En los últimos ocho años, el Concurso Literario El Búho se ha consolidado como el certamen para las mejores plumas de las regiones del Perú. Con motivo de los 25 años de trayectoria periodística, nuestro medio editó el libro recopilatorio Plumas de Búho, con los trabajos ganadores en las categorías de crónica, cuento y poesía, correspondientes al periodo comprendido entre los años 2018 y 2024.

La presentación del tomo se llevó a cabo la noche del miércoles 5 de noviembre, en instalaciones de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. El evento congregó a varios de los ganadores del concurso, así como participantes y colaboradores de El Búho.

Mabel Cáceres, directora y fundadora del medio de comunicación, recordó a todos los ganadores de las 8 últimas ediciones del concurso literario. Recalcó que la iniciativa en un gran impulso a la literatura regional y da oportunidad a los escritores fuera de la capital.

Por su parte, Alfredo Herrera, director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, destacó la importancia del certamen para la promoción de nuevos talentos de las letras en Arequipa y otros departamentos. Voces que realzan la producción cultural con una mirada regional, más aún cuando literatura y la poesía tampoco escapan al centralismo que impera en nuestro país.

Herrera también destacó la apertura del concurso a participantes de otros departamentos. Mencionó al poeta cusqueño Carlos Gabriel Montes, ganador de la edición del 2018, quien también ha sido premiado en certámenes internacionales en Argentina y Ecuador.

Entre algunos de los jurados del Concurso Literario El Búho están personalidades de la talla de José Carlos Agüero, Hugo Yuén, Eloy Jáuregui, Houdini Guerrero, Marco Sifuentes, Paola Ugaz, Joseph Zárate, Patricia Salas, entre otros.

25 años de periodismo

La historia de El Búho también tuvo un espacio central en la ceremonia. Fundado en el 2000, este año cumplimos nuestro 25 aniversario con una trayectoria que nos llevó por el semanario, la revista, la televisión, la web y las redes sociales.

Para recordar este primer cuarto de siglo, Mabel Cáceres conversó con los periodistas Paola Donaire y José Luis Márquez, miembros del equipo que sacó adelante la publicación del histórico Semanario El Búho.

Paola Donaire recordó con palabras afectuosas esta etapa, que a pesar de las vicisitudes del quehacer periodístico, le permitieron llevar a cabo el tipo de periodismo del que sentirse orgullosa. Por su parte, José Luis Márquez rememoró como pudo dar sus primeros pasos en el mundo del periodismo, hasta donde llegó atraído por su interés en la cultura, pero que con los años lo condujeron a la investigación en profundidad.

Exposición Alas de Plata hasta este domingo 9

Como parte de los actos conmemorativos también se inauguró la muestra “Alas de Plata, los 25 años de El Búho”. La exposición recopila 25 portadas del semanario y la revista, así como 25 video reportajes.

La presentación es de acceso libre y se encuentra en el segundo patio de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, en San Francisco 308, del 5 al 9 de noviembre.

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Rafael López Aliaga se quejó ante la organización de CADE Ejecutivos cuando le pidieron respetar los tiempos de intervención. El precandidato presidencial por Renovación Popular también explotó contra Carlos Gálvez, director de la Sociedad Minera El Brocal. No soportó ser confrontado sobre sus presuntos vínculos con la minería ilegal, en un contexto en que congresistas de su partido votaron a favor de ampliar el REINFO y un informe de El Comercio que señala que siete dirigentes vinculados a la Confederación de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) están afiliados al partido celeste.

“Es mentira absoluta que yo tenga vínculo alguno con minería ilegal. Eso lo descarto de plano; es una difamación gravísima la que estás haciendo (…) Pruébame que tengo un minero ilegal, por favor. Te pago cien mil dólares por cada minero ilegal que tú me demuestres”, dijo López Aliaga.

El video Rafael López Aliaga SE QUEJA en CADE: no soportó que le controlen el tiempo y terminó explotando se publicó en YouTube en este enlace

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Mientras no se impulse una verdadera reforma policial que depure a los malos efectivos y recupere la confianza ciudadana, cualquier plan o estado de emergencia será solo maquillaje frente a la crisis de inseguridad que vive el país.

Pico a Pico te trae lo que importa: opinión, análisis y crítica sobre los temas que mueven la agenda nacional y regional. Con Mabel Cáceres, en vivo de lunes a viernes a partir de las 7 p.m.

Mira el programa completo https://www.youtube.com/watch?v=NuA4It9vJj8+

El video ¡URGE UNA REFORMA POLICIAL! | No habrá seguridad mientras la corrupción siga dentro de la Policía se publicó en YouTube en este enlace

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En Arequipa, el exvicedecano del Colegio de Abogados, Cristian Vizcarra, informó sobre un presunto cobro irregular de 150 soles a los abogados que buscaban ser incluidos en la lista de curadores procesales. Según explicó, este pago constituye una barrera burocrática que limitó el acceso de jóvenes profesionales al ejercicio de esta función auxiliar de la justicia.

El hecho fue objeto de una denuncia ante Indecopi, que declaró ilegal la medida al no existir respaldo normativo ni acuerdo institucional que la justifique. El caso, además, genera cuestionamientos al actual consejo directivo del colegio profesional. Esto por haber adoptado una decisión sin consulta a sus miembros ni cumplimiento de los procedimientos internos establecidos.

