Los trabajadores que emitan recibos por honorarios comenzarán a aportar de manera obligatoria a un fondo de pensiones, con un descuento inicial del 2% que llegará al 5% en 2034.
El economista Roger Grandez Ríos explicó que la reciente norma aprobada por el Congreso de la República establece que, a partir del 2027, los trabajadores que emitan recibos por honorarios comenzarán a aportar de manera obligatoria a un fondo de pensiones, con un descuento inicial del 2% que llegará al 5% en 2034.
Detalló que la medida incluye también a los jóvenes desde los 18 años, quienes deberán afiliarse a una AFP o al Sistema Nacional de Pensiones. Añadió que esta norma tendrá que modificarse porque terminó rechazada por la mayoría.
Según Grandez, la disposición busca garantizar un fondo mínimo a futuro en una población mayoritariamente independiente, como ocurre en Loreto, donde el 85% de profesionales trabaja por cuenta propia. El economista consideró que el sistema privado ofrece mayor transparencia y rentabilidad, aunque advirtió que la pensión mínima de 600 soles sigue siendo insuficiente frente al costo de la canasta básica.
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El fiscal superior de Cusco José Mayorga confirmó que un grupo de comuneros intentaron tomar la vía férrea que protegía el paso de un convoy de tren con turistas
Este lunes, en la ruta hacia Machu Picchu, Cusco, se registró un enfrentamiento en medio de la pugna entre el consorcio cusqueño Consettur y la empresa comunal San Antonio de Torontoy por el uso de la carretera Hiram Bingham.
El fiscal superior de Cusco José Mayorga confirmó que un grupo de comuneros intentaron tomar la vía férrea que protegía el paso de un convoy de tren con turistas y que la Policía intervino. Nueve comuneros y varios efectivos resultaron heridos, ninguno de gravedad.
Detrás del conflicto está la deuda y frustración de más de 200 familias de Machu Picchu que, desde 2017, compraron buses para operar junto a Consettur pero nunca fueron incorporadas al servicio. Hoy sus buses siguen varados y el caso está judicializado.
Sin embargo su esperanza se encendió cuando terminó el contrato de Consettur y la municipalidad de Urubamba les contrató bajo el nombre de empresa San Antonio de Torontoy . Sin embargo aún no pueden operar porque Consettur se niega a dejar la ruta. La Fiscalía ya abrió investigaciones e invoca al diálogo, mientras unos 300 turistas permanecen varados en la zona.
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Diversas bancadas ya han expresado su malestar por los recientes escándalos, aunque todavía no existe un consenso definido sobre la posibilidad de una censura inmediata.
El congresista de La Libertad Enrique Alva anunció que promoverá la interpelación y censura en el Congreso contra el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez Antúnez, luego de la difusión de audios comprometedores que lo vincularían con presunto tráfico de influencias y gestiones a favor de su exdefendido Miguel Salirrosas, alias “Diablo”.
Audios comprometedores
El último domingo, el programa Panorama difundió grabaciones en las que se escucha a Santiváñez referirse a conversaciones que sostuvo con el entonces presidente del Consejo de Ministros, en septiembre de 2024, donde habría intercedido por Salirrosas. Según la información revelada, el actual titular de Justicia habría buscado favorecer a quien fue su patrocinado legal en un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC).
“Primero hay que hacer la interpelación, luego veremos la censura. Ya ha sido censurado una vez y puede ser otra vez”, expresó Alva, dejando abierta la posibilidad de que el ministro no solo sea interpelado, sino también censurado por segunda vez en el Congreso.
Antecedentes de Santiváñez
Juan José Santiváñez, quien anteriormente ocupó el cargo de ministro del Interior, asumió la cartera de Justicia en medio de fuertes cuestionamientos a su designación. Hoy enfrenta una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias, debido a la aparición de chats y audios que lo vincularían con presuntas gestiones irregulares en el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el propio Ministerio de Justicia.
El pedido de interpelación podría tensar aún más las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Diversas bancadas ya han expresado su malestar por los recientes escándalos, aunque todavía no existe un consenso definido sobre la posibilidad de una censura inmediata.
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El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) subrayó que la autonomía del ente emisor ha sido clave para mantener la inflación más baja de la región en las últimas décadas.
Durante una ceremonia en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Julio Velarde remarcó que la estabilidad económica del país depende de preservar la independencia del BCR frente a presiones políticas. Agradeció la distinción otorgada y resaltó que el Perú ha logrado tasas de inflación y de interés inferiores a las de economías desarrolladas, incluso en periodos de crisis global.
