En una ceremonia que reunió a autoridades académicas, representantes del sector turismo y miembros de la Asociación Tambo La Cabezona, se formalizó la incorporación de este emblemático inmueble al circuito turístico de Arequipa. El acto destacó el trabajo conjunto de la Universidad Católica de Santa María y de las familias Simons Chirinos y Balta Chirinos para preservar un patrimonio que refleja el dinamismo económico y cultural de la Ciudad Blanca desde su fundación en 1540.

Patrimonio histórico con vocación académica

El evento contó con la participación del rector de la Universidad Católica de Santa María, Jorge Luis Cáceres Arce, acompañado por los vicerrectores José Villanueva Salas y Máximo Rondón. También estuvieron presentes decanos de diversas facultades, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza Cruz, y representantes de la Asociación Tambo La Cabezona. Durante la presentación, se resaltó la relevancia de este espacio como laboratorio para estudiantes de arquitectura, ingeniería y turismo, quienes podrán realizar prácticas en un entorno histórico único.

El coordinador de museos de la casa universitaria, Franz Grupp Castello, recordó que Arequipa siempre ocupó un punto estratégico entre la costa y la sierra, lo que impulsó su desarrollo económico y social. “Desde su fundación en 1540, Arequipa se convirtió en una de las ciudades más importantes del país”, destacó al explicar que la ciudad albergó tambos como centros de tránsito y comercio en la época colonial.

Por su parte, los anfitriones de la Asociación Tambo La Cabezona reafirmaron su objetivo de posicionar el inmueble como referente museológico. “Nuestro principal objetivo como asociación es posicionar al Tambo en la mente de la población y de los visitantes locales, nacionales y extranjeros, como la mejor opción museológica y cultural de la ciudad”, señaló Pablo Simons Chirinos durante su intervención.

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Una nueva oferta cultural para residentes y visitantes

El Tambo La Cabezona conserva su arquitectura original de sillar con bóvedas, balcones, patios y escaleras que evocan la vida comercial de los siglos pasados. La restauración ha permitido habilitar trece salas temáticas que incluyen espacios como molino, botica, carpintería, imprenta, biblioteca y talleres de costura y herrería. Estos ambientes recrean el quehacer cotidiano de los antiguos comerciantes y artesanos, convirtiéndose en un museo vivo para el público.

La universidad subrayó que este proyecto no solo promueve el turismo, sino que fortalece la identidad local. “La cultura tiene que requerir más inversión. La Universidad Católica Santa María va a seguir invirtiendo en la cultura de esta gran ciudad, que queremos tanto”, expresó el rector Jorge Luis Cáceres Arce, destacando el compromiso institucional con la preservación del patrimonio arequipeño.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza Cruz, invitó a la ciudadanía y a los colegios a conocer el nuevo museo. Consideró que este espacio será clave para que escolares y universitarios comprendan cómo se desarrollaba la vida en Arequipa durante la colonia y valoren la importancia de su herencia arquitectónica y cultural.

Con su incorporación oficial al circuito turístico, el Tambo La Cabezona refuerza la oferta patrimonial de Arequipa y abre sus puertas a residentes, visitantes nacionales y extranjeros. La alianza entre la Universidad Católica de Santa María y las familias propietarias asegura la conservación de este espacio histórico, que ahora se proyecta como un centro de aprendizaje, arte y memoria viva de la Ciudad Blanca.

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AGENDA REGIONAL | José Carlos Mallma Soto, abogado y defensor de los derechos del consumidor, sostiene que la reforma del sistema de pensiones fue diseñada pensando en los intereses de las empresas, no en los ciudadanos. Afirma que los bancos, dueños de las AFP, manejan un negocio muy rentable donde casi no tienen competencia.

Mira el programa completo en https://www.youtube.com/watch?v=MyDtxbiycAs

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El video ¿SE APROVECHAN? | Bancos y AFP: prácticamente los dueños del negocio de las pensiones, según abogado se publicó en YouTube en este enlace

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Los comuneros afectados aseguran que la intervención policial se realizó mientras sigue en curso una acción de amparo que busca garantizar su traslado a la zona PB3 de Majes I, compromiso que, afirman, no se han cumplido. Denuncian que esta situación vulnera su derecho a la vivienda y pone en riesgo la estabilidad de sus familias, quienes vendieron sus terrenos para la construcción de la represa de Angostura con la promesa de recibir una nueva ubicación.

Comuneros reclaman incumplimiento de reubicación

Los representantes de la Asociación de Propietarios Individuales Afectados por la Construcción de la Represa de Angostura señalan que Autodema no ha entregado las 506 hectáreas acordadas en la Pampa Baja de Majes I. Este compromiso formaba parte del convenio de compraventa firmado cuando cedieron sus tierras para el proyecto hidráulico. La falta de transferencia de predios ha derivado en un proceso contradictor que, según los comuneros, debía resolverse antes de cualquier desalojo.

Además, los dirigentes cuestionan el uso de la fuerza durante las operaciones policiales, las cuales, aseguran, se han repetido en tres ocasiones. Afirman que estas acciones se han realizado sin considerar las resoluciones judiciales a su favor y sin ofrecer alternativas de reubicación que garanticen su derecho a la vivienda.

