El Ministerio de Educación (Minedu) pondrá en marcha, desde el 19 de enero de 2026, el sistema de matrícula digital en instituciones educativas públicas, con el objetivo de modernizar el proceso de inscripción escolar y garantizar un acceso gratuito, transparente y oportuno a la educación. La medida se aplicará inicialmente en más de 2 mil colegios públicos focalizados en 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de seis regiones del país.

La matrícula digital estará dirigida únicamente a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano y a aquellos que soliciten traslado. Los alumnos que continúan en la misma institución solo deberán ratificar su matrícula mediante los mecanismos establecidos por cada colegio. Según informó Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, la plataforma permitirá a los padres de familia realizar el trámite de manera virtual, evitando colas y desplazamientos.

El sistema estará disponible en UGEL de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias. Quintanilla precisó que la matrícula digital no contempla ningún pago por el registro de la solicitud ni por la revisión de resultados. Para el proceso, se solicitará el DNI del estudiante o, en el caso de extranjeros, documentos emitidos por Migraciones o el Ministerio de Relaciones Exteriores. A través de la plataforma, los padres podrán buscar y reservar vacantes disponibles de acuerdo con sus preferencias.

Modalidades y etapas del proceso 2026

El proceso de matrícula escolar 2026 se desarrollará en dos modalidades. La modalidad presencial se realizará del 5 de enero al 6 de marzo de 2026 en las instituciones educativas públicas que no están focalizadas para la matrícula digital. En tanto, la modalidad virtual se iniciará el 19 de enero y se extenderá hasta el 6 de marzo.

Quintanilla indicó que el proceso se ejecutará en dos etapas, con el objetivo de asegurar que ningún niño quede sin matrícula, una prioridad establecida por el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán. Asimismo, señaló que el sector impulsa la construcción de nuevos locales escolares para atender la demanda de infraestructura educativa a nivel nacional, en el marco del fortalecimiento del gobierno digital en el ámbito educativo.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

La provincia de Pataz inicia el año 2026 sumida en una profunda crisis de seguridad. El asesinato de tres personas en una bocamina de la minera Poderosa, ocurrido en la madrugada del 31 de diciembre, no solo ha enlutado a la región, sino que ha desatado una dura confrontación entre las autoridades locales, la empresa privada y el gobierno nacional.

Cuestionamientos a la minera Poderosa

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, expresó su indignación ante lo que considera una gestión irregular del incidente por parte de la compañía minera. Según la autoridad, aunque el ataque ocurrió en las primeras horas del 31 de diciembre, la información recién se hizo pública la noche de ese mismo día.

«La pregunta es: si esto ocurrió en la madrugada del 31, ¿por qué se esperó tanto? ¿En qué momento comunicaron a la Fiscalía?», cuestionó Mariños en declaraciones a la prensa nacional, sugiriendo una presunta omisión de protocolos legales por parte de la empresa.

Un estado de emergencia «ineficaz»

Uno de los puntos más críticos de la denuncia del alcalde es la evidente falta de respuesta de los organismos de justicia. Mariños detalló que, durante todo el último día del año, no hubo presencia del Ministerio Público en el lugar de los hechos. Incluso, hasta el mediodía del 1 de enero, los cuerpos permanecían en la zona sin que se realizara el levantamiento legal correspondiente.

Para el burgomaestre, este escenario demuestra que el estado de emergencia y el toque de queda vigentes en la zona son medidas «fallidas». Pese a la inversión gubernamental de 55 millones de soles y el despliegue de más de mil efectivos policiales, las cifras de criminalidad no retroceden: Pataz cerró el 2025 con un saldo de 52 asesinatos.

Promesas incumplidas para Pataz

La autoridad edil enfatizó que las restricciones impuestas por el Gobierno están afectando principalmente a los ciudadanos honestos. «No funcionan los cincuenta y cinco millones que destinaron. El resultado es que agricultores, comerciantes y docentes tienen restricciones para movilizarse, mientras los criminales siguen operando», sentenció Mariños.

El incidente en la bocamina —que la empresa atribuye a un enfrentamiento entre bandas criminales— reaviva el malestar por los compromisos asumidos por el Ejecutivo. El alcalde recordó que, tras mesas de diálogo previas, el Gobierno se comprometió a una reestructuración de la Policía y cambios en el INPE, promesas que, según afirma, aún no se traducen en acciones concretas en el territorio.

La población de Pataz se mantiene en alerta, mientras las autoridades locales exigen que cualquier visita de representantes del Gobierno Central, incluyendo al presidente José Jerí, se realice en contacto directo con las comunidades y no solo en reuniones cerradas con la gran minería.

Elaborado con la ayuda de Gemini.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

Un grupo de 18 alumnas del CETPRO La Libertad denunció que su fiesta de graduación no se realizó luego de que una de sus compañeras, identificada como Trinidad Inés Huacause Lapa, desapareciera con el dinero destinado a la organización del evento. Lo que debía ser una noche de celebración terminó en frustración y malestar entre las estudiantes.

Según las afectadas, el monto total recaudado asciende a S/ 8 994, suma que incluye aportes individuales de S/ 403 entregados en efectivo por cada alumna, además de dinero obtenido mediante actividades pro fondos. La celebración estaba programada para el 21 de diciembre en el local Titanka, pero nunca se concretó debido a la ausencia de la responsable de administrar los recursos.

Las estudiantes señalaron que confiaron en su compañera por tratarse de alguien del mismo grupo académico. Sin embargo, indicaron que no responde llamadas ni mensajes y no ha dado explicaciones sobre el paradero del dinero, situación que incrementó la indignación y la sensación de haber sido estafadas.

Ante lo ocurrido, las alumnas informaron que ya presentaron la denuncia ante la Policía Nacional y realizaron las acciones notariales correspondientes, con la finalidad de que se ubique a la implicada y se esclarezcan los hechos. El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa y reaviva el debate sobre la necesidad de mayor control en el manejo de fondos colectivos.

• Versión resumida, lee la información completa en la edición impresa de Jornada

Síguenos también en nuestras redes sociales:    

Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok además en YouTube. Únete también a nuestro canal informativo de WhatsApp haciendo clic AQUÍ.

