AGENDA REGIONAL | El precandidato a la segunda vicepresidencia por la Alianza Venceremos, Alberto Quintanilla, reconoció el rol de Julio Velarde en mantener la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, cuestionó que ese crecimiento no se haya convertido en bienestar para la mayoría de peruanos. Mira el programa completo aquí https://www.youtube.com/watch?v=AEBDkepnhDE #elecciones2026 #elecciones2026peru […]
AGENDA REGIONAL | El precandidato a la segunda vicepresidencia por la Alianza Venceremos, Alberto Quintanilla, reconoció el rol de Julio Velarde en mantener la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, cuestionó que ese crecimiento no se haya convertido en bienestar para la mayoría de peruanos.
Mira el programa completo aquí https://www.youtube.com/watch?v=AEBDkepnhDE
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El proceso electoral será escenario de múltiples polarizaciones y confrontaciones; todos contra todos, adversarios contra adversarios, aliados contra aliados. Muchos, más que ganar, querrán extinguir, al contrario. No será una competencia sana, donde gana el mejor, se proyecta una de destrucción de rivales, donde gana el o la peor. Estarán las tradicionales confrontaciones entre izquierdas y derechas que no ayudan nada, los acostumbrados enfrentamientos de desprecio cultural, etnocentrismo y racismo entre acomplejados que se ven “blancos” sin serlo y los serranos y cholos del Perú profundo y no tan profundo. Estará la histórica confrontación de Lima contra las provincias, sobre todo, del sur del país. Se añadirán otras, más que nuevas, abiertamente aceptadas, entre grupos de poder incluídas sus mafias criminales.
Tendremos confrontaciones, “a muerte”, incluso, dentro de un mismo espectro político. La genética división y confrontación de las izquierdas hoy será transversal, más notoria en la derecha y avivada en el centro. La variada confrontación diestra, ha roto fuegos, los reflectores están centrados en el enfrentamiento entre Keiko y porky, keikismo versus porkismo. El Perú no está ni estará, digan lo que digan, en su interés prioritario.
El Keikismo es el fujimorismo empeorado, no mejorado; es el mismo fujimorismo autoritario que ha destruido, en la última década, desde el congreso, “los logros” económicos de su fundador Alberto. Además de mantener viva su vocación dictatorial, desprecio por los derechos humanos, ha destruido los pilares del “milagro económico” peruano. Hasta la constitución fujimorista de 1993 la ha convertido, con tanto cambio, en un mamarracho institucional. El fujimorismo de Keiko es destrucción democrática, acompañada de mercantilismo corrupto que desprecia el desarrollo económico nacional en beneficio de intereses económicos de grupos de poder formales y criminales.
El keikismo es el aparato político más estructurado y con líderes nacionales, regionales y locales en el país. No es mayoritario, es la minoría que, perdiendo las elecciones, gobierna el Perú. Keiko es la política más exitosa en los últimos 20 años, ha credo un partido, que le permite gobernar, desde el congreso, perdiendo elecciones. Cada campaña, es su negocio, “emprendimiento”, “hace caja”, logra una “bankada” parlamentaria, que convierte en maquinaria de articulación de aliados o chaira extorsiva para gobernar. Papá Fujimori gobernaba ganando elecciones desde el ejecutivo, su heredera, gobierna perdiendo elecciones presidenciales desde el congreso. El Keikismo es el representante de los grupos de poder económico legales y formales, hoy también, de los informales y criminales. El Keikismo, un fujimorismo empeorado, entra al proceso electoral con la virulencia de siempre, ahora va acompañado de aliados criminales sumados en su gobierno con Dina y Jerí.
El Porkismo es aliado gubernamental del keikismo, conjuntamente con otros perdedores de las elecciones del 2021, han sido gobierno con Dina y son gobierno con Jerí. El porkismo es mercantilismo conservador autoritario, nada liberal ni democrático; es un “castañedismo empeorado”, mantiene las malas prácticas de Solidaridad Nacional sin la capacidad gestora de su fundador. El mudo que “roba y hace obras” fue reemplazado por un “locuaz disfémico”, endeudador municipal sin obras.
El porkismo, autoproclamado defensor de la vida y familia, puede pedir muerte para sus adversarios o “cargarse” a sus críticos incómodos; auspicia grupos de agresión pública a quienes cuestionan sus acciones. El Porkismo de Renovación Popular es solo cambio de nombre y color del “castañedismo empeorado” de Solidaridad Nacional. Está construyendo una estructura nacional con líderes regionales y locales jalados de otros partidos y movimientos o con aliados cuya garantía de lealtad durará lo que duren las elecciones. Tiene un grupo sólido, obsecuente, ultramontano, dispuesto a “inmolarse”, pero nada comparable al fujimorismo de Keiko.
Keiko esperó “su liberación” por el Tribunal Constitucional para lanzar su candidatura presidencial. A tres días de la resolución del TC, lanzó su candidatura y plancha presidencial en Trujillo. Ella ha terminado absuelta, ni menos declarada inocente, el TC la ha sacado de sus procesos penales por una puerta falsa. Su inmediato lanzamiento busca recuperar el espacio que le quitaba porky mientras ella no estaba en campaña. En su cuarta candidatura presidencial, al único que criticó, fue a Porky; éste, para variar, piso el palito, la llamó “vaga”, “perdedora” y que no se quedará pasivo “porque manco no es”. No tengo dudas que el keikismo recuperará su espació cada vez más reducido. Tampoco tengo dudas que el porkismo disminuido se endurecerá más en su interna. Tendremos un enfrentamiento, en el mismo espacio político de la derecha, a lo bruto, a lo achorado.