El presidente de los comuneros, Félix Yanque, expresó su indignación por el operativo: “Estamos en Pusa Pusa. Hemos sufrido otro desalojo más, arbitrario, a pesar de que hemos cursado documentos a diferentes instituciones, más que todo a la Policía Nacional, porque dentro de su protocolo, dice, donde existe una demanda, no pueden ellos actuar”.

Denuncias contra Autodema y llamado a las autoridades en Arequipa

Los comuneros sostienen que las condiciones actuales los han llevado a una situación de extrema vulnerabilidad. Según Yanque, las familias afectadas sobreviven con trabajos eventuales en Caylloma mientras esperan que el Poder Judicial resuelva la acción de amparo que, insisten, debía frenar el desalojo.

El dirigente también recordó que el convenio original establecía la reubicación y la restauración de sus medios de vida, medidas que no se han materializado pese a estar respaldadas por resoluciones judiciales. Esta demora, señalan, ha incrementado la precariedad de las familias y ha generado un clima de tensión en la comunidad.

“Nosotros no somos invasores, siempre hemos vivido acá y a este proyecto, Autodema, le hemos vendido nuestras tierras de buena fe para que se construya esta represa y restablezca nuestro cuadro de vida. Nos han prometido 506 hectáreas en la Pampa de Pampa Baja, Majes I, hasta hoy día nunca nos han entregado”, remarcó Yanque.

Los comuneros de Pusa Pusa demandan la intervención de las autoridades regionales y nacionales para que se cumplan los acuerdos firmados y se respete el proceso judicial en curso. Mientras tanto, las familias desalojadas permanecen en situación de incertidumbre, a la espera de una respuesta que garantice su derecho a la vivienda y a la reubicación prometida en Arequipa.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó al Perú por el déficit fiscal, la informalidad, débil recaudación, falta de reformas estructurales con los que el país arriesga estancar su crecimiento y pone en riesgo el desarrollo del Perú.

Así lo dio a conocer el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, durante la presentación oficial del Estudio Económico del Perú 2025, elaborado por esta organización y en el que se analizó el reciente desempeño del país y “cómo puede impulsar el crecimiento para construir una economía más resiliente, inclusiva y sostenible”.

De acuerdo con el documento, la economía peruana enfrenta un punto de inflexión que la OCDE advierte al Ejecutivo: “sin disciplina fiscal ni reformas estructurales, el país arriesga estancar su crecimiento”. Asimismo, la informalidad, baja recaudación, financiamiento limitado para MIPYME, brechas sociales y transición verde son “los grandes retos pendientes”.

La entrega del estudio se realizó en el Palacio de Torre Tagle al Canciller, Elmer Schialer quien destacó que, “este informe es clave para fortalecer políticas públicas más eficaces”.

OCDE pide a Fiscalía proteger a fiscales anticorrupción en especial a los del equipo Lava Jato

Preocupa la criminalidad, la dependencia de jueces provisionales y otros aspectos

De acuerdo con el informe, el aumento de la delincuencia y la preocupación por la seguridad en Perú podría reavivar el malestar social y perjudicar la inversión y el turismo, lo que podría socavar el crecimiento económico.

“Se estima que actividades ilegales como la extorsión, la minería ilegal, especialmente de oro, y el narcotráfico representan entre el 3% y el 4% del PIB del Perú (Aragón y Ruiz, 2024). Los casos de extorsión aumentaron un 370% entre 2021 y 2023, afectando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (TheWorld, 2024)”, se lee en el informe.

Asimismo, advierten que, el aumento de la actividad delictiva eleva los costos operativos de las empresas, interrumpe la actividad comercial y desalienta el turismo, un producto de exportación clave.

De otro lado, refieren que la Constitución peruana garantiza la independencia judicial, pero que persisten algunos desafíos. “Los procesos actuales de evaluación y valoración, así como la alta dependencia de jueces provisionales, comprometen la independencia e imparcialidad de los jueces, a la vez que afectan la consistencia y la calidad de las decisiones judiciales (OCDE, 2024)”.

Y recuerdan que en 2024 y 2025, la Junta Nacional de Justicia emitió varias convocatorias para nombrar jueces y fiscales titulares, con el objetivo de reducir esta dependencia y fortalecer la estabilidad del poder judicial.

OCDE canceló incorporación del Perú por culpa del Congreso | Al Vuelo

“Lograr un mejor nivel de vida requiere reformas audaces” dice la OCDE

Las sólidas bases macroeconómicas del Perú han sustentado su resiliencia macroeconómica, pero elevar el nivel de vida exige reformas audaces. Ante el debilitamiento de la disciplina fiscal y las limitadas perspectivas de crecimiento a largo plazo, será necesario reforzar el marco macroeconómico e impulsar reformas estructurales para elevar el nivel de vida de forma sostenible, reza el informe.

Hacen ver que, la economía creció un 3,7 % entre 2008 y 2024, una de las tasas más rápidas de América Latina. “De cara al futuro, mantener y acelerar las perspectivas a largo plazo requerirá abordar los desafíos estructurales impulsando la inversión, mejorando la productividad y reduciendo las desigualdades sociales para aprovechar al máximo el potencial de capital humano del país”, refieren entre otros puntos.