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada

Al cierre del periodo de sesiones del 2025, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que el Parlamento culmina el año con un balance positivo de su gestión, iniciada el 10 de octubre. El pronunciamiento se realizó en un mensaje dirigido al país este 31 de diciembre.

Rospigliosi señaló que, durante este periodo, el Legislativo priorizó la defensa del orden constitucional y la recuperación del principio de autoridad. En ese contexto, mencionó la aprobación de normas orientadas a fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

En el ámbito administrativo, el titular del Parlamento informó sobre la restitución de derechos laborales a trabajadores de diversos sectores y sostuvo que se aplicó una política de control del gasto público para evitar el uso de recursos del Estado con fines proselitistas.

Respecto al receso parlamentario, indicó que, conforme a lo establecido por la Constitución, el Congreso no suspenderá completamente sus funciones. La Comisión Permanente continuará atendiendo asuntos considerados urgentes hasta el reinicio de las sesiones ordinarias.

El presidente del Congreso concluyó señalando que su gestión mantendrá vigilancia sobre los principales temas de la agenda nacional durante el periodo de receso parlamentario.

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada

En Desaguadero, lo ocurrido no es solo el hurto de un vehículo: es la confirmación de una sospecha que la ciudadanía arrastra desde hace años. Cuando quienes debían cuidar usan el uniforme como escudo y el patrullero como herramienta, la corrupción deja de ser rumor y se vuelve evidencia.

La mañana de este lunes, dos efectivos de la Comisaría PNP de Desaguadero fueron detenidos al ingresar a su propio centro de labores, luego de que nuevas pruebas los vincularan directamente con el hurto de un vehículo ocurrido la madrugada del 25 de diciembre. No fue una denuncia anónima ni una conjetura: fueron las cámaras las que hablaron.

El video que desmonta la versión oficial

Las imágenes de videovigilancia resultaron determinantes. En ellas se observa al patrullero policial desplazándose junto a Jhonatan Huirse Vilca, el agente que ya confesó su participación en el robo. Lejos de un patrullaje preventivo, las grabaciones sugieren algo más grave: reglaje, seguimiento previo, coordinación. El Estado puesto al servicio del delito.

El patrullero, símbolo de protección, aparece así convertido en cómplice silencioso. No prevenía, acompañaba.

Los nombres detrás del uniforme

Los agentes detenidos fueron identificados como:

• SO3 PNP Alfredo Apaza Escarcena
• SO3 PNP Luis Alberth Villacorta Condori

Ambos habrían patrullado junto a Huirse Vilca y, según la investigación preliminar, facilitado el hurto utilizando recursos públicos, agravando su responsabilidad penal y moral. No actuaron solos ni al margen de la institución: actuaron desde dentro.

Investigación y posible expulsión

Bajo la supervisión del Ministerio Público, los efectivos fueron puestos a disposición de la SEPROVE, donde se desarrollan las diligencias correspondientes. En las próximas horas se definirá su situación legal y no se descarta el inicio del proceso de baja definitiva de la Policía Nacional.

El caso vuelve a dejar una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿cuántos patrulleros cuidan y cuántos vigilan para robar?

En Desaguadero, esta vez, las cámaras respondieron antes que los discursos. Y mostraron lo que muchos temen: cuando la ley se sube al patrullero, pero para delinquir, la confianza ciudadana se convierte en la primera víctima.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo

Un trabajador de construcción civil fue asesinado con un arma blanca la noche del martes 31 de diciembre en el distrito de Puerto San Juan de Marcona, provincia de Nasca, a pocas horas de celebrarse el Año Nuevo 2026. La víctima fue identificada como Daniel Zulcaray Paredes, de 29 años, natural de Chanchamayo (La Merced).

El crimen se produjo en el sector La Esmeralda – Bellavista, en inmediaciones del inmueble donde la víctima residía desde hace aproximadamente tres meses. Daniel Zulcaray laboraba en la obra de mejoramiento del hospital EsSalud de Marcona, como parte del gremio de construcción civil.

Según la información recabada durante la reconstrucción de los hechos y las declaraciones de familiares y testigos, el ataque ocurrió tras una discusión con un vecino por una presunta molestia. Luego de retirarse del lugar, el agresor habría regresado y atacado a la víctima por la espalda, causándole heridas mortales con un arma blanca.

El presunto autor del homicidio fue identificado como Brian Harold Villegas Tapia, quien se encuentra detenido y bajo custodia policial. El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que evalúa las medidas legales correspondientes mientras continúan las diligencias.

Hasta la zona llegaron familiares de la víctima desde distintas regiones del país. Marilena Azucarén, tía de Daniel Zulcaray, informó que el joven no tenía antecedentes policiales ni judiciales y que había viajado a Marcona para trabajar y mantener a su familia. Indicó que deja en la orfandad a un menor de 10 años, además de ser el principal sustento económico de su madre enferma y de adultos mayores de su familia.

Durante la diligencia fiscal, la familiar pidió imparcialidad a la Policía Nacional y al Ministerio Público, y exigió que el caso no quede impune. También solicitó que se revisen las cámaras de seguridad de la zona, señalando que existen al menos dos o tres dispositivos que podrían haber registrado el ataque.

Compañeros de trabajo de la víctima se concentraron en el lugar del crimen y declararon que Daniel Zulcaray cumplía con todos los requisitos exigidos para laborar en obras públicas, incluidos certificados de antecedentes. Indicaron que el joven trabajaba jornadas de hasta 10 y 12 horas diarias y que había llegado a Marcona desde el centro del país en busca de mejores oportunidades laborales.

La Fiscalía de Nasca y la Policía Nacional realizaron la reconstrucción de los hechos en el lugar, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal del detenido.

El asesinato ha generado consternación entre los trabajadores de construcción civil y vecinos del distrito, hay preocupación por los niveles de violencia e inseguridad en Marcona, especialmente contra trabajadores provenientes de otras regiones del país.

Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA

«TRAGEDIA EN Perú» | El choque de dos trenes en la ruta a Machu Picchu, en Cusco, no pasó desapercibido a nivel mundial.

Medios internacionales difundieron el accidente y recogieron las quejas de turistas de distintas nacionalidades que resultaron afectados.

Estas denuncias volvieron a poner en el centro del debate la seguridad de quienes visitan Machu Picchu. Antes, la preocupación se concentraba en protestas y bloqueos, pero esta vez se trata de un siniestro que cobró la vida de un maquinista y dejó al menos 30 personas heridas.

