funcionamiento de cooperativas y universidades privadas», dice la Fiscalía en su hipótesis.

Joaquín Ramírez y Alas Peruanas: todo encaja | Pico a Pico con Mabel Cáceres

Fuerza Popular habría favorecido la comisión del delito de lavado de activos

Sostienen además que el partido habría sido utilizado como un brazo político o empresa de fachada para el ingreso y ocultamiento de dinero ilícito que agenciaba Joaquín Ramírez. Luego, la imputación formulada contra el partido Fuerza Popular consiste en “haber favorecido la comisión del delito de lavado de activos agravado mediante el uso de su organización, estructura financiera y operativa por parte de los procesados Keiko Sofía Fujimori y Pier Paolo Figari Mendoza”.

Ambos son imputados en calidad de autores de dicho delito, con la agravante de haber pertenecido a una organización criminal liderada en su momento por el extinto ciudadano Fidel Ramírez Prado, ejecutando actos de ocultamiento y tenencia de dinero ilícito proveniente de las empresas de Joaquín Ramírez Gamarra, relata la Fiscalía en su tesis.

Luego de que el Poder Judicial revisara los alegatos del Ministerio Público, la jueza a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el pedido de la Fiscalía.

La Fiscalía presentó la solicitud el 30 de abril de 2025, antes de que venciera el plazo de investigación el 4 de mayo del 2025, respondiendo a los cuestionamientos de la defensa de Fuerza Popular. Por ello, descartó la afectación al derecho de defensa y señaló que la tramitación oportuna del requerimiento se vio retrasada por recusaciones reiteradas formuladas por los investigados.

El Poder Judicial también rechazó la oposición formulada por las compañías Combustibles Granel SRL y Combustibles SAC, ya que el juzgado concluyó que dichas empresas de Joaquín Ramírez “carecen de legitimidad para oponerse a la incorporación del Partido Fuerza Popular, al no ostentar la condición de socios, directivos ni representantes del partido”.

Este jueves 8, Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por ese partido, cuestionó la orden judicial de incorporar a Fuerza Popular en el caso Alas Peruanas. «Qué casualidad que, faltando 6 meses, entrando a la campaña, aparece otra denuncia», dijo en Exitosa.

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El congresista Alejandro Cavero confirmó que Phillip Butters lo excluyó de la lista de Avanza País para las elecciones generales de 2026, marcando una ruptura política que contrasta con las declaraciones que él mismo había hecho meses atrás. En entrevistas previas, Cavero no solo respaldó públicamente la eventual candidatura presidencial de Butters, sino que llegó a señalar que tenía liderazgo, carácter y condiciones para gobernar el país, destacando su discurso frontal y su llegada a un sector del electorado desencantado con la política tradicional.

Sin embargo, ese respaldo se diluyó con el paso de los meses. Cavero reconoció que no fue considerado tras una serie de desencuentros internos y calificó la conducta de Butters como la de “un patán”, admitiendo que el trato personal y político fue determinante para el quiebre. La exclusión se dio en medio de tensiones dentro de Avanza País, cuando el propio Butters ya enfrentaba cuestionamientos sobre la viabilidad de su candidatura y el rumbo del partido.

Poco después, Phillip Butters renunció oficialmente a Avanza País y a su aspiración presidencial, alegando falta de organización, ausencia de reglas claras y un entorno político que, según dijo, no permitía una competencia seria rumbo al 2026. Su salida dejó al partido sin su principal figura mediática y obligó a una reconfiguración interna.

Tras este escenario, Alejandro Cavero decidió seguir en Avanza País y lanzar su candidatura a la Cámara de Diputados, ahora con José Williams, quien lo habría invitado a conformar la lista.

El video Cavero se sincera: Defendió candidatura de Phillip Butters, pero terminó maltratado por el conductor se publicó en YouTube en este enlace

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Un violento choque entre una camioneta y un vehículo de transporte colectivo registrado este jueves en el Cono Norte de Arequipa ha dejado un saldo de 15 personas heridas, dos de ellas en estado de gravedad. El accidente ocurrió en el sector del óvalo de APIPA, límite entre los distritos de Yura y Cerro Colorado.

De acuerdo con la información preliminar, una camioneta impactó a un vehículo colectivo donde había varias personas. Producto del impacto, los heridos fueron trasladados de manera inmediata al hospital Honorio Delgado Espinosa para recibir atención médica.

De los 15 heridos, hay dos de gravedad. Los galenos se encuentran realizando las intervenciones necesarias, particularmente en el área de cirugía, mientras familiares de las víctimas esperan afuera del hospital.