Arequipa y la independencia del Banco Central
Velarde explicó que la autonomía de los bancos centrales es esencial para proteger las decisiones económicas de los ciclos políticos. Recordó que la tentación de intervenir para obtener beneficios a corto plazo puede comprometer la estabilidad futura, de ahí la importancia de un ente emisor que actúe con independencia y credibilidad. Esta postura, dijo, ha permitido al Perú mantener un control efectivo de precios a pesar de la volatilidad internacional.
El presidente del BCR precisó que la credibilidad de una institución autónoma reduce los costos de controlar la inflación. Comparó la experiencia peruana con la de otros países, donde los bancos centrales dependen en mayor medida de decisiones gubernamentales, lo que ha derivado en tasas de interés más altas y episodios de inflación prolongada.
Asimismo, destacó que la política monetaria peruana permitió reaccionar con rapidez durante la pandemia. Las tasas de interés se redujeron a 0,25 %, las más bajas de la región, y aun con la posterior escalada inflacionaria mundial, el país alcanzó una inflación de 8,8 %, por debajo de las principales economías americanas y europeas.
Arequipa y los resultados económicos
Velarde sostuvo que el Perú atraviesa el periodo más largo de inflación baja desde 1900, una meta que se alcanzó gracias a decisiones técnicas y no políticas. Mencionó que actualmente la inflación nacional es menor que la de Estados Unidos, la Europa, Canadá y Japón, un logro que atribuyó al trabajo de su equipo y a la disciplina institucional del BCR.
El economista advirtió, sin embargo, que la independencia de los bancos centrales enfrenta amenazas en distintas partes del mundo. Citó ejemplos de Europa y Estados Unidos, donde presiones recientes han buscado influir en las decisiones monetarias, generando preocupación en los mercados sobre el costo del financiamiento a largo plazo.
Velarde alertó que, de perderse la autonomía, los países corren el riesgo de ver incrementadas sus tasas de interés y enfrentar dificultades para colocar deuda en plazos extensos, lo que afectaría su credibilidad y estabilidad económica.
El reconocimiento de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa resalta la trayectoria de Julio Velarde, pero también subraya el papel decisivo de la independencia del Banco Central de Reserva en la solidez económica del Perú. Su mensaje en Arequipa refuerza la necesidad de proteger esta autonomía como garantía de estabilidad frente a los retos financieros globales.
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La bancada fujimorista, que en su momento defendió con firmeza cada artículo del dictamen, ahora intenta desmarcarse en medio del creciente rechazo social.
La bancada fujimorista enfrenta duras críticas por intentar desligarse de la reforma del sistema de pensiones que ellos mismos impulsaron. Durante los debates en el pleno defendieron con firmeza el dictamen que contenía las normas más cuestionadas, pero ahora aseguran que fue el gobierno y otras bancadas quienes “desnaturalizaron” la propuesta.
Hoy, en un giro conveniente, dicen estar dispuestos a debatir y, sobre todo, a “escuchar a la ciudadanía”.
La reforma previsional fue aprobada en mayo de 2024 en la Comisión de Economía. Luego fue ratificada por el pleno en junio, con 38 votos a favor, 10 en contra y 16 abstenciones, declarando de interés nacional la creación de un sistema previsional complementario por consumo.
Entre sus puntos más polémicos están la exigencia de 240 aportes para acceder a una pensión mínima en las AFP, la restricción al retiro del 95.5% de los fondos para menores de 40 años, así como la introducción del mecanismo de “pensión por consumo” sustentado en comprobantes de pago.
El gobierno de Dina Boluarte promulgó la norma sin observaciones, mientras voceros oficialistas y fujimoristas defendieron que no solo beneficiará a las AFP, sino que permitirá que bancos y cajas compitan en la gestión de fondos.
Sin embargo, desde la oposición se advirtió que esta reforma asegura pensiones mínimas bajas, alrededor de S/ 600. Y que podría condenar a la pobreza a miles de jóvenes aportantes. Pensionistas y sindicatos también alertaron que la ley favorece a entidades financieras antes que a los ciudadanos. Pese a estas advertencias, la bancada fujimorista, que en su momento defendió con firmeza cada artículo del dictamen, ahora intenta desmarcarse en medio del creciente rechazo social, argumentando que la propuesta fue “distorsionada” en el camino. Lo que antes defendían como una modernización necesaria, hoy lo critican para intentar salvar imagen.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Representantes del sindicato se concentraron en el Hotel Sonesta, en el distrito de Cerro Colorado, para cuestionar los bonos otorgados al directorio en 2023 y reclamar un incremento salarial que, según afirman, no se actualiza desde hace más de una década.