Además, el organismo internacional dice que el país debe mantener unas finanzas públicas sólidas, liberar el potencial de su capital humano y mejorar el entorno de negocios, sobre todo para las pequeñas empresas.

OCDE: Perú deberá identificar las reformas que tendrá que hacer para acceder a esta organización

Esperan que el crecimiento del consumo público y la inversión pública se moderen

También manifiestan que, se prevé que el crecimiento del PIB se desacelere al 2,8% en 2025 y al 2,6% en 2026, mientras que la inflación se mantendrá en torno al objetivo del 2%. La incertidumbre global y nacional moderará el crecimiento al debilitar la confianza empresarial y del consumidor.

Al respecto, en el informe de la OCDE refieren que, las iniciativas gubernamentales para acelerar las APP, junto con la simplificación de las regulaciones onerosas, y la baja inflación, compensarán parcialmente estos efectos al impulsar la inversión y el consumo privados. Se espera que el crecimiento del consumo público y la inversión pública se moderen, lo que refleja una transición hacia la consolidación fiscal.

Se prevé que los términos de intercambio de Perú se mantengan altos, lo que respaldará su posición externa. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones se debilitará debido al impacto directo de los nuevos aranceles estadounidenses sobre los productos peruanos y al lastre generalizado de un crecimiento mundial más débil.

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El “brunch” que se vivió en la comisión encargada de reformar el sistema de justicia del Congreso, presidida por María del Carmen Alva, quedó para la historia. Y es que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, llegó como un buen samaritano y con su bandera blanca en mano, dejando más que encantados a los congresistas presentes. No solo se mostró entusiasta con la idea de que el Congreso meta mano al sistema judicial, sino que también se declaró indignado por las “barbaridades” que —según él y toda la DBA— cometía Delia Espinoza contra los pobres parlamentarios al investigarlos.

Pero la mayor muestra de cariño fue hacia la bancada naranja. Patricia Juárez expresó su preocupación por la denuncia que Espinoza dejó lista antes de su suspensión, solicitando la nulidad de inscripción como partido de Fuerza Popular. Gálvez, como para calmar nervios, aseguró que serán “muy objetivos” y que harán lo posible para que aquello no termine en confrontación:

Así, con una palmadita en la espalda y una sonrisa cómplice, el fujimorismo puede dormir más tranquilo. Qué buen fiscal se consiguieron, ¿no?

El 92% de los peruanos quiere que Juan José Santiváñez y Eduardo Arana renuncien

El gobierno cada vez cae más bajo en la simpatía popular. Sin embargo, el rechazo ya no es exclusivo de Dina Boluarte, sino que ahora son sus ministros  los que también se llevan el desprecio de la ciudadanía. Se trata de Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, de quienes el 92% de consultados en una encuesta nacional de Ipsos pide que renuncien al cargo. Apenas un 4% de los preguntados quiere que los dos angelitos se mantengan en sus cargos.

Lo más grave es que el mayor rechazo en contra de alias ‘Cachetón’ y del premier se registra en Lima, donde no los quiere el 95% de la población encuestada. Aunque todos sabemos que en el régimen de Boluarte todos tienen cuero de chancho y se bañan en manteca. ¿Verdad, Dina Ercilia?

Ministro Juan José Santiváñez anuncia que la extradición de ‘El Monstruo’ demorará

Parece que a ‘El Monstruo’, la justicia paraguaya le ha puesto una trampa burocrática más eficaz que cualquier operativo policial: una carpeta fiscal. El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, explicó que, debido a este expediente abierto en Paraguay, la expulsión expedita del delincuente está “prácticamente descartada”. Dicho en cristiano: su extradición ahora depende de los tiempos de la justicia vecina, lo que significa que tendrá que hacer fila junto a otros procesos. Para completar el cuadro, Santiváñez reveló, casi de pasada, que según un colaborador eficaz, al menos dos “malos efectivos” policiales le estarían pasando data al prófugo para esquivar capturas.

Una información que, por supuesto, ya está en manos de la Fiscalía para que la verifique porque, como todo el mundo sabe, los dichos de un delator requieren de confirmación, especialmente cuando señalan a quienes deberían estar capturándolo. Una demora más que conveniente para los “colaboradores” peruanos del monstruo. 

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Pasó en el Perú | Arequipa. Dirigentes de la Asociación de Propietarios Individuales Afectados por la Construcción de la Represa de Angostura del Anexo de Pusa Pusa denunciaron que este lunes 29 se ejecutó el desalojo de cuatro familias pese a fallos judiciales a su favor.

Su presidente, Félix Maximiliano Yanque Huanca, informó que la Policía Nacional comunicó la medida la tarde del domingo, por lo que pidió la intervención de las autoridades regionales y del distrito de Caylloma.

El dirigente recordó que Autodema y el Gobierno Regional de Arequipa incumplen acuerdos de reubicación, transferencia de terrenos y restauración de condiciones de vida, a pesar de estar contemplados en las resoluciones judiciales.

Además, solicitó el respaldo del congresista Esdras Medina para establecer diálogo con la PNP, señalando que en dos ocasiones anteriores las familias ya sufrieron desalojos violentos, informó El Búho.