Ese enfrentamiento entre keikismo y porkismo eclipsará, en la derecha, otras candidaturas menores que promueven un discurso, propuesta y confrontación similar, si no son capaces de construir algo propio y diferente. Candidaturas como las de Phillip Butters y Carlos Álvarez, que se aferran a ese espacio político, corren el riesgo de no crecer y despegar para mostrarse como los “outsideres” de la derecha. Otras candidaturas de derecha, articuladas en la mafia que gobierna desde el congreso, al no tener candidatos convocantes o propios, como Keiko y Porky, cargarán el desprecio ciudadano por haber provocado la destrucción nacional de los últimos años. Ahí están, APP de Acuña, AP y sus “niños”, Podemos de Pepe Luna, Somos Perú de Jerí. A ellos se sumarán los partidos tradicionales reinscritos como el APRA y un escondido PPC en una alianza.
La “derecha nueva”, ilustrada, liberal, no achorada, representada en Libertad Popular con Rafael Belaúnde y Sí Creo con Carlos Espá, deberá bregar contra varios retos: enfrentarse a la DBA que ha canibalizado su espacio político, construir una propuesta de progreso nacional tan ajena a su historia, procurar un espacio popular cooptado por el keikismo y porkismo y sacudirse de la imagen de ser eternos candidatos de los grupos de poder económico sin ninguna visión nacional. Ese enfrentamiento también tendrá impacto en la reducida izquierda y el confuso centro despoblado de los cuales escribiremos pronto.
Keikismo y Porkismo, saben que, incluso juntos, son una minoría entre otras minorías. También saben que el ganador, quien sea, tendrá escasa representatividad ciudadana y una naciente ilegitimidad gubernamental. Pero han aprendido, demostrado y disfrutado, que aun perdiendo las elecciones presidenciales, pueden gobernar desde el congreso. Quizá Porky, postula también al parlamento, para desde ahí, vacar o renunciar al futuro presidente ganador de las elecciones. Seguro Keiko, sin trabajar en el congreso, querrá seguir gobernando desde la sombra, con una bankada afiatada y doblegada a su liderazgo. El enfrentamiento entre keikismo y porkismo, disfrazado de contienda presidencial, es por ganar y tener mayor representación en el congreso y, desde el, seguir gobernando. El pleito electoral, será solo eso, electoral, pasadas las elecciones volverán a aliarse, mafiosamente, en el congreso y gobierno, para seguir gobernando. Siempre que los peruanos lo permitamos.
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Abogado, catedrático y político peruano nacido en Amazonas Fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Ollanta Humala y ministro de Vivienda en el gobierno de Alejandro Toledo.
La vacada expresidenta Dina Boluarte está pidiendo al Congreso que gestione su pensión vitalicia y otros beneficios que le corresponderían por ley. Foto: Latina
Dina Boluarte, la expresidenta vacada por el Congreso, envió una solicitud al presidente encargado de esta institución para que inicie el trámite que le permita acceder a una pensión vitalicia por los dos años y 10 meses que ostentó el cargo y otros beneficios asignados a expresidentes.
En la carta que remitió a Fernando Rospigliosi, la exmandataria dice, “en mi condición de expresidenta constitucional de la República, le solicito disponga se me otorgue la pensión establecida en la Ley 265191…y se me asignen los beneficios logísticos y de persona señalados en el Acuerdo de Mesa Directiva Número 78 del 2016”, reveló Cuarto Poder.
Aunque solo haya estado por menos de tres años como presidenta y haya sido vacada en el cargo, por incapacidad moral permanente, Boluarte Zegarra tendría además, “un vehículo oficial de por vida, que estará a su disposición sin restricciones, además de personal de seguridad permanente”, de acuerdo a ley.
Como se recuerda, tres meses antes de que la vacaran el 10 de octubre de 2025 y dejar el cargo, Dina Boluarte solicitó y logró que sus propios funcionarios aprobaran un incremento en su salario, por más del doble. De ganar S/15.600 pasó a recibir S/35.568 mensuales, que ahora significaría una pensión vitalicia mayor para ella.
La misma norma determina que se le asigne “un trabajador a su disposición, contratado bajo la modalidad CAS, con un sueldo de S/3.700 mensuales, la cual ella misma podrá escoger y que estaría dedicada a su servicio directo y que considere parte de su ‘apoyo’”.
Tendrá, además como beneficio, 150 galones de gasolina mensuales, que en dinero equivale entre S/2.200 y S/2.500.
En el informe, Martín Cabrera Marchán, especialista en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios, al consultarle, dijo que, no existen restricciones, “en tanto no haya una acusación constitucional aprobada por el Congreso. Si la hubiera, así lo dice la ley que ella misma ha citado, se entiende que se suspendería hasta que la sentencia que se emita sea no condenatoria”, explicó.
«Todo le correspondería de por vida»
A Dina Boluarte le correspondería entonces una remuneración, una pensión, dos agentes de seguridad del Estado para salvaguardar su integridad. Un asesor, un vehículo también y mantener acceso al seguro de salud privado que mantuvo en el periodo de presidenta, todo eso de por vida, refirió el especialista.
Cabrera Marchán sobre la ley 28212, agregó que, en el caso específico del presidente de la república determina que la pensión la fija el Consejo de Ministros “en un monto superior de los congresistas y no será mayor a 10 Unidades de Ingreso del servicio público lo que equivale a 2.600 soles, es decir, 26 mil soles por mes”.
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Pese a su reconocida riqueza artística, Ayacucho enfrenta una severa crisis en infraestructura cultural. Espacios que fueron clave para el desarrollo del teatro y otras disciplinas escénicas hoy están abandonados, convertidos en almacenes o restringidos prácticamente al desuso. Para gestores culturales como Iván Flores, esta situación constituye un “asesinato al teatro”. En la Universidad de […]
Pese a su reconocida riqueza artística, Ayacucho enfrenta una severa crisis en infraestructura cultural. Espacios que fueron clave para el desarrollo del teatro y otras disciplinas escénicas hoy están abandonados, convertidos en almacenes o restringidos prácticamente al desuso. Para gestores culturales como Iván Flores, esta situación constituye un “asesinato al teatro”.