El Colegio de Abogados de Arequipa habría implementado el cobro sin convocar a una asamblea, requisito indispensable para aprobar cualquier tasa. Vizcarra señaló que este procedimiento no correspondía, ya que no se emitió autorización ni acuerdo alguno que respalde la decisión de exigir el pago a los postulantes para ser curadores procesales.

El exvicedecano destacó que la medida fue revertida gracias a la acción conjunta con el abogado Eduardo Castillo. Quien presentó el recurso administrativo ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, entidad que finalmente falló a su favor. Esta resolución sienta un precedente para otras instituciones colegiadas del país que pudieran aplicar cobros similares.

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Restricciones a jóvenes abogados y falta de transparencia

El proceso de registro de curadores procesales fue cuestionado por limitar la participación de jóvenes abogados, quienes debían abonar 150 soles para ser considerados. Según los denunciantes, esta exigencia impidió que varios profesionales recién egresados accedieran a la lista que el Colegio debe remitir al Poder Judicial para su designación aleatoria. Además, señalaron que el monto fue decidido de manera unilateral por la directiva, sin consulta a la asamblea ni coordinación con los agremiados.

“La barrera que el Colegio de Abogados estableció, afortunadamente, ya ha sido declarada ilegal. No permitía que jóvenes abogados puedan ser curadores procesales, lo que les impedía acceder al mercado laboral dentro de la administración de justicia”, sostuvo el Dr. Eduardo Castillo.

El caso del Colegio de Abogados de Arequipa abre un debate sobre la transparencia en los procesos internos de los gremios profesionales y la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades a los nuevos abogados. Aunque la resolución de Indecopi declaró ilegal el cobro, los denunciantes esperan que se devuelva el dinero a quienes realizaron el pago. Adicional, que la institución evite repetir prácticas que vulneren derechos de sus miembros. El pronunciamiento también marca un precedente nacional frente a cobros irregulares en entidades colegiadas.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) informó que la precipitación registrada en Piura el pasado martes ha sido catalogada como la más fuerte en los últimos 30 años. La lluvia se prolongó por más de 9 horas, alcanzando un registro de 14 milímetros, según Alessio Carrasco, especialista del ente meteorológico en Piura.

“El ingreso de estas precipitaciones era esperado debido a la presencia de nubes con gran desarrollo vertical que se forman en la cordillera, situada a 3,500 metros sobre el nivel del mar. Estas nubes provocan lluvias intensas en toda la ladera y, en la ciudad de Piura, comenzaron alrededor de las 9 de la mañana. Se registraron núcleos de lluvia importantes en toda la región, incluyendo Paita, Talara y Sechura. Los acumulados del día muestran registros entre 10 y 30 milímetros en gran parte de la zona costera del norte del país, tanto en Piura como en Lambayeque y La Libertad, catalogándose como jornadas muy lluviosas y extremadamente lluviosas”, explicó Carrasco.

Otras localidades afectadas fueron Huarmaca, Ayabaca, Huancabamba, Pariñas, Sullana y Talara. Algunos de los registros más significativos incluyen:

1. Huancabamba: 30.3 mm – extremadamente lluvioso
2. San Miguel de Catacaos: 17 mm – extremadamente lluvioso
3. Miraflores (Universidad Nacional de Piura): 14 mm – extremadamente lluvioso
4. Bernal (Sechura): 13 mm – extremadamente lluvioso
5. Chulucanas: 9.5 mm – extremadamente lluvioso
6. Santo Domingo: 16.6 mm – día muy lluvioso

“Históricamente, considerando información de más de 30 años, los valores registrados superan los promedios normales. Por ejemplo, en 1982 se registraron 6.7 mm en 24 horas, mientras que el día martes se alcanzaron 14 mm”, añadió el especialista.

Carrasco advirtió que las precipitaciones continuarán en los próximos días, con acumulados que podrían oscilar entre 10 y 25 milímetros, aunque después del 7 de noviembre se espera una disminución.

“Las lluvias se mantendrán especialmente en Ayabaca y Huancabamba, así como en algunas zonas de la provincia de Piura. Para el 5 y 6 de noviembre se esperan acumulados entre 10 y 25 mm en gran parte del departamento. A partir del 7 de noviembre, las precipitaciones disminuirán, dando paso a días nublados con momentos de sol en gran parte de la región”, concluyó.

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En Ayacucho, las barreras socioculturales y el machismo siguen limitando el acceso a los métodos anticonceptivos modernos, pese a que el Ministerio de Salud (Minsa) los distribuye de forma gratuita. Así lo advirtió la especialista Evelyn Carla Medina Nolasco, durante el Congreso Nacional de Estudiantes de Obstetricia, realizado en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch).

Los métodos anticonceptivos modernos —como preservativos, píldoras, inyectables, implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos (DIU), ligaduras de trompas y vasectomías— están diseñados principalmente para mujeres: cerca del 90 % de las opciones disponibles se dirigen a ellas. Sin embargo, en muchas comunidades rurales, la decisión de utilizarlos no depende solo de la mujer, sino del hombre, lo que refleja una contradicción entre la oferta sanitaria y la realidad social.