Ayacucho: Pobladores de Nueva Esperanza protestan en Kimbiri por compromisos incumplidos

Pasó en el Perú | Ayacucho. Los pobladores de la comunidad Nueva Esperanza, en el distrito de Kimbiri (VRAEM), realizaron hoy una protesta pacífica en los exteriores de la Municipalidad Distrital para exigir al alcalde Héctor Dipas Torres el cumplimiento de los compromisos asumidos durante su gestión.

Con pancartas en mano y arengas dirigidas a las autoridades locales, los ciudadanos señalaron que las promesas realizadas hasta la fecha no han sido concretadas. “Estamos cansados de esperar. El alcalde dijo que atendería nuestras necesidades, pero seguimos igual. No hay obras, no hay servicios, no hay apoyo. La gente ya perdió la esperanza”, expresó uno de los manifestantes.

Entre las principales demandas, los pobladores solicitaron proyectos de infraestructura básica, mejoras en los servicios públicos y programas de apoyo social. Según indicaron, la falta de ejecución ha impactado en su calidad de vida y generado una creciente desconfianza hacia las autoridades distritales.

Los dirigentes comunales advirtieron que las protestas continuarán de manera indefinida hasta recibir una respuesta formal y verificable por parte de la municipalidad. «No buscamos confrontación, pedimos que se cumpla lo prometido. Nuestra comunidad merece respeto y atención», remarcaron.

Hasta el cierre de esta edición, la Municipalidad Distrital de Kimbiri no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las demandas de los vecinos de Nueva Esperanza, informó Jornada.

Junín: Anuncian contrato para construcción de planta aguas residuales, pero aún no se compran los terrenos

Pasó en el Perú | Junín. El alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, anunció que en marzo de 2026 se firmará el contrato para construir la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, que se ejecutará bajo la modalidad de asociación público-privada y demandará una inversión de S/ 920 millones de soles.

Cuba explicó que la licitación se lanzará en diciembre de este año y en marzo se otorgará la buena pro. El expediente técnico se elaborará en dos años y la construcción demandará otros cuatro. En total, la ejecución del proyecto durará seis años.

Pero el principal obstáculo es la compra de los terrenos necesarios para la infraestructura. Según el alcalde, ProInversión iniciará en noviembre el proceso de adquisición de predios, para lo cual se requieren 60 millones de soles. La ley permite la compra directa con un 20% adicional al valor comercial.

El proyecto beneficiará a más de 460 mil ciudadanos de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán, Huayucachi, Huacrapuquio y Viques, pero enfrenta la oposición de pobladores del barrio Mantaro que rechazan la expropiación de sus terrenos y exigen una compensación justa, informó Huanca York Times.

Loreto: Chuchuhuasi podría reconocerse como patrimonio cultural

Pasó en el Perú | Loreto. El escritor y antropólogo Alejandro Augusto Mendoza publicó un artículo en el que sustenta la necesidad de reconocer al macerado de chuchuhuasi como patrimonio cultural y con denominación de origen peruana.

Su investigación, basada en documentos históricos y entrevistas a maestros chuchuhuacieros de diversas regiones amazónicas, concluye que el primer registro del uso de esta bebida se remonta a 1843 en Iquitos.

Mendoza destacó que otros países andinos ya comercializan el producto con variantes del nombre, pese a que los registros más antiguos corresponden al Perú.

Por ello, plantea reforzar la identidad loretana y peruana del chuchuhuasi, no solo por su valor histórico y cultural, sino también por su potencial económico. El artículo completo se encuentra disponible en la revista Amazonía Peruana. ProyContra.

“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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PASÓ EN EL Perú | Noticiero desde regiones – 29 setiembre 2025 – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Arequipa: Cuatro familias de Pusa Pusa denuncian desalojo promovido por Autodema
AYACUCHO: Pobladores de Nueva Esperanza protestan en Kimbiri por compromisos incumplidos
JUNÍN: Anuncian contrato para construcción de planta aguas residuales, pero aún no se compran los terrenos
LORETO: Chuchuhuasi podría reconocerse como patrimonio cultural

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– Vizcarra lidera las encuestas y Congreso decide acusarlo
– Violencia sin límite por parte de la PNP en marchas de la Generación Z
– Tomás Aladino Gálvez deja de disimular y arremete contra fiscales Lava Jato
– Cosas que solo pasan en el Perú: Vizcarra lidera encuestas y vuelven a hackear a la PNP
– Conexión regional: Trujillano acusado en Argentina / Cardenal le habla a los católicos del Perú

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Dos hombres fueron asesinados y un tercero resultó herido durante un ataque armado a ráfagas de bala en la urbanización San Joaquín, en Ica. Los asesinos, a bordo de una moto lineal, abrieron fuego sin dar opción de escape.

Las víctimas fueron identificadas como José Altamirano Vizarreta (37) y Daniel Quivio Huaracc (38), ambos taxistas, quienes murieron en el acto. El herido se trata de Juan Carlos Valles Chávez (31), ex policía separado de la institución, que fue trasladado de emergencia al hospital regional.

El ataque se registró alrededor de la 1:20 de la madrugada de hoy lunes en la cooperativa Nueva Esperanza, entre las avenidas Valcárcel y María Eguren. Testigos afirmaron que los sicarios descargaron ráfagas de proyectiles cuando los tres hombres conversaban junto a una unidad de taxi.

