Los jóvenes del pueblo Awajún del sector Numpatkaim–Pampa Entsa, ubicado en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui (Amazonas), emitieron un pronunciamiento público en el que denuncian el abandono por parte del gobierno nacional, regional y local. Asimismo, señalan la falta de atención en servicios básicos como salud, educación, justicia y conectividad. En el […]
Los jóvenes del pueblo Awajún del sector Numpatkaim–Pampa Entsa, ubicado en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui (Amazonas), emitieron un pronunciamiento público en el que denuncian el abandono por parte del gobierno nacional, regional y local. Asimismo, señalan la falta de atención en servicios básicos como salud, educación, justicia y conectividad.
En el documento, señalan que los establecimientos de salud se encuentran en condiciones críticas, sin medicamentos, equipos ni personal suficiente, lo que estaría generando muertes evitables, especialmente en poblaciones vulnerables. Asimismo, advierten que en el sector educación no existen condiciones adecuadas para el aprendizaje, debido a la falta de infraestructura, materiales y docentes capacitados, además de la limitada aplicación de la educación intercultural bilingüe.
Los jóvenes también alertaron sobre la ausencia del sistema de justicia en la zona como el Ministerio Público, lo que permite que casos de violencia y delitos queden impunes. A ello se suma la falta de carreteras y servicios de comunicación, lo que mantiene aisladas a las comunidades y dificulta el acceso a servicios básicos y la presencia de autoridades. Incluso funcionarios deben caminar largas horas o días para llegar a su destino, exponiéndose a graves riesgos.
El pronunciamiento recuerda hechos trágicos que evidencian esta situación, como la reciente muerte de un docente el 14 de marzo de 2026 en el río Numpatkaim, así como el fallecimiento de un trabajador años atrás en la misma zona. Frente a ello, los jóvenes Awajún exigieron la intervención inmediata del Estado con la implementación de servicios de salud, mejora educativa, acceso a justicia, construcción de vías y conectividad.
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Desde una comunidad campesina sin servicios básicos hasta los escenarios del cine nacional, la historia de Jesús Luque Colque sintetiza una trayectoria marcada por la perseverancia y el talento. El joven puneño, beneficiario del programa Beca 18, ha sido reconocido como Mejor Actor y hoy se prepara para dar un nuevo salto en su carrera: […]
Desde una comunidad campesina sin servicios básicos hasta los escenarios del cine nacional, la historia de Jesús Luque Colque sintetiza una trayectoria marcada por la perseverancia y el talento. El joven puneño, beneficiario del programa Beca 18, ha sido reconocido como Mejor Actor y hoy se prepara para dar un nuevo salto en su carrera: la dirección de su primera película.
Su camino no ha sido convencional. Criado en condiciones adversas en el altiplano peruano, Luque pasó su infancia entre labores de pastoreo, donde comenzó a imaginar su futuro como actor influenciado por programas radiales. Años más tarde, ese anhelo se concretaría de manera inesperada al ser elegido como protagonista de la película Manco Cápac, dirigida por Henry Vallejo.
Su interpretación le valió el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Lima PUCP 2020, posicionándolo como una de las nuevas figuras del cine peruano. Sin embargo, su desarrollo profesional no se limitó al ámbito artístico. Gracias al apoyo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), accedió a estudios en Desarrollo de Sistemas de Información en Tacna, lo que le permitió alcanzar estabilidad económica y continuar su formación.
Posteriormente, fortaleció su vocación en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático y amplió su experiencia en el ámbito audiovisual. En 2022, volvió a destacar con su participación en la película Reinaldo Cutipa, obteniendo una nueva nominación como Mejor Actor por la Asociación de Prensa Cinematográfica del Perú.
Además, su proyección internacional se consolidó al acceder a una beca de especialización en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, donde enriqueció su visión narrativa y técnica.
Del reconocimiento a la creación: su apuesta por el cine con identidad
Actualmente, Luque se encuentra enfocado en su primer proyecto como director: Aypha Ñawi, un largometraje que ya cuenta con guion y que fue seleccionado entre los ganadores de los Estímulos Económicos para la Cultura 2024 del Ministerio de Cultura.
La película narrará la historia de dos hermanos en una comunidad andina, abordando temáticas vinculadas a la identidad, la desigualdad y las vivencias del mundo rural. El propio cineasta ha señalado que su objetivo es visibilizar historias cercanas a su realidad, apostando por una narrativa auténtica que represente al sur del país.
Mientras avanza en la búsqueda de financiamiento para concretar el rodaje, su historia ya se perfila como un ejemplo del impacto transformador del acceso a la educación y las oportunidades.
Más allá de los premios y reconocimientos, Jesús Luque Colque encarna una nueva generación de creadores que busca posicionar al altiplano peruano en el mapa del cine, no solo como escenario, sino como voz propia en la construcción de relatos nacionales.
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El actual mercado inmobiliario en Cusco experimenta una transformación técnica sin precedentes mediante el desarrollo de proyectos verticales sostenibles y comunidades planificadas modernas. Los empresarios locales identifican una demanda insatisfecha que obliga a los constructores a ofrecer edificios eficientes con estándares internacionales de mucha calidad. La precertificación ambiental de tipo EDGE garantiza un ahorro significativo […]
El actual mercado inmobiliario en Cusco experimenta una transformación técnica sin precedentes mediante el desarrollo de proyectos verticales sostenibles y comunidades planificadas modernas. Los empresarios locales identifican una demanda insatisfecha que obliga a los constructores a ofrecer edificios eficientes con estándares internacionales de mucha calidad.
La precertificación ambiental de tipo EDGE garantiza un ahorro significativo de energía además de agua para los compradores más exigentes que buscan hoy un futuro patrimonial sólido.
El precio por metro cuadrado en zonas exclusivas como Magisterio y Quispicanchis alcanza montos que oscilan entre los 1,750 y 1,850 dólares. Los clientes actuales poseen mucha información técnica antes de comprar y suelen contratar asesoría legal especializada para asegurar sus inversiones personales en viviendas.