En zonas donde el machismo sigue muy arraigado, se considera que “la mujer que se cuida desconfía de su pareja” o que “los anticonceptivos son dañinos”, creencias que refuerzan el control masculino sobre la salud reproductiva. En esos contextos, muchas mujeres ocultan el uso de métodos anticonceptivos o los abandonan por presión familiar. Esta dinámica hace que el problema no sea solo de acceso físico a los métodos, sino de autonomía y poder de decisión dentro del hogar.

Asimismo, advirtió que más de la mitad de los embarazos en el país son no deseados, principalmente por la falta de información y la persistencia de mitos sobre los anticonceptivos, como el temor a la infertilidad o a efectos secundarios.

“Las creencias erróneas, el machismo y la desconfianza hacia los servicios de salud son barreras que todavía impiden a muchas mujeres decidir sobre su vida reproductiva”, añadió.

Para revertir esta situación, la especialista enfatizó la necesidad de que el personal de obstetricia trabaje con un enfoque intercultural que respete las costumbres locales, pero que también informe con evidencia científica.

“El reto es educar y acompañar, no imponer. Solo con información clara y respeto se podrá reducir la brecha de desigualdad en la planificación familiar”, concluyó.

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La producción nacional de petróleo alcanzó en octubre un promedio de 42 420 barriles diarios, lo que representa un incremento del 14% respecto al mismo mes del año pasado, según datos del sector energético. 

Los lotes con mayor rendimiento fueron el Lote 95, en Loreto, con cerca de 14 150 barriles diarios, y el Lote X, en Piura, con unos 8 300 barriles por día. En contraste, la producción de gas natural mostró una contracción al pasar de 1 484 millones de pies cúbicos diarios en septiembre a 1 346 millones en octubre de 2025, lo que supone una caída cercana al 2% en comparación interanual. 

Las cifras reflejan un desempeño desigual entre ambos recursos energéticos durante el último mes evaluado. 

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Desde el martes 4 de noviembre, un equipo de la Contraloría General de la República se encuentra en la Municipalidad Provincial de Satipo con la misión de recoger información sobre presuntos actos de proselitismo político a favor del alcalde César Merea Tello, precandidato del partido Batalla Perú a la Gobernación Regional de Junín.

El gerente regional de la Contraloría, Víctor Lizárraga, explicó que el caso responde a una presunta vulneración del principio de neutralidad electoral, tras denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales. “Hemos acreditado una comisión para el inicio de la recopilación de información. Vamos a solicitar documentación y corroborar si las actividades se realizaron en horario laboral o con uso de recursos municipales”, precisó a Huanca York Times.

Lizárraga agregó que el equipo de auditores tiene un plazo de 22 días hábiles para emitir un informe que podría derivar en un proceso más exhaustivo de control o en la comunicación del caso al Jurado Nacional de Elecciones, si se confirma una infracción. “El uso de recursos del Estado para campañas proselitistas es un delito. Si se identifican responsabilidades, estas serán comunicadas a las autoridades competentes”, adelantó.

La indagación se originó luego de que circularan fotografías en redes sociales donde se observa a altos funcionarios vistiendo polos con el logo de Batalla Perú, movimiento liderado por el gobernador Zósimo Cárdenas Muje, en apoyo a la precandidatura del alcalde Merea Tello.

Entre los implicados figuran el gerente municipal Marco Campos, el gerente de presupuesto Jhon Chávez y la gerente de administración Lissette Vergara. También se mencionan a los proveedores Wilder Cobos y Rolyn Sierra.

Alcalde responde

Tras el anuncio de la Contraloría, el alcalde César Merea respondió en sus redes sociales personales calificando la acción como “irresponsable” y “mal intencionada”.  “Rechazo totalmente este tipo de publicaciones tendenciosas en la página oficial de la Contraloría”, escribió el burgomaestre, conocido en redes como Charly May, sin pronunciarse sobre el fondo del tema.

Ya en una anterior ocasión, las acciones del alcalde relacionadas con el periodo electoral fueron observadas por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo. Uno de los hechos ocurrió el 20 de julio de 2025 en la comunidad nativa de Tzancuvatziari, donde el burgomaestre habría participado como orador en un mitin político de Batalla Perú.

Otro episodio se registró el 11 de septiembre, a través de un video difundido en Facebook con el hashtag #Charly_May_Responde, donde se observa al alcalde vistiendo una polera con el símbolo de Batalla Perú mientras se pronuncia sobre una controversia con otro candidato.

El JEE Huancayo advirtió que la aparición de la autoridad con indumentaria partidaria podría constituir propaganda política encubierta, una infracción al principio de neutralidad electoral, que prohíbe a las autoridades promover a una organización política.

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El presidente de la Central Única de Urbanizaciones de San Román Nazario Sixto Mamani Pari liderará el 14 de noviembre una delegación a Lima para reunirse con el nuevo ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento. Autoridades locales y representantes de nueve zonas de Juliaca buscarán respuestas concretas sobre los retrasos y fallas del proyecto integral de agua y alcantarillado que afecta a miles de familias.

