Más de 200 hectáreas de cobertura natural terminaron afectadas por un incendio incontrolable. Brigadas del COER, SERNANP y del Gobierno Regional de Arequipa realizaron labores de control para evitar la propagación del fuego, sin mucho éxito.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, junto con el titular de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRGRD), José Luis Barrezueta Reyes, se trasladó hasta el distrito de Cotahuasi, en la provincia de La Unión, para coordinar y reforzar las acciones de respuesta frente al incendio forestal que se mantiene activo en la zona.

Según informaron, «las brigadas lograron controlar el fuego en el Fundo El Huambo y alrededores, mientras que en las partes altas los equipos del SERNANP continúan trabajando en los focos aún activos». De acuerdo con el último reporte oficial, las llamas persisten en los sectores de Huambo Pitahuasi, Quillunsa y Allhuay, habiendo destruido hasta el momento unas 200 hectáreas de cobertura natural de pastos.

Hasta la fecha no se registran daños a la vida o salud de las personas. En las labores de control participan equipos de la Municipalidad Distrital y Provincial de Cotahuasi, Subprefectura distrital, Policía Nacional del Perú. Además, SERNANP Cotahuasi, pobladores de Quillunsa y voluntarios, además del apoyo de cisternas y personal enviado por gobiernos locales y actores de la zona.

Las tareas de control se ven dificultadas por la acción del viento y la vegetación seca, que favorecen el avance del fuego. No obstante, señalan que se viene intensificando los trabajos coordinados para evitar la propagación hacia áreas aledañas.

El COER Arequipa anuncia que continuará con el monitoreo permanente y la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Mientras otras dependencias se mantienen en alerta ante el desarrollo de la emergencia e informará oportunamente sobre la evolución de la situación.

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Entre las diversas actividades culturales para este mes, se cuentan una presentación de libro y conversatorio sobre cine, tecnología y sociedad. Además, una función para niños del Cuentacuentos musicalizado «Dónde viven los monstruos», hace parte de su agenda cultural.

Por su lado, la Alianza Francesa de Arequipa, tiene un extenso programa que incluye artes escénicas, presentaciones de libro y cine. Aquí el detalle.

Y otras entidades como Umbral, el cnetro de las Artes de la Universidad Catolica San Pablo y compañías de teatro y autores, también ofrecen diversos eventos en la ciudad, que podrás ver aquí:

Todos los eventos culturales y más, en nuestra sección Agenda Cultural

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Lima, 7 de septiembre del 2025.- ¡Más agua para Puno! El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), aprobó la transferencia de recursos por hasta S/497,178 a la Entidad Prestadora de Saneamiento (EPS) de Juliaca, Sedajuliaca, para el fortalecimiento de su capacidad operativa.

Dicho monto será destinado a garantizar la continuidad del abastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna de propiedad del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), en beneficio de la población del distrito de Coata, en la provincia de Puno, y del distrito de Caracoto y la localidad de Chillán, en la provincia de San Román, Región Puno.

“Nuestro compromiso con Puno es permanente. Con esta transferencia garantizamos la continuidad del abastecimiento gratuito de agua potable con altos estándares de calidad en Coata y Caracoto”, mencionó el ministro de Vivienda, Durich Whittembury.

Esta transferencia permitirá el abastecimiento del agua potable en el periodo comprendido entre setiembre y diciembre del 2025, y se suma a los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

El Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, es responsable de la verificación y seguimiento de las metas físicas y financieras de los recursos, así como del cumplimiento de las mismas. De esta manera, ratificamos el compromiso de seguir llevando agua de calidad a todo el Perú.

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Pobladores de los distritos de Acolla, Marco y de las cuatro comunidades aledañas a la laguna Tragadero, en Jauja, anunciaron que este lunes iniciarán un paro indefinido con bloqueo de la Carretera Central, en los tramos La Oroya–Huancayo y Tarma–Jauja. La medida se adoptó tras la reunión que sostuvieron la mañana de este viernes con el gerente general del Gobierno Regional de Junín, Roy González Mayta, en la cual no alcanzaron acuerdos para atender la emergencia.