Altamirano residía en Comatrana y Quivio en Parcona. La madre de José sufrió un colapso nervioso tras enterarse de la noticia y debió ser internada en el hospital regional. informaron que años atrás la mujer perdió también a un hermano en un hecho criminal.

La Policía maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado a extorsiones, pues uno de los fallecidos había sido víctima de robo en la zona del Camino a la Victoria. La fiscal Mercedes Anahí Ramos Ramos ordenó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue.

Los efectivos de la PNP anoche intensificaron patrullajes en San Joaquín y sectores cercanos para dar con los sicarios. El ataque es un hecho en el historial de ataques por bandas armadas en Ica. Esta vez las víctimas fueron los del sector transporte, posibles víctimas de la extosión.

Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA

Un grupo de al menos cien vecinos del centro poblado La Tortuga llegó la mañana del lunes hasta la sede del Gobierno Regional (GORE) de Piura para exigir una consulta popular que determine si su localidad pertenece a Paita o a Sechura. Señalan que la falta de definición, arrastrada por más de un siglo, les impide acceder a servicios básicos y presupuesto público.

La ubicación del centro poblado La Tortuga, se mantiene en disputa desde hace décadas. La falta de una definición oficial sobre si pertenece a Paita o a Sechura ha generado una parálisis administrativa que impide asignar presupuesto, ejecutar obras y garantizar servicios básicos.

Durante la mañana del lunes, los manifestantes recorrieron las principales calles de la ciudad y se concentraron frente a la sede del GORE. Su demanda fue contundente, piden que una sola municipalidad asuma la administración de La Tortuga, un centro poblado de cerca de 7,000 habitantes.

“Tenemos dos municipalidades, una por Vice y otra por Paita, y ninguna atiende las necesidades del pueblo. Vivimos olvidados, sin posta médica, sin colegio en condiciones y con todas las pistas dañadas”, expresó Segundo Martínez, un poblador del sector.

La comunidad denuncia que, pese a ser una zona de gran riqueza, donde se extrae gas comparable al de Camisea y se desarrollan actividades mineras y pesqueras, los beneficios no llegan. 

“Tenemos un mineral que viene siendo explotado y no recibimos ningún presupuesto. Las calles están abandonadas, la obra de agua y desagüe quedó a medias y no tenemos pistas. Vivimos como tierra de nadie”, reclamó Manuel Encalada, uno de los representantes.

Los pobladores señalan que el Gobierno Regional se comprometió a instalar una mesa técnica para evaluar la consulta, pero nunca cumplió con lo acordado, por lo que consideran que las autoridades carecen de voluntad de diálogo y de atender sus reclamos.

“Nos invitaron a reunirnos el viernes pasado, el pueblo esperó desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, pero nadie llegó. Por eso estamos aquí, cansados de los engaños”, afirmó José García Zapata.

Mientras una delegación ingresaba a dialogar con representantes del GORE, los vecinos recalcaron que no es una protesta aislada, sino un reclamo histórico. Generaciones enteras han vivido en abandono, una situación que, afirman, se arrastra desde hace más de un siglo.

Finalmente, la población de La Tortuga reiteró su exigencia para que una sola municipalidad asuma la administración del centro poblado y que sea la propia comunidad la que decida a qué distrito pertenecer.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cutivalú Piura

Los trabajos de mejora en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Fernando Belaúnde Terry, ubicado en Jaén, Cajamarca, han finalizado exitosamente, según confirmó Miguel Figueroa, representante de las rondas campesinas y nativas de la provincia. Las labores concluyeron el pasado sábado, cumpliendo con el cronograma establecido en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Jaén.

“Nosotros hemos estado junto a los ingenieros, hemos sido espectadores y hemos estado presionando para que realicen los trabajos y cumplan con los plazos. Ahora se ha dicho que son diez días de pruebas, pero eso ya depende de CORPAC”, afirmó Figueroa, destacando la participación activa de las rondas en la supervisión del proyecto.

Actualmente, la reapertura del aeropuerto se encuentra en la fase de prueba técnica de la pista, un proceso que será gestionado por CORPAC, la entidad encargada de la operación y control de aeropuertos a nivel nacional. Se espera que en las próximas horas se anuncien novedades oficiales sobre la reapertura del aeropuerto de Jaén para vuelos comerciales y de carga.

El funcionamiento óptimo del Aeropuerto Fernando Belaúnde Terry es clave para el desarrollo económico y la conectividad de Jaén con otras regiones del país. Su reapertura representa un avance significativo en la mejora de la infraestructura regional y el fortalecimiento de las actividades comerciales, turísticas y sociales en la zona.

Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::

Celia Candiotti Rivera, trabajadora de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huamanga con 26 años de servicio, denunció públicamente haber sido víctima de maltrato verbal por parte del gerente de Seguridad Ciudadana, Mogollón Izquierdo. Según relató, el hecho ocurrió en febrero, cuando el funcionario la increpó de manera despectiva y la trató con expresiones que consideró humillantes delante de sus compañeros.

“Me gritó en la cara y me sentí vulnerada como mujer y como trabajadora, porque no solo atentó contra mi persona, sino contra la institución que represento”, señaló Candiotti.

La servidora aseguró que presentó su queja por mesa de partes, informó al alcalde Juan Carlos Arango y acudió incluso a instancias como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Centro de Emergencia Mujer; sin embargo, hasta la fecha no ha recibido una solución.