La mañana de este lunes, miembros del sindicato de Caja Arequipa se reunieron en los exteriores del Hotel Sonesta, en Cerro Colorado, mientras el directorio y la junta de accionistas sostenían una sesión interna. Los trabajadores denunciaron la entrega de un bono a los directores en 2023 sin autorización de la junta y exigieron un aumento de sueldo básico que, de acuerdo con sus voceros, permanece sin cambios desde hace más de diez años.
Reclamo sindical en Caja Arequipa
El secretario general del sindicato, Efraín Guerrero, informó que la protesta responde a la falta de atención a diversos pliegos de reclamos. Señaló que las juntas de accionistas solían realizarse en las instalaciones municipales, pero que esta vez se trasladaron al hotel sin brindar explicaciones claras a los empleados, lo que ha generado malestar.
Guerrero subrayó que la principal demanda es el incremento del salario base para los trabajadores, quienes en muchas áreas solo perciben el mínimo de ley. “Más de 10 años no percibimos aumento”, afirmó, destacando que los empleados deben depender de comisiones para mejorar sus ingresos.
Asimismo, el dirigente expresó su preocupación por la decisión del directorio de otorgarse un bono en 2023, presuntamente sin el visto bueno de la junta de accionistas presidida por el alcalde provincial. Considera que este beneficio debió ser revisado con transparencia antes de su ejecución.
“Ahora, si así como tienen economía para darse bono entre los directores, creemos que deberían también brindar ese apoyo o ese aumento salarial que se viene pidiendo para los trabajadores de Caja Arequipa”, manifestó Guerrero.
Bonos cuestionados
El representante sindical advirtió que, de aprobarse nuevos incentivos para 2025, estos podrían ser legalizados, pero el bono de 2023 “me parece que ha sido ya un delito que quieran subsanar ahora”. Solicitó la intervención del Consejo Directivo Superior (CDS) para evaluar la observación que ya se hizo a este pago.
Guerrero detalló que el sindicato mantiene pliegos de reclamos desde 2018, 2020 y el actual 2024-2025, sin que se registre avance alguno en las negociaciones. Frente a esta situación, indicó que la vía del arbitraje se presenta como la única alternativa para hacer valer sus derechos.
El dirigente denunció además que la empresa habría intentado debilitar la organización sindical mediante despidos y notificaciones a otros compañeros. Aseguró que, a pesar de estas acciones, continuarán con el proceso de reclamo y las medidas que consideren necesarias.
“Tenemos pliegos de reclamos 2018, 2020 y 2024-2025 y no se ha avanzado nada”, enfatizó el secretario general, reiterando que el sindicato no detendrá su exigencia de un aumento salarial.
El sindicato de trabajadores de Caja Arequipa anunció que mantendrá su demanda de mejoras salariales y que acudirá a las instancias legales correspondientes si la empresa no responde a sus reclamos. La protesta mostró el descontento de los empleados ante lo que consideran una distribución desigual de los recursos dentro de la entidad financiera.
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Un incendio forestal de gran magnitud arrasó con pastizales naturales en el distrito de Tisco, provincia de Caylloma, generando preocupación por el impacto ambiental en esta zona altoandina. El siniestro, que comenzó la tarde del 15 de septiembre, fue finalmente controlado este martes. Así informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa.
El alcalde de Tisco, Lino Maque Saico, detalló que el incendio lo habría provocado una familia de la zona en un intento de espantar a un puma que había atacado a cuatro alpacas. Con ese fin prendieron fuego a los pastizales.
El fuego se propagó con rapidez debido a los fuertes vientos que soplaban. El burgomaestre señaló que con el apoyo de la población de Caylloma lograron controlarlo, pero reavivó y tuvieron que volver a controlar el fuego.
Un equipo de 15 brigadistas y especialistas del COER Arequipa se trasladó hasta la zona para apoyar en el control y monitoreo del incendio, así como en la identificación de los puntos que aún emiten humo para evitar una reactivación del fuego. Actualmente, se realiza la evaluación del área afectada para determinar el impacto total en la cobertura de pastos naturales, vitales para la actividad ganadera de la zona.
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El presidente del cuerpo médico, Gustavo Ortega, alertó que la carencia de un monto definido retrasa la compra de equipos vitales para la atención de pacientes en medio de la huelga indefinida de EsSalud en Arequipa.