En la Universidad de Huamanga, el antiguo auditorio universitario —antes equipado para obras y cine— permanece convertido en depósito. El Aula Magna de la ex UPA está subutilizada, el cine teatro Municipal perdió la mayor parte de sus butacas y equipamiento, y el histórico Cine Teatro Cavero terminó vendido a una congregación religiosa. Incluso infraestructuras más recientes, como el Centro Cultural Pedro Gual, se encuentran deterioradas y sin uso regular.
A ello se suma, según Flores, una falta de voluntad institucional para promover el arte. Señala que los organismos responsables de fomentar la cultura no impulsan actividades propias, desestiman proyectos presentados por artistas y priorizan espectáculos ajenos a la formación cultural. Esta situación desalienta a los jóvenes talentos y limita la creación de espacios alternativos.
Pese al reconocimiento de Ayacucho como “ciudad creadora de arte” por la UNESCO, gestores advierten que este título podría perderse si persiste el abandono. Mientras tanto, artistas independientes continúan trabajando con recursos propios para sostener viva la actividad cultural en la región.
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Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Al menos tres listas de candidatos a rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) exigieron la renuncia inmediata de los miembros del Comité Electoral Universitario (CEU), a quienes acusan de mantener en carrera al postulante Eli Teobaldo Caro Meza pese a un fallo judicial que cuestionó su participación. Las listas […]
Al menos tres listas de candidatos a rector y vicerrectores de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) exigieron la renuncia inmediata de los miembros del Comité Electoral Universitario (CEU), a quienes acusan de mantener en carrera al postulante Eli Teobaldo Caro Mezapese a un fallo judicial que cuestionó su participación.
Las listas opositoras denunciaron que la ratificación de la candidatura del exvicerrector académico —mediante el voto dirimente del presidente del CEU, José Vilcapoma Chambergo— constituye un desacato a la orden judicial y ha generado un clima de inestabilidad y desconfianza en el proceso electoral.
Listas que exigen la dimisión del CEU
La Lista 7 «Calidad 2030», cuyo candidato a rector es el docente Carlos Prieto Campos, emitió un pronunciamiento en el que demanda la “inmediata renuncia de los miembros del Comité Electoral”. Manifestó su “total disconformidad y rechazo” por la forma en que se conduce el proceso electoral, lo cual ya provocó la intervención del Poder Judicial para corregir al CEU.
La lista argumenta que la renuncia de los miembros del Comité es necesaria para evitar “más incertidumbre e inestabilidad” en la universidad.
La lista Alianza para el Desarrollo Universitario (ADU UNCP), liderada por el catedrático Rodolfo Tello, expresó su “rotundo y absoluto rechazo” a los acuerdos del CEU, señalando que el comité incurrió en arbitrariedad y cometió un “abierto desacato a una orden judicial”.
Por ello, exigió que el CEU cumpla el mandato del Juzgado Constitucional de Huancayo de excluir al candidato Eli Caro, impedido por la Ley Universitaria. La lista subrayó que la autonomía del CEU “no es absoluta”y debe respetar las leyes y las decisiones judiciales.
A su vez, la Lista N.º 2 Eco Smart, encabezada por Ciro Abelardo Espinoza Montes, responsabilizó al presidente del CEU, José Vilcapoma, y a quienes respaldaron la ratificación de los “efectos negativos, conflictos internos y pérdida de autonomía” que podrían generarse debido al “desacato legal perpetrado el 13 de noviembre y el incumplimiento de la sentencia”.
El conflicto se agravó luego de que el Comité Electoral emitiera la Resolución N.º 004-2025-CEU/UNCP, el 13 de noviembre de 2025. Dicho documento dio cumplimiento a la sentencia del Juzgado Constitucional, que ordenó renovar el acto de la Sesión Extraordinaria para evaluar la tacha presentada contra Eli Teobaldo Caro Meza, tomando en cuenta los fundamentos del fallo.
La votación terminó en un empate: cuatro votos a favor de declarar fundada la tacha y cuatro votos por declararla infundada. El presidente José Vilcapoma Chambergo utilizó su voto dirimente para optar por declarar infundada la tacha. Como resultado, el CEU declaró hábil la lista encabezada por Caro Meza.
En su resolución, el Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo declaró fundada en parte la Acción de Amparo presentada por Hermes Amadeo Rosales Papa, candidato de la lista “Universidad 4.0”. El fallo determinó que el CEU vulneró:
el principio de legalidad,
la jerarquía normativa,
y el debido proceso en sede administrativa.
La jueza Doris Cajincho Yáñez concluyó, entre sus fundamentos, que la inscripción de Caro Meza contraviene el Artículo 66 de la Ley Universitaria y el Artículo 39 del Estatuto de la UNCP, normas que prohíben expresamente que rectores y vicerrectores sean reelegidos o participen en lista alguna para el periodo inmediato siguiente.
Caro Meza fue elegido y proclamado vicerrector académico en elecciones complementarias y ejerció el cargo hasta que su renuncia se hizo efectiva el mismo día en que iniciaba la inscripción de candidatos, lo que no elimina la prohibición legal, argumentó la magistrada.
El Juzgado también observó que el CEU, al rechazar inicialmente la tacha el 27 de agosto, incurrió en un vicio de motivación, pues se limitó a informar un “recuento de votos” sin emitir una decisión expresa ni una fundamentación mínima. Por ellos, ordenó renovar esa sesión
Apercibimiento judicial al Comité
Tras la ratificación de la candidatura de Caro Meza, el Juzgado Constitucional emitió la Resolución N.º 12, el 19 de noviembre, advirtiendo al CEU que debe acreditar documentadamente el cumplimiento íntegro de la sentencia en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de imponer las medidas coercitivas previstas en el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional, lo que incluye la posibilidad de acciones penales y pedidos de prisión preventiva por el Ministerio público.