En febrero y marzo las lluvias intensas provocaron que la laguna acumule grandes volúmenes de agua, lo que ha inundado terrenos de cultivo y provocado que algunas viviendas caigan. Los comuneros demandan que el Gobierno Regional ejecute de inmediato un plan de desembalse controlado, pero hasta ahora las autoridades no han cumplido sus compromisos.

Este año, el embalse de la laguna Tragadero se agravó porque el sumidero natural, conocido como Millpún, se atoró y no desfoga el agua que lleva seis meses malogrando terrenos de cultivo y viviendas por la permanente inundación. Pero en cada temporada de lluvias crece la laguna y afecta a los pobladores. En 2024, la crecida inundó alrededor de 100 hectáreas de cultivos de papa, maíz, habas y cebada, además de pastizales, afectando directamente a unas 300 familias en el valle del río Yanamarca.

Promesas incumplidas

El problema se origina en el taponamiento del Millpún, el sumidero natural que históricamente desaguaba el exceso de agua de la laguna. Los comuneros denuncian que el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Junín prometieron ejecutar trabajos para desaguar la laguna, pero no lo han hecho.

Un reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), emitido en mayo, confirmó que el desborde de la laguna causó inundaciones en el distrito de Marco y recomendó acciones urgentes de mitigación. Sin embargo, no hubo avances concretos y la situación se mantiene crítica.

Uno de los pedidos que solucionaría de manera permanente la crecida de la laguna cada año, es la construcción de un canal subterráneo que traslade las aguas hacia el río Mantaro. Pero la solución inmediata es desaguar las aguas con el uso de motobombas y mangueras. Hace una semana, los comuneros le habían dado un ultimátum al Gobierno Regional para que cumpla sus promesas. 

Ante esta situación, los dirigentes ratificaron que este lunes bloquearán la Carretera Central, una de las vías más importantes del país, lo que afectará el tránsito de pasajeros. Lamentablemente, el paro coincide con la fiesta de la venerada imagen de la Virgen de Cocharcas, en Sapallanga y Orcotuna, en Huancayo, y la afluencia de visitantes podría afectarse. 

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El arte ancestral de las tablas pintadas de Sarhua atraviesa un momento de expansión. Desde que fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación en 2018, su valor simbólico y económico ha crecido de manera significativa, generando mayores ingresos y nuevas oportunidades para los artesanos.

Así lo destacó Marcial Berrocal Evanán, maestro en la línea de tablas pintadas, quien afirmó que la declaratoria marcó un punto de quiebre en la historia de este arte.

“Antes casi no vendíamos, pero desde la declaratoria nuestro arte se valora más y las ventas mejoraron significativamente”, sostuvo.

Actualmente, existe demanda tanto por piezas tradicionales como por versiones adaptadas al turismo. Berrocal explicó que las obras personalizadas pueden tardar hasta dos meses en elaborarse, mientras que las piezas pequeñas —como imanes, aretes y recuerdos— tienen rápida salida en el mercado.

El reconocimiento también abrió puertas fuera del país. Artesanos sarhuinos han participado en exposiciones en México, Chile y Estados Unidos, donde sus obras tuvieron gran acogida.

“Viajar fue una oportunidad no solo para mostrar nuestras piezas, sino también para posicionar a Ayacucho como cuna del arte”, resaltó.

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La antropóloga Emily Thompson, estudiante de doctorado de la Universidad de Berkeley, desarrolla en Ayacucho una investigación que rescata archivos familiares y fotografías olvidadas para reconstruir la memoria del conflicto armado interno.

Su trabajo busca mostrar que la violencia no fue un episodio aislado, sino parte de la vida diaria.