¡Súmate a la #Buhocomunidad en YouTube!
El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.
Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?
Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: @elbuho.pe
Twitter/X: @elbuho_pe
TikTok: @elbuho.pe

#noticiasperu #loultimonoticiasperu #noticiashoyperu #ultimasnoticias #trenesdelmundo #trenescusco #machupichu #accidente #accidentecarretera #noticiainternacional

El video ¡DIO VUELTA AL MUNDO! | Medios internacionales revelan quejas de turistas tras choque de trenes se publicó en YouTube en este enlace

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo.

Durante el 2025, el Congreso de la República convirtió la inhabilitación política en una de sus herramientas más recurrentes. A lo largo del año, el Pleno sancionó, intentó sancionar o debatió la salida de la política y del Estado de altos funcionarios, expresidentes y miembros de organismos constitucionales, en una dinámica marcada por votaciones exprés, medidas cautelares y constantes choques con el Poder Judicial.

Este es un resumen de los principales casos que marcaron el año en el que el Parlamento mostró especial rapidez para inhabilitar o, al menos, intentarlo cada vez que tuvo la oportunidad.

Políticos con inhabilitación efectiva en 2025:

Delia Espinoza – Fiscal de la Nación
El 3 de diciembre de 2025, el Congreso aprobó su inhabilitación por 10 años, mediante la Resolución Legislativa 008-2025-2026-CR.
Se le acusó de infringir la Constitución por emitir reglamentos que, según el Parlamento, contradecían la Ley 32130 relacionada con la investigación policial.
Situación actual: Espinoza presentó una demanda de amparo y se encuentra a la espera de una medida cautelar que le permita recuperar su cargo.

Martín Vizcarra – Expresidente de la República
En junio de 2025, el Congreso aprobó una nueva inhabilitación por 10 años, esta vez por el cierre del Congreso en 2019.
El impacto fue inmediato: en diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo excluyó oficialmente del padrón electoral para los comicios de 2026, debido a las sanciones vigentes. Junto a el, inhabilitaron a sus exministros de Salud, Pilar Mazzeti y Víctor Zamora. Ambos por el plazo de 10 años.

Betssy Chávez – Ex presidenta del Consejo de Ministros
El informe para su inhabilitación administrativa fue rechazado, aunque su proceso penal continúa.

Inhabilitaciones que no alcanzaron los votos en el Pleno

Aún está en agenda, sin que la hayan sometido a debate, la inhabilitación de la expresidenta del Cpnsejo de Ministros, hoy postulante al Senado, Mirha Vásquez. Aunque la Comisión Permanente ya aprobó la medida, ante las criticas, han evitado agendarla en el pleno y buscarán una nueva oportunidad.

Pedro Castillo – expresidente de la República
Se buscaba inhabilitarlo por 10 años por el intento de golpe de Estado de 2022, pero la propuesta no prosperó.

Willy Huerta – Exministro del Interior
El informe en su contra fue enviado al archivo, cerrando el intento de sanción política.

Casos frenados por el Poder Judicial durante 2025

No todas las ofensivas del Congreso prosperaron. El Poder Judicial intervino y dejó en suspenso las decisiones parlamentarias.

Inés Tello y Aldo Vásquez – Ex miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
Aunque el Congreso intentó removerlos e inhabilitarlos desde 2024, durante todo el 2025 se mantuvieron en sus cargos gracias a medidas cautelares ratificadas por el Poder Judicial.
Incluso, fallos de la Corte Suprema suspendieron las resoluciones del Parlamento, marcando un límite al accionar congresal.

Zoraida Ávalos – Exfiscal de la Nación
Continuó en funciones tras una orden judicial que anuló su inhabilitación previa. A lo largo del 2025, el Congreso no logró revertir su restitución, sentando un precedente clave sobre el uso de cautelares frente a sanciones políticas.

Salvador del Solar, expresidente del Consejo de Ministros.- El también actor y director de cine, cnsiguió una resolución del Poder Judicial que declaró improcedente el intento de inhabilitación del Congeso de la República, aunque él ha manifestado su intención de mantenerse alejado de la política, y no está en ninguna lista de postulantes.

¡Súmate a la #Buhocomunidad en YouTube!
El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.
Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.
Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: @elbuho.pe
Twitter/X: @elbuho_pe
TikTok: @elbuho.pe

#añonuevo #2025 #2026 #politicaperu #noticiasperu #ultimasnoticias #peru #fyp #loultimo #peru #congreso #NoticiasHoy #Noticiashoyperu #loultimonoticiasperu

El video El Congreso y su obsesión por inhabilitar a quien incomoda: un resumen de su mejor “pasatiempo” se publicó en YouTube en este enlace

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo.

Durante el 2025, Arequipa enfrenta una dinámica delictiva marcada por el incremento de delitos vinculados al crimen organizado, principalmente extorsión y sicariato, mientras algunos delitos comunes muestran una reducción. Las cifras policiales y los casos registrados evidencian un cambio en los patrones de violencia, con ataques dirigidos a comerciantes, uso de armas de fuego y participación de organizaciones criminales, algunas de carácter transnacional.

Las autoridades policiales han señalado que, si bien los robos y hurtos disminuyeron en comparación con el 2024, las extorsiones mantienen una tendencia creciente, acompañadas de actos intimidatorios, incendios provocados y ataques armados. A ello se suma la presencia de sicariato, con homicidios vinculados a disputas criminales y operaciones ilegales en espacios públicos.

Este panorama ha generado preocupación en comerciantes y vecinos de distintos distritos durante todo el año, quienes demandandaron mayor control, prevención y acciones coordinadas entre la Policía, el Ministerio Público y las autoridades locales para enfrentar estas modalidades delictivas que impactan directamente en la seguridad ciudadana.

Extorsión y ataques contra comerciantes

Entre enero y agosto de 2025, la Región Policial registró 388 denuncias por extorsión, cifra que podría ser mayor por el temor de las víctimas a represalias. Uno de los casos más representativos ocurrió en el distrito de Miraflores, donde un comerciante de llantas y autopartes sufrió el incendio de su local tras negarse a pagar un cupo exigido por extorsionadores.