Entre los casos más preocupantes se menciona a un pasajero que vestía una polera azul y no podía moverse. El herido, quien viajaba en la parte delantera del vehículo, presenta serias complicaciones de movilidad, aunque se espera que sea solo producto del impacto.

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Investigaciones por accidente en Arequipa

El operativo de auxilio contó con una rápida respuesta. Al lugar llegaron, en un principio, dos ambulancias del municipio de Cerro Colorado, además de 13 unidades de serenazgo quienes han prestado el auxilio inmediato. Pese a la ayuda, aún no se conoce el diagnóstico preciso de los dos heridos graves.

El conductor de la camioneta que se dio a la fuga, habría estado en estado de ebriedad. No obstante, reportes posteriores indican que ya lo habrían detenido. La PNP inicia las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del lamentable suceso.

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La Corte Superior de Justicia de Arequipa ha fijado una fecha crucial en el prolongado debate judicial sobre el proyecto minero Tía María. La Tercera Sala Civil llevará a cabo, el próximo 18 de marzo de 2026, la audiencia de apelación del proceso de amparo interpuesto por pobladores del Valle de Tambo. La sesión, convocada para las 8:30 a.m., se desarrollará de manera presencial.

La acción legal fue iniciada en marzo de 2025 por un grupo de ciudadanos, entre ellos Cristhian Torres Quispe y Elisban Arotaype Huamani, quienes demandaron al gobernador regional Rohel Sánchez, a un exministro de Energía y Minas y a la empresa Southern. Su reclamo se centra en presuntas irregularidades en el proceso de autorización del proyecto.

Los demandantes cuestionan la legalidad de Tía María, argumentando principalmente la falta de una autorización específica para el uso de agua. Además, señalan que la planta desalinizadora propuesta representa un riesgo ambiental para el ecosistema del valle. Otro punto crítico es la ausencia de una servidumbre legal formal, lo que, a su juicio, amenaza la zona de fragilidad ambiental de las Lomas de Cachendo.

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Sobre EIA de Tía María

Los pobladores también precisan en su demanda que la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental en 2014 se realizó sin la participación de entidades clave como el Serfor y el Sernanp. No obstante, el Primer Juzgado Civil de Islay declaró improcedente esta demanda en julio de 2025.

El juzgado de primera instancia consideró que la vía del amparo no era la idónea para resolver cuestionamientos sobre autorizaciones y evaluaciones técnicas. Además, no se acreditaba una violación inminente de derechos fundamentales, sino solo riesgos futuros. Ante este fallo, los demandantes interpusieron un recurso de apelación.

Ahora, la Tercera Sala Civil de Arequipa deberá revisar la resolución. Durante la audiencia, ambas partes tendrán la oportunidad de sustentar oralmente sus argumentos.

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Hoy en Pico a pico:
– Fuerza Popular nuevamente acusada de lavado de activos (no es el caso Cocteles)
– Tomás Gálvez confiesa su objetivo: detener las investigaciones
– Políticos peruanos piden a Trump intervenir en Perú
– Presidente Jerí se rinde ante presidente electo chileno Kast

El video Fuerza Popular nuevamente acusada de lavado de activos (no es el caso Cocteles) | Pico a Pico se publicó en YouTube en este enlace

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Fuerza Popular vuelve a los juzgados y, esta vez, no pueden culpar ni a José Domingo Pérez, ni a Rafael Vela, ni a Delia Espinoza. El partido naranja reaparece en el radar judicial luego de que el Poder Judicial decidiera incluirlo formalmente en la investigación que se sigue contra Joaquín Ramírez, exsecretario general de la agrupación, por el caso conocido como Alas Peruanas.

La investigación gira en torno a la cuestionada universidad dirigida por su tío, Fidel Ramírez, la cual habría canalizado cuantiosos aportes ilícitos a Fuerza Popular durante las campañas electorales del 2011 y 2016. Según la Fiscalía, el partido habría recibido más de 250 mil soles, además de la transferencia de dos inmuebles ubicados en zonas exclusivas como La Molina y Miraflores. Nada mal para una agrupación que siempre dice vivir de rifas y aportes voluntarios.

La tesis fiscal sostiene que estos aportes no fueron desinteresados: de llegar a la presidencia, a cambio, Fuerza Popular debía otorgar beneficios tributarios y obras sobrevaloradas para universidades privadas, usando al partido como un brazo político para lavar dinero de origen ilícito presuntamente gestionado por Joaquín Ramírez.