“En los archivos de Huamanga las imágenes de matrimonios, bautizos o desfiles conviven con fotos de muertes y entierros. Esa convivencia muestra que la violencia se volvió parte de la cotidianidad”, explicó en La Charla de los Sábados de Jornada.

Uno de los hallazgos más significativos son las fotos de los familiares desaparecidos que conservan las madres de la Anfasep.

“No solo son víctimas, también son seres queridos con vidas plenas, en momentos de alegría y familia”, indicó Thompson.

La investigadora subraya que su meta es digitalizar esos archivos y devolverlos a las familias como una forma de empoderamiento.

“Quiero que las fotos no se queden en organizaciones, sino que regresen a quienes pertenecen”, afirmó.

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El pan con chicharrón, considerado uno de los desayunos más tradicionales del Perú, ha dejado de ser solo un símbolo gastronómico para convertirse en un motor económico de gran importancia. De acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), los restaurantes dedicados exclusivamente a este plato aportan más de S/244 millones al Producto Bruto Interno (PBI) cada año.

Un negocio que se mantiene con un producto estrella

Actualmente existen más de 730 restaurantes formales especializados en pan con chicharrón, de los cuales el 40% se ubica en Lima. Este nivel de concentración refleja la fuerza de un mercado que, según especialistas, ha logrado consolidarse gracias a la especialización.

“En el Perú, alrededor del 60% de los pequeños negocios gastronómicos logran mantenerse en el mercado gracias a la especialización en un solo producto estrella, y el pan con chicharrón es un claro ejemplo de ello”, explicó Milagros Torres, subdirectora académica de la Facultad de Negocios de Zegel.

Impacto económico y laboral

El sector de las chicharronerías representa el 0.7% del total de restaurantes en el país y alrededor del 0.02% del PBI nacional. Produce estima que cada mes se consumen más de 3000 toneladas de chicharrón, lo que genera una dinámica económica constante.

“Este rubro genera más de 8.900 puestos de trabajo directos e indirectos, lo que representa cerca del 1.5% de la fuerza laboral del sector restaurantes en el Perú. Además, impulsa cadenas productivas locales que fortalecen la economía regional”, destacó Torres.

Diferencias en el consumo regional

El consumo de pan con chicharrón varía ampliamente según la región. Mientras el promedio nacional es de 5,3 kilos per cápita al año, en Ucayali la cifra se eleva a 35 kilos, es decir, siete veces más. En Tacna y Ayacucho el consumo alcanza los 15 y 12 kilos respectivamente, y en Madre de Dios llega a los 9 kilos.

Este hábito de consumo también se refleja en el gasto mensual: los hogares de Ucayali destinan en promedio S/83 al pan con chicharrón, frente a los S/33 del promedio nacional. Los precios, por su parte, oscilan entre S/70 y S/140 por kilo de chicharrón, mientras que un pan servido en restaurantes especializados se vende entre S/10 y S/30, dependiendo del tipo de carne y la ubicación del local.

El impacto del pan con chicharrón trasciende lo económico. Al ser una importante fuente de proteínas, su inclusión en la dieta al menos dos veces por semana contribuye a la seguridad alimentaria y a la lucha contra la anemia, especialmente en sectores populares.

Así, este platillo tradicional no solo resguarda la identidad culinaria del Perú, sino que también se posiciona como un ejemplo de cómo la gastronomía puede ser un motor de desarrollo económico y social en todo el país.

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El reconocido periodista político Jaime Chincha fue hallado sin vida este domingo en su departamento del residencial distrito limeño de Miraflores. El comunicador de 48 años apareció tendido sobre la bañera de su baño, según confirmó la Comisaría de Miraflores. Su médico de cabecera certificó el fallecimiento por insuficiencia cardiaca no especificada. Las autoridades descartaron inicialmente señales de violencia.