“No pido que me pida perdón, solo que reconozca que se excedió en la forma de tratarme. Una disculpa no cuesta nada”, agregó.

El caso se encuentra en la Cuarta Fiscalía, pero la denunciante afirma que el proceso no avanza y teme represalias.

“Desde febrero hasta ahora no tengo respuesta. Es doloroso sentir que mis derechos como mujer han sido vulnerados y que nadie en la municipalidad asuma responsabilidades”, expresó entre lágrimas.

La trabajadora instó a que se investigue el caso y se establezcan correctivos dentro de la comuna provincial, al advertir que este tipo de prácticas deterioran no solo la integridad del personal, sino también la imagen institucional.

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La Sociedad de Beneficencia de Iquitos ejecutó el desalojo de la empresa FDA Bioservice, que ocupaba un centro médico ubicado en la cuadra 8 de la calle Ricardo Palma. El proceso judicial se inició en 2020, debido al incumplimiento en el pago del alquiler pactado. 

Según informó Astrid Freitas Ruiz, jefa de logística y patrimonio, el caso se prolongó por cinco años hasta que se concretó la recuperación del inmueble. Freitas explicó que los ingresos por alquileres son parte del sustento económico de la institución, que atiende a más de dos mil beneficiarios. 

Añadió que la empresa retiró voluntariamente sus pertenencias y que ahora la beneficencia evaluará el estado del local para definir un nuevo uso que permita generar recursos en favor de sus programas sociales. 

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El 26 de septiembre de 2025, efectivos de la Unidad de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Huánuco, junto a representantes de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, ejecutaron el operativo “Panguana 2025” en el río Pachitea, dentro del Área de Conservación Privada de Panguana, distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca.

Durante la intervención, liderada por el mayor PNP Sandro Mario Vilca Saman, se hallaron tres balsas dragas que operaban en pleno cauce del río. Estas estructuras estaban equipadas con motores, bombas de succión, tuberías de PVC, mangueras, alfombras separadoras, combustible, aceite de motor, grupos electrógenos y otros accesorios.

En total, los equipos y materiales incautados fueron valorizados en aproximadamente S/ 1 millón 38 mil. La fiscalía dispuso la interdicción inmediata de los bienes al amparo del Decreto Legislativo N.º 1100, que regula las acciones contra la minería ilegal en curso de agua.

Segundo golpe en Pampas Verdes

Dos días después, el 28 de septiembre, un nuevo operativo fue ejecutado en el sector Pampas Verdes, en la Comunidad Nativa de Tahuantinsuyo, también en el distrito de Yuyapichis. La operación, nuevamente encabezada por el mayor PNP Vilca Saman con nueve suboficiales y la participación del fiscal adjunto Gemmill Patrocinio Benigno Ramos, se desarrolló tras un recorrido de cuatro horas a pie hasta llegar a la zona de extracción ilegal.

La fiscalía dispuso su interdicción inmediata por no contar con registro en el Reinfo ni autorización alguna para realizar actividad minera. (Foto: Difusión)

Allí se detectaron campamentos rústicos y maquinaria pesada en actividad. En un área de cinco hectáreas, se halló una excavadora sobre orugas, chutes metálicos, motobombas, combustible y otros implementos. Más adelante, en un área de 17 hectáreas, fueron encontradas dos excavadoras adicionales, seis chutes metálicos, cinco campamentos, grupos electrógenos, tuberías, pozas y una camioneta con placa de rodaje AYH-782.

Según la policía, los bienes intervenidos fueron valorizados en S/ 7 millones 184 mil. La fiscalía dispuso su interdicción inmediata por no contar con registro en el Reinfo ni autorización alguna para realizar actividad minera.

Mineros ilegales organizados

El operativo en Pampas Verdes reveló, además, que los mineros ilegales de la zona operan con un alto grado de organización. De acuerdo con la PNP, cuentan con personas destinadas a vigilar los movimientos de las fuerzas del orden e incluso se detectó que alrededor de 60 individuos se estaban agrupando para confrontar a los agentes.

Para reforzar la operación, se utilizó un dron de la institución policial, lo que permitió obtener imágenes aéreas de las actividades ilegales y del movimiento de los mineros.

Continuidad en las intervenciones

Ambas operaciones, que en conjunto lograron interdictar bienes valorizados en más de S/ 8 millones, concluyeron sin enfrentamientos ni heridos. Los equipos destruidos habrían sido empleados para extraer oro en pleno cauce de los ríos Pachitea y Yuyapichis, zonas prohibidas para dicha actividad.

Se detectó que alrededor de 60 individuos se estaban agrupando para confrontar a los agentes. (Foto: Difusión)

La Dirección de Medio Ambiente de la PNP anunció que continuará con acciones de inteligencia y operativos en la provincia de Puerto Inca, donde la minería ilegal sigue representando una amenaza para las áreas de conservación y los ecosistemas amazónicos.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión

El plan regulador de rutas para el transporte urbano de Huancayo estará listo recién en mayo del 2026, adelantó el alcalde Dennys Cuba tras la segunda audiencia pública de rendición de cuentas de este año. Según indicó, la elaboración del estudio comenzará en dos semanas, tras la firma del contrato, y servirá para enfrentar el caos vehicular en la ciudad.