Pese a los intentos del partido naranja por quitar cuerpo del proceso, la Fiscalía logró que el Poder Judicial le diera la razón, ampliando así la investigación e incluyendo directamente a Fuerza Popular en la carpeta fiscal. Por ahora, ni el partido ni Keiko Fujimori han dicho una sola palabra. Aunque, siendo año electoral, todo indica que pronto escucharemos el ya clásico discurso de la “persecución política” versión 2026.

Anuncios vacíos tras cumbre entre Kast y Jerí

La reunión entre José Jerí y José Antonio Kast resultó poco memorable. El esperado encuentro con el electo presidente de Chile, el mismo que amenazó con lanzar sus migrantes ilegales hacia Tacna, se cerró con sonrisas protocolares y anuncios vacíos. Precisamente, sobre la amenaza de Kast no se dijo ni pío. Al terminar el cónclave, el presidente Stradivarius señaló que este primer encuentro era para establecer los cimientos de las problemáticas en común.

El show de Pajerí no quedó allí. Sostuvo que estaban fortaleciendo los vínculos de amistad e integración con Chile. ¿Tanto barullo para eso? Además, Kast asume su cargo recién el 11 de marzo y Jerí se va el 28 de julio; es decir, van a ser presidentes en simultáneo apenas 4 meses y medio. Mejor nadota.

Ex fiscal supremo critica decisión de disolver equipos del Ministerio Público

El candidato a senador y ex fiscal supremo, Martín Salas, ha advertido lo que parece ser el trueque más cínico de la temporada: a cambio de que el Congreso archive sus investigaciones por corrupción, el fiscal interino Tomás Gálvez habría pagado el favor disolviendo los equipos especiales Lava Jato y Cuellos Blancos, justo aquellos que lo tenían en la mira.

Según el exfiscal, esta “reestructuración” no es técnica, sino un simple intercambio de impunidad donde la moneda de cambio es la justicia. Pero el negocio no termina ahí; la liquidación del equipo Eficavip, que investigaba las muertes en las protestas, sería el brillante complemento del paquete, asegurando, según Salas, un cómodo blindaje para la presidenta Dina Boluarte.

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En resumen: archivan tus casos, tú entierras los de ellos, y todos ganan… excepto, claro, la memoria de los más de 60 fallecidos y cualquier noción de justicia independiente. (editado) 

La mañana del 23 de diciembre, el humo que se elevaba en la comunidad de San Rafael, en el Bajo Santiago, marcó un nuevo punto de quiebre en la defensa territorial indígena. El local del sistema de control socioambiental del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) había sido incendiado. No era una infraestructura cualquiera, se trataba de un puesto clave para frenar el ingreso de insumos de la minería ilegal por vía fluvial.

El ataque fue condenado públicamente por el GTANW en pronunciamiento que advierte sobre una escalada de violencia asociada a mafias mineras en la cuenca del río Santiago, conocido como Kanús en lengua wampís. En el documento se denuncia que el hecho “busca desmantelar nuestra capacidad de autodefensa y facilitar la captura criminal de nuestros territorios” y hacen un llamado a la unidad con el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA).

Un ataque contra el control comunitario

Inforegión conversó con Shapiom Noningo, secretario técnico del GTANW, quien explicó que el local incendiado, a pocos días de ser inaugurado, estaba destinado a cumplir una función clave: interceptar el flujo de diésel, mercurio, armas y municiones que alimentan la minería ilegal en su territorio. La autoridad advierte que el ataque estaría vinculado a mafias mineras que operan en la zona y buscan debilitar los mecanismos de control comunitario.

Además, Noningo denunció que los mineros ilegales han modificado sus estrategias para evadir la vigilancia. “Utilizan escolares, niños para cuidar sus maquinarias. Los colocan donde están armando las máquinas, incluso con personas armadas”, relató. Para el GTANW, esta práctica agrava el impacto social del problema y profundiza las divisiones internas.

Noningo recuerda que la presión minera se intensificó desde la creación del GTANW en 2015. “En 2018, con apoyo del Estado y usando fuerzas comunitarias, logramos erradicarla por un año”, afirmó. Sin embargo, tras la pandemia, la actividad volvió con mayor fuerza. “Después del COVID se masificó la presencia de la minería ilegal en Kanús, en varias comunidades, y ahora está más concentrada en Guayabal, Fortaleza y San Juan”, detalló.