El fallecido inició su trayectoria en 1999 y se consolidó como referente del periodismo político nacional durante 25 años de carrera. Trabajó en medios influyentes como América Televisión, Frecuencia Latina y Willax Televisión antes de llegar a La República. En este último medio conducía el programa «Del Hecho al Dicho», combinando análisis político con interacción en redes sociales. Su estilo analítico lo distinguió en la cobertura de temas sociales.

La noticia impactó inmediatamente al gremio periodístico y la clase política peruana, generando múltiples manifestaciones de pesar. Juliana Oxenford escribió: «Te voy a extrañar, te vamos a extrañar» y recordó sus conversaciones pausadas y risa silenciosa. Rosa María Palacios describió a Jaime Chincha como «un hombre bueno, muy joven para decirle adiós». Sus colegas destacaron su profesionalismo y calidez humana.

Reconocimiento gremial y despedida oficial

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú destacó su trayectoria y aporte a la libertad de prensa institucional. «Recordado por ser un entrevistador perspicaz», señalaron en su comunicado oficial sobre el deceso del comunicador. La ANP extendió condolencias a familiares, amistades y colegas del periodista fallecido. El Instituto Prensa y Sociedad también lamentó la pérdida del profesional de la comunicación.

El velatorio se realizará en la Iglesia Virgen de Fátima de Miraflores, donde se espera la concurrencia de familiares, amigos y admiradores. Las primeras reacciones reflejan profunda tristeza pero también reconocimiento a su legado profesional y personal. Colegas ya destacan su capacidad para conectar con audiencias y su humor sutil. La partida de Jaime Chincha genera vacío en contexto político marcado por polarización nacional.

Las especulaciones en redes sociales surgieron tras el hallazgo, aunque autoridades descartan intervención de terceros actualmente. El reporte policial inicial indica muerte súbita posiblemente relacionada con complicaciones de salud no diagnosticadas. El caso permanece abierto esperando resultados de autopsia y investigaciones fiscales. Las circunstancias exactas del deceso requieren mayor claridad técnica.

Legado profesional y impacto mediático

Chincha defendió valores democráticos y libertad de expresión durante toda su carrera profesional en medios nacionales. Recibió reconocimientos por promover debates plurales y su compromiso inquebrantable con la verdad periodística. Su moderación en discusiones complejas lo convirtió en figura respetada transversalmente. Representó ejemplo de profesionalismo en país donde periodismo enfrenta constantes amenazas.

Los últimos meses mantuvo agenda activa participando en debates y análisis de coyuntura política nacional. Su presencia en redes sociales demostraba adaptación a nuevas formas de comunicación y cercanía ciudadana. Seguidores destacaban su habilidad para explicar temas complejos de manera clara y accesible. Esta cualidad lo diferenciaba en el competitivo mundo de medios de comunicación.

La muerte reaviva debate sobre salud mental de profesionales comunicacionales que enfrentan altos niveles de estrés. Colegas mencionaron señales de cansancio reciente, aunque mantuvo compromiso laboral hasta el final. Su partida prematura sirve como recordatorio de importancia del cuidado integral. El periodismo peruano despide una voz que supo informar, cuestionar y conectar genuinamente.

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El transporte de turistas hacia la Llaqta de Machu Picchu atraviesa un momento crítico. La empresa Consettur Machupicchu S.A.C. anunció la suspensión de su servicio desde el 7 de septiembre de 2025. Esta decisión afecta el traslado de viajeros desde Machupicchu Pueblo hasta el ingreso al santuario histórico.

La empresa explicó que el contrato de concesión con la Municipalidad Provincial de Urubamba venció el 4 de septiembre, por eso Consettur pidió ampliar el plazo hasta que la municipalidad convoque un proceso de licitación. La solicitud ingresó el 15 de agosto, pero según informaron a través de un comunicado, no obtuvo respuesta oficial.