Cuba confirmó además que en febrero del 2026 se entregará el plan de movilidad urbana, otro instrumento que busca ordenar el transporte público y que se convirtió en una de las principales demandas de los gremios que protestaron la semana pasada.

El alcalde explicó que la Municipalidad firmó el 12 de septiembre el contrato del plan de movilidad urbana, valorizado en S/ 2.5 millones, y que en las próximas semanas se suscribirá el contrato del plan regulador de rutas, con un costo de S/ 1.9 millones. La inversión total asciende a S/ 4.6 millones, financiada a través del programa Promovilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Precisó que los estudios estarán a cargo de empresas internacionales seleccionadas por el BID y aseguró que su gestión aprobará ambos instrumentos antes de concluir su mandato. “Con estos estudios se definirá por dónde circularán los transportes masivos, las ciclovías y el tránsito peatonal. Así sabremos la oferta y la demanda real que necesita Huancayo”, declaró.

El burgomaestre recordó que la gestión de Perú Libre, encabezada por el exalcalde Juan Carlos Quispe Ledesma, invirtió alrededor de S/ 1 millón en ciclovías que terminaron abandonadas por la falta de un plan técnico. “No queremos repetir experiencias fallidas. Con los estudios se asegurará que cada obra responda a una planificación seria”, señaló.

Sin embargo, el plan regulador de rutas solo contempla el transporte público dentro de la provincia de Huancayo y no resuelve la duplicidad de tarjetas de circulación en el transporte interprovincial con continuidad urbana, como ocurre con Chupaca. En ese caso, ambas municipalidades deben establecer un régimen de gestión común y elaborar un plan regulador de interconexión, según la normativa vigente.

“Con Chupaca tenemos un avance y hemos establecido que hay conurbanidad entre ambas provincias, pero faltan dar otros pasos”, precisó Jorge Quispe Ávila, gerente de Tránsito y Transportes de Huancayo.

El funcionario  lamentó que con la provincia de Concepción, no se han logrado avances.

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La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero expresó su firme rechazo a la reciente visita del congresista Héctor Valer Pinto a la ciudad de Juliaca, así como a la presencia de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la región.

El presidente de la asociación, Raúl Samillán Sanga, recordó que Valer calificó de “terroristas” a los ciudadanos que se manifestaron en contra del gobierno de Dina Boluarte, lo que consideró una grave ofensa a la memoria de las víctimas de las protestas ocurridas el 9 de enero de 2023.

“No podemos permitir que personas que nos han insultado y criminalizado vengan a nuestra ciudad como si nada hubiera pasado. Exigimos respeto por el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos”, declaró Samillán.

Críticas a Keiko Fujimori

El dirigente también cuestionó la visita reservada de Keiko Fujimori a la región, revelada por diversos medios de comunicación. Según Samillán, estas acciones buscan capitalizar políticamente una tragedia nacional, sin asumir responsabilidad por lo ocurrido durante las jornadas de protesta.

“El pueblo juliaqueño no olvida ni perdona. Quienes pretenden sacar provecho político de nuestra tragedia deben saber que no son bienvenidos”, enfatizó.

Compromiso con la memoria y la justicia

La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero reafirmó su compromiso de mantener viva la memoria de las 18 personas que perdieron la vida en Juliaca y de exigir justicia en los procesos judiciales que siguen pendientes.

Samillán llamó a la ciudadanía a permanecer vigilante y organizada para impedir que figuras políticas desacrediten la lucha social y utilicen el dolor de las familias con fines electorales.

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La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Altiplano exigió la renuncia inmediata del ministro Ángel Manuel Manero Campos por sus polémicas declaraciones. El funcionario sostuvo que la agricultura puede esperar mientras un proyecto minero no, priorizando la minería sobre el agro nacional.

La institución académica calificó estas afirmaciones como inadmisibles, irresponsables y atentatorias contra los principios del sector agropecuario peruano. El pronunciamiento oficial rechaza que el MIDAGRI se convierta en organismo público rector en materia agraria y no minera.

La facultad señaló que la agricultura constituye la base de la seguridad y soberanía alimentaria nacional e internacional del país. Las estrategias gubernamentales deben proveer bienes y servicios públicos de calidad a miles de familias peruanas que dependen del sector.

Los académicos enfatizaron que la agricultura depende directamente del acceso justo y sostenible al agua como recurso esencial. Este recurso resulta insustituible para la vida humana, los ecosistemas y la producción de alimentos en todo el territorio nacional.

El documento universitario rechaza que se subordine la agricultura ante intereses mineros que han demostrado impactos negativos reiterados. La actividad minera afecta el ambiente, las fuentes hídricas y la salud de las poblaciones rurales del país.

La institución puneña exigió la renuncia inmediata de Manero Campos por incumplir su deber de defender y priorizar la agricultura nacional. También solicitó proteger el agua y la seguridad alimentaria como responsabilidades ministeriales fundamentales en su gestión.

Los académicos llamaron a las autoridades nacionales a garantizar políticas coherentes y firmes en defensa del sector agropecuario. Estas políticas deben proteger el agua y la vida como pilares fundamentales de la sostenibilidad y el futuro nacional.