La cartera de departamentos premium en los distritos de Wanchaq, Cusco y también San Sebastián, enfocan sus esfuerzos comerciales en las urbanizaciones La Florida y Manuel Prado para captar el interés de jóvenes profesionales y familias.
Estos inmuebles generan una rentabilidad activa sobre la inversión inicial que se recupera totalmente en un periodo de entre ocho y doce años exactos. Los departamentos modernos ofrecen seguridad constante junto a un diseño de vanguardia que atrae a inversores interesados en el modelo de negocio Airbnb.
Desafíos y expansión del mercado inmobiliario en Cusco
La construcción del nuevo Aeropuerto de Chinchero impulsa el valor del suelo en sectores estratégicos como el Valle Sagrado, Ayarmacca y también Simatauca.
El costo de la tierra en estas zonas rurales varía actualmente entre los 220 y los 300 soles por cada metro cuadrado disponible. No obstante, los expertos advierten sobre la existencia de desarrolladores informales que ignoran los parámetros urbanos y operan fuera de la legalidad. Por eso, recomiendan verificar siempre los documentos legales antes de entregar dinero a empresas que no demuestren transparencia absoluta en sus procesos administrativos.
El éxito comercial pertenece hoy a quienes entregan proyectos con respaldo legal y diseños de autor que respetan el entorno geográfico de Cusco. Los factores de seguridad ciudadana y el flujo turístico constante fortalecen la percepción de la región como un destino muy seguro para invertir.
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Cuando la médica internista Alexandra Sobrevilla Cortijo fue asesinada en mayo de 2024 para robarle un iPhone 13 Pro Max, su celular terminó en manos de ‘Los Tecnológicos del Mantaro’, una organización dedicada al robo, desbloqueo y vaciado de cuenta mediante teléfonos de alta gama. La banda operaba bajo la modalidad de los falsos taxistas. […]
Cuando la médica internista Alexandra Sobrevilla Cortijo fue asesinada en mayo de 2024 para robarle un iPhone 13 Pro Max, su celular terminó en manos de ‘Los Tecnológicos del Mantaro’, una organización dedicada al robo, desbloqueo y vaciado de cuenta mediante teléfonos de alta gama.
La banda operaba bajo la modalidad de los falsos taxistas. Captaban pasajeros, los asaltaban y se apoderaban de sus iPhones en robos callejeros o mediante ‘pepeos’. Luego, utilizando software especializado, desbloqueaban los equipos para vaciar cuentas bancarias a través de aplicaciones como Plin y Yape. Finalmente, revendían los dispositivos en el pasaje Andaluz.
Lo que no se conocía hasta ahora es que la investigación que derivó en el pedido de prisión preventiva contra 22 integrantes de esta organización, incluidos policías, estuvo parcialmente a cargo de un oficial que, en paralelo, era investigado por la Fiscalía por liderar un presunto esquema de cobros irregulares en la comisaría de Huancayo con apoyo de una falsa abogada.
Se trata del mayor PNP Ronald José Chávez Rodríguez, quien desde el 8 de enero de 2025 figura en una investigación preliminar por los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias. El caso se inició en la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente fue derivado a la Fiscalía Penal.
El doble rol de Chávez
La investigación contra ‘Los Tecnológicos del Mantaro’ estuvo inicialmente a cargo del área de Crimen Organizado de Huancayo. A finales de 2025, cuando el caso ya mostraba avances significativos con las interceptaciones telefónicas, pasó al Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecc), unidad que Chávez dirige.
Ese mismo año, el oficial participó en la captura de ‘Los Buitres del taxi’, banda vinculada al asesinato de la médica Sobrevilla. Tras el crimen, se develó que sus integrantes vendieron el celular de la víctima a ‘Los Tecnológicos’ por S/ 1,500.
Sin embargo, mientras intervenía en estas operaciones, Chávez ya era investigado por presuntamente coaccionar a agentes de la Seincri Huancayo en 2024 para permitir el ingreso de Jhenyfer Charmely Santos Flores, conocida como ‘La doctora’, una supuesta estudiante de derecho.
El esquema de cobros irregulares
Según el documento fiscal, Chávez, quien entonces era jefe de Seincri Huancayo, habría impuesto a los suboficiales cuotas diarias de al menos 20 detenidos por receptación. No era casual. Los detenidos por receptación provenían, en su mayoría, del mismo mercado de celulares robados vinculado a ‘Los Tecnológicos del Mantaro’, que operaba desde el 2020.
Así funcionaba el sistema. A mayor número de detenidos, mejor producción de la comisaría y un flujo constante de intervenidos que eran derivados a la falsa abogada, quien cobraba por ‘agilizar’ su liberación en menos de cuatro horas. Eso precisa el documento.
Extracto de la denuncia que dio origen a la investigación contra el oficial PNP.
Quienes cumplían la meta obtenían beneficios como días libres o permisos internos. Quienes no lo hacían eran sancionados con servicios fuera de horario, procesos disciplinarios o cambios abruptos de área. En esta investigación también está implicado el entonces comisario, comandante PNP Frank Muñoz Jiménez.
Cuando los suboficiales se negaban a entregar los actuados policiales a ‘La doctora’ o cuestionaban su presencia, Chávez intervenía presuntamente con amenazas. Emitía memorandos de represalia y relegaba a los agentes a labores administrativas, mientras favorecía a quienes colaboraban.
Santos Flores, reiteramos, se hacía pasar por abogada dentro de la comisaría y cobraba entre S/ 400 y S/ 500 para agilizar la liberación de detenidos. Operaba con total confianza. Utilizaba el escritorio del entonces capitán PNP Chávez, manipulaba su computadora y accedía a documentos policiales. Estos hechos, según la Fiscalía, están respaldados por fotografías y grabaciones de cámaras de seguridad.
Además, empleaba sellos y firmas de la familia de abogados Rojas Lázaro.