Trabajadores del Ministerio y del Banco Interamericano  de Desarrollo BID, llegaron ayer a Juliaca para recoger testimonios directos de los vecinos. “Van a analizar las inquietudes y problemáticas que cada poblador ha denunciado” declaró Mamani Pari. La comisión técnica iniciará hoy a las cinco de la tarde un cronograma intensivo de visitas por zonas para documentar las quejas.

“No habrá descanso ni sábado ni domingo” advirtió el dirigente al señalar que los profesionales deben trabajar sin pausa. El retraso en la primera etapa del proyecto ha generado caos según los vecinos. “Cada familia sufre las consecuencias de una obra mal planificada” añadió Mamani Pari durante la entrevista con la prensa local.

El alcalde de Juliaca ya coordinó con el ministro la semana pasada pero la población exige soluciones inmediatas. “El ministro debe conocer de primera mano los errores técnicos y la falta de avances” insistió el líder vecinal. Los informes recopilados se presentarán el 14 de noviembre en Lima donde se esperan decisiones definitivas.

El ingeniero Juan Carlos y otros especialistas del Ministerio recorrerán cada urbanización para verificar las denuncias. “Recogerán datos sobre el retraso de la primera etapa y las malas ejecuciones” explicó Mamani Pari. La prensa está invitada a acompañar las visitas para garantizar transparencia en el proceso de fiscalización.

“Este proyecto nos ha traído más problemas que beneficios” confesó un vecino durante la reunión con autoridades. La comisión técnica evaluará también las observaciones legales que han paralizado obras clave. “El ministro tiene que responder por qué se ha fallado tanto” exigió el presidente de la Central Única.

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El sector hotelero advierte que la falta de infraestructura y los problemas de acceso en destinos retrasan la recuperación del sector. El CEO de Casa Andina, Juan Stoessel, advirtió que la llegada de turistas internacionales al Perú recién alcanzaría los niveles prepandemia en 2030. “Este año estamos creciendo alrededor de 4 % con respecto al año pasado y eso nos llevará a tener 3.4 millones de turistas, pero se esperaba este año regresar a las cifras prepandemia”, afirmó durante su participación en CADE 2025. 

Uno de los principales cuellos de botella para lograr la recuperación, explicó, es la crisis que atraviesa Cusco por el acceso a Machu Picchu. “Se siguen vendiendo las entradas presenciales, hay un problema con los buses que te llevan a Aguas Calientes”, agregó. También alertó que aún no se han puesto a la venta las entradas para 2026, lo que genera una mala imagen internacional y limita la planificación de viajes. 

Stoessel señaló que el nuevo gabinete debería dejar encaminadas las reformas necesarias para una recuperación más rápida del sector. “No hemos sido capaces de cerrar contratos de mantenimiento de carreteras turísticas. Todo el mundo se llena la boca sobre las playas del norte, pero estas no tienen ni carretera, ni agua, ni desagüe. Nos están ganando porque no tenemos infraestructura básica”, comentó.

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En su esperado discurso durante la CADE Ejecutivos 2025, el candidato presidencial Alfonso López Chau, líder del partido político Ahora Nación, lanzó un contundente mensaje al empresariado peruano, cuestionando su silencio frente a la corrupción, la violencia política y la descomposición institucional que atraviesa el país.

“No se les pide que tomen partido por un candidato, sino que tomen partido por el Perú. No hay mercado libre sin ciudadanos libres. No hay empresa fuerte en un país débil”, afirmó López Chau, en un discurso que marcó uno de los momentos más tensos y comentados de la jornada.

El candidato denunció que mientras el crimen organizado avanza y el Estado se debilita, buena parte del sector empresarial ha optado por mirar hacia otro lado.

“El silencio también toma partido. Cuando se matan jóvenes y no hay una sola palabra firme de condena, ese silencio lastima. Cuando se legisla a favor del crimen organizado y nadie dice nada, ese silencio se vuelve cómplice”, advirtió.

Desde un tono firme pero propositivo, López Chau exhortó a los líderes empresariales a asumir un papel activo en la reconstrucción moral y democrática del país: “El Perú no saldrá adelante con un empresariado que calcula. Lo hará con uno que se compromete. No con el miedo de perder privilegios, sino con el valor de construir futuro.”

El líder de Ahora Nación sostuvo que el desarrollo económico no puede desvincularse de la ética ni del sentido de justicia social. “La moral es el nuevo motor del desarrollo. La economía no es una esfera independiente de la política: cuando la política se corrompe, la economía se desploma”, señaló, generando aplausos entre algunos asistentes y silencio entre otros.

López Chau recordó que el país atraviesa un momento histórico en el que no basta con “gestionar empresas”, sino con “liderar una Nación”. 

El candidato cerró su participación con un llamado a la unidad y a la responsabilidad compartida: “Que este sea el tiempo de la reconstrucción moral. Que este sea el tiempo de la unidad nacional. Y que esta generación, la que lloró a sus muertos, pero decidió no rendirse, sea la que devuelva al Perú su destino” haciendo alusión a los jóvenes estudiantes que fundaron Ahora Nación.

Con esta intervención, Alfonso López Chau logró poner sobre la mesa un debate que, hasta ahora, muchos habían evitado: el rol moral y cívico del empresariado en la recuperación del país.