Local del sistema de control socioambiental de GTANW antes del incendio provocado. (Foto: Cortesía de GTANW)

Control fluvial y represalias

Frente a este escenario, el gobierno autónomo indígena fortaleció su sistema de vigilancia en el transporte fluvial, principal vía de ingreso de insumos ilegales. “Nuestra zona es 100 % fluvial. Por ahí transportan mercurio, gasolina y maquinarias. Por eso implementamos un control que está funcionando bien”, explicó Noningo.

La intención era replicar este esquema en San Rafael, en coordinación con las comunidades del Bajo Kanús. “Había diálogo con la comunidad, pero un grupo de mineros o promineros, que se beneficia de esta actividad, quemó el local pocos días antes de su inauguración”, contó. El ataque ocurrió cuando la mayoría de comuneros se encontraba en sus chacras o de viaje. “Cuando regresaron y vieron el humo, el local ya estaba totalmente destruido. No se pudo recuperar nada”, lamentó.

Defensa de la vida y unidad indígena

En su pronunciamiento, el GTANW ratifica su compromiso con el “Pacto Socio Político para el uso y cuidado de la Naturaleza a Perpetuidad” y sostiene que la minería es incompatible con su forma de vida, porque “envenena el Kanús con mercurio y amenaza la salud de nuestras futuras generaciones” 

El documento también alerta sobre un contexto político complejo y un “inminente embate extractivista” que busca acelerar normas como la MAPE. Frente a ello el Gobierno Wampís subraya que “la unidad entre el GTAA y el GTANW es ineludible e irrenunciable, es la única garantía de supervivencia”.

Exigen respuesta del Estado

Noningo señala que el GTANW ha informado reiteradamente a las autoridades sobre la situación. “Hemos expuesto todo esto al Alto comisionado contra la minería ilegal y a distintas entidades del Estado”, indicó. Confía en que la declaratoria de emergencia en zonas como Cenepa y Santiago permita una mayor presencia policial y apoyo institucional.

El pronunciamiento concluye con un llamado a la concertación y a la erradicación total de la minería ilegal como condición previa para cualquier debate territorial, además de exigir sanciones ejemplares. “Pedimos al Estado que sancione a los responsables, sean comunales o mineros ilegales. Solo así las acciones de defensa del territorio podrán ser valoradas”, enfatizó Noningo.

Mientras tanto, el GTANW evalúa si reconstruir el puesto de control en el mismo lugar o trasladarlo a una comunidad que ofrezca mayores garantías de seguridad. La consigna, remarcan, sigue siendo la misma: defender el territorio, la vida y la unidad de los pueblos frente a la violencia minera.

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A casi veinte años de la puesta en marcha del gasoducto regional de Camisea en Ica, la provincia de Palpa continúa sin acceso al gas natural, convirtiéndose en la única provincia de la región excluida del servicio, pese a su cercanía con la red matriz.

Mientras las provincias de Ica, Chincha, Pisco y Nasca cuentan con gas natural, los habitantes de Palpa siguen dependiendo del GLP en balones, cuyo precio oscila actualmente entre 50 y 70 soles, un costo que representa una carga económica constante para las familias.

Contugas prometió instalación de gas en Palpa y ha pasado casi 20 años sin novedades

Durante la ejecución inicial del proyecto, a cargo de la empresa Contugas, autoridades locales y población realizaron protestas y movilizaciones exigiendo la inclusión de Palpa en el gasoducto. Como respuesta, desde el Ejecutivo y ProInversión se anunció la instalación de un centro de distribución de gas natural en balones para consumo doméstico, alternativa que nunca se concretó.

A casi dos décadas de ese anuncio, no existe infraestructura de gas natural ni sistema alternativo prometido, pese a que la red principal del gasoducto se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros de la ciudad.

La falta de acceso al gas obliga a muchas familias, especialmente en zonas vulnerables, a usar leña o restos vegetales para cocinar, situación que persiste en una provincia con potencial turístico, ubicada a solo 100 kilómetros de la ciudad de Ica y a 400 kilómetros de Lima.

Piden atención en este año de Elecciones 2026

Con el inicio del año 2026, marcado por las Elecciones Generales y las Elecciones Regionales y Municipales, la demanda por gas natural vuelve a posicionarse como uno de los principales reclamos ciudadanos. Sin embargo, pobladores recuerdan que esta promesa se repite en cada proceso electoral sin resultados concretos, como ha ocurrido durante los últimos veinte años.

Ante el anuncio de una posible visita del presidente de transición José Jerí Oré a las provincias de Palpa y Nasca, la población espera que el reclamo histórico por el gas natural sea finalmente atendido, y que la provincia deje de ser excluida de un servicio que ya beneficia al resto de la región Ica.