Tras el traslado de Chávez al complejo policial de Millotingo, donde el Grecc ocupa parte del segundo piso, la supuesta abogada extendió sus actividades hacia ese lugar, donde funcionan Areincri, Polfis, Seguridad del Estado, Requisitorias, entre otras áreas.
Varias fuentes han señalado que ingresaba con la venia del mayor Chávez. En una fotografía aparece en diligencias en el área de Areincri.
La falsa abogada en las oficinas de Areincri durante una diligencia con un detenido. Según fuentes, ingresaba al complejo con la venia del mayor PNP.
Los Rojas: la conexión familiar
Aquí surge el dato más perturbador. Erick Luis Rojas Lázaro, uno de los abogados cuyos sellos y firmas habrían sido utilizados por la falsa abogada, no solo la defiende actualmente en la investigación por ejercicio ilegal de la profesión que lleva la fiscal Medilberta Victoria Tupiacuri. También aparece junto a Jhenyfer Santos en la portada de su propio perfil de Facebook, una imagen que permanece visible en su cuenta.
Incluso presentó una tutela de derechos a favor de Santos Flores, la cual fue declarada improcedente el 24 de marzo de 2026.
Resolución que declara improcedente la tutela de derechos de la supuesta abogada, emitida el 24 de marzo.
La misma familia también patrocina a tres de los 22 investigados de ‘Los Tecnológicos del Mantaro’: el padre, Eleodoro Rojas Carhuallanqui, defiende al policía César Augusto Padilla Sernaque; Erick Luis Rojas Lázaro asume la defensa de Juan Carlos Damián Otárola; y Jhonny Eleo Rojas Lázaro representa a José Luis De La Torre Pérez. Asimismo, el sello de Shirley Mercedes Rojas Lázaro también habría sido utilizado por la falsa abogada.
Interrogantes
Este entramado plantea serias interrogantes: ¿Hay un conflicto de intereses o una posible red de protección, considerando que estos abogados participaron en la Seincri y hoy defienden a implicados en el mismo entorno del oficial? He ahí la tarea del Ministerio Público.
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La aprobación de la Resolución N.° 121-2026, emitida el 19 de abril por el Ministerio de Energía y Minas, ha abierto un nuevo frente en torno al proyecto Tía María en Arequipa. La norma declara de interés nacional la iniciativa minera y dispone la reserva de 2,002 hectáreas de terreno estatal.
La medida responde a una solicitud previa de Southern Perú, que desde el año anterior buscaba no solo la declaratoria de interés nacional, sino también el acceso a la propiedad de los terrenos donde se desarrollaría el proyecto. La resolución encarga a la Superintendencia de Bienes Nacionales facilitar la transferencia, lo que habilita un eventual proceso de venta directa.
La información fue proporcionada por José Álvarez Ruelas, representante de los extrabajadores de Southern Perú, quienes han planteado una acción de amparo para evitar se concrete la transferencia.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en el valor estimado del terreno. Según los datos disponibles, el precio oscilaría entre S/ 0.80 y S/ 1.20 por metro cuadrado, lo que daría un costo total aproximado de S/ 16 millones. Este monto es considerado bajo frente al potencial valor de los recursos minerales presentes en la zona, como cobre y oro, lo que podría representar un perjuicio económico para el Estado.
Además del aspecto económico, la resolución implicaría un cambio clave en la condición del proyecto, el de concesión a propiedad. Este punto resulta crítico, ya que limitaría la capacidad del Estado para revertir o retirar el control del proyecto en caso de incumplimientos, a diferencia del régimen de concesión, que permite mayores mecanismos de supervisión.
La acción de amparo tiene el objetivo de anular la resolución. La demanda también busca determinar posibles responsabilidades. Y, como efecto inmediato, suspender el proceso de transferencia de los terrenos hasta que el Poder Judicial emita un pronunciamiento.
Cuestionan la modalidad de venta de terrenos para Tía María
El principal punto de debate radica en el cambio de régimen sobre los terrenos del proyecto Tía María. Mientras que bajo el sistema de concesión el Estado mantiene la titularidad y capacidad de control, la transferencia en propiedad implicaría una cesión definitiva, reduciendo el margen de intervención ante eventuales incumplimientos de la empresa.
Este cambio podría sentar un precedente para otros proyectos mineros en el país. De concretarse, abriría la posibilidad de que más empresas soliciten la transferencia de terrenos estatales bajo condiciones similares. Esto generaría un impacto en la gestión de recursos públicos y en la política de concesiones.
A ello se suma la falta de pronunciamientos claros por parte de las autoridades. Hasta el momento, el Gobierno Regional de Arequipa no ha emitido una posición oficial sobre la medida.
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El máximo tribunal administrativo minero del país ordenó revisar desde cero el expediente que habilitaba las labores de extracción en el polémico yacimiento
El Consejo de Mineria, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), dejó sin efecto el visto bueno que Southern había obtenido para comenzar la fase de explotación en su unidad minera situada en la región Arequipa.
La medida, contenida en la Resolución N.° 236-2026-MINEM/CM del 19 de marzo de 2026, anula el documento previo (Resolución Directoral N.° 0692-2025-MINEM/DGM) que aprobaba el arranque de operaciones.
La máxima instancia resolutiva del sector determinó que el permiso cancelado carecía de la fundamentación jurídica exigible. Esto vulneraba el Reglamento de Procedimientos Mineros y la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entre las fallas detectadas destacan la ausencia de un análisis profundo sobre la localización precisa de los depósitos de material excedente. Además, la falta de un calendario detallado para ejecutar cada etapa del plan minero.
Como resultado, el Consejo de Minería ordenó retrotraer el trámite al momento inmediatamente anterior a la emisión de la autorización anulada. La Dirección General de Minería (DGM) deberá reevaluar si la compañía ha despejado todas las observaciones técnicas pendientes. Se dará especial énfasis en el diseño de la infraestructura auxiliar y la programación del proyecto.