Este apercibimiento evidenciaría que la judicatura considera que el Comité Electoral no ha cumplido satisfactoriamente con el mandato de acatar los fundamentos jurídicos del fallo.
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La Contraloría advirtió que las comisarías de Macusani y Crucero operan en condiciones críticas, con equipos escasos, vehículos fuera de servicio e infraestructura deteriorada. La precariedad detectada genera un impacto directo en la seguridad de miles de ciudadanos de la provincia de Carabaya. De acuerdo con el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial, […]
La Contraloría advirtió que las comisarías de Macusani y Crucero operan en condiciones críticas, con equipos escasos, vehículos fuera de servicio e infraestructura deteriorada. La precariedad detectada genera un impacto directo en la seguridad de miles de ciudadanos de la provincia de Carabaya.
De acuerdo con el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial, el panorama revelado surge tras una verificación realizada entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre de 2025. El Informe de Control Simultáneo da cuenta de graves carencias en los servicios policiales y en la capacidad operativa de ambas dependencias.
En Crucero, los auditores hallaron que la comisaría no comparte información clave sobre delitos con otras instituciones, limitando la coordinación intersectorial. Tampoco cuenta con el sistema informático SIPCOP y dispone de un vehículo inutilizado, además de mobiliario y equipos deteriorados que ponen en riesgo al personal.
La comisaría de Macusani enfrenta problemas similares, al carecer de sistemas de información, mapas del delito y herramientas para el seguimiento de casos de violencia familiar. Su local cedido no reúne las condiciones mínimas, no posee certificado de seguridad y suma vehículos inoperativos junto a equipamiento insuficiente.
Según la Contraloría, estas deficiencias reducen gravemente la capacidad de respuesta policial y exponen a los agentes a situaciones peligrosas. El organismo advierte que este escenario refleja el abandono institucional que afecta la seguridad ciudadana en la provincia de Carabaya y en la región Puno.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) abrió un proceso sancionador contra el alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, tras detectar que su municipalidad difundió un panel publicitario con su nombre, cargo y el lema «Puno Renace» en pleno prohibición electoral. El organismo encontró que la obra promocionada, el mejoramiento de una institución educativa incluía datos […]
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) abrió un proceso sancionador contra el alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, tras detectar que su municipalidad difundió un panel publicitario con su nombre, cargo y el lema «Puno Renace» en pleno prohibición electoral.
El organismo encontró que la obra promocionada, el mejoramiento de una institución educativa incluía datos que lo identifican directamente como funcionario, algo expresamente prohibido durante el periodo electoral, ante ello, tiene tres días para presentar su descargo ante JNE.
El panel en cuestión exhibe el título de la obra: «Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel inicial I.E.I. N° 275 del Barrio Llavini», pero también muestra el nombre del alcalde, su cargo y el escudo de la comuna.
Según el reglamento del JNE, está terminantemente prohibido que autoridades aparezcan en publicidad estatal durante elecciones, salvo casos de extrema necesidad. La fiscalización confirmó que el material incumple la norma y configura una infracción grave.
El informe del JNE, presentado el 14 de octubre, detalla que la publicidad fue instalada en un espacio público y forma parte de la gestión municipal 2023-2026, ya que, desde la convocatoria a elecciones, toda propaganda estatal debe suspenderse, a menos que sea por utilidad pública urgente.
El procedimiento se inició tras una verificación realizada por el Fiscalizador Provincial de Puno, quien constató que el panel violaba el artículo 20 del reglamento sobre propaganda electoral.
Cabe indicar que la norma es clara: ningún funcionario puede aparecer en publicidad institucional durante el proceso comicial, ya sea con su imagen, voz, nombre o cargo, en efecto la inclusión de estos elementos en el panel activó la investigación.
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Perú se encuentra inmerso en una transformación energética acelerada que posiciona al sector solar fotovoltaico como la punta de lanza de la matriz limpia del país. Según proyecciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), se espera la instalación de más de 2,400 MW de nueva capacidad solar antes de 2028, un crecimiento que augura un […]
Perú se encuentra inmerso en una transformación energética acelerada que posiciona al sector solar fotovoltaico como la punta de lanza de la matriz limpia del país. Según proyecciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), se espera la instalación de más de 2,400 MW de nueva capacidad solar antes de 2028, un crecimiento que augura un cambio profundo en el panorama energético nacional.
Este impulso está liderado por el crecimiento explosivo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Frescia Vizcarreta, directora de la Facultad de Negocios de Zegel, señaló: “Actualmente, más del 32% del incremento en la generación renovable proviene del sector solar, lo que confirma que esta tecnología es el motor principal de la expansión limpia en el Perú.”
Cifras que reflejan la ambición
La expansión del sector solar ya está generando resultados contundentes. En 2024, el MINEM reportó la adición de 447 MW de capacidad solar al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), incrementando notablemente la participación de esta fuente. Plantas significativas como San Martín Solar (252 MW), Sunny (204 MW) y Rubí (145 MW) ya están operativas.
El futuro inmediato es aún más prometedor: hay 51 proyectos solares en etapas avanzadas de desarrollo, que podrían agregar otros 2,243 MW antes de 2028. De materializarse esta cartera, la potencia fotovoltaica total del país se situaría alrededor de 3,189 MW en pocos años.
Se estima que la proporción de ERNC (solar, eólica y biomasa) en la matriz peruana podría alcanzar un 43.3%. (Foto: Engie)
Las proyecciones oficiales miran incluso más allá, hacia el 2050. Se estima que la proporción de ERNC (solar, eólica y biomasa) en la matriz peruana podría alcanzar un 43.3%. En ese horizonte, la energía solar podría llegar a representar cerca del 9% de la matriz nacional.