Las investigaciones revelaron que los mensajes de amenaza enviados a las víctimas se realizan, en algunos casos, mediante comunicaciones temporales, lo que retrasa el acceso a información clave. A diciembre de 2025, la Policía reportó 58 personas detenidas por extorsión típica, incluyendo presuntos integrantes de la banda “Los Dandys de la extorsión”, vinculados a amenazas y ataques contra establecimientos comerciales en Yanahuara.

Robos agravados con armas de fuego

Uno de los casos destacados fue el asalto al hostal “Kaprichos”, en el Cercado de Arequipa, donde cinco sujetos armados sustrajeron 11 mil soles tras reducir al personal y disparar durante su huida. El ataque ocurrió en la urbanización 9 de Octubre y provocó daños a vehículos estacionados, aunque no dejó víctimas mortales.

Este hecho se convirtió en el segundo asalto contra un local con la misma razón social en menos de una semana, ya que días antes otro hostal, ubicado en José Luis Bustamante y Rivero, fue víctima de un robo similar. Vecinos y comerciantes alertaron sobre la recurrencia de estos delitos y solicitaron mayor presencia policial en zonas comerciales.

Sicariato y violencia letal

El 19 de febrero de 2025 se registró un caso de sicariato frente al cementerio La Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero. Dos ciudadanos colombianos fueron atacados por sujetos en motocicleta; Héctor Cárdenas Valderrama falleció y su acompañante resultó herido de bala. El ataque ocurrió frente a familiares de la víctima y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las autoridades policiales indicaron que este hecho se encuentra bajo investigación y forma parte de una serie de episodios de violencia letal vinculados a organizaciones criminales. En julio de 2025 se reportaron cinco homicidios, frente a cuatro en el mismo mes de 2024, algunos asociados a bandas que operan con armas de fuego, granadas de guerra y redes de crimen organizado.

Cifras delictivas y tendencia en Arequipa

De acuerdo con los reportes policiales, mientras los robos disminuyeron de 2,521 a 1,314 casos y los hurtos bajaron de 8,557 a 5,324, las extorsiones pasaron de 211 en 2024 a 246 en julio de 2025, consolidándose como uno de los delitos con mayor crecimiento. A ello se suma el promedio mensual de 35 denuncias por préstamos extorsivos tipo “gota a gota”.

Las autoridades advirtieron que el incremento de extorsiones y sicariato refleja una reconfiguración del delito en Arequipa, con mayor presencia de bandas organizadas y transnacionales. En todo caso, tanto este año como el que se nos avecina habrán nuevos desafíos para la seguridad ciudadana, en un contexto donde las cifras muestran menos delitos comunes, pero mayor violencia asociada al crimen organizado.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

Dos efectivos de la Policía Nacional fueron detenidos esta mañana cuando ingresaban a la Comisaría de Desaguadero, Puno, por su presunta implicancia en el robo de un vehículo el pasado 25 de diciembre. Se trata del SO3 PNP Alfredo Apaza Escarcena y el SO3 PNP Luis Alberth Villacorta Condori, quienes patrullaban el día del atraco junto a Jhonatan Huirse Vilca, agente que confesó su participación en el delito.

Los detenidos habrían participado en el robo del vehículo ocurrido la madrugada del 25 de diciembre en el distrito. Imágenes de cámaras de videovigilancia resultaron claves para identificarlos, evidenciando que el patrullero PNP lo habrían usado para realizar «reglaje» y no labores preventivas como correspondía durante su servicio policial en la jurisdicción de Desaguadero.

El Ministerio Público encabezó las diligencias y dispuso que los detenidos pasen a disposición de la SEPROVE para continuar investigaciones. Los tres efectivos policiales habrían actuado coordinadamente durante el robo del vehículo que posteriormente abandonaron.

Las cámaras de videovigilancia captaron movimientos sospechosos del patrullero policial durante la madrugada del 25 de diciembre en Desaguadero. Las grabaciones demuestran que los efectivos no realizaban patrullaje preventivo sino seguimiento del vehículo objetivo. Y lo hacian utilizando recursos del Estado para cometer el delito que ahora los tiene bajo investigación fiscal y administrativa en Puno.

El caso amplía el escándalo policial en Desaguadero donde anteriormente se denunció que Huirse Vilca intentó negociar con la víctima. La detención de dos efectivos adicionales evidencia al robo, no como un acto individual, sino una operación coordinada entre miembros de la Policía Nacional. Ellos aprovecharon su posición para cometer delitos contra el patrimonio de ciudadanos.

La Inspectoría Regional continúa investigando si más efectivos estuvieron involucrados en el robo vehicular y posterior encubrimiento del delito. Las autoridades analizan comunicaciones y movimientos de otros policías que trabajaban el 25 de diciembre en Desaguadero.. Buscan determinar el alcance total de la red delictiva que operaba desde la comisaría en el distrito fronterizo.

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio

Las autoridades peruanas confirmaron recientemente que 4 trabajadores vinculados a las empresas Peru Rail e Inca Rail han sido detenidos tras el fatal choque de trenes en la ruta ferroviaria que une Cusco, Ollantaytambo y Machu Picchu.

El general PNP Julio Becerra, jefe de la Macro Región Policial, detalló que cuatro empleados permanecen bajo custodia policial por el choque de las unidades ferroviarias. Este siniestro ocurrió específicamente en el kilómetro 82, dentro del sector de Pampacahua, resultando en la muerte de un maquinista y muchísimos heridos. Un total de 107 personas recibieron atención médica inmediata en diversos hospitales y clínicas después del impacto entre los convoyes que transportaban a turistas extranjeros.

Fiscalía interviene de oficio

Debido a la gravedad, la fiscalía ordenó diligencias preliminares que incluyen pruebas de alcoholemia para los operarios detenidos en las dependencias de la región. Sin embargo, el oficial Becerra evitó adelantar hipótesis finales hasta obtener los resultados del dosaje etílico practicado a los implicados en el suceso.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, viajó a Cusco junto al mandatario José Jerí para supervisar las labores de rescate. El premier sugirió una posible negligencia humana tras conversar con especialistas en transporte sobre las señales ignoradas por uno de los conductores ferroviarios.