La huelga nacional de EsSalud expuso en Arequipa la urgencia de reemplazar equipos médicos que ya cumplieron su ciclo de vida en el Hospital Carlos Seguín Escobedo. Los profesionales de la salud señalan que la falta de una cifra exacta de inversión impide solicitar recursos al gobierno central, mientras miles de asegurados enfrentan citas canceladas y servicios críticos con riesgo de colapso.
Crisis de equipos médicos en Arequipa
El cuerpo médico del hospital arequipeño sostiene que la infraestructura tecnológica necesita una renovación completa, pues los dispositivos actuales superaron su vida útil. La ausencia de un presupuesto claro limita la planificación y detiene la gestión para adquirir nuevos equipos, situación que agrava la emergencia provocada por la paralización de servicios.
Los gremios de enfermeras, obstetras, nutricionistas y otros profesionales de la salud se mantienen en huelga, exigiendo que el gobierno central disponga de inmediato los fondos necesarios. La movilización mantiene la atención en áreas críticas, pero la mayoría de citas médicas externas continúa suspendida, lo que afecta a miles de usuarios.
“El presupuesto es ingente, el presupuesto, recordemos que este tipo de equipos al cumplir su ciclo de vida tienen que ser renovados en su integridad. No podemos hablar de una cifra en el mercado en este momento, pero tienen que ser renovados y para esto pedimos no solo el concurso sino también el presupuesto”, manifestó Gustavo Ortega, presidente del cuerpo médico del hospital.
Gestión administrativa y demanda en Arequipa
Los médicos denuncian que la separación entre quienes brindan atención y quienes manejan los recursos retrasa las decisiones clave. Según el cuerpo médico, la parte ejecutora desconoce los datos financieros que solo la gestión administrativa maneja, generando un vacío que frena la compra de nuevos equipos. Esta falta de coordinación aumenta la tensión durante la huelga y prolonga la crisis.
Además, los profesionales advierten que la intervención de actores sin experiencia en la gestión hospitalaria podría obstaculizar aún más el proceso de renovación tecnológica. Reclaman que solo personal especializado en la realidad de la seguridad social asuma la responsabilidad de negociar con los proveedores y determinar el presupuesto requerido.
“Nos dirigimos justamente a querer una parte gestora que conozca la realidad de la seguridad social. No personajes que entrometidamente quieran entrar en esa parte gestora, desconozcan y eviten el manejo o renovación de estos equipos que tan buenamente necesitamos y que tan urgentemente lo necesitamos para nuestro trabajo que sea desarrollado de la mejor forma posible”, enfatizó Ortega.
La huelga de EsSalud en Arequipa continuará hasta que el gobierno central defina un presupuesto preciso para renovar los equipos como los que necesita el Hospital Carlos Seguín Escobedo. Mientras no se concrete una inversión inmediata y una gestión técnica eficiente, la calidad de atención para miles de asegurados seguirá en riesgo, prolongando la crisis sanitaria en la región.
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La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) se emitió una resolución directoral que dispone declarar reservada toda la información de denuncias contenida en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal, por un plazo de cinco años.
La resolución que se emitió el 25 de agosto dispone además que “la Unidad de Recepción Documental de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP adopte las acciones pertinentes para el registro y custodia de la información clasificada como reservada”.
Es decir que, por los próximos cinco años desde su firma, las denuncias registradas en la Policía no serán de acceso público, bajo el argumento que, “revelar información contenida en las denuncias entorpecería las investigaciones en curso y pondría en riesgo la seguridad ciudadana, el orden interno y la integridad de las personas involucradas”.
Según refieren en el documento, esta medida se ampara en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.º 27806), así como en las directivas institucionales internas. Y además sustentan que “la reserva de las denuncias policiales constituye una medida idónea, necesaria y adecuada para garantizar la eficacia de las investigaciones y la finalidad de la función policial”.
Asimismo, considera en el reglamento, la obligación de la máxima autoridad de la entidad a clasificar y registrar la información de carácter secreta y reservada y/o designar los funcionarios encargados de tal clasificación y el registro respectivo.
Esto limitará la posibilidad de que los ciudadanos, periodistas o instituciones externas puedan ingresar a los datos de denuncias registradas en dichos sistemas, a menos que existan excepciones contempladas por ley.
También sustenta que la seguridad ciudadana, la seguridad nacional y la estabilidad democrática “constituyen bienes jurídicos de interés nacional que permiten la gobernabilidad y el desarrollo del país”.
“En ese sentido, la unidad orgánica proponente ha recomendado clasificar la información contenida en las bases de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias Investigación Criminal como información reservada”, enfatizó.