Arequipa y Moquegua al frente de la inversión
La inversión privada en el sector fotovoltaico se concentra en regiones con alto potencial de radiación solar. Arequipa lidera esta expansión con 9 proyectos que suman 1,668 MW, seguida de Moquegua con 481 MW.
La ambiciosa cartera de 51 proyectos representa un potencial de hasta 11.5 GW de capacidad solar futura, requiriendo una inversión estimada de US$ 8,279 millones, lo que subraya el atractivo del Perú para la inversión en energías limpias.
El país cuenta con un potencial solar gigantesco: el MINEM estima que podría haber hasta 937 GW aprovechables para centrales fotovoltaicas mayores de 20 MW. Por ahora, Perú está utilizando solo una fracción mínima de este recurso, lo que deja un vasto espacio para futuras expansiones. Este impulso fotovoltaico no solo diversifica la matriz energética, sino que atrae inversiones, reduce emisiones y fortalece la seguridad energética a largo plazo.
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Daniel Vera Ballón presentó un análisis sobre la situación actual del puerto de Coríoy sostuvo que los recientes cambios impulsados desde el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional han generado un escenario crítico para el proyecto. Según el exgobernador regional y excongresista por Arequipa, las variaciones adoptadas habrían modificado de manera sustancial el rumbo inicial. Para el especialista, estas decisiones mantienen a la iniciativa en un estado de incertidumbre que compromete su avance.
Cambios en la modalidad del proyecto y riesgos para Arequipa
En esta parte, Vera Ballón explicó que, hasta el 28 de julio, el puerto de Corío estaba programado bajo la modalidad de inversión de habilitación portuaria, es decir, privada. Detalló que el discurso presidencial produjo un giro en la propuesta, a partir del cual el gobernador planteó una asociación público-privada estatal y luego una asociación pública-estatal por activos. Según indicó, esta última modalidad podría tardar más de diez años en concretarse y exigiría un elevado costo inicial. También señaló que los convenios entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional, con participación de la APN y ProInversión, replican procedimientos sin un sustento que justifique el cambio de esquema.
“Solamente el estudio de Corío nos costaría 480 millones o más” agregó el Ing. Vera Ballón.
El especialista afirmó que se realizaron tres variaciones en corto tiempo: retirar la modalidad temporal para pasar a una público-privada, anular la primera resolución entre el 4 y 11 de un mismo mes y no comunicar al país estos cambios. Añadió que la APN cuenta con documentos en los que se plantea anular decisiones adoptadas anteriormente, como la resolución de inicio de obra. Sostuvo que al no existir hasta ahora una resolución ni un documento que confirme la vigencia de una asociación público-privada con el Gobierno Nacional. Además, mencionó que no hay presupuesto asignado y que, según un estudio de costo-beneficio elaborado por la APN, la modalidad propuesta por el Gobierno Regional no sería la adecuada.
Vera Ballón reiteró que las modificaciones prolongan la salida del proyecto y alertó que Corío podría quedar rezagado. Precisó que su preocupación radica en que Arequipa podría perder competitividad si no se restituye una modalidad viable y un marco técnico coherente que permita avanzar con una iniciativa de alto impacto para la región.
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La escritora arequipeña habla sobre su temprana residencia en Europa, su infancia y juventud en Arequipa, sus inicios en la escritura y su carrera literaria
Sobre su novela más reciente, «Coreografía para trenzas solas», Teresa Ruiz Rosas afirma: “el Perú es protagonista de una manera mucho más amplia que en otros trabajos míos”.
La escritora arequipeña habla sobre su temprana residencia en Europa, su infancia y juventud en Arequipa, sus inicios en la escritura y su carrera literaria. Escúchala en #ElRegreso
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AGENDA REGIONAL | El precandidato a la segunda vicepresidencia por la Alianza Venceremos, Alberto Quintanilla, propuso revisar el régimen de concesiones mineras bajo una lógica inspirada en la reforma agraria: “las minas para quien las trabaje”. Señaló que la Constitución reconoce los recursos naturales como patrimonio de la Nación y que el Estado solo otorga derechos de explotación. Sin embargo, advirtió que muchas concesiones se entregan a personas que no producen, sino que comercian con los denuncios.
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Con motivo de los 25 años de labor periodística de El Búho en Arequipa, durante el Hay Festival, 3 especialistas repasaron la historia reciente de la ciudad y propusieron soluciones.
Arequipa vive una extraña paradoja cada mes de agosto. Mientras las radios locales exigen que se prohíban las sayas y se baile el wititi, la población no sabe con certeza si celebra a la ciudad, al distrito o a la región entera. Esta confusión no es gratuita ni superficial, pues revela una crisis de identidad profunda en una tierra que ha crecido de espaldas a sus propios cambios. Durante el conversatorio «Un cuarto de siglo en la historia de Arequipa», realizado en el marco del Hay Festival 2025 por los 25 años del medio de comunicación El Búho, se desnudaron las contradicciones de una metrópoli que se debate entre el orgullo de su pasado y la incertidumbre de su futuro.
El sociólogo José Luis Ramos enfatizó que la narrativa tradicional del arequipeño de «pura cepa» choca con una realidad demográfica innegable. Quienes hoy se autodenominan los verdaderos hijos de la ciudad son, en muchos casos, migrantes de segunda o tercera generación que han caído en el achoramiento sociológico: evitan ser discriminados discriminando a los nuevos llegados. Sin embargo, fue precisamente esa fuerza migrante la que protagonizó el Arequipazo del 2002. En aquella revuelta histórica, la gente de Puno, Cusco y otras regiones puso el cuerpo, luchó por la democracia y se «arequipenizó» en las calles, ganándose el derecho a pertenecer a una ciudad que siempre se ha jactado de rebelde. Lamentablemente, esa oportunidad de integración se diluyó poco después con marchas que exigían respeto a los adoquines, perdiendo la chance de construir una identidad enriquecida por el aporte del sur andino.