La universidad expresó solidaridad con agricultores, comunidades campesinas y pueblos originarios que luchan diariamente por proteger sus recursos. Estos sectores defienden el agua, la tierra y la producción de alimentos que sustentan la vida nacional.

El pronunciamiento reafirma que el agua constituye un recurso para la vida y la producción de alimentos en el territorio peruano. Esta declaración fue emitida desde Puno en septiembre de 2025 por la Facultad de Ciencias Agrarias como posición institucional.

La controversia surge cuando el país enfrenta debates sobre la priorización de recursos hídricos entre sectores productivos estratégicos. La posición universitaria marca una clara defensa del sector agropecuario frente a declaraciones ministeriales que consideran inaceptables para el desarrollo nacional.

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El alcalde de la provincia de Islay (Arequipa), Richard Ale Cruz, exige la renuncia del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero Campos. Esto, tras sus declaraciones en Perumin 37, donde resaltó que en casos de urgencia o escasez se debe priorizar dar el uso del recurso hídrico a la minería sobre la agricultura.

«Estoy pidiendo la renuncia, no solamente yo, a través mío lo piden los trabajadores del campo, los agricultores. No se puede tener un ministro que esté de espaldas a la realidad de la agricultura». Esto sostuvo el edil, quien también refirió que se evalúa una movilización si no se sustituye a Manero del cargo.

Desde la ciudad de Arequipa, Ale Cruz rechaza las palabras de Manero Campos. También afirma que lo mencionado por el ministro fue dirigido directamente al Valle de Tambo, cuya población se ha manifestado en contra del desarrollo del proyecto minero Tía María. Según las autoridades nacionales, se tiene previsto que su construcción comience en octubre o noviembre, ya que cuentan con todos las autorizaciones.

Al respecto, el alcalde señaló que solo queda presentar documentos para evitar su inicio. “Los agricultores no han cambiado su posición, siguen diciendo no a Tía María […] nosotros estamos diciendo no a todo tipo de minería”, enfatizó.

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Sin uso de agua en Islay (Arequipa)

El alcalde de Islay también informó que tienen 15 mil hectáreas de terrenos agrícolas, pero que no cuentan con licencia de uso de agua. «Sí hay agua para la minera, pero a nosotros no se nos quiere dar», manifestó Richard Ale.

En ese sentido, el edil reclamó a la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa por la demora en la entrega títulos, ya que sin esta documentación, tampoco pueden disponer del recurso hídrico para el riego.

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Durante su visita a Juliaca (Puno), el congresista Héctor Valer protagonizó un escandaloso incidente: empujó y escupió a un periodista, este último lo increpó por haber «terruqueado» a las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte, ocurridas en diciembre de 2022 y a inicios de 2023. Aunque negó haber proferido tales ofensas, le recordaron sus declaraciones pasadas y el momento en que causó indignación al colocar un cartel con el símbolo de Sendero Luminoso sobre fotografías de los fallecidos durante las protestas en Puno. Hasta el momento, el parlamentario de Somos Perú no ha pedido disculpas ni se ha pronunciado sobre el incidente

El video ¡NO SOPORTÓ! | Congresista Héctor Valer pierde los papeles con periodista en Puno: «¡Terruqueador!» se publicó en YouTube en este enlace

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El presidente y fundador de la Asociación de Empresarios de Turismo de La Convención (Asemtur), Alejandro Hinojosa Alagón, advirtió que la grave situación actual en el transporte de Machu Picchu (Cusco) afecta directamente la imagen turística de todo el país. El gremio turístico alertó que las constantes cancelaciones y las reprogramaciones de viajes generan gran desconfianza en los turistas. En realidad, la inestabilidad impacta a visitantes nacionales e internacionales que llegan a la zona. Hinojosa Alagón expresó una profunda preocupación por la incertidumbre que enfrentan los viajeros, siendo la mayoría de ellos estudiantes.

El representante empresarial indicó que, en esta época, las delegaciones de visitantes provienen principalmente de la macrorregión sur del país. Los turistas pasan por el sector de la Hidroeléctrica para visitar Machu Picchu justo antes de llegar a Quillabamba.

La situación controversial de las licitaciones de transporte es la principal causa de esta inestabilidad. Consecuentemente, el representante empresarial alertó sobre el impacto realmente negativo que ocasionan las cancelaciones de viajes. Este malestar no solo afecta a la región, sino que también tiene repercusiones a nivel internacional.

El transporte en Machu Picchu necesita medidas inmediatas

Hinojosa Alagón señaló que los turistas internacionales, al ver estos grandes problemas, lo comentan con otros viajeros. Por consiguiente, el sector pierde la credibilidad de las agencias de turismo de manera progresiva. La imagen de la región y del país se deteriora debido a la falta de un servicio estable.

Asimismo, el presidente de Asemtur instó a las autoridades a tomar medidas inmediatas y a actuar con la mayor transparencia posible. El gremio realiza un fuerte pedido al gobierno regional para resolver la crisis. Además, la solicitud se extiende al Ministerio de Cultura y a la Municipalidad de Machu Picchu para una intervención inmediata.

La intervención debe ser con las instituciones y empresas involucradas, con el objetivo de brindar un buen servicio. El gremio reconoce que la crisis del transporte en Machu Picchu va más allá de un simple problema logístico.

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