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La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) investiga una amplia red de minería ilegal que opera en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca, donde se habrían conformado estructuras familiares y empresariales dedicadas a la extracción y comercio irregular de oro. La investigación involucra a 22 personas naturales y varias empresas locales con nexos transfronterizos hacia el Ecuador, reveló un reportaje del portal de investigación Ojo Público

Entre los principales investigados figuran Eduar Aderli Sánchez Chanta, conocido como “Flaco”, y su hermano Cristian Gianmarco Sánchez Chanta, quienes poseen concesiones mineras que llegan hasta la frontera ecuatoriana. De acuerdo con los reportes fiscales, ambos controlan zonas de extracción aluvial y emplean maquinaria pesada en los cauces de los ríos, afectando ecosistemas y comunidades agrícolas.

En el ámbito internacional, aparece el empresario ecuatoriano José Germán López Sivisaca, alias “Pepe Mina”, identificado como presunto financista de estas operaciones y enlace entre ambas orillas de la frontera. Su papel sería clave en la movilización del oro extraído hacia canales comerciales del Ecuador.

Asimismo, la investigación incluye a empresas formalmente registradas, como Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L. y J.A. Import Export E.I.R.L., señaladas por operar concesiones sobre ríos contaminados con mercurio o por presuntamente lavar oro proveniente de fuentes ilegales. Aunque estas compañías cuentan con registros legales, la Fiscalía sostiene que habrían funcionado como fachada para encubrir la extracción no autorizada.

Los operativos han permitido identificar presunta complicidad policial en la protección de maquinaria y transporte de oro, lo que evidencia la existencia de una red de impunidad que dificulta las acciones de control.

El impacto ambiental es severo: los ríos Chinchipe y Tabaconas presentan contaminación por mercurio y sedimentos, mientras que los agricultores cafetaleros de la zona reportan pérdida de suelos y afectación de cultivos.

El auge del precio internacional del oro —que superó los USD 4 000 la onza en 2025— ha incentivado la expansión de la minería ilegal, desplazando la economía agrícola tradicional. La FEMA busca ahora desarticular esta red y establecer responsabilidades penales por delitos de minería ilegal, contaminación ambiental y lavado de activos.

Con información de: ojo-publico.com

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El Poder Judicial de Arequipa emitió un fallo condenatorio contra el alcalde de Punta de Bombón, José Miguel Ramos Carrera, imponiéndole una pena de seis años de prisión efectiva. La sentencia, dictada por el juez Eddy Leva Cascamayta, lo halló culpable del delito de colusión agravada durante su anterior periodo al frente de la municipalidad.

Los hechos por los que se le condena se remontan a la adquisición de materiales de limpieza, ferretería y artículos de seguridad para la temporada de verano de 2018. La investigación demostró que estas compras se realizaron omitiendo los procedimientos legales establecidos para las contrataciones públicas, causando un severo perjuicio económico al Estado.

La condena también alcanza a otros exfuncionarios que participaron en las irregularidades. Tanto el exgerente municipal Jesús Ysidoro Zúñiga Quiroz como el exjefe de almacén Elvis Edgar Telles Turpo recibieron penas idénticas de seis años de cárcel. Otros implicados, entre ellos una proveedora, optaron por una conclusión anticipada del proceso y recibieron sentencias menores suspendidas.

Mientras la sentencia no quede firme tras el proceso de apelación, el alcalde Ramos Carrera mantendrá su cargo en la municipalidad distrital.

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Otra sentencia contra alcalde

En julio de este año, José Miguel Ramos Carrera también fue sentenciado a 6 años de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y peculado de uso. Este fallo fue emitido por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio Supraprovincial para casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa.

El magistrado José Málaga Pérez determinó que Ramos Carrera incurrió en conflicto de intereses al favorecer la contratación de Eva Centeno Guevara. El alcalde mantenía una relación sentimental con ella durante su gestión (2015-2018).

Además, se comprobó que entregó una laptop de propiedad municipal para uso personal, desviándola de su función pública.

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El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), denunció penalmente a los miembros de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, por desobediencia y resistencia a la autoridad, en agravio del organismo electoral.

La denuncia se enmarca en la demanda competencial interpuesta por el JNE contra del Poder Judicial, que siguen ante el Tribunal Constitucional (TC). “Los referidos jueces superiores han desobedecido deliberadamente lo ordenado expresamente por el TC”, refiere el organismo electoral en su escrito.

Como se informó, los jueces de la Primera Sala Constitucional del Poder Judicial no acataron la resolución del TC que suspendía y paralizaba la Acción de Amparo que el partido político Unidad Popular presentó ante la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de permitirles participar en las Elecciones 2026.

Los magistrados consideran que “el Tribunal Constitucional no puede ver ni resolver causas en trámite ni interferir en las funciones del Poder Judicial… y que la demanda competencial no es un recurso impugnatorio privilegiado”.

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¿Qué determinó el Jurado Nacional de Elecciones?

De acuerdo con la denuncia que presentó Ronald Angulo Zavaleta, procurador del JNE ante el despacho del Fiscal de la Nación, la misma alcanza a los jueces superiores Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca.