Los informes técnicos iniciales de Tía María señalaron que en el entorno del yacimiento no existían comunidades nativas ni campesinas censadas. Se indicó que el castellano es la lengua predominante en los distritos aledaños de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia.
Además, la Dirección de Gestión Minera verificó que la empresa demostró la propiedad del suelo superficial. Además, las concesiones mineras correspondientes, así como el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
Con esos antecedentes, el Minem otorgó el permiso de operación el 13 de octubre de 2025. Sin embargo, la Municipalidad Provincial de Islay impugnó la decisión el 3 de noviembre de ese mismo año.
Tras analizar el recurso, el Consejo de Minería concluyó que el acto administrativo de 2025 presentaba defectos graves en su motivación. Esto obliga a una revisión completa del cumplimiento de todas las exigencias técnicas y legales. Cabe recordar que entre 2025 y 2026 Southern Perú había anunciado una inversión de 1,100 millones de dólares para este proyecto cuprífero en Arequipa.
Las últimas semanas también se realizaron convocatorias a marchas contra el proyecto minero de Southern. Pobladores del Valle de Tambo aún mantienen una posición crítica a la explotación de minerales en la zona, que podría afectar su actividad principal, la agricultura.
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El Poder Judicial condenó a Fernando Rospigliosi por el delito de difamación agravada debido a las expresiones que vertió contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.
El congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso tendrá que comparecer ante un Juzgado por la denuncia de presunta difamación en su contra que presentó la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Luego de que el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi fuera condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación en agravio de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, el miércoles 8 de abril, el partido político Fuerza Popular se pronunció sobre esta medida del Poder Judicial.
“Fernando Rospigliosi ha sido condenado por respaldar a policías y fuerzas del orden que defendieron el orden constitucional frente al intento de golpe de Pedro Castillo”, detalla el comunicado titulado “persecución a la democracia”.
Comunicado publicado por el partido Fuerza Popular en sus redes sociales.
Sin embargo, esta afirmación no se ajusta a lo ocurrido en el proceso judicial. La condena no evaluó la postura de Rospigliosi frente a las fuerzas del orden, sino las expresiones que emitió contra la exfiscal de la Nación y su impacto en su honor y reputación.
¿Por qué Espinoza denunció a Fernando Rospigliosi?
PerúCheck accedió a la querella presentada por el abogado de Delia Espinoza, Julio Huerta, contra Fernando Rospigliosi. En el expediente judicial se solicita su condena por “haber publicado frases difamatorias lesivas a la reputación personal” de la exfiscal, como autor del delito de difamación agravada, tipificado en el artículo 132 del Código Penal.
Las “frases difamatorias” a las que hace referencia la denuncia corresponden a una publicación realizada por Rospigliosi el 7 de julio de 2026 en su cuenta de X, en las que calificó a Delia Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”.
Publicación hecha por el actual congresista y candidato al Senado por Fuerza Popular.
La actividad a la que hace referencia el exmninistro del Interior es una reunión que tuvo la entonces fiscal de la Nación con los familiares de las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte que ocurrieron en 2022 y 2023, casos que eran investigados a través de un grupo especial del Ministerio Público denominado Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. Es importante resaltar que Rospigliosi se ha mostrado a favor de los policías y militares procesados por estos casos. Incluso, es autor del proyecto de ley que pretendía eximir de responsabilidades legales a fuerzas del orden que participaron de estas protestas.
Sobre la afirmación del fujimorista, el abogado de Espinoza detalla que la aseveración de Rospigliosi “en cualquier contexto, resulta lesiva al honor y la buena reputación de cualquier persona, excede los márgenes de la crítica razonable y debe ser sancionada como un delito por lo que representa”.
Querella contra Fernando Rospigliosi interpuesta por la defensa legal de la exfiscal Delia Espinoza. | Fuente: PerúCheck
La condena se centró en la difamación, no en un supuesto respaldo a policías
El 7 de abril del presente año, el Juzgado Supremo Unipersonal de la Corte Suprema realizó el adelanto de fallo contra Rospigliosi, a cargo de la jueza Norma Carbajal Chávez, que hizo hincapié en el conflicto entre el derecho a la libertad de expresión de Fernando Rospigliosi y el derecho al honor de Delia Espinoza. Pero no se discutió la supuesta defensa del candidato en favor de policías ni militares.
“Un cuarto tema relevante es distinguir si se trata de opiniones, juicios de valor o de afirmaciones de hechos, para lo cual hay que tomar en cuenta las circunstancias del caso y el tono general de las palabras. Los hechos o las afirmaciones sobre ello en realidad pueden probarse”, detalló la jueza Carbajal Chávez.
En ese marco, la jueza indicó que el proceso buscaba establecer si las expresiones del congresista constituían juicios de valor protegidos o si, por el contrario, implicaban un uso “abusivo” del derecho a la libertad de expresión.
“En el presente corresponde determinar si las expresiones determinadas por el querellado tuvieron una base fáctica suficiente capaz de acreditar el interés público de las mismas y en consecuencia constituyeron juicios de valor protegidas por la Convención, o por el contrario se trataron de expresiones que implicaron el ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión”, detalló.
Además, cuando la jueza planteó el análisis del caso, no hizo mención de la relación de Rospigliosi y su supuesta defensa a policías y militares, sino a la publicación realizada por el congresista donde llama “aliada del terrorismo y las economías ilegales” a la exfiscal de la Nación.
La sentencia se basó en las acusaciones contra la exfiscal
Durante la audiencia, la jueza afirmó que la conclusión de la sentencia se ha basado en el análisis legal de las afirmaciones vertidas contra Delia Espinoza. Por este motivo, durante la sesión se profundizó la naturaleza de la acusación, la cual se consideró como directa, ya que Rospigliosi mencionó explícitamente a la exfiscal y no presentó evidencia suficiente que respaldara sus afirmaciones.