¿Quién ordenó reservar la información de las denuncias?
Según dice la resolución, fue la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP, a cargo del general PNP, Javier Manuel González Novoa, la que hizo el pedido, mediante una Hoja de Recomendación del 20 de agosto del 2025.
“La Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú, mediante Dictamen de fecha 18 de agosto de 2025, ha opinado que resulta pertinente proseguir con los trámites administrativos a efectos de gestionar la clasificación de la información de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP como información reservada”, se lee en la resolución.
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La regidora de Huancayo, Fiorella Fabián, denunció que la municipalidad favoreció con contratos por S/ 5.8 millones a empresas y personas vinculadas a una misma familia y a la funcionaria Mirsa Contreras, cercana al alcalde Dennys Cuba. Según Fabián, los contratos se concretaron mediante 578 órdenes de compra y servicio desde 2023. Llamó a esta red “La gran familia de la gestión de Cuba” y pidió a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios celeridad en las investigaciones. La edil señaló que Contreras, asistenta de logística, operaba en Abastecimiento y habría direccionado adjudicaciones a personas de su entorno, entre ellos excompañeros de universidad. Solo este grupo recibió más de S/ 1 millón en contratos. Fabián entregó a la Fiscalía números de teléfono donde se habrían coordinado pagos, lo que apunta a sobornos. También denunció que recibe amenazas de muerte desde que empezó a investigar.
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Pobladores ribereños de las comunidades San José de Saramuro y El Naranjal en el Alto Marañón, Loreto, donde se ubica el pozo petrolero conocido como Lote 8 hicieron lo que llaman un control territorial en la zona exigiendo la presencia de autoridades del poder Ejecutivo para que se atienda los pedidos que realizan desde hace años.
Según un comunicado, desde San José de Saramuro han remitido varios documentos a la PCM, Gobierno Regional e inclusive al gobierno local de Urarinas para que se mejore el sistema de salud, educación y transporte sin obtener ninguna respuesta. Mientras que en El Naranjal los pobladores exigen que el Gobierno Regional de Loreto culmine la obra iniciada hace varios meses para modernizar el colegio en la zona.
En comunicación telefónica revelaron que están a la espera de la presencia de autoridades del Gobierno Regional de Loreto.
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Presidenta Dina Boluarte solicita permiso para viaje a New York
Ministro acuñista defiende a Juan José Santiváñez
Magistrado del TC también defiende a Juan José Santivañez por audios que lo involucran: “Él ya se disculpó conmigo públicamente”
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La presidenta Dina Boluarte ha solicitado, nuevamente, permiso al Congreso para su quinto viaje internacional del año. Su destino: la Asamblea General de la ONU en Nueva York, del 21 al 25 de septiembre, donde, según explica con solemnidad, promoverá la lucha contra la pobreza y la inclusión social… desde uno de los distritos más lujosos del mundo.
La ironía no podría ser más deliciosa: mientras el país se prepara para una jornada de protestas masivas el mismo 21 de septiembre, ella prepara maletas para cruzar el continente. Eso sí, todo en estricto marco legal y con oficio dirigido al presidente del Congreso, José Jerí. Entre Suiza, el Vaticano, Francia y una gira asiática, 2025 pinta como un año lleno de millas aéreas y agendas globales para la mandataria, que no pierde oportunidad de representar al Perú… lejos del Perú.
Ministro acuñista defiende a Juan José Santiváñez
Juan José Santiváñez continúa en el ojo de la tormenta. Sin importar las disposiciones judiciales, alias Cachetón se reunió con el suspendido general PNP Víctor Zanabria para, supuestamente, coordinaciones sobre operativos penitenciarios. El alarde de desprecio a la justicia llegó avalado de un cierrafilas del pacto en defensa del ministrolazo. Desde Corea, su coleguita y cuota acuñista César Sandoval dijo que no se debía crucificar a Santiváñez sin que pasen pericias los audios de supuesto tráfico de influencias.
Más indignante aún fue la postura del magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse, quien dijo que el Ministerio Público acosa al ministro favorito de Dina Boluarte con todas las citaciones y pesquisas. Sin embargo, quien parece que no la tiene muy clara es el propio abogado de Juan José Santiváñez, que no se atrevió a negar la autenticidad de los audios del ministrol, aunque sí dijo que el material no fue peritado. Tiembla el pacto, ¿acaso se asustaron?