De acuerdo con la denuncia que presentó Ronald Angulo Zavaleta, procurador del JNE ante el despacho del Fiscal de la Nación la misma alcanza a los jueces superiores Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca a quienes el 7 de octubre, el Tribunal Constitucional concedió al JNE una medida cautelar y dispuso se suspendan los efectos de las resoluciones judiciales que ordenaban la inscripción del partido político Unidad Popular.

Esto, hasta que se emita la sentencia definitiva en dicho proceso competencial, sin que pueda emitir nuevas resoluciones que pudieran comprometer el desarrollo del cronograma de las Elecciones Generales 2026. Pero, pese a que las resoluciones están en esa Sala Superior para ser resueltas, los magistrados pretenden desconocer la suspensión de tales resoluciones.

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En un movimiento decisivo, la Santa Sede ha nombrado a tres comisionados apostólicos adjuntos para gestionar la supresión definitiva del Sodalicio de Vida Cristiana y sus entidades vinculadas. La medida representa la fase operativa final de un proceso de intervención que busca cerrar una de las crisis más significativas en la historia eclesial reciente de América Latina.

El arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, encabeza el grupo de comisionados adjuntos, acompañado por los laicos César Arriaga Pacheco y Juan Velásquez Salazar. Su mandato específico es asistir al comisario principal, monseñor Jordi Bertomeu. Esto, en la ejecución de los decretos de supresión emitidos el pasado enero con la aprobación expresa del papa Francisco.

La designación otorga a este equipo facultades para supervisar todos los actos y procedimientos necesarios relacionados con la disolución de cuatro organizaciones: el Sodalitium Christianae Vitae, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, el Movimiento de Vida Cristiana y las Siervas del Plan de Dios. Esta estructura busca garantizar que el proceso se realice con rigor pastoral y administrativo.

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Un legado marcado por el escándalo

La disolución oficial, comunicada el 14 de abril de 2025, culmina un extenso período de investigaciones sobre denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales dentro de la organización. El Sodalicio aceptó la medida con «dolor y obediencia». Extendió un pedido de perdón público a las víctimas por los daños causados durante sus 52 años de existencia.

El fundador, Luis Fernando Figari, expulsado en 2024 y actualmente radicado en Roma, enfrenta acusaciones directas que emblemátizan la crisis institucional. Hasta la fecha, la organización ha desembolsado 5.3 millones de dólares en indemnizaciones a 93 víctimas reconocidas, la mayoría hombres que formaron parte de la misma comunidad.

Como parte de su mandato, el arzobispo de Arequipa facilitará que la información oficial sobre los avances del proceso se difunda a través de las plataformas de su arquidiócesis. Esto convierte a la ciudad en un nodo crucial de comunicación durante esta etapa final. Subrayando el papel de la Iglesia local en la resolución de casos de dimensión nacional.

La intervención vaticana refleja una política de tolerancia cero hacia organizaciones religiosas afectadas por graves acusaciones. La supervisión coordinada por monseñor Bertomeu y sus adjuntos, incluido el representante de Arequipa, busca asegurar que la disolución se realice con justicia para las víctimas y cuidado pastoral para los miembros restantes.

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Arequipa fue escenario de la visita del Dr. Lonnie Thompson, uno de los glaciólogos más destacados del mundo y pionero en advertir sobre los efectos del calentamiento global. En el marco de la presentación del documental Canary, organizada por la Universidad Católica San Pablo, el científico repasó su trayectoria de más de 40 años dedicada a estudiar los glaciares tropicales.

El científico que cambió la historia de los glaciares desde Arequipa

Desde sus humildes orígenes en un pueblo minero de Virginia Occidental, Lonnie Thompson desafió las limitaciones económicas para dedicarse a la ciencia. Construyó su primera estación meteorológica en un granero y trabajó en varios empleos para costear sus estudios universitarios. Esa perseverancia lo llevó a la Universidad Estatal de Ohio, donde comenzó una carrera que transformaría la investigación climática mundial.

Su nombre empezó a resonar en la comunidad científica tras su expedición al glaciar Quelccaya, en Cusco, en la década de 1980. A pesar de las dificultades logísticas, logró perforar y extraer núcleos de hielo milenarios que revelaron la historia climática del planeta. Aquella hazaña marcó un antes y un después en la glaciología, demostrando que el calentamiento global tenía un impacto tangible en las montañas tropicales, no solo en los polos.

Durante su paso por Arequipa, Thompson recordó con especial afecto su primera llegada al Perú. Aquella experiencia, que comenzó con un viaje en colectivo desde Lima hasta la Ciudad Blanca, marcó el inicio de una vida dedicada al estudio de los glaciares andinos y a la defensa del medioambiente.

“Recuerdo Arequipa mucho, porque en mi primer viaje tomé un colectivo desde Lima hasta aquí, luego el tren a Juliaca y desde allí subí al Quelccaya. No sabía muy bien qué iba a encontrar, pero descubrí mi pasión”, relató Lonnie Thompson.

El deshielo y la amenaza climática en el sur del Perú

El investigador advirtió que el retroceso de los glaciares en el sur del país amenaza la disponibilidad de agua para comunidades campesinas, actividades agrícolas y generación eléctrica. El caso del Quelccaya, considerado el glaciar tropical más grande del mundo, simboliza la gravedad del fenómeno y su impacto en diversas cuencas que abastecen regiones como Cusco y Puno.