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A más de un año de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, la residencia y el comedor universitario destinados a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga permanecen cerrados y sin uso, pese a haber sido presentados como uno de los principales legados del evento. Las infraestructuras enfrentan observaciones técnicas y administrativas surgidas durante el proceso de transferencia del Proyecto Especial Legado al Instituto Peruano del Deporte (IPD), tras detectarse inconsistencias entre los informes de avance y el estado real de las obras y el equipamiento. 

Esta situación ha impedido su recepción definitiva y operación. Mientras las instancias nacionales evalúan responsabilidades, los espacios siguen sin mantenimiento, generando malestar entre estudiantes y ciudadanía. El IPD Ayacucho señala que la solución dependerá de la subsanación de observaciones y de las gestiones que impulse la universidad para regularizar la entrega del proyecto.

• Versión resumida, lee la información completa en la edición impresa y la edición digital de Jornada

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El Bloque de Federaciones del Lote 8 denunció ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso el incumplimiento de pagos de Petroperú a la operadora Upland Oil & Gas, situación que ha generado una cadena de morosidad que afecta directamente a empresas comunales y a las familias de 63 comunidades nativas ubicadas en los distritos de Trompeteros y Urarinas, en la región Loreto. 

La falta de recursos ha colocado a numerosos trabajadores en condición de vulnerabilidad por la interrupción de remuneraciones y servicios básicos. Ante este escenario, las federaciones informaron que las comunidades han decidido iniciar un control territorial en el Lote 8, lo que implicaría la paralización total de las operaciones hasta que se regularicen los pagos adeudados. 

Asimismo, advirtieron que esta medida tendría un impacto directo en la producción nacional de hidrocarburos y en el clima de inversión, responsabilidad que atribuyen a la gestión de Petroperú y al Ministerio de Energía y Minas, por lo que solicitaron una reunión urgente con el Congreso para evitar la escalada de un conflicto social. 

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Azángaro no duerme. Tampoco olvida. Desde hace días, esta provincia altiplánica carga con una verdad insoportable: una niña de 13 años fue asesinada y desmembrada por su propio tío, un hombre que compartía mesa, apellido y confianza con su víctima.

El responsable, Yoni Edgar Ccuno Larico, confesó ante las autoridades haber acabado con la vida de su sobrina, Génesis Zahori, y haber fragmentado su cuerpo para desaparecerlo en el desagüe. No se trata de un crimen impulsivo ni de un arrebato momentáneo. Es una secuencia de decisiones frías, calculadas y sostenidas en el tiempo.

La desaparición que terminó en confesión

La pesadilla comenzó el 29 de diciembre de 2025, cuando Génesis fue reportada como desaparecida. Durante días, la familia, la policía y la comunidad la buscaron con la esperanza intacta. Mientras tanto, el asesino convivía con el silencio, ensayaba música, salía a tocar, mentía con naturalidad y fingía preocupación.

Según su propia declaración, el crimen se produjo tras una discusión. Golpeó a la menor con una piedra a la altura de la ceja, causándole la muerte casi inmediata. Pero el acto violento no fue el final: fue apenas el inicio del horror.

Después de la muerte, la barbarie

Horas más tarde, cuando ya no había vida que salvar, Ccuno Larico trasladó el cuerpo a una habitación alquilada. Compró una sierra, baldes y otros utensilios. Allí, lejos de cualquier urgencia o pánico, desmembró el cuerpo de la niña.

Mientras la familia preguntaba, él respondía con evasivas. Mientras la policía investigaba, él salía a trabajar como músico. Mientras Azángaro rezaba, él arrojaba los restos al desagüe, convencido de que el agua borraría lo que su conciencia nunca podrá.

Las autoridades han encontrado indicios en el sistema de alcantarillado. Cada fragmento recuperado es una herida abierta para una comunidad que ya no confía en sus propias certezas.

Un pueblo indignado

El caso ha provocado una ola de indignación en Azángaro y en toda la región Puno. No hay matices en el reclamo ciudadano: cadena perpetua. No por venganza, sino por justicia. Porque la violencia contra una menor, cometida además por un familiar directo, no admite atenuantes morales ni legales.

El Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional, continúa las diligencias para recuperar la totalidad de los restos y consolidar la evidencia. La escena del crimen sigue siendo intervenida. La herida social, también.