No obstante, dice Ramos, la integración que la cultura no logró consolidar, la economía la impuso a su manera. Los grandes mercados y plataformas comerciales, como los del Avelino Cáceres, florecieron gracias al empuje de los migrantes puneños que transformaron el comercio local. Incluso en tiempos de crisis, como durante la pandemia, fue el microempresario informal quien sostuvo a la región, llevando el sustento a sus hogares cuando la industria formal no podía operar.
El espejismo del crecimiento y la deuda social
Si miramos los números fríos, Arequipa parece haber vivido una época dorada que se apagó de golpe. Según explicó la economista María Pía Palacios durante el panel, la historia económica reciente se divide en dos etapas marcadas a fuego. Entre el año 2000 y el 2019, la región experimentó un crecimiento anual del 6%, una cifra brutal que permitió reducir la pobreza del 40% al 6%, logrando uno de los mejores índices de desarrollo humano del Perú, superando incluso a Lima en equidad. Pero tras la pandemia, ese tren se detuvo en seco.
Desde el 2020 hasta el 2025, el crecimiento ha sido nulo. La pobreza ha rebotado hasta el 16% y la región enfrenta ahora un retroceso vergonzoso en salud pública: la anemia infantil alcanza al 42% de los niños. Lo más indignante de estas cifras es que ocurren en una región rica. Este año, Arequipa recibirá cerca de 1.400 millones de soles por canon y regalías. Pero el dinero no se traduce en bienestar porque las autoridades no son «cliente-céntricas». No gestionan pensando en el ciudadano, sino en la conveniencia política de turno o en el beneficio propio.
La inversión privada se ha retraído y la falta de una articulación real entre el Estado y la empresa privada impide cerrar brechas. Mientras la minería y la agroexportación generan divisas enormes, pasando de 45 millones a 234 millones en exportaciones agrícolas, la gestión pública falla en lo básico, reclacal PAlacios. Tenemos autoridades que gestionan recursos, pero no gestionan desarrollo. El reto urgente es integrar al microempresario a la formalidad no como un castigo, sino como un círculo virtuoso de innovación, pues nueve de cada diez emprendedores desean ser formales, pero el sistema los expulsa.
El desorden no es solo social o económico, sino también físico. La mancha urbana de Arequipa se ha expandido horizontalmente hasta devorar 12.000 hectáreas, un modelo insostenible que encarece los servicios y destruye la campiña. El arquitecto y urbanista Mauricio Huaco fue contundente al señalar que la ciudad debe perder el miedo a la altura. Necesitamos pasar de una densidad bajísima de 100 habitantes por hectárea a una ciudad compacta que crezca verticalmente. Y aprovechar la tecnología antisísmica actual que ya funciona en países como Japón.
Para lograr este ordenamiento, urge una reingeniería política: Arequipa debe dejar de pensar como provincia y empezar a operar como una Metrópoli. Esto implica tener un Alcalde Metropolitano que dirija la orquesta completa, evitando que cada alcalde distrital haga y deshaga a su antojo. Además, se requiere profesionalizar la gestión municipal, llenando los ayuntamientos de técnicos de primer nivel y no de aprendices que llegan por favores políticos.
Un ejemplo de que la planificación funciona es la peatonalización de la calle Mercaderes. En su momento, los comerciantes auguraron la quiebra, pero la intervención demostró que priorizar al peatón multiplica las ventas y revitaliza el centro histórico. Ese es el camino: decisiones técnicas valientes por encima del miedo al cambio. Arequipa se acerca a su quinto centenario con tareas pendientes gigantescas. Pero también con un potencial intacto que solo necesita de una ciudadanía activa y autoridades que entiendan que gobernar no es sellar papeles, sino pensar la ciudad.
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Soy responsable de Audiencias y SEO en El Búho; además colaboro con artículos sobre periodismo de datos. Vivo en Arequipa. También escribo para Qué fue.pe
La extensión de este régimen, aprobada en el Congreso, enciende alarmas entre especialistas que advierten que la medida podría perpetuar la informalidad, blindar la impunidad regulatoria y desencadenar graves impactos ambientales,
Aunque aún está a la espera de ser ratificada por el Pleno del Congreso, la extensión de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2027 parece solo cuestión de tiempo. Esta decisión enciende alarmas entre especialistas que advierten que la medida podría perpetuar la informalidad, blindar la impunidad regulatoria y desencadenar graves impactos ambientales, sociales y políticos.
Blindaje de la impunidad
Se propone reincorporar los más de 50 mil registros excluidos del REINFO, algo que algunos expertos califican como inconstitucional.
Según el dictamen aprobado, la fiscalización podría quedar limitada: “se plantea que el Ministerio de Energía y Minas suspenda la tramitación o inicio de dichos procedimientos”, según el predictamen.
Esto podría generar una situación sin consecuencias prácticas para quienes incumplan obligaciones ambientales, tributarias o administrativas.
Deterioro ambiental y social
Gremios y analistas advierten que la extensión abriría la puerta para el descontrol ambiental: “invadir áreas naturales protegidas” o incluso zonas arqueológicas.
Se teme que se profundice el daño ecológico del territorio, al permitir que la minería informal opere sin restricciones ni mecanismos efectivos de supervisión.
Además, habría un conflicto constitucional, ya que la medida podría contravenir el deber del Estado de proteger un medio ambiente equilibrado.
La prórroga prolonga un régimen transitorio diseñado desde 2016, bajo el argumento de que no existe una ley definitiva para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
Expertos alertan que se corre el riesgo de convertir el Reinfo en un mecanismo permanente, más que una transición hacia una formalización real.
Desde diversas voces, se ha calificado la extensión como una “carta blanca” a la minería informal para operar sin regulaciones estrictas.
Presión sobre gobernabilidad y enfoque fiscal
El primer ministro, Ernesto Álvarez, señaló que el Ejecutivo advirtió que van a observar la norma y, de aprobarse por insistencia, esta será llevada al Tribunal Constitucional.