El agua que nace en estos glaciares fluye hacia el río Salcapalca y el Urubamba, y alimenta represas hidroeléctricas, sistemas de riego y consumo urbano. En la otra vertiente, alcanza el lago Titicaca y contribuye a la cuenca amazónica, mostrando que el cambio climático tiene efectos interconectados que van más allá de las fronteras regionales. La pérdida de hielo, alertó Thompson, no solo es un problema ambiental, sino también social y económico.

“El agua del glaciar Quelccaya alimenta el río Salcapalca, llega al Urubamba y produce agua para Cusco. También genera energía hidroeléctrica y riego para los agricultores. En el otro lado, llega al lago Titicaca y forma parte de las cabeceras del Amazonas. Es vital para el futuro de quienes dependen de esos recursos”, afirmó el científico.

Esperanza y compromiso frente al cambio climático

Pese al panorama crítico, Thompson se mostró optimista sobre la capacidad de la humanidad para reducir los efectos del cambio climático. Reconoció que muchos glaciares tropicales desaparecerán, pero insistió en que todavía es posible mitigar el daño si se reducen las emisiones y se fortalecen las políticas ambientales. Su propuesta más reciente es convertir las zonas de Quelccaya y Coropuna en áreas protegidas, para preservar su valor ecológico y científico.

El investigador también resaltó el papel de la educación y el compromiso individual en la lucha climática. En su mensaje a los jóvenes peruanos, los alentó a descubrir su vocación y actuar desde sus propias capacidades, destacando que el cambio comienza con la pasión y la persistencia personal.

“Creo que el glaciar Quelccaya está muy cerca del punto de inflexión, pero aún podemos marcar la diferencia. Aunque perderemos muchos glaciares, soy optimista: podemos reducir los efectos más graves del cambio climático y proteger las partes más puras de nuestro planeta”, declaró Thompson.

El paso de Lonnie Thompson por Arequipa dejó una huella de inspiración. Más allá de su labor científica, su historia es un testimonio de perseverancia frente a la adversidad y de fe en el poder del conocimiento. Su llamado a proteger los glaciares peruanos no es solo una advertencia científica, sino una invitación a cuidar la herencia natural del país. En un contexto global cada vez más incierto, su mensaje cobra especial relevancia: aún hay tiempo para actuar, pero la ventana se estrecha rápidamente.

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El Congreso aprobó este miércoles por la noche, autorizar a las universidades públicas a que realicen “modificaciones presupuestarias para financiar los gastos de su gestión y operatividad establecidas en la normativa vigente”, de forma excepcional, durante el año fiscal 2025.

El Proyecto de Ley presentado por el congresista Alejandro Soto (APP) en su artículo único autoriza a que estas modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático sean con cargo a los recursos de las partidas de gasto de Retribuciones y complementos en efectivo y Contribuciones a la seguridad social.

“A fin de financiar los gastos necesarios para la gestión y operatividad de estas entidades en el cumplimiento de sus funciones, establecidas en la normativa vigente”. Quedando exonerados de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para este Año Fiscal, de Decretos Legislativos, así como de cualquier otra norma que se oponga a la presente ley.

Las modificaciones presupuestarias se autorizan con resolución del titular del pliego, previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Recursos Humanos del pliego o las que hagan sus veces.

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También autorizan el aumento de remuneraciones

De otro lado, en la primera disposición complementaria final también se autoriza “durante el Año Fiscal 2025, el incremento de la remuneración de los docentes ordinarios y docentes contratados de las universidades públicas, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y por el ministro de Educación, a propuesta de este último. El incremento se efectuará en un tramo, a partir del mes de diciembre”.

Soto Reyes, quien es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, al terminar el debate, aceptó incluir en el texto sustitutorio las propuestas de los congresistas Eduardo Salhuana Cavides (APP), Elizabeth Medina Hermosilla (SP) y Alex Paredes Gonzales (SP).

En el texto sustitutorio se incluye, además, otras 5 disposiciones complementarias finales y 1 disposición complementaria modificatoria.

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Docentes de universidades públicas acatan huelga indefinida

La ley aprobada por el Congreso se da cuando la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), acataba una huelga nacional indefinida desde el 3 de noviembre por “el incumplimiento prolongado de sus derechos, la falta de avances en negociación y recortes presupuestales”.

Según se informó, cientos de docentes superiores de varias regiones en todo el Perú acatan una huelga indefinida convocada por la FENDUP, tras considerar que el Estado ha ignorado por décadas sus reclamos fundamentales y agotado las vías de negociación.

El presidente del gremio, Óscar Sudario, dijo a La República que, el paro responde al incumplimiento sistemático de normativas vigentes, recortes presupuestales y el avance de propuestas (como el RIMSU) que, a su juicio, amenazan los derechos laborales de los docentes.

Explicó el dirigente que la medida fue declarada inevitable tras sesiones de negociación sin avances concretos con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República.

“Hemos tenido más de 20 sesiones de trabajo… y nuestros reclamos no han sido atendidos. Se nos acabó la paciencia”, refirió Sudario. Recordó además que la plataforma de lucha del gremio incluye siete puntos clave que abarcan desde la homologación salarial hasta la reincorporación de jefes de práctica y la modificación de artículos de la Ley Universitaria.