Magistrado del TC defiende a Juan José Santivañez por audios que lo involucran: “Él ya se disculpó conmigo públicamente”
Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, salió a negar tajantemente cualquier vínculo con Juan José Santivañez y, por lo tanto, aseguró que los audios donde lo mencionan “no significan nada”. Según él, no entiende por qué Santiváñez quiso lo que en criollo llamamos “florear” a su cliente usando su nombre, si ni siquiera lo conoce.
Pero ojo: a pesar de su “indignación”, Ticse no fue tan duro con el ministro de Justicia. Recordó que Santivañez ya le había pedido disculpas públicas en marzo a través de un comunicado del Ministerio del Interior, donde admitía no conocerlo personalmente. Listo, caso cerrado… ¿no? Ticse incluso fue más allá y sugirió que este escándalo sería parte de una estrategia de “lawfare”, es decir, usar el sistema judicial con fines políticos. Según él, es un ataque directo contra quienes denuncian la supuesta “mafia caviar” dentro del Ministerio Público.
Mientras tanto, el escándalo no le ha hecho ni cosquillas al gobierno, que sigue actuando como un gabinete sólido y unido, y en el Congreso una eventual censura está muy lejos de concretarse. Total, si todo escándalo se arregla fingiendo demencia, ¿para qué complicarse?
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Pasó en el Perú | Cusco. Anoche, en la ruta hacia Machu Picchu, se registró un enfrentamiento en medio de la pugna entre el consorcio cusqueño Consettur y la empresa comunal San Antonio de Torontoy por el uso de la carretera Hiram Bingham.
El fiscal superior de Cusco, José Mayorga, confirmó que un grupo de comuneros intentaron tomar la vía férrea que protegía el paso de un convoy de tren con turistas y que la Policía intervino. Nueve comuneros y varios efectivos resultaron heridos, ninguno de gravedad.
Detrás del conflicto está la deuda y frustración de más de 200 familias de Machu Picchu que, desde 2017, compraron buses para operar junto a Consettur pero nunca fueron incorporadas al servicio. Hoy sus buses siguen varados y el caso está judicializado.
Su esperanza se encendió cuando terminó el contrato de Consettur y la municipalidad de Urubamba les contrató bajo el nombre de empresa San Antonio de Torontoy.
Sin embargo, aún no pueden operar porque Consettur se niega a dejar la ruta. La Fiscalía ya abrió investigaciones e invoca al diálogo, mientras unos 300 turistas permanecen varados en la zona, informó CuscoPost.
Loreto: Reforma de sistema de pensiones tendrá que ser modificada
Pasó en el Perú | Loreto. El economista Roger Grandez Ríos explicó que la reciente norma aprobada por el Congreso de la República establece que, a partir del 2027, los trabajadores que emitan recibos por honorarios comenzarán a aportar de manera obligatoria a un fondo de pensiones, con un descuento inicial del 2% que llegará al 5% en 2034.
Detalló que la medida incluye también a los jóvenes desde los 18 años, quienes deberán afiliarse a una AFP o al Sistema Nacional de Pensiones. Añadió que esta norma tendrá que ser modificada porque es rechazada por la mayoría.
Según Grandez, la disposición busca garantizar un fondo mínimo a futuro en una población mayoritariamente independiente, como ocurre en Loreto, donde el 85% de profesionales trabaja por cuenta propia.
El economista consideró que el sistema privado ofrece mayor transparencia y rentabilidad, aunque advirtió que la pensión mínima de 600 soles sigue siendo insuficiente frente al costo de la canasta básica, informó ProyContra.
Junín: Denuncia direccionamiento de contratos en Municipalidad de Huancayo
Pasó en el Perú | Junín. La regidora de Huancayo, Fiorella Fabián, denunció que la municipalidad favoreció con contratos por S/ 5.8 millones a empresas y personas vinculadas a una misma familia y a la funcionaria Mirsa Contreras, cercana al alcalde Dennys Cuba.
Según Fabián, los contratos se concretaron mediante 578 órdenes de compra y servicio desde 2023. Llamó a esta red “La gran familia de la gestión de Cuba” y pidió a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios celeridad en las investigaciones.
La edil señaló que Contreras, asistenta de logística, operaba en Abastecimiento y habría direccionado adjudicaciones a personas de su entorno, entre ellos excompañeros de universidad. Solo este grupo recibió más de S/ 1 millón en contratos.
Fabián entregó a la Fiscalía números de teléfono donde se habrían coordinado pagos, lo que apunta a sobornos. También denunció que recibe amenazas de muerte desde que empezó a investigar, informó Huanca York Times.