Heridos de gravedad extranjeros serán repatriados

Asimismo, los reportes oficiales indican que dos turistas extranjeros con fracturas faciales severas fueron trasladados hacia Lima para su posterior repatriación a sus países. Por consiguiente, el gobierno central anunció una revisión integral del sistema de acceso al santuario histórico para evitar que tales negligencias afecten la imagen nacional.

El presidente de la comunidad de Pampacahua, Cleto Quispe, explicó que el choque sucedió en una curva peligrosa donde la visibilidad de las máquinas es casi nula. Según su testimonio, la unidad de Inca Rail debía esperar en el kilómetro 94, pero avanzó indebidamente por fallas en los protocolos de comunicación.

Turistas varados tras choque de trenes

Mientras tanto, cerca de 300 turistas quedaron varados en la estación de Ollantaytambo generando fuertes reclamos por la falta de información de las empresas. No obstante, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que evacuaron a 2,000 pasajeros durante la madrugada mediante un plan de contingencia bastante riguroso.

El Indecopi supervisa actualmente que las compañías ferroviarias cumplan con los reembolsos y reprogramaciones de los boletos afectados por la suspensión total del servicio. Igualmente, el gerente regional de Salud, Omar Farfán, confirmó que siete pacientes presentan estados moderados y requieren evaluaciones constantes en clínicas privadas del Cusco.

Iniciaran evaluación 

Finalmente, la próxima semana comenzará una mesa de trabajo ministerial para identificar todas las fallas operativas y adoptar medidas correctivas en el transporte turístico. Por ello, el presidente José Jerí reconoció que la respuesta inicial pudo ser más ágil ante la magnitud de esta tragedia que enluta al país.

La detención de trabajadores por el choque de trenes en Cusco marca el inicio de un proceso judicial que busca sancionar a los responsables de este evento sin precedentes recientes. Definitivamente, la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros debe ser la prioridad absoluta para las concesionarias que operan en esta ruta tan importante.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post

A horas de celebrarse el Año Nuevo, una emergencia ha movilizado al menos 16 unidades de bomberos, que luchan por controlar un incendio en un depósito y almacén clandestino de pirotécnicos en el límite de los distritos de Santa Anita y Ate Vitarte, en Lima Metropolitana.

El siniestro se inició en un inmueble utilizado como depósito de material pirotécnico, en circunstancias que aún son materia de investigación. Debido a la presencia de explosivos y productos inflamables, las llamas generaron detonaciones y mucho humo, lo que obligó a cerrar calles aledañas y a evacuar a personas que se encontraban cerca del lugar para evitar riesgos mayores.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un panorama complejo, ya que el fuego consumía grandes cantidades de material que puede explotar de manera impredecible, lo que aumentó la dificultad de las labores de extinción y puso en alerta a los equipos de emergencia. Por esta razón se dispuso el envío de múltiples unidades, entre ellas carros cisterna, ambulancias y brigadas especializadas en materiales peligrosos. El objetivo es controlar la situación sin poner en riesgo a los vecinos ni al personal de primera respuesta.

La zona donde se registra el incendio es conocida por la presencia de talleres y depósitos de pirotécnicos. Muchos de ellos sin autorización formal, lo que representa un riesgo latente cada fin de año debido al aumento de la demanda de fuegos artificiales. Las detonaciones constantes han causado alarma entre los residentes de los sectores cercanos, quienes prefirieron mantenerse a distancia y seguir las indicaciones de las autoridades.

En paralelo, otro incendio en un almacén de Villa El Salvador también movilizó varias unidades de emergencia. Se evidenció nuevamente los peligros asociados a la manipulación y almacenamiento inadecuado de materiales inflamables. Aunque estos hechos ocurrieron en distintos puntos de Lima, ambos subrayan la necesidad de reforzar los controles y sanciones para prevenir tragedias que puedan terminar en víctimas o daños más graves.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni heridos de gravedad, pero las autoridades mantienen un fuerte resguardo en la zona para evitar que el fuego se propague a viviendas y locales cercanos. Las investigaciones preliminares apuntan a que el depósito no contaba con las debidas medidas de seguridad. Tampoco permisos para almacenar productos pirotécnicos, lo que podría derivar en sanciones administrativas y acciones legales contra los responsables.

Mientras los bomberos continúan con las labores de control y enfriamiento del área afectada, los vecinos observan con preocupación cómo se desarrolla la emergencia a pocas horas de recibir el Año Nuevo.

¡Súmate a la #Buhocomunidad en YouTube!
El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.
Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.
Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: @elbuho.pe
Twitter/X: @elbuho_pe
TikTok: @elbuho.pe

#añonuevo#incendio#pirotecnicos#ate #noticiasperu #ultimasnoticias #peru #fyp #loultimo #peru #NoticiasHoy #Noticiashoyperu #loultimonoticiasperu

El video INFIERNO ANTES DE AÑO NUEVO | Incendio en almacén clandestino de pirotécnicos desata pánico se publicó en YouTube en este enlace

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo.

El año termina y Acción Popular se lleva, sin discusión, el reconocimiento al momento más vergonzoso del 2025. Desde hace años, el partido arrastraba una profunda fractura interna; sin embargo, todo indicaba que finalmente habían optado por una tregua para llegar unidos a las elecciones generales de 2026.

La calma duró poco. En un giro digno de antología política, las propias facciones del partido se acusaron mutuamente de fraude en sus elecciones internas. El conflicto escaló al punto de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) terminó declarando nulo el proceso, sepultando sus aspiraciones de participar en los comicios presidenciales y de presentar candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados.

Así, Acción Popular no solo quedó fuera de carrera, sino que ahora enfrentan querellas entre ellos hasta denuncias por amenaza de muerte.

El video NI EL AÑO AGUANTÓ | Acción Popular despide el 2025 con escándalo político y el roche más grande se publicó en YouTube en este enlace

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo.

Al 31 de diciembre de 2025, la desaparición de Marilú Llantoy en Arequipa continúa sin avances oficiales. La dirigente social sigue en condición de desaparecida, sin que las autoridades hayan informado resultados sobre su paradero. Fue vista por última vez a fines de septiembre, cuando salió de su vivienda en Quequeña con destino a su trabajo y luego al mercado Avelino Cáceres, donde iba a realizar diligencias y comprar alimentos para sus animales.