“Respecto a la importancia de la satisfacción del bien protegido por la libertad de expresión, en este caso advertimos que se ha materializado en exceso, toda vez que se expresó que la querellante sería una persona coligada al terrorismo y a actividades económicas que operan al margen de la legalidad como entre otras el tráfico de drogas y la minería ilegal”, dijo.
De este modo, la sentencia se fundamentó exclusivamente en el análisis de estas afirmaciones y su impacto, sin relación alguna con la postura política o el supuesto respaldo a policías y militares.
Incluso, la lectura de adelanto de fallo hizo referencia al delito de difamación y no a la defensa de policías y militares.
El delito de difamación se sustenta ante la falta de pruebas y no por respaldar a otras personas
PerúCheck se comunicó con el abogado Rodolfo Pérez, del equipo de la defensa legal de Delia Espinoza a cargo de los procesos de inhabilitación en el Congreso de la República, quien mencionó que la sentencia analizó la falta de pruebas de parte de Fernando Rospigliosi.
“Él dice que ha ejercido su libertad de expresión y que lo ha hecho como autoridad del Congreso. El tema es que no está en discusión ello. Aquí el asunto es que si en esa crítica puede afirmar que la doctora es aliada de terroristas y de las economías ilegales. ¿El señor Rospigliosi ha presentado alguna evidencia de que los integrantes de la asociación de víctimas de las protestas contra Dina Boluarte en 2022 y 2023 sean terroristas o gestionen economía ilegal? Si no era así, entonces no lo puede afirmar”, explicó.
De acuerdo con el especialista, al no tener pruebas sobre los vínculos con delitos graves, surge la sustentación para probar la existencia de un delito de difamación.
Por su parte, el abogado Roberto Pereira, especialista en libertad de expresión, explicó a este medio que las frases evaluadas en el proceso fueron aquellas en las que se calificó a Delia Espinoza como una fun7cionaria vinculada al crimen, además de otros calificativos personales. Por ello, el análisis del Poder Judicial se centró en determinar si estas expresiones estaban protegidas por la libertad de expresión o si constituían un exceso.
Asimismo, explicó que el centro del debate jurídico fue el equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, lo que confirma que la sentencia no estuvo vinculada a la postura política del congresista, sino al contenido de sus declaraciones.
“Lo que se discute es si esas expresiones tienen sustento y si se mantienen dentro de los límites de la crítica. No se discute si defendió o no a la policía”, enfatizó Pereira.
Antecedente: Fuerza Popular impulsó cambios en el delito de difamación
El propio partido Fuerza Popular ha promovido iniciativas legislativas para reforzar los castigos relacionados al delito por el cual se condenó a Fernando Rospigliosi. En 2018, el grupo parlamentario, a iniciativa del entonces congresista Carlos Alberto Domínguez Herrera, presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 132 del Código Penal, referido a la difamación.
Se trata del Proyecto de Ley 03990/2018-CR que planteaba endurecer las sanciones, especialmente cuando el delito se comete a través de medios de comunicación o redes sociales, como lo hizo el propio Rospigliosi. En ese caso, se establecía una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, además de días-multa e inhabilitación.
Proyecto de ley presentado por el fujimorismo para endurecer las penas por el delito de difamación.
PerúCheck intentó comunicarse con los miembros de Fuerza Popular y con el congresista Rospigliosi para obtener sus descargos, pero hasta el cierre de esta nota no se registró respuesta.
Conclusión
El Poder Judicial condenó a Fernando Rospigliosi por el delito de difamación agravada debido a las expresiones que vertió contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. El proceso se centró en determinar si dichas afirmaciones afectaron su honor y reputación, y no en una supuesta defensa de policías o fuerzas del orden, como señaló en un reciente comunicado el partido Fuerza Popular. Por estos motivos, PerúCheck califica el contenido del pronunciamiento como falso.
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El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, advierte que recién el lunes tendremos la gloriosa certeza de quiénes pasan a segunda vuelta. Mientras tanto, la ciudadanía debe resistir la tentación de creer todo lo que se desborda en redes sociales, ese vertedero de “fake news” que tanto daño hace a la democracia, y confiar en los observadores, que para algo están.
El proceso es complejo, la cédula enorme, y las cinco votaciones simultáneas harían sudar hasta al mismo presidente del JNE, por no hablar de los posibles recuentos y recursos legales que podrían alargar el suspenso varios días. Henzler nos ruega no repetir los errores de 2021, cuando muchos cayeron en narrativas de fraude sin sustento. Eso sí, este año hay vigilancia histórica: más de 4 mil voluntarios, 500 observadores internacionales, la OEA, la Unión Europea y hasta el Centro Carter.
Y si hubiera fraude de verdad, ¿como en Venezuela o Bolivia?, ya se encargarían ellos de gritarlo a los cuatro vientos. Pero mientras tanto, a respirar hondo y no difundir cifras mágicas antes del flash electoral.
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“Los presidentes han sido otros”. Con esa frase, Keiko Fujimori ha intentado convencer, por última vez antes del cierre de campaña electoral, de que es la mejor opción. Pese a tres derrotas consecutivas, insiste en que siempre buscan responsabilizarla de la inestabilidad del Perú, como si su partido hubiera estado de paseo todo este tiempo y no con un pie bien plantado en el poder.
Según su versión, desde que el fujimorismo no ocupa la presidencia, el país ha quedado en pausa por la mala gestión de los gobiernos de turno. Y claro, la solución, según ella, sería desempolvar la receta de siempre: las viejas medidas de su padre, como los jueces sin rostro o los operativos al estilo del temido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Incluso dejó entrever que, si es necesario romper tratados internacionales para combatir la inseguridad, no tendría problema en hacerlo. Total, cuando el discurso aprieta, las reglas parecen estorbar.
Keiko cerró su campaña como mejor sabe: prometiendo el regreso de las “3 cervezas por 10 soles”. Además, bailando con agrupaciones de cumbia —muchas de ellas golpeadas por la extorsión— y repartiendo táperes, como en los viejos tiempos para no perder la costumbre..