Ayacucho: Se reportan 486 casos de ITS en lo que va del 2025 ubicando a la región entre las que tienen mayor incidencia
Pasó en el Perú | Ayacucho. La Diresa confirmó que en lo que va del 2025 se han registrado 486 nuevos casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) en la región. Estas cifras colocan a Ayacucho entre las zonas con mayor incidencia en el Perú, lo que ha generado preocupación sobre la expansión de estas enfermedades a nivel nacional.
La obstetra Yovana Morote Huaytalla, coordinadora de la estrategia de prevención y control de ITS, precisó que los casos corresponden a 346 de sífilis, 100 de hepatitis y 40 de VIH. “Estamos viendo casos en todos los distritos, ya no se trata de un problema focalizado”, advirtió. La especialista destacó que la población joven adulta es la más afectada.
Morote explicó que mientras el VIH y la hepatitis son provocados por virus, la sífilis tiene origen bacteriano y cuenta con tratamiento oportuno. En el caso de la hepatitis, subrayó que Ayacucho figura entre las regiones con mayor prevalencia en el país. “Es indispensable que la población se vacune, especialmente los niños, para garantizar una protección de por vida”, afirmó.
Ante esta situación, la Diresa intensifica campañas de prevención con pruebas rápidas gratuitas, distribución de preservativos y consejería. “Recomendamos a la población hacerse un tamizaje al menos una vez al año y mantener prácticas sexuales seguras”, señaló Morote. Las autoridades recalcaron que el fortalecimiento de estas medidas no solo es vital para Ayacucho, sino también para reducir el impacto de las ITS en todo el territorio nacional, informó Jornada.
Arequipa: Incendio forestal en Caylloma consume 50 hectáreas y permanece activo
Pasó en el Perú | Arequipa. Un incendio forestal se encuentra activo en el distrito de Tisco, provincia de Caylloma, en la región de Arequipa, desde la noche del lunes 15 de septiembre.
Hasta el momento, el fuego ha consumido aproximadamente 50 hectáreas de pastizales y zonas naturales secas, propagándose hacia áreas de difícil acceso.
Las labores de control se ven complicadas por las condiciones climáticas, incluyendo la presencia de vientos. Personal del COER Arequipa y autoridades locales coordinan acciones con el Ejército para sofocar las llamas.
No se reportan daños a la vida o salud de las personas. El SERFOR evaluará los impactos ambientales una vez controlado el siniestro, informó El Búho.
La Libertad: Alcalde de Pataz cree que Dina Boluarte no le permitirá llegar a Lima con su “Marcha de Sacrificio”
Pasó en el Perú | La Libertad. El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, aseguró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no le permitirá llegar a Lima con su denominada “Marcha de Sacrificio”, con la cual busca reclamarle por las promesas incumplidas hacia la provincia liberteña.
Hasta el momento, Mariños se encuentra en la ciudad de Trujillo, luego de 21 días de recorrido rumbo a la capital.
Finalmente, señaló que no descarta postular a la presidencia del Perú en las elecciones del 2031. No obstante, precisó que su objetivo actual es culminar las obras en la provincia de Pataz, donde hasta ahora la ejecución presupuestal apenas alcanza el 25 %. Noticias Trujillo.
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PASÓ EN EL Perú | Noticiero desde regiones – 16 setiembre 2025 – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
CUSCO: Machu Picchu inaccesible y cuentos de turistas perjudicados LORETO: Reforma de sistema de pensiones tendrá que ser modificada JUNÍN: Denuncia direccionamiento de contratos en Municipalidad de Huancayo AYACUCHO: Se reportan 486 casos de ITS en lo que va del 2025 ubicando a la región entre las que tienen mayor incidencia Arequipa: Incendio forestal en Caylloma consume 50 hectáreas y permanece activo
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– Marcha contra ley pro AFPs hace arrepentir a Keiko y Dina – Los escandalosos audios de Santiváñez les costarían el puesto a él y a Arana – Cosas que solo pasan en el Perú: Dina se va de viaje, general terruqueador nuevo jefe de la PNP – Conexión regional con Cusco, Pataz, Chiclayo y Loreto
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Una madre de familia fue víctima de un asalto mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok, en la que solicitaba donaciones para cubrir el tratamiento médico de su hijo, quien padece de problemas cardíacos, incluida una cardiopatía. El hecho ocurrido en el distrito de Alto Trujillo, en la región de La Libertad, quedó registrado en video y rápidamente generó indignación entre sus seguidores. La víctima, identificada como Rosalía Rodríguez Alfaro, explicó que los delincuentes no solo le arrebataron sus pertenencias, sino que ahora estarían utilizando su celular robado para pedir dinero en su nombre. La mujer ha solicitado apoyo ciudadano para identificar a los responsables del ataque y evitar que continúen cometiendo fraudes.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
Sus comentarios generaron controversia en redes sociales, donde muchos señalaron que la responsabilidad del conflicto recae en la falta de previsión por parte de las autoridades.
