“Mi hijo ha salido con plomo en la sangre y mañana nos pueden dejar en la intemperie”, denunció Marisol Caro Salazar, una de las últimas moradoras de la antigua Morococha. Su familia y otras enfrentan este viernes 19 de septiembre, a las 11:00 de la mañana un desalojo calificado como irregular, dispuesto por el Juzgado Civil de La Oroya, a pedido de la minera china Chinalco para ampliar el proyecto de extracción de cobre Toromocho.
El fallo judicial autoriza incluso el descerraje de viviendas y dejar en la calle los enseres de las familias, con el uso de la fuerza pública de al menos 30 policías.
Los moradores temen quedar en la intemperie, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, sin que el Estado ni la empresa les aseguren un techo. “Nos han cortado la luz desde noviembre de 2019; no tenemos agua ni educación y vivimos entre detonaciones diarias”, relató otra de las afectadas en una conferencia de prensa realizada este jueves.
El abogado de las familias, Carlos Castro, cuestionó el accionar del juez Jesús Santana Socualaya.
“El Poder Judicial se ha extralimitado. Ha usurpado la política de reasentamiento que corresponde al Ejecutivo y está despojando a la gente pese a la existencia de una mesa de diálogo”, afirmó Castro. Según explicó, la defensa presentó un recurso de apelación y evalúa acciones de amparo y medidas internacionales.
Los pobladores señalan que el Estado incumplió la Ley 29869, que obliga a garantizar un reasentamiento digno en zonas de riesgo no mitigable. Aseguran que la “nueva” Morococha —el asentamiento levantado por Chinalco en Carhuacoto hace más de una década— tampoco garantizan condiciones seguras: persisten denuncias de contaminación por metales pesados en agua y suelos, además de la falta de empleo y servicios básicos.
“El Ministerio de Energía y Minas nos prometió convocar a reunión, pero hasta hoy no nos llama”, reclamó Edwin Alejandro, vocero de la Red Muqui. El dirigente recordó que el propio Miguel Espinoza, representante del Minem en la mesa de diálogo para el reasentamiento, ofreció comunicarse con los afectados, pero nunca cumplió.
Las familias insisten en que no se niegan al reasentamiento, pero exigen que este se haga en condiciones seguras. “No pedimos vivir en el peligro, queremos un traslado con dignidad, con servicios, con garantías. No vamos a aceptar que nos lancen a la calle”, señaló Elvis Atachagua, otro de los afectados.
El trasfondo de este conflicto se remonta a 2012, cuando Chinalco inició la reubicación de más de cinco mil pobladores de la antigua ciudad para abrir el tajo abierto de Toromocho. La mayoría se trasladó a Carhuacoto, pero un grupo se quedó en sus casas por considerar que las nuevas viviendas eran precarias o estaban ubicadas en zonas contaminadas. Desde entonces viven en medio de explosiones, polvo y carencia de servicios básicos que el Estado les fue quitando.
Las familias anuncian que resistirán y piden la presencia de la Defensoría del Pueblo y de organismos de derechos humanos para evitar abusos. “No nos oponemos al desarrollo, pero no aceptamos que la empresa ni el juez nos traten como invasores en nuestras propias casas”, advirtieron.
Se dedica criar cerdos
Para sobrevivir, los pobladores que defienden sus viviendas en la antigua Morococha, pese al paisaje de casas derrumbadas de las familias que aceptaron mudarse a Carhuacoto y los cercos de costal de yute colocados por Chinalco para amedrentarlos, realizan diversas actividades para ganarse el día a día.
Marisol Caro Salazar, por ejemplo, cría cerdos en su casita que aún permanece en pie en uno de los extremos de la antigua ciudad. Desde su ubicación, es posible observar la magnitud del avance del tajo, que ya se comió el cerro Toromocho, que era factor de identidad de los pobladores. También la zigzagueante forma de los cercos de costales de yute colocados por la minera.
A uno de los tres hijos de Marisol le detectaron en 2017 plomo en niveles altos en su sangre. Ahora, tras la decisión judicial que favorece a la poderosa Chinalco, y ante el silencio de las autoridades frente a este atropello, los pocos bienes que ella tiene, pueden terminar en la calle.
Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE
Área sensibles donde se observa al Parque Nacional del Manu. (Foto de MAAP)
La Ley 32020 establece la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha (Unatech).