La Municipalidad Provincial de Urubamba otorgó un contrato temporal a la empresa Transportes San Antonio de Torontoy para operar la ruta Hiram Bingham tras el fin del contrato de Consettur. El subgerente de la municipalidad explicó en Machupicchu Pueblo que el proceso cuenta con respaldo del MTC y el Sernanp, y notificó a Consettur para retirar progresivamente sus buses mientras ingresan las nuevas unidades.

Señaló que la transición requiere programación y respeto a la capacidad de carga para no afectar a turistas ni a la población, y afirmó que la municipalidad asumirá la administración siguiendo un cronograma ya enviado a las autoridades. La población respalda la decisión del municipio y vienen realizando movilizaciones exigiendo el retiro de los buses de Consettur.

Por su parte, Consettur afirma que la legislación le permite seguir operando por aplicación del silencio administrativo positivo. Comunicó este hecho a la municipalidad y notificó a la Contraloría General de la República. Sin embargo, la municipalidad otorgó un título habilitante adicional a la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy S.A. Esta medida generó tensión social en el distrito de Machupicchu.

Consettur denuncia violencia y suspenden transporte de turistas en Machu Picchu

El clima se volvió más tenso el 6 de septiembre de 2025. Ese día, a las 17:45 horas, el bus de placa X/N-952, propiedad de TRAMUSA, sufrió un atentado en Puente Ruinas. Personas desconocidas atacaron la unidad cuando se dirigía a recoger pasajeros en la Llaqta de Machupicchu. El hecho ocasionó daños materiales y quedó en conocimiento de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, que iniciaron investigaciones para hallar responsables.

Consettur expresó su rechazo a la violencia que pone en riesgo la integridad de pasajeros, trabajadores y vehículos. También responsabilizó al ingeniero Ronald Vera Gallegos, alcalde provincial de Urubamba, por la situación. La empresa pidió la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.

Según la empresa, la suspensión del servicio busca proteger la seguridad de turistas nacionales y extranjeros y la de su personal. Consettur pidió a la Presidencia del Consejo de Ministros instalar una mesa técnica que solucione de manera definitiva el problema. La empresa afirma que la improvisación municipal originó el conflicto y afectó la estabilidad del transporte.

La crisis del transporte en Machu Picchu revela un escenario donde la falta de acuerdos y la violencia impactan en la experiencia de miles de visitantes. Autoridades y operadores privados enfrentan la presión de resolver el servicio de acceso al sitio turistico más visitado del país.

Desde Consettur suspenden transporte de turistas en Machu Picchu

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Por Rosario Cardeña

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Si Arequipa fuera una mujer, ¿que aspecto tendría?

Los titulares de los tres órganos electorales, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informaron los últimos avances del proceso para las Elecciones Generales 2026. 

Explicaron las etapas que han concluido y las que están en marcha dentro del cronograma electoral que se aprobó. Uno de los puntos de mayor interés es la “formación” de los electores frente a la complejidad de los comicios del próximo año por la cantidad de partidos que se presentan y el retorno de la bicameralidad del Congreso.

Un tema aparte, es el voto digital para militares y policías que tiene que pasar una auditoría para que se valide el software. Este sistema de votación corre el riesgo de no aplicarse para las próximas elecciones, dado que requiere de más tiempo para ser probado.

¿Cuántos peruanos votarán en las elecciones 2026?

En las próximas elecciones del 12 de abril de 2026, participarán más de 27 millones 350 mil peruanos. De ellos, más de 1.8 millones viven en el extranjero, pero esa cifra podría elevarse a los 3.5 millones, según informó Migraciones.

Frente a la cantidad de votantes, se ha previsto la instalación de 91,613 mesas de sufragio distribuidas en 9,696 locales. Y serán necesarios un total de 824,517 miembros de mesa.

Elecciones 2026: Solo tres alianzas electorales fueron admitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

¿Por qué se votará cinco veces en la misma jornada?

Las organizaciones políticas que participarán serán, finalmente, un total de 39. De estas, 36 irán solas y 7 en 3 alianzas que cumplieron con presentarse en el plazo estipulado. Esto implica que han quedado habilitados para postular, 10,257 candidatos a la Presidencia, Congreso de la República y Parlamento Andino.