La Comunidad Andina o acuerdos internacionales podrían poner en riesgo exportaciones si se percibe tolerancia a la minería no regulada, según analistas.
La decisión parlamentaria también supone una señal política fuerte: legitimar intereses informales en el Congreso y favorecer a grupos organizados que podrían tener altos niveles de influencia.
Presiones constitucionales y legales
El debate se enmarca en una disputa más amplia: mientras la comisión avanza, el Ejecutivo ya anuncia un posible recurso ante el Tribunal Constitucional si el Pleno insiste con la norma.
Algunos críticos apuntan que el régimen perpetuado por el Reinfo podría vulnerar principios constitucionales: por ejemplo, la responsabilidad penal, administrativa o ambiental de los mineros.
El hecho de que no existan sanciones claras o que se limiten los procesos de exclusión es visto como una debilidad legal estructural del dictamen.
En resumen, la ampliación del Reinfo, según los críticos, actuaría como una puerta giratoria que institucionaliza la impunidad para la minería informal e ilegal, al blindar a los operadores de sanciones y permitirles continuar actividades al margen de la ley, lo que a su vez se traduce en un grave deterioro ambiental y riesgos comerciales internacionales. El régimen, diseñado para formalizar, se convierte en un mecanismo que prolonga la ilegalidad y la falta de control.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
De cara a un proceso electoral complejo, Carvallo reafirmó la importancia del periodismo riguroso, la defensa de la verdad y la necesidad de evitar la polarización
El periodista Fernando Carvallo estuvo en Arequipa como invitado del Hay Festival 2025 y conversó con El Búho sobre temas que marcan la agenda nacional. Con su estilo reflexivo y su formación filosófica, Carvallo explicó cómo enfrenta a políticos y funcionarios en entrevistas que suelen volverse virales; y por qué su método se sostiene en el principio de la buena fe y la búsqueda de la verdad.
Durante este encuentro, Carvallo también analizó la situación del país y descartó que el Perú sea un “Estado fallido”. No obstante, advirtió sobre el retroceso en meritocracia, la crisis de gestión pública y el impacto que esto tiene en los ciudadanos más vulnerables.
Uno de los momentos más importantes de la conversación fue su respuesta a las acusaciones contra Gustavo Gorriti, a quien algunos sectores señalan como líder de una supuesta organización criminal. De cara a un proceso electoral complejo, Carvallo reafirmó la importancia del periodismo riguroso, la defensa de la verdad y la necesidad de evitar la polarización que está dañando la convivencia democrática.
Además, compartió sus expectativas para el futuro del Perú y los retos que deben guiar la campaña electoral: menos odio, más propuestas y un compromiso real con la ciudadanía.
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La vía afectada por el derrumbe en el kilómetro 732 de la Panamericana Sur en Atico, Caravelí, es administrada por Provías Nacional y se encuentra a cargo del Consorcio Matarani
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional de Arequipa, informó sobre el derrumbe de rocas registrado entre los km 732+300 y 732+400 de la Panamericana Sur, sector Quebrada Honda, distrito de Atico. Al momento, el tránsito vehicular se encuentra restringido.
De acuerdo con información de PROVÍAS, señala que, se ha habilitado de manera provisional una berma con material propio del derrumbe, permitiendo un paso controlado en ambos sentidos, bajo el sistema de una hora de circulación y una hora de limpieza, con apoyo de la Policía de Carreteras y vigías.
Vía afectada en Atico
El GRA informó que la vía afectada por el derrumbe en el kilómetro 732 de la Panamericana Sur en Atico, Caravelí, es administrada por Provías Nacional y se encuentra a cargo del Consorcio Matarani, empresa responsable del mantenimiento del tramo.
Sin embargo, en coordinación con la municipalidad provincial de Caraveli y Camaná puso a disposición maquinaria amarilla con el objetivo de reforzar los trabajos de limpieza y remoción de material que Provias Nacional realiza en la zona.
Dos equipos de salud se desplegaron en la zona del derrumbe ocurrido este viernes 21 de noviembre, en horas de la tarde, a la altura del Km 732 de la Panamericana Sur, sector Quebrada Honda, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí.
El desprendimiento de rocas y tierra provocó el bloqueo total de la vía en ambos sentidos, afectando a decenas de pasajeros. Luego, se pudo desbloquear una de la vía para permitir el paso restringido.
El Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres de la Gerencia Regional de Salud, mantiene el monitoreo permanente del evento y la coordinación activa con la Red de Salud Camaná–Caravelí ante cualquier eventualidad que pueda surgir, se informó finalmente.
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Señalan presuntos actos de amedrentamiento vinculados a su labor de fiscalización. La teniente alcaldesa Edith Herrera dice que estos hechos afectan el funcionamiento institucional del distrito.
Los cuatro regidores de oposición de la Municipalidad de Quequeña brindaron declaraciones públicas en Arequipa para detallar las acciones que vienen ejerciendo como parte de su labor de fiscalización. Indicaron que, en los últimos meses, han formulado diversas denuncias ante entidades competentes y dieron cuenta de incidentes que, afirman, se presentaron mientras cumplían funciones. Asimismo, explicaron que estos hechos fueron acumulándose desde el inicio de la presente gestión, situación que consideran relevante para la ciudadanía del distrito.
Denuncias y actuaciones registradas por los regidores en Arequipa
Los regidores explicaron que presentaron denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría relacionadas con el funcionamiento municipal. Mencionaron que entre las acciones realizadas figuran denuncias penales contra tres funcionarios de la comuna, además de observaciones sobre el comportamiento de personas que, según indicaron, tendrían cercanía con autoridades municipales. Señalaron que estos hechos se han producido mientras mantienen su labor de supervisión, lo cual, afirmaron, ha generado un ambiente complicado para el cumplimiento de sus responsabilidades.