La conductora de televisión Lorena Álvarez afirmó que en Machu Picchu no se pueden permitir bloqueos. Esta declaración se dio a raíz de las recientes protestas en la provincia de Urubamba, Cusco, originadas tras la conclusión de la concesión de la empresa Consettur, que cubre la ruta entre Machu Picchu Pueblo y la llaqta inca. Sus comentarios generaron controversia en redes sociales, donde muchos señalaron que la responsabilidad del conflicto recae en la falta de previsión por parte de las autoridades locales y nacionales. Mientras tanto, el conflicto continúa, y hasta el momento se han reportado al menos 15 heridos tras los enfrentamientos con la Policía Nacional.
Editora audiovisual. Ha trabajado como productora, locutora y redactora digital en medios de comunicación. Realizó su formación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín. Sus áreas de interés incluyen la cultura y la promoción de los derechos humanos.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa realizó esta mañana la audiencia de apelación de la sentencia de 20 años y 8 meses de prisión impuesta contra Rodrigo Larico Olarte. El es responsable del feminicidio de la joven universitaria Ana Paola Vargas Ramos. La sesión estuvo presidida por los jueces Fernán Fernández Ceballos, Celis Mendoza Ayma y Jaime Moreno Chirinos.
Ana Paola Vargas, de 19 años, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), fue brutalmente asesinada el 29 de septiembre de 2023 en el campus del área de Ingenierías. De acuerdo con la investigación, Rodrigo Larico, su expareja, la atacó con un cuchillo tras la negativa de la joven de retomar la relación sentimental. La víctima recibió 47 puñaladas, lo que configuró un feminicidio agravado.
Durante la audiencia de hoy, la Fiscalía expuso que la pena impuesta por el colegiado fue errónea y solicitó su revisión. “Consideramos una errada determinación judicial de la pena por parte del Colegiado… Resulta incompatible el análisis casi matemático realizado por el Colegiado, porque se ha ignorado las circunstancias concretas del caso particular […] En el caso en concreto no hay un agravante cualificado, no hay una reducción por edad al ser inaplicable conforme al artículo 22 (Código Penal). Tenemos un marco punitivo de 30 a 35 años”, argumentó la representante del Ministerio Público.
El Ministerio Público sostiene que la sentencia debió fijar una condena mayor, ya que el delito cometido tiene un marco punitivo de entre 30 y 35 años de cárcel. Larico tenía 18 años al momento del crimen. Pero, la Fiscalía considera inaplicable la reducción de pena por responsabilidad restringida, pues el ataque fue planificado.
Por su parte, la defensa de Rodrigo Larico, encabezada por el abogado Nelson González, apeló la calificación jurídica del caso. Cuestionó la existencia de un contexto de violencia de género. González alegó que hay contradicciones en los testimonios de amigos y familiares de Ana Paola. Negó que su patrocinado haya hostigado a la víctima antes del crimen.
La audiencia de apelación continuará en una próxima sesión. Rodrigo Larico participó de la audiencia de manera virtual desde el penal de Socabaya.
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En Machu Picchu, la pelea por quien opera la millonaria ruta Hiram Bingham que lleva a diario a miles de turistas al principal destino turístico del Perú, ha terminado golpeando de lleno al turismo. Hoy, PeruRail confirmó la suspensión total de los trenes hacia la maravilla del mundo por bloqueos, piedras y amenazas en la vía férrea. La empresa denuncia incluso un presunto atentado: las mangueras de freno de las plataformas que debían trasladar nuevos buses hacia Machu Picchu pueblo fueron cortadas. Hasta el presidente del frente de defensa denunció haber sido amenazado.
Mientras la Municipalidad de Urubamba, Consettur y San Antonio de Torontoy se disputan la operación de la carretera, miles de viajeros que apostaron por Cusco ven frustrado su sueño. La organización New7Wonders ha lanzado una advertencia pública: si no se gestiona responsablemente el santuario, se podría comprometer su categoría de Maravilla del Mundo. Un escándalo de imagen internacional que las autoridades siguen sin resolver.
En el clímax de este conflicto, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco soltó la idea que Machu Picchu debería cerrarse hasta dar solución a estos problemas.
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