Las ganas de ponerse la banda presidencial están más vivas que nunca. ¿Qué dicen ustedes?
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El candidato presidencial por Perú Primero, Mario Vizcarra, denunció la permanencia de su hermano, Martín Vizcarra, en prisión pese a un reciente fallo a su favor. El candidato explicó que según se habría determinado, el pasado primero de abril debió ser liberado. Según dijo, las autoridades judiciales no ejecutaron su liberación por fines políticos, tras nueve días de emitida la resolución.
En su llegada a Arequipa, aseguró que espera hasta después de las elecciones para liberarlo. Atribuyó la demora y la restricción de las visitas a un presunto miedo por parte del sistema actual ante la posible salida del exmandatario.
Vizcarra enfatizó que el proceso judicial contra su hermano ha sido irregular y carente de sustento tras catorce años de procesos. Reiteró que el sistema judicial recibió una corrección directa por parte de una sala superior debido a dictámenes injustos.
Respecto a la situación del otro expresidente, Mario Vizcarra se mostró abierto a la posibilidad de un indulto para el expresidente Pedro Castillo. Afirmó que, de llegar a la presidencia, revisaría las razones legales de su reclusión, pues indicó que su excarcelación fue parte de un abuso de autoridad. Precisó que cualquier decisión final dependería de un informe previo de una comisión evaluadora responsable.
Proyectos mineros y gestión de recursos
Respecto a propuestas, Vizcarra destacó quecondicionaría el desarrollo de Tía María a que la empresa utilice exclusivamente agua de mar. Sostuvo que no firmará documentos para proyectos mineros que no cuenten con la aprobación de la totalidad de la comunidad. También aseguró que en su gestión destrabaria proyectos de importancia como el gasoducto andino y el proyecto Majes-Siguas.
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CASI SE VAN A LOS GOLPES | En Arequipa, ciudadanos rechazaron a los candidatos a senadores y diputados de Fuerza Popular. La marcha fue pifiada por la gente, que lanzó duros calificativos como “borregos” a los fujimoristas.
Incluso, el candidato al Senado Regional, Mauricio Arenillas, se enfrentó a otro ciudadano, a quien mandó a callar por intentar agredirlo.
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Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
GRANDES AMIGOS | Ricardo Belmont confirmó en uno de sus pódcast la fuerte cercanía que tenía con Dina Boluarte. Afirmó que le tenía mucho más aprecio que a Pedro Castillo, debido a que coincidieron en la misma campaña cuando él postuló a la alcaldía de Lima.
En su momento, la hoy expresidenta también elogió a Belmont como la mejor opción política para Lima. Años después, Belmont la acusó de traidora y de haberse olvidado del aprecio que ambos se tenían apenas llegó al poder.
Esta relación ha saltado en redes sociales debido a la reciente popularidad que tiene Belmont en lo últimos dias de campaña. Durante su cierre en la Plaza San Martín, el candidato consiguió un fuerte respaldo popular buscando conectar con el público apelando a frases populares en América Latina, incluso evocando el conocido lema del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador: “abrazos y no balazos”, en referencia a su enfoque frente a la inseguridad.
El evento congregó a simpatizantes y curiosos, y Belmont aprovechó el momento para reforzar sus propuestas en materia de seguridad ciudadana y apoyo al sector agrario, dos de los ejes principales de su campaña. Además, recordó sus anteriores victorias como alcalde de Lima, intentando proyectar una imagen de experiencia y liderazgo de cara a las elecciones.
Sin embargo, no todo fue respaldo. En medio del mitin también surgieron cuestionamientos, ya que algunos asistentes señalaron que habrían sido llevados por el propio partido, lo que generó dudas sobre la espontaneidad del apoyo mostrado en la plaza. Este tipo de denuncias ha alimentado el debate en redes sociales sobre la real convocatoria del candidato en su cierre de campaña.
Pese a ello, Belmont se mostró confiado y reiteró su intención de alcanzar la presidencia, insistiendo en que su candidatura representa una alternativa frente a los partidos tradicionales.
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La falta de concursos, recursos adecuados y capacitación docente pone en riesgo la formación de futuros maestros y limita oportunidades para miles de jóvenes
PASÓ EN EL Perú | Miles de estudiantes y docentes en Ayacucho enfrentan serias carencias en infraestructura, presupuesto educativo y condiciones laborales, afectando directamente la calidad del servicio educativo. Ante este escenario, gremios y especialistas demandan a las nuevas autoridades priorizar inversión, cumplimiento de derechos y políticas claras que respondan a las necesidades del sector.
La falta de concursos, recursos adecuados y capacitación docente pone en riesgo la formación de futuros maestros y limita oportunidades para miles de jóvenes. Frente a las elecciones, el sector educativo exige decisiones urgentes que garanticen una educación digna, inclusiva y adaptada a la realidad regional de Ayacucho.
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El Decreto Supremo N° 054-2025-PCM prohíbe a los servidores públicos realizar o participar en actividades de proselitismo político durante el ejercicio de la función pública
Manuel Vera Paredes acudió el miércoles a un evento en el local Manzanitos, en horario de oficina, y durante su discurso alentó a los presentes a votar por el candidato al Senad,o Marco Falconí, lo que podría constituir una infracción al deber de neutralidad política establecido en la ley de ética pública.
En un video difundido recientemente, se observa que el burgomaestre fue recibido con gran entusiasmo por los asistentes. Durante su discurso, el alcalde dio la bienvenida al candidato al Senado por Arequipa, Marco Falconí, a quien calificó como «un amigo que tiene un calor humano».
«Permítanme darle la bienvenida al doctor Falconi, un amigo que tiene un calor humano y que el día de hoy nos visita para poder consolidar ese deseo de cumplir con el desarrollo no solamente del distrito de Cerro Colorado, sino de toda Arequipa», expresó Vera Paredes.
Posteriormente, el alcalde alentó a los presentes a votar por Falconí, olvidando por completo que, como servidor público, tiene la obligación de mantener neutralidad electoral.