Proceso judicial en marcha

Ante la confesión y los elementos de convicción, el fiscal adjunto provincial Edgar Coila Pilco logró que el Poder Judicial ordene 72 horas de detención preliminar contra Yoni Ccuno Larico, mientras se preparan las diligencias para solicitar prisión preventiva.

El Ministerio Público ha imputado al acusado el delito de feminicidio agravado, una figura penal que contempla cadena perpetua, considerando la edad de la víctima y el vínculo familiar con el agresor.

Más que un crimen, una advertencia

Este no es solo el asesinato de una niña. Es la confirmación de que la violencia contra los menores sigue ocurriendo en los espacios donde debería existir mayor protección: la familia, el hogar, la confianza.

Azángaro llora a Génesis.

Y el Estado está obligado a responder con algo más que trámites: con justicia firme, ejemplar y sin fisuras.

Porque cuando un país permite que un crimen así quede impune, no fracasa la ley: fracasa la sociedad entera.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo

El Gobierno Regional de Puno obtuvo un fallo judicial que valida el Informe N° 45-2017-PCM/SDOT sobre demarcación territorial con Moquegua, frustrando el intento de nulidad de la Municipalidad de Ichuña, según anunció el gobernador Richard Hancco Soncco, quien destacó el trabajo del equipo legal contratado para consolidar la posición territorial de Puno en este conflicto limítrofe.

La decisión judicial permite a la PCM continuar con el saneamiento limítrofe basado en el documento técnico de 2017, aunque no fue unánime y requirió un magistrado adicional para resolver, mientras el Gobierno Regional prepara una estrategia legal y social considerando que empresas operan en zonas disputadas con facilidades otorgadas durante el conflicto.

Hancco Soncco señaló que «hay un trabajo legal y social que vamos a estar haciendo a partir de este fallo», enfatizando que «ya estamos preparando este sistema de demandas» y que el proceso debe manejarse con prudencia debido al tiempo transcurrido y las transformaciones sociales en los territorios involucrados.

Estrategia frente a empresas en territorios disputados

El contexto histórico revela que varias empresas recibieron facilidades en Moquegua mientras Puno negó permisos, situación que el gobernador atribuye como factor que impulsó intentos de transferir territorios a la región vecina, creando un precedente que el gobierno regional busca revertir con la nueva estrategia legal y de relacionamiento empresarial.

El impacto social y económico del fallo es significativo porque empresas ya están ingresando a trabajar en Puno con «todas las facilidades», según Hancco, quien mantiene conversaciones con varios operadores para evitar la repetición de conflictos territoriales de años anteriores que amenazaron la integridad regional y generaron tensiones interregionales.

Las proyecciones indican que el Gobierno Regional implementará acciones graduales combinando demandas legales con gestión social territorial, reconociendo que algunos aspectos aún deben discutirse mientras se consolida la creación de nuevas estructuras administrativas para gestionar estos espacios que permanecieron en disputa durante un periodo prolongado.

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio

Hace poco más de una semana, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, aseguraba públicamente que la criminalidad no solo había disminuido en más de 52 % durante el 2024, sino que en el 2025 “estaba yendo mucho mejor”, atribuyendo esos resultados a un trabajo articulado entre autoridades. Hoy, el mismo burgomaestre sostiene que es víctima directa de amenazas y extorsiones, un giro en su discurso que deja serias dudas sobre la real dimensión del problema de inseguridad en la ciudad.

Dice que lo amenazan por querer ordenar la ciudad

Reyna denunció que los mensajes intimidatorios, dirigidos incluso contra su familia, serían una represalia por las ordenanzas y decretos de alcaldía que buscan reordenar Trujillo, en especial aquellas medidas que afectan a locales nocturnos, bares, discotecas y al comercio informal. También afirmó que delincuentes habrían intentado extorsionarlo en función de las obras que ejecuta la Municipalidad Provincial de Trujillo.

El contraste resulta inevitable. Mientras hace pocos días el alcalde defendía la realización de una fiesta por el aniversario de la ciudad bajo el argumento de una criminalidad en retroceso, hoy admite que el crimen organizado no solo persiste, sino que ha puesto la mira directamente en la autoridad municipal. El cambio de afirmaciones, en tan corto tiempo, plantea interrogantes sobre si hubo una subestimación del problema o un manejo político del discurso de seguridad.

Más de un alcalde extorsionado en La Libertad

El caso de Trujillo, además, se inserta en una realidad que afecta a toda la región La Libertad, donde varios alcaldes vienen denunciando amenazas y extorsiones ligadas a la ejecución de obras públicas. La situación evidencia que, más allá de los discursos optimistas, la extorsión continúa avanzando y golpeando incluso a quienes, hasta hace poco, sostenían que la criminalidad estaba bajo control.