Desde entonces, Marilú Llantoy no volvió a comunicarse con su familia. Ante esta situación, sus familiares presentaron la denuncia por desaparición e iniciaron una búsqueda con apoyo de vecinos, pobladores y voluntarios del distrito. Con el paso de las semanas, advierten que el caso de Marilú en Arequipa no registra avances concretos y que varias diligencias policiales permanecen estancadas.

Soledad Llantoy, hermana de la dirigente, indicó que el expediente por la desaparición de Marilú continúa en la División de Investigación Criminal. Señaló que aún no se deriva nuevamente a la Fiscalía, debido a que las personas citadas a declarar no acudieron a las convocatorias. Al tratarse de testigos, explicó, la Policía no puede obligarlos a presentarse sin una orden fiscal expresa, lo que mantiene el proceso detenido.

La familia informó además que gestionó y entregó el levantamiento del secreto de las comunicaciones tanto a la Policía como a la Fiscalía. Hasta el momento, ninguna de estas instituciones les ha comunicado si ya analizó esa información o si permitió abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con la desaparición.

En paralelo, los familiares entregaron a la Divincri muestras de presunta sangre halladas durante las labores de búsqueda. El material pasó a evaluación de un biólogo forense, quien debe determinar si corresponde a un ser humano o a un animal. El informe técnico aún se encuentra pendiente, lo que prolonga la espera de respuestas en el caso.

Información sobre amenazas aún no incorporada

Soledad señaló que, tras la desaparición de su hermana, dirigentes de la zona le confirmaron que Marilú había advertido en reuniones previas que, si llegaba a desaparecer, responsabilizaba directamente a una persona vinculada al ámbito dirigencial del distrito. Esta información fue comunicada a la Policía como parte de los antecedentes del caso.

Pese a ello, la hermana indicó que aún no ha sido citada para ampliar su declaración y formalizar ese testimonio. Según explicó, la Policía le ha señalado que la decisión depende de la Fiscalía. La familia ya solicitó esta ampliación a través de su abogado, pero hasta el cierre de esta nota no ha recibido respuesta oficial.

Arequipa superó los 14 mil casos de violencia de género atendidos durante 2025

La familia mantiene la búsqueda sin apoyo policial

Ante la falta de avances en la investigación, la familia continúa con la búsqueda por iniciativa propia. Soledad indicó que, ante la ausencia de resultados oficiales, los familiares ampliaron las zonas de rastreo hacia distintos puntos del distrito.

Entre las acciones realizadas, mencionó recorridos en cementerios aledaños, muchos de ellos en condición de abandono. Estas búsquedas se realizan con recursos propios y con sus perros, ante la presunción de que la dirigente podría encontrarse enterrada en alguna de estas zonas, una posibilidad que la familia no descarta debido al tiempo transcurrido.

Soledad precisó que estas labores se desarrollan sin acompañamiento policial. Recordó que la intervención de la Policía se limitó a los primeros meses tras la desaparición. Pese a los esfuerzos sostenidos, la familia no ha obtenido resultados que permitan esclarecer el paradero de Marilú.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

El cierre del año fiscal 2025 en la región Arequipa expone una realidad administrativa de claroscuros en el uso de los fondos públicos para proyectos de inversión. De acuerdo con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), existe una diferencia crítica entre las jurisdicciones que han dinamizado su economía local y aquellas que mantienen recursos estancados.

Este balance resulta fundamental para entender el ritmo de desarrollo y la capacidad técnica de las autoridades locales frente a las necesidades de la población. El ranking considera a los 109 distritos y 8 provincias de la región.

En el nivel más bajo de eficiencia administrativa se encuentra la Municipalidad Provincial de Condesuyos – Chuquibamba, entidad que solo alcanzó un 20.2% de avance. Con un PIM de 28,270,513 soles, esta jurisdicción lidera la lista de las gestiones con menor gasto en obras. Le siguen de cerca los distritos de Pampacolca, con un 23.6% sobre 8,836,428 soles, y Salamanca, que apenas ejecutó el 25.4% de su presupuesto de 1,935,655 soles asignados para este ciclo.

La situación de inactividad también se extiende a la Municipalidad Distrital de Andagua, cuyo progreso llegó apenas al 29.2% de un total de 5,219,943 soles. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Castilla – Aplao cierra este grupo de bajo rendimiento con una ejecución del 33.0%. A pesar de manejar un presupuesto importante de 47,053,826 soles, esta provincia no logró traducir sus recursos en un avance significativo de sus proyectos de inversión pública en Arequipa.

Ejecución presupuestal 2025 en Arequipa: cuatro distritos no llegaron ni a la mitad, aquí el ranking

Eficiencia y liderazgo en la inversión en Arequipa

En el extremo opuesto del ranking, diversas municipalidades han demostrado una gestión técnica sobresaliente, rozando el cumplimiento total de sus metas financieras. El distrito de Viraco destaca con un 98.9% de ejecución de sus 2,512,504 soles, mientras que Sayla alcanzó un notable 99.1% sobre un PIM de 1,015,275 soles. Estas cifras reflejan una capacidad de gasto casi óptima en la administración de sus recursos para infraestructura y desarrollo social.

El podio de la eficiencia en la región Arequipa lo ocupan tres distritos con presupuestos de gran envergadura. La Municipalidad Distrital de Socabaya logró un sólido 99.2% de avance, gestionando con éxito 57,706,530 soles. Por su parte, el distrito de Majes alcanzó el 99.3% de ejecución sobre un techo presupuestal de 71,156,190 soles. Se consolidó como uno de los referentes en ejecución de proyectos de inversión a gran escala durante el 2025.

Finalmente, el distrito de Uchumayo se posiciona como el líder absoluto en gestión presupuestal dentro de la región. Con el presupuesto más alto de este grupo de élite, ascendente a 81,565,608 soles, la comuna logró una ejecución del 99.6%. Este resultado coloca a Uchumayo a la cabeza de la eficiencia pública, demostrando que es posible movilizar grandes cantidades de capital para el beneficio directo de la comunidad cuando existe una planificación estratégica adecuada.