Lo que establece la ley
Según el Decreto Supremo N° 054-2025-PCM, dispuesto en el numeral 1 del artículo 7 de la Ley N° 27815 (Ley del Código de Ética de la Función Pública), el servidor público tiene, entre otros, el deber de neutralidad, que implica actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia de sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones.
Lo ocurrido en el video contraviene las normas de neutralidad política aplicables a los servidores públicos. Vera Paredes es precandidato a la alcaldía provincial de Arequipa por Fuerza Arequipeña, movimiento liderado por Falconí.
Horario de oficina y proselitismo político en Arequipa
El evento se realizó en horario de oficina, lo que significa que el alcalde debía encontrarse laborando, a menos que hubiera solicitado licencia para ausentarse de sus funciones. Sin embargo, el numeral 6.5 del Decreto Supremo N° 054-2025-PCM prohíbe expresamente a los servidores públicos «realizar o participar en actividades de proselitismo político durante el ejercicio de la función pública. Dicha prohibición comprende el horario de trabajo (en actividades presenciales o virtuales), mientras permanezcan en los locales institucionales y durante las comisiones de servicio.»
Posibles consecuencias
Frente a los hechos cometidos por parte del alcalde, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá evaluar las acciones del alcalde y señalar si actuó en contra de la imparcialidad electoral, así como también verificar si presentó licencia para ausentarse de sus actividades durante el desarrollo del evento.
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El bloqueo se registró en el sector Infiernillo, en el distrito de San Mateo de Huanchor, generando congestión y obligando a los conductores a avanzar con extrema precaución
PASO RESTRINGIDO | Un deslizamiento de rocas interrumpió el tránsito vehicular en la Carretera Central, a la altura del kilómetro 97, en la provincia de Huarochirí (sierra de Lima), durante este jueves.
El bloqueo se registró en el sector Infiernillo, en el distrito de San Mateo de Huanchor, generando congestión y obligando a los conductores a avanzar con extrema precaución por un costado. En la zona, personal de emergencia y mantenimiento trabaja para despejar la vía y restablecer el tránsito lo antes posible.
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El candidato al Senado por Arequipa, Ángel Hualpa Bendezú planteó eliminar el programa Beca 18 y redirigir ese presupuesto a la construcción de universidades nacionales y la capacitación docente.
Según explicó, el objetivo es mejorar el acceso a la educación superior mediante un sistema que permita a los estudiantes ingresar a la universidad en función de su rendimiento académico. Sostuvo que fortalecer la educación básica y la formación de docentes permitiría elevar el nivel educativo sin necesidad de mantener el programa de becas.
El candidato también planteó incluir la educación sexual desde los primeros años escolares, con el fin de que los estudiantes cuenten con información para prevenir riesgos.
Finalmente, cuestionó el incremento de pasajes en el Sistema Integrado de Transporte (SIT) y atribuyó esta situación a la falta de control en la distribución de combustibles.
Proyecto Corío y Tía María entre las propuestas económicas para Arequipa
El proyecto de puerto Corío es uno de los ejes centrales de la propuesta económica de Hualpa. Según indicó, este hub logístico permitiría establecer una conexión comercial con Brasil, facilitando el acceso a insumos como la soya y reduciendo costos en la producción de alimentos como pollo, huevos y leche.
El candidato sostuvo que este desarrollo tendría un impacto significativo en la economía del sur del país, con una proyección de hasta 2.5 millones de puestos de trabajo y el impulso de procesos de industrialización en sectores agropecuarios y mineros.
En relación con el proyecto minero Tía María, planteó la necesidad de revisar el contrato vigente y fortalecer los mecanismos de fiscalización ambiental. Indicó que existen preocupaciones de los productores locales respecto a posibles impactos ambientales.
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En medio del ambiente electoral, algunos candidatos optaron por propuestas sin espectáculos, mientras otros priorizaron el entretenimiento como estrategia
PASÓ EN EL Perú | El cierre de campaña electoral en Chiclayo mostró contrastes entre candidatos presidenciales, donde solo algunos lograron convocar público mientras otros apostaron por espectáculos musicales para atraer asistentes. César Acuña y Keiko Fujimori destacaron con mítines acompañados de orquestas de cumbia, mientras otros candidatos realizaron actividades más discretas o con menor asistencia.
En medio del ambiente electoral, algunos candidatos optaron por propuestas sin espectáculos, mientras otros priorizaron el entretenimiento como estrategia para captar la atención del electorado. El caso más llamativo fue el de Carlos Álvarez, quien cerró campaña con poca asistencia, pero recurrió a la imitación de sus contendores.
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Político expresó su rechazo a las últimas reformas del Congreso. | IMAGEN: Ruth Adely Llamocca/El Búho
Aún hay gente que recuerda todas las perlas de Ricardo Belmont y Fernando Olivera es uno de ellos. Luego que el hermanón cabeceador dijera que convertiría a Popy en ministro de Justicia en un eventual gobierno suyo, el terror de Alan García le puso freno sin dudarlo. En una entrevista para RPP, Olivera criticó que el octogenario candidato presidencial actúe como mandatario electo y ya ande repartiendo cargos.
Además, dijo que mantiene diferencia con Belmont, por loo que descartó una alianza. Por el contrario, recalcó que se mantiene firme en su candidatura y rechazó que se intente confundir a sus votantes. Parece que Ricardo Belmont no olvida sus viejas mañas.
¿Y la plata de RBC para cuando, hermanón?
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Guevara cuestiona el sistema político peruano y demanda un consenso nacional. | IMAGEN: Gob.pe
En una entrevista con Curwen, en el programa de streaming Brutalidad Política, el candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, mientras relataba sus logros como gobernador regional de Cajamarca (2019-2022), aseguró que “Cajamarca fue, en el manejo del Covid, el que menos muertos tuvo”.
No obstante, una revisión de los datos oficiales del Ministerio de Salud desmiente esta afirmación.