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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada informó recientemente que acumuló inversiones por dieciséis mil millones. Ciertamente, desde el año dos mil nueve hasta el cierre del pasado año dos mil veinticinco se adjudicaron mil ciento cinco intervenciones nacionales.

Efectivamente, el mecanismo permitió concentrar importantes capitales privados en proyectos de transporte, educación y también salud en diversas regiones de nuestro país actualmente. Por lo tanto, trescientas noventa y tres empresas privadas se consolidaron como aliadas estratégicas del Estado para la provisión de infraestructura pública moderna hoy.

Indudablemente, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, enfatizó que el pasado año marcó un hito histórico para este sistema de financiamiento. Asimismo, la entidad adjudicó quinientos un proyectos por un monto total de cinco mil ciento ochenta millones de soles durante el periodo anual.

Debido a esto, el número de proyectos adjudicados se incrementó en un trescientos catorce por ciento en comparación con el ejercicio fiscal anterior. Por consiguiente, el monto de inversión creció un veinte por ciento respecto a los cuatro mil millones registrados durante el año dos mil veinticuatro.

Sin duda, estos resultados permitirán ampliar el acceso de la población a servicios públicos esenciales y elevarán la competitividad regional en todo momento. Además, el funcionario Luis Del Carpio indicó que el trabajo articulado entre el sector público y privado acelera la reactivación económica nacional descentralizada.

En consecuencia, el mecanismo de inversión demuestra ser una herramienta eficaz para cerrar brechas históricas mediante la construcción de infraestructura moderna y necesaria. Por esta razón, el éxito de obras garantiza que los recursos privados se transformen directamente en beneficios tangibles para los ciudadanos peruanos.

Finalmente, la agencia ProInversión proyecta continuar con esta tendencia positiva para fortalecer el desarrollo social y la inversión pública en las provincias alejadas. En definitiva, la cooperación estratégica entre empresarios y el Estado peruano resulta fundamental para alcanzar un crecimiento económico sostenible con equidad y justicia.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post

La Tercera Sala Constitucional de Lima admitió la demanda de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, que presentó el 22 de diciembre del 2025 a fin de anular la inhabilitación que le interpuso el Congreso. Fijó la audiencia para todas las partes para el lunes 9 de marzo.

De esta forma, el Poder Judicial (PJ) aceptó este miércoles 7 de enero, dar trámite a la demanda de amparo que presentó la también suspendida fiscal suprema en contra de la inhabilitación de la administración pública por 10 años que le impuso el Parlamento a inicios de diciembre último.

Como se recuerda, Espinoza Valenzuela, denunció desde el inicio de este proceso las «represalias» de un sector de parlamentarios, debido a las más de 30 denuncias constitucionales que presentó a lo largo de su gestión por presuntamente estar vinculados a hechos relacionados con la corrupción.

Dijo que esa hipótesis se comprueba al no haber acatado la resolución de la Junta Nacional de Justicia que disponía la reposición de Patricia Benavides a la cabeza del Ministerio Público en junio último.

Frente a la vulneración hacia sus atribuciones, la abogada, antes de Navidad, acudió al PJ para hacer prevalecer sus derechos fundamentales a fin de retornar a la Fiscalía de la Nación como titular de la institución y al cargo de fiscal suprema titular.

Castigan a Delia Espinoza inhabilitándola por denunciar doble sueldo de congresistas (VIDEO)

¿Por qué inhabilitaron los congresistas a la fiscal?

El informe final que recomendó su inhabilitación está basado en la Denuncia Constitucional que presentaron los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, fue aprobado en el Pleno el 3 de diciembre. La acusaban de haber contravenido la ley que modifica el Código Procesal Penal, por publicar y elaborar el reglamento de la Ley 32130, que fortalece la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.

El Congreso la responsabilizó de la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y posible instigación del delito de usurpación de funciones policiales, por haber emitido una Resolución en octubre del 2024 por la que el PJ le abrió un proceso de investigación preparatoria por 120 días desde el 22 de diciembre último.

El abogado de la suspendida fiscal suprema alega que la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos presentó un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento en cuestión por no haber participado en ambos como tal.