Este panorama fiscal en Arequipa evidencia que la disponibilidad de dinero no garantiza el desarrollo por sí sola. Mientras algunas zonas permanecen rezagadas con porcentajes de gasto alarmantes, otras jurisdicciones han logrado optimizar cada sol de su presupuesto modificado.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

El 2025 fue un año de fuerte crecimiento para las principales fortunas familiares del Perú, impulsado por el alza histórica de los metales, la depreciación del dólar frente al sol y un ciclo inusual de fusiones y adquisiciones corporativas. La valorización de activos mineros, financieros y energéticos elevó significativamente el patrimonio de los grupos empresariales más influyentes del país.

La estimación de las fortunas considera la participación accionaria en empresas, valor de mercado, estados financieros, dividendos, liquidez y activos inmobiliarios. En compañías no listadas en bolsa se utilizaron comparables internacionales. El ranking fue elaborado por el analista Ernesto Linares Mascaro.

Las familias con mayor patrimonio del Perú

1. Familia Brescia – USD 7.440 millones
   Controla los holdings Breca Minería y Breca Banca. Destaca Minsur, BBVA Perú y Rímac Seguros. La minería explica el mayor peso del patrimonio.
2. Familia Romero – USD 6.360 millones
   El desempeño de Credicorp y la reorganización de Primax fueron claves. Concentró casi la mitad de su valor en el sector financiero.
3. Familia Rodríguez (Grupo Gloria) – USD 5.020 millones
   A pesar de sanciones regulatorias, cerró el año con cifras récord en lácteos, cemento y agroindustria.
4. Familia Rodríguez Pastor (Intercorp) – USD 3.600 millones
   El crecimiento de Intercorp Financial Services compensó el impacto reputacional del cierre del Real Plaza Trujillo.
5. Familia Hochschild – USD 2.030 millones
   Vendió el 50% de Cementos Pacasmayo y reforzó su portafolio minero con Hochschild Mining y Aclara Resources.
6. Familia Benavides – USD 1.700 millones
   El alza del oro y el avance del proyecto San Gabriel impulsaron a Buenaventura.
7. Familia Arias Vargas – USD 1.300 millones
   Controla Minera Poderosa. El alto precio del oro compensó problemas de seguridad y menor producción.
8. Familia Navarro Grau – USD 1.200 millones
   Grupo Horizonte se benefició de los precios internacionales pese a menor volumen de producción.
9. Familia Marsano – USD 1.000 millones
   Marsa mantuvo exportaciones elevadas, aunque enfrenta el agotamiento de reservas hacia 2028.
10. Familia Lindley – USD 780 millones
    Participación en Arca Continental, expansión de Tambo y Aruma.
11. Familia Fishman – USD 650 millones
    Portafolio diversificado en Quimpac y Tai Loy.
12. Familia Acuña – USD 530 millones
    Concentración en educación superior, con la Universidad César Vallejo como principal activo.
13. Familia Dyer – USD 500 millones
    Actividades en agroexportación y pesca.
14. Familia Mulder – USD 480 millones
    Negocios diversificados, principalmente en servicios y consumo.
15. Familia Matta – USD 450 millones
    Presencia en pesca e industrias vinculadas.
16. Familia Añaños – USD 430 millones
    Grupo AJE mantiene expansión internacional en bebidas.
17. Familia Añaños Jerí / Añaños adicionales – USD 420 millones
    Patrimonio vinculado a operaciones regionales y exportación.

Panorama general

En conjunto, las 17 familias más ricas del país concentran más de USD 35 mil millones en patrimonio, con una fuerte dependencia de la minería, las finanzas y el consumo masivo. El repunte de los metales y la estabilidad macroeconómica explican gran parte del crecimiento, mientras que la concentración económica sigue siendo un rasgo dominante del poder empresarial en el Perú.

Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA

La ausencia prolongada de lluvias ha colocado a Ayacucho en una situación crítica, con una drástica reducción del volumen de agua en la presa de Cuchoquesera, principal reserva hídrica de la región. Este reservorio, que en condiciones normales almacena hasta 80 millones de metros cúbicos, actualmente apenas bordea los 20 millones, volumen que solo permitiría garantizar el abastecimiento de agua potable a la ciudad por aproximadamente tres meses.

El panorama es aún más grave en las zonas altas, como Ritipata, en el distrito de Paras, donde la desglaciación y la falta de precipitaciones han secado los cerros y dejado sin flujo a los canales que alimentan la presa y las áreas agrícolas. La pérdida del hielo y la nieve ha interrumpido el ciclo natural que aseguraba el suministro constante de agua hacia los valles y centros urbanos. 

Rubén Ayala Bautista, presidente de la Junta de Usuarios de Agua de Ayacucho, advirtió que la presa se encuentra en su nivel mínimo de almacenamiento y que el uso agrario, que representa más del 50 % del consumo total, agrava el escenario. Por ello, reiteró el pedido al Gobierno Central para que se declare en emergencia el sistema hidráulico regional.

Desde el Gobierno Regional, se alertó además sobre un comportamiento climático atípico, con temperaturas superiores a los 20 grados incluso por la noche, que impiden la formación de lluvias en plena temporada húmeda. De persistir esta situación, Ayacucho podría ingresar a un escenario de sequía severa, con impactos directos en el consumo humano, la agricultura y la seguridad alimentaria. Dirigentes agrarios reiteraron la urgencia de una declaratoria de emergencia, advirtiendo que miles de familias podrían verse gravemente afectadas si no se adoptan medidas inmediatas.

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada

El párroco Ángel López Meléndrez alertó que la maquinaria pesada empleada en la remodelación de la Plaza de Armas está causando fisuras graves en el Templo Matriz de Santa Catalina, edificación con 376 años de antigüedad en Juliaca.

Las excavadoras y volquetes generan vibraciones que agravaron una rajadura preexistente en la cúpula del templo construido desde 1649. El sacerdote explicó que «las máquinas con la fuerza que hacen sacuden el piso» y deterioran progresivamente la estructura del monumento cultural.

López Meléndrez exigió la presencia de arqueólogos para monitorear el impacto de las obras municipales. Señaló que «tiene que haber alguien que esté monitoreando», tal como ocurrió en trabajos similares realizados en el perímetro de la catedral de Puno.

El representante religioso propuso utilizar cortadoras con disco en lugar de retroexcavadoras de gran envergadura. Aseguró no oponerse al embellecimiento urbano, pero demandó que las obras se ejecuten respetando el patrimonio histórico y cumpliendo la normativa vigente.