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En Arequipa, la violencia contra la mujer continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales. Las autoridades regionales y el Ministerio Público reportan un número alarmante de denuncias que llaman de manera urgente a fortalecer las estrategias de protección y empoderamiento femenino. La tendencia, aunque muestra una leve reducción de feminicidios en comparación con años anteriores, mantiene niveles preocupantes en agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

Cifras que evidencian la magnitud de la violencia en Arequipa

Según la Fiscal Provincial de Familia, María del Rosario Sotomayor, hasta septiembre de 2025 se han registrado 15 691 denuncias por diversos tipos de violencia contra la mujer en la región Arequipa. Estos casos comprenden agresiones físicas y psicológicas, violaciones y feminicidios, lo que muestra la amplitud y complejidad del problema que enfrenta la sociedad arequipeña.

El balance del Ministerio Público también revela un descenso en los casos de feminicidio en comparación con los años previos: en 2023 se reportaron 18 víctimas, en 2024 fueron 8 y en 2025 se contabilizan 5 hasta el momento. De estos últimos, cuatro cuentan con prisión preventiva. Aun así, el porcentaje de denuncias por violencia física y psicológica representa cerca del 75 % del total, lo que demuestra la persistencia de relaciones desiguales y dinámicas de control dentro del hogar.

“En este año tenemos hasta septiembre 15 691 denuncias, estas denuncias no solamente son agresiones físicas, sino psicológicas, son violaciones y también feminicidios. Dentro de los feminicidios tenemos 5, tanto en Cercado como en módulos, de los 5, 4 se encuentran con prisión preventiva”, señaló la fiscal María del Rosario Sotomayor.

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Acciones para reducir la violencia de género

Desde el Gobierno Regional de Arequipa, se promueven políticas orientadas a reducir los niveles de violencia y fortalecer la independencia económica de las mujeres. Estas acciones forman parte de un enfoque integral impulsado por el observatorio regional, que permite acceder a datos actualizados para planificar estrategias de intervención más efectivas y focalizadas en las zonas vulnerables.

El gerente de Desarrollo e Inclusión Social, Fernando Izuisa Prado, informó que el trabajo regional se centra en la capacitación permanente de mujeres provenientes de zonas comunes y rurales. Los programas incluyen formación técnica en oficios como corte, confección y peluquería, lo que contribuye a disminuir la dependencia económica y mejorar la seguridad familiar.

“Estamos trabajando con mujeres vulnerables, especialmente de las zonas comunes. La gran ventaja es brindarles capacitación técnica para que puedan garantizar recursos y mantener su independencia económica”, explicó el gerente regional Fernando Izuisa Prado.

La realidad que enfrenta Arequipa es el reto de transformar la cultura de violencia desde la raíz, combinando justicia, educación y oportunidades. Mientras las denuncias siguen siendo una constante, las autoridades coinciden en que la prevención, la autonomía económica y la educación de las nuevas generaciones son claves para revertir esta tendencia y garantizar una vida libre de violencia para las mujeres arequipeñas.

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Trabajadores bajo el régimen CAS de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) retomaron movilizaciones para exigir al Congreso la aprobación del proyecto de ley que les otorgaría beneficios como CTS y gratificaciones. Las protestas se desarrollan en coordinación con bases nacionales, luego de que gremios sindicales advirtieran que la diferenciación salarial y contractual persiste pese a realizar las mismas funciones que el personal nombrado.

En Arequipa, ya se había realizado una concentración previa en la Plaza España, donde se recordó que cerca de 700 trabajadores CAS continúan sin acceso a derechos como escolaridad, convenios colectivos y pagos por Fiestas Patrias y Navidad.

Durante esa jornada, dirigentes del SUTUNSA señalaron que la aprobación del dictamen depende de la segunda votación en el Pleno del Congreso. En caso de que no avance, evalúan nuevas medidas de presión junto a otros sindicatos del sector público. Según los voceros, la falta de igualdad laboral genera una situación de precarización que se arrastra desde 2009, año en que el régimen CAS fue implementado como modelo temporal y excepcional, pero que terminó extendiéndose sin dar opción de nombramiento.-

¿Las protestas afectarán el funcionamiento de la UNSA?

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores CAS de la UNSA, Henry Porras, afirmó que las jornadas de protesta no paralizarán las actividades académicas ni administrativas de la universidad. Señaló que, de los más de 450 trabajadores CAS, solo entre 70 y 80 participarán en la movilización, mientras el resto mantendrá la atención al público. Áreas como comedor universitario, biblioteca y emisión de documentos continuarán operando, pues se ha dispuesto que solo parte del personal rotará para asistir a la marcha.

Porras sostuvo que la medida no constituye una huelga total, sino una acción de protesta con recuperación de horas laborales, por lo que los estudiantes no verán afectado el desarrollo de clases ni servicios internos. También precisó que la UNSA mantiene un diálogo abierto sobre pliegos de reclamos relacionados a convenios colectivos, pero que el tema central —la igualdad de beneficios para los CAS— depende exclusivamente del Congreso. Según el dirigente, la demanda principal es que el Estado deje de tratar a los trabajadores CAS como personal de segunda categoría, pese a cumplir las mismas funciones que los regímenes 276 y 728.

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