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A NIVEL NACIONAL | Las historias, el dolor y la resistencia de los familiares de las víctimas de las protestas durante el gobierno de Dina Boluarte llegarán a las salas de cine. Este jueves 08 de enero se estrena el documental “Uyariy”, dirigido por el reconocido cineasta Javier Corcuera.
La película reconstruye los hechos ocurridos durante la masacre de Juliaca, el 9 de enero de 2023, cuando 18 personas perdieron la vida a causa de la represión ejercida por la Policía y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el filme propone una reflexión profunda sobre la realidad del país, abordando temas como la impunidad, la lucha de los pueblos y la resistencia frente a la discriminación y el racismo estructural.

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El video LAS HISTORIAS DETRÁS DE LA MASACRE | Documental ‘Uyariy’ se estrena en cines peruanos este jueves se publicó en YouTube en este enlace

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Algunos políticos peruanos han quedado encantados con la forma en que Donald Trump intervino en Venezuela y logró la captura de Nicolás Maduro. Algunos, como Rafael López Aliaga, han señalado que le pedirían apoyo directo para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar a las organizaciones criminales en el país. Otros, como Alejandro Cavero, salieron a criticar a quienes cuestionan la intervención estadounidense. Aseguró que la izquierda suele “ver dictaduras en todos lados, menos donde realmente existen”. Y afirmó que hoy los venezolanos estarían recuperando su democracia tras la caída del régimen chavista.

Parlamentarios como Fernando Rospigliosi, quien en septiembre de 2025 criticó duramente a la Corte IDH por supuesta intromisión y pidió incluso que el Perú se retire del sistema interamericano, alegando que el tribunal estaba ideologizado; expresó respaldo al desenlace político, aunque sin mencionar directamente la intervención de EE. UU. que lo hizo posible.

Otros como Alejandro Muñante y Patricia Chirinos también adoptaron posturas similares: en 2025 denunciaron injerencia extranjera en el Perú, pero en enero de 2026 celebraron lo ocurrido en Venezuela. Lo presentan como un acto de justicia y un punto de quiebre contra una dictadura criminal. José Cueto, quien previamente calificó de intromisión los fallos de la Corte IDH, también celebró la caída de Maduro como un avance hacia la libertad, aunque evitó referirse específicamente a la participación estadounidense.

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El video OVACIONAN A TRUMP | Políticos peruanos celebran la caída de Maduro y piden su intervención en Perú se publicó en YouTube en este enlace

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PASÓ EN EL Perú | Información desde regiones – 06 enero 2026

LA LIBERTAD: Delitos se redujeron en Trujillo y Pataz, pero aumentaron en otras provincias
HUÁNUCO: Parque Nacional Tingo María compite por premio mundial de turismo sostenible

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

El video PASÓ EN EL PERÚ: 278 homicidios en La Libertad y Tingo María por el premio de turismo sostenible se publicó en YouTube en este enlace

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La Municipalidad Provincial de Arequipa ejecutará un plan de intervención integral en el mercado San Camilo, que se desarrollará por etapas y sin cierre total del establecimiento, según informó el alcalde Víctor Hugo Rivera. En una primera fase, la comuna culminó la remodelación de dos de los tres servicios higiénicos del recinto, los cuales se encuentran bajo responsabilidad municipal, con trabajos orientados a modernizar su infraestructura y mejorar las condiciones sanitarias para comerciantes y usuarios.

Como segunda etapa, prevista para el mes de abril, la municipalidad iniciará el mejoramiento de los pisos y gradas de todo el mercado. Rivera precisó que estos trabajos se realizarán de manera progresiva para no afectar las actividades diarias de los comerciantes, dado que el mercado funciona como principal fuente de ingresos para cientos de familias. El alcalde descartó un cierre total y señaló que las labores se ejecutarán por sectores y en turnos, con el fin de reducir el impacto en la atención al público.

La tercera y última etapa corresponde al mejoramiento del techo del mercado, programada para los meses de junio y julio, también por partes. Para esta intervención, la municipalidad ya cuenta con la autorización del Ministerio de Cultura, requisito clave al tratarse de un bien considerado patrimonio cultural. Rivera indicó que el presupuesto total destinado a las obras asciende aproximadamente a 2 millones 800 mil soles y que cada fase tendrá una duración aproximada de un mes.

Permisos, patrimonio y continuidad del servicio en San Camilo

El alcalde remarcó que todas las obras respetan la normativa del Ministerio de Cultura, a fin de no afectar el valor patrimonial del mercado San Camilo. Asimismo, explicó que la decisión de ejecutar primero las mejoras responde a la necesidad de no retrasar intervenciones urgentes por procesos paralelos, como eventuales esquemas de privatización, los cuales no forman parte de la etapa actual.

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