El Instituto Nacional de Cultura realizó una constatación de daños en el templo. Un arquitecto efectuó una evaluación días atrás, aunque el párroco solicita un nuevo informe técnico para determinar el alcance de las afectaciones causadas por los trabajos en curso.

El contorno de la parroquia también está siendo afectado por la obra municipal. López Meléndrez advirtió que «el alcalde está avanzando a filo de la piedra» y pidió un plan de contingencia para evitar mayores deterioros en la edificación religiosa.

Las celebraciones religiosas continúan utilizando puertas laterales de evacuación. El párroco solicitó colaboración de los fieles para evitar aglomeraciones, especialmente en las misas de Año Nuevo y la bajada de Reyes del seis de enero.

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria enviará un grupo de especialistas a Arequipa para inspeccionar cómo funcionan los servicios de ayuda para los estudiantes en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). La decisión surge tras la lamentable pérdida de Lener Yeferson Choque Laura, un alumno con autismo que estudiaba en dicha institución.

Los reportes iniciales señalan que el joven enfrentó situaciones de hostigamiento académico, lo que perjudicó seriamente su salud mental. Según los testimonios que brindó su madre, el entorno universitario no fue capaz de protegerlo. Por eso, el personal técnico revisará si los mecanismos de defensa funcionaron o si solo existen en los documentos de la casa de estudios.

El superintendente de la entidad, Vicente Espinoza Santillán, confirmó que la comisión vigilará de las oficinas encargadas de respaldar la integridad de los universitarios. No basta con que estas oficinas estén abiertas; los técnicos comprobarán si realmente atienden las necesidades de los alumnos con condiciones de neurodiversidad. La normativa actual obliga a que cada universidad mantenga servicios sociales y de protección activos para evitar tragedias.

El caso de Lener ha puesto en duda si la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa cumple con estos estándares mínimos de seguridad y respeto. Las autoridades buscan pruebas concretas sobre cómo se manejaron las quejas por acoso y qué tipo de acompañamiento recibió el estudiante antes de su fallecimiento. Esta supervisión recolectará datos directamente en el lugar para determinar responsabilidades administrativas claras y evitar que situaciones similares se repitan.

Nuevas prioridades en la gestión y respaldo al cargo

El equipo técnico tiene la orden de entrevistar a los responsables de bienestar y revisar los expedientes de atención de los últimos meses. El objetivo es entender el ambiente cotidiano que se vive en las facultades. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria tiene la facultad de vigilar que el servicio educativo no se limite a dictar clases, sino que garantice la integridad de quienes asisten a las aulas.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.

La Municipalidad Provincial de Arequipa programó el comienzo de los trabajos de mantenimiento en tres vías de alta circulación para el próximo 5 de enero. Las autoridades seleccionaron esta fecha porque la temporada de verano y la falta de labores escolares generan un menor movimiento de vehículos en la ciudad. El proyecto abarca específicamente las avenidas Juan de la Torre, Lambramani y Álvarez Thomas. En el caso de la avenida Juan de la Torre, el Consorcio Arequipa asumirá la ejecución con un presupuesto de 2,354,497 soles. El cronograma establece un plazo de 60 días para renovar más de once mil metros cuadrados de pavimento. Los encargados dividirán las labores en dos etapas: los primeros 30 días trabajarán en el carril de bajada y el tiempo restante lo dedicarán al carril de subida.

Simultáneamente, el Consorcio Lambramani intervendrá la avenida del mismo nombre durante 30 días. Esta obra cuenta con un fondo de 1,382,526 soles para mejorar seis mil cuatrocientos metros cuadrados de superficie asfáltica. Por su parte, la avenida Álvarez Thomas, en el sector de Selva Alegre, estará bajo la responsabilidad del Consorcio G&A. Los operarios trabajarán allí durante 45 días para instalar una nueva capa de asfalto de 6.5 centímetros de grosor, además de reparar sardineles y colocar señalización horizontal. La inversión para este tramo alcanza los 1,898,076 soles. Desde la Gerencia de Desarrollo Urbano, confirmaron que las empresas ya cuentan con la buena pro para iniciar las actividades. El equipo técnico también contempla la demolición del pavimento dañado, la nivelación del terreno y la compactación de la base antes de aplicar la mezcla asfáltica caliente.

Estrategias de tránsito y rutas de circulación alterna

Para gestionar el movimiento vehicular, la subgerencia de transporte desplegará un grupo de 25 inspectores en los puntos de mayor afluencia. El personal podrá aumentar o rotar según las necesidades que surjan durante las primeras jornadas de cierre. Para quienes transiten por la avenida Juan de la Torre, la ruta de desvío principal utilizará la calle Peral y la calle Ayacucho. Los conductores que bajen desde Alto Selva Alegre deberán girar por Peral hasta alcanzar Ayacucho. Las autoridades enfatizaron que el tramo de la calle Peral comprendido entre Bouroncle y Ayacucho debe permanecer despejado de autos estacionados para evitar atascos. De igual manera, los técnicos sincronizarán los semáforos de la zona para generar una circulación continua, conocida como ola verde, especialmente en el eje de la calle Ayacucho y Jerusalén.

En la zona de la avenida Lambramani, la disponibilidad de vías cercanas facilita la circulación. Los usuarios podrán optar por la avenida Dolores, la avenida Jesús, la avenida Los Incas o la Vía Rápida Venezuela para desplazarse hacia el centro o Paucarpata. Respecto a los trabajos en Álvarez Thomas, el plan operativo habilita la calle Ugarteche como una vía de doble sentido. Esta modificación temporal permitirá el acceso de los residentes y facilitará el tránsito hacia el Colegio Militar Francisco Bolognesi. El coronel Javier Ortiz Zegarra recordó que estas medidas son temporales y buscan garantizar la seguridad de los usuarios mientras se moderniza la infraestructura vial de la ciudad. La municipalidad mantendrá el monitoreo constante de los semáforos y la carga vehicular para realizar ajustes inmediatos si la fluidez del transporte lo requiere.

Si valoras nuestro contenido, hazte miembro de la #BúhoComunidad. Así podremos seguir haciendo periodismo. También puedes apoyarnos uniéndote a nuestro canal de YouTube.