Cajamarca tiene una posición intermedia en fallecidos por COVID-19
De acuerdo a la filtración de datos por departamento, Cajamarca reportó 4,632 fallecidos por el virus. Esta cifra está lejos de ser la más baja a nivel nacional. Por el contrario, varias regiones presentan cifras significativamente menores, entre ellas Madre de Dios (893), Pasco (1,141), Huancavelica (1,303), Amazonas (1,410), Abancay (1,701), Moquegua (1,723) y Tumbes (1,774).
Incluso regiones con menor población o menor conectividad registraron menos fallecidos que Cajamarca. En el ranking nacional, Cajamarca se ubica en una posición intermedia, no entre las regiones con menor mortalidad.
Gráfica: PerúCheck, con datos del Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Minsa
Muertos por COVID-19 en Cajamarca entre el 2019 y 2022
El artículo científico ‘Mortalidad por COVID-19 en las regiones del Perú entre la primera y la quinta ola pandémica’, publicado en Revista Peruana de Ciencias de la Salud el 3 de octubre de 2023, tampoco respalda la afirmación de Guevara.
La investigación, realizada por Sthefani Fabian Moya y Luz Zegovia Santos, recoge información de la base de datos abiertos del Minsa durante el periodo 2020-2022, años en los que que Mesías Guevara se desempeñó como gobernador regional de Cajamarca.
Según el estudio, durante la primera y quinta ola, “se reportó mayor mortalidad en la macroregión Lima con un 49%, conformada por Lima, Lima Provincias y el Callao; seguido del norte con un 21.7%, conformado por los departamentos de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes”. La zona centro registró un 12%, el sur alcanzó un 11.7%; y, finalmente, el oriente tuvo un 5.7%.
Este dato refuerza que Cajamarca no destacó por tener una de las menores cifras de fallecidos, sino que formó parte de una de las zonas con mayor impacto relativo de la pandemia.
Foto: cuadro extraído de artículo científico
PerúCheck se ha intentado comunicar con el candidato del Partido Morado, pero hasta el cierre de esta nota, no ha obtenido respuesta.
Conclusión
Si bien Cajamarca no se encuentra entre las regiones con mayor número de fallecidos, tampoco fue la que menos muertes registró durante la pandemia. Los datos oficiales del Minsa muestran que varias regiones tuvieron cifras considerablemente menores. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación de Mesías Guevara como falsa.
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PerúCheck está integrado por una alianza de medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana y aliados de varias regiones del Perú que colaboran en la distribución de contenido mediante sus plataformas digitales, impresas y televisivas. El Búho es aliado de esta iniciativa.
“Los presidentes han sido otros”. Con esa frase, Keiko Fujimori ha intentado convencer, por última vez antes del cierre de campaña electoral, de que ella es la mejor opción para el país. Pese a tres derrotas consecutivas, insiste en que siempre buscan responsabilizarla de la inestabilidad del Perú, como si su partido hubiera estado de paseo todo este tiempo y no con un pie bien plantado en el poder.
Según su versión, desde que el fujimorismo no ocupa la presidencia, el país ha quedado en pausa por la mala gestión de los gobiernos de turno. Y claro, la solución, según ella, sería desempolvar la receta de siempre: las viejas medidas de su padre, como los jueces sin rostro o los operativos al estilo del temido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Incluso dejó entrever que, si es necesario romper tratados internacionales para combatir la inseguridad, no tendría problema en hacerlo. Total, cuando el discurso aprieta, las reglas parecen estorbar.
Keiko cerró su campaña como mejor sabe: prometiendo el regreso de las “3 cervezas por 10 soles”, bailando con agrupaciones de cumbia —muchas de ellas golpeadas por la extorsión— y repartiendo táperes, como en los viejos tiempos para no perder la costumbre..
Las ganas de ponerse la banda presidencial están más vivas que nunca. ¿Qué dicen ustedes?
Fernando Olivera rechaza alianza con Ricardo Belmont: ¿Sabes qué, hermanón? No te confundas
Aún hay gente que recuerda todas las perlas de Ricardo Belmont y Fernando Olivera es uno de ellos. Luego que el hermanón cabeceador dijera que convertiría a Popy en ministro de Justicia en un eventual gobierno suyo, el terror de Alan García le puso freno sin dudarlo. En una entrevista para RPP, Olivera criticó que el octogenario candidato presidencial actúe como mandatario electo y ya ande repartiendo cargos. Además, dijo que mantiene diferencia con Belmont, por loo que descartó una alianza.
Por el contrario, recalcó que se mantiene firme en su candidatura y rechazó que se intente confundir a sus votantes. Parece que Ricardo Belmont no olvida sus viejas mañas. ¿Y la plata de RBC para cuando, hermanón?
Presidente de Transparencia pide a votantes tener cautela ante fake news en redes sociales
El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, advierte que recién el lunes tendremos la gloriosa certeza de quiénes pasan a segunda vuelta. Mientras tanto, la ciudadanía debe resistir la tentación de creer todo lo que se desborda en redes sociales, ese vertedero de “fake news” que tanto daño hace a la democracia, y confiar en los observadores, que para algo están.
El proceso es complejo, la cédula enorme, y las cinco votaciones simultáneas harían sudar hasta al mismo presidente del JNE, por no hablar de los posibles recuentos y recursos legales que podrían alargar el suspenso varios días.
Henzler nos ruega no repetir los errores de 2021, cuando muchos cayeron en narrativas de fraude sin sustento. Eso sí, este año hay vigilancia histórica: más de 4 mil voluntarios, 500 observadores internacionales, la OEA, la Unión Europea y hasta el Centro Carter. Y si hubiera fraude de verdad, ¿como en Venezuela o Bolivia?, ya se encargarían ellos de gritarlo a los cuatro vientos.
Pero mientras tanto, a respirar hondo y no difundir cifras mágicas antes del flash electoral.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Comunicado publicado por el partido Fuerza Popular en sus redes sociales.
Gráfica: PerúCheck, con datos del Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Minsa