Durante su exposición, detallaron casos que, según indicaron, requieren intervención de las entidades fiscalizadoras. Entre ellos mencionaron actividades vinculadas a servicios, presentaciones públicas y presuntos pagos que consideran deben ser esclarecidos. También mencionaron situaciones relacionadas con eventos municipales, uso de maquinaria, aperturas de vías y otras acciones desarrolladas en el distrito. Los regidores resaltaron que estos hechos habrían sido informados de manera reiterada a las autoridades competentes.
La teniente alcaldesa Edith Herrera indicó que existen dificultades en el trabajo del concejo municipal debido a situaciones presentadas durante las sesiones. Afirmó que, en reiteradas ocasiones, se habrían registrado actos que afectan el normal desarrollo de la función fiscalizadora. Además, se refirió a la participación de personas externas en reuniones oficiales, lo cual, dijo, genera un entorno adverso para el debate y la presentación de observaciones dentro del pleno.
Herrera también señaló que existe preocupación por la asistencia del alcalde distrital a las sesiones ordinarias y extraordinarias del concejo. Indicó que, en varias oportunidades, no habría estado presente en la sede edil cuando los regidores procuraban dialogar directamente con él. Según explicó, estas condiciones han dificultado el avance de la fiscalización y han motivado que se busque la intervención de organismos como la Contraloría y el Ministerio Público para el seguimiento de los casos expuestos.
Los regidores informaron que continuarán con las acciones correspondientes a su función de control, pese a las dificultades que señalaron durante la conferencia. Indicaron que mantendrán la presentación de denuncias y pedidos de intervención ante las entidades responsables con el fin de esclarecer los hechos expuestos. Finalmente, consideraron necesario que la población de Arequipa y del distrito de Quequeña conozca el avance de estas investigaciones y las decisiones que puedan tomarse respecto a las situaciones mencionadas.
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El abogado Cristhian Vizcarra, candidato al Decanato del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA), afirmó que su distanciamiento con la actual gestión se produjo tras negarse a aprobar un gasto de S/118 mil en bocaditos, monto que, según indicó, consideró excesivo. Aseguró que esta decisión marcó su ruptura con el decano John Mesías y lo llevó a optar por postular a la dirigencia institucional.
Vizcarra también defendió su propuesta de sortear tres automóviles entre los agremiados, argumentando que el Colegio cuenta con ingresos suficientes para costearlos sin afectar su funcionamiento. Señaló que la institución genera alrededor de S/250 mil mensuales por incorporaciones y que estos recursos son parte de la operatividad regular. Aseguró que la medida busca devolver beneficios a los abogados y que no compromete el Fondo Mutual. Respecto a su campaña, sostuvo que es financiada con aportes personales y de su equipo de trabajo.
Negó el uso de recursos institucionales y explicó que su participación en actividades sociales con colegas se realiza con presupuesto propio. Vizcarra agregó que su postulación es válida y no vulnera la prohibición de reelección, al tratarse de un cargo diferente al que actualmente ocupa.
Posición sobre el Fondo Mutual y elegibilidad
El candidato indicó que el Fondo Mutual es “intangible” y afirmó que su propuesta es entregarlo en vida a los abogados desde los 60 años, sin esperar que sea activado por fallecimiento. También señaló que los precedentes del Tribunal Constitucional y las normas electorales permiten que un vicedecano postule al decanato de Arequipa sin contravenir la normativa vigente.
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Vecinos de Chiquintirca, en la provincia de La Mar, Ayacucho, comenzaron a construir un puente provisional sobre la ruta PE-28I, en el sector Tunkimayo. La iniciativa surge después de que deslizamientos y el colapso de un puente modular dejaran aisladas a varias comunidades. La estructura está hecha con troncos y madera y permitirá el paso temporal de vehículos menores.
Esta vía es clave para la zona, ya que conecta diversas comunidades del sur del VRAEM y facilita el transporte de alimentos, servicios y personas. En los últimos meses, la ruta presentó fallas por deslizamientos y falta de mantenimiento, lo que obligó a buscar soluciones temporales mientras se planifican obras definitivas.
Ante la falta de acciones concretas por parte de las autoridades responsables, los pobladores decidieron actuar por su cuenta. La faena comunal contó con la participación de líderes de la comunidad, vecinos de Chiquintirca y anexos, además de autoridades locales y representantes de la Municipalidad de Anco y de Unión Progreso.
En paralelo, Transportadora de Gas del Perú anunció que financiará la habilitación temporal de la ruta afectada mediante un convenio con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho. La construcción del puente provisional busca restablecer el tránsito mientras se coordinan soluciones definitivas, reduciendo el impacto del aislamiento en la vida cotidiana de la región.
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Tres alcaldes afrontan multas de S/160,500 por mantener publicidad estatal prohibida durante la veda electoral. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo sancionó a los burgomaestres de Huamancaca Chico, Huancayo y Chupaca por incumplir las disposiciones de neutralidad rumbo a las Elecciones Generales 2026.
El alcalde de Huamancaca Chico, Raphael Páucar, recibió una multa de 30 UIT por mantener un panel municipal con su nombre pese a la orden expresa de retirarlo. El fiscalizador detectó la publicidad el 30 de julio y el JEE de Junín comprobó que seguía colocada tras vencerse el plazo de siete días.
Los alcaldes provinciales de Huancayo, Dennys Cuba, y de Chupaca, Luis Bastidas, también recibieron multas de 30 UIT. Ambos mantuvieron publicaciones institucionales con sus nombres e imágenes en las redes sociales de sus municipalidades, aun después de ser notificados para suspenderlas. Los expedientes fueron remitidos al Ministerio Público para evaluar eventuales investigaciones por desobediencia o uso indebido de recursos públicos. La Contraloría también revisará los casos para determinar responsabilidades administrativas, mientras el JNE deberá resolver posibles apelaciones.
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