Es por eso que los ciudadanos tendrán que votar cinco veces en una misma cédula. Esto, a fin de elegir a 208 autoridades: 1 presidente, 2 vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 15 parlamentarios andinos, entre titulares y suplentes, según lo informaron ante la Comisión de Constitución. Esto da la posibilidad de marcar hasta cuatro votos preferenciales.

Y si las 39 agrupaciones presentaran candidatos, habría 117 aspirantes a presidente o vicepresidente. Otros 3,354 para senadores; 6,162 para diputados y 624 para parlamentarios andinos, incluyendo a los representantes de los peruanos en el exterior.

¿Cuál es el tamaño de la cédula de votación?

Esto hace que las elecciones del 2026 sean consideradas complejas, como lo será que los electores conozcan la cédula de votación, que es la más grande que se haya tenido históticamente. Mide 44 centímetros de alto y 42 centímetros de ancho. La cédula que se usó para las elecciones en el año 2020 tuvo 25.00 cm. de ancho y 21.00 cm. de largo.

La complejidad de la cédula determinaría que el tiempo de la votación sea mayor, pudiendo llegar a las ocho horas, precisamente por el tamaño del formato y la cantidad de opciones en disputa. Respecto al voto presidencial, se estimó que la contabilización demoraría entre una hora y una hora y 45 minutos, gracias al procedimiento simplificado para esta elección.

En la cédula, los símbolos partidarios y las fotos de los candidatos presidenciales se ubican a la izquierda. Luego, hay dos columnas para la elección de senadores: la primera con símbolos de partidos y dos casillas para la votación preferencial. Y la segunda, muestra solo una casilla. Y se replica el formato para diputados y Parlamento Andino, para facilitar la selección de candidatos y agilizar la votación.

Voto digital para militares y policías

La ONPE, no tiene aún garantizada la implementación del voto digital para unos dos millones de electores entre militares, policías, además de discapacitados, bomberos y peruanos en el exterior, entre otros grupos priorizados.

Esto, por el tiempo que ha tomado habilitar esta forma de votación “virtual” y que, en experiencia comparada en otros países, este sistema ha requerido de 5, 10 y hasta 20 años para que se implemente.

Además, está la necesidad de garantizar que el voto sea secreto y no sea vulnerable en el tiempo. Como explicaron, la data del voto digital “se mantendrá en el tiempo, pero, por más encriptamiento que haya, la posibilidad de que sepamos por quién votó una u otra persona es grande, porque los dos incentivos para eso son, el dinero y el poder”, advirtió Piero Corvetto de la ONPE.

Y esa es la razón por la que el JNE debe realizar una auditoría del software del voto digital que la ONPE presentará el 15 de octubre. El trámite demandará unos 5 meses en promedio, lo que resulta muy poco tiempo. Se han “caído” dos licitaciones para que alguna empresa haga esa auditoría, pero se volverá a convocar a otra nueva licitación.

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Arequipa, ciudad conocida por su valor histórico y tradicional, vive desde hace un tiempo, una transición hacia la modernidad. En la última década y media, se han levantado grandes malls que han redefinido el ocio y el comercio local. Pero este breve perfil de la transformación de la idiosincrasia de la ciudad está distanciado de una apología a la comercialización y cultura del consumo.

Cada 7 de septiembre se celebra el día de la independencia de Brasil en 1822, el de la revolución en Mozambique hace medio siglo y el de la recuperación del canal de Panamá en 1977. En torno a esta misma, Bolívar escribió su carta de Jamaica de 1814 pidiendo una alianza con los británicos para liberar Hispanoamérica y también culminó en 1522 la primera circunnavegación al mundo, aquella que unificó al globo en torno a las únicas dos lenguas que tienen más hablantes nativos mestizos: el español y el portugués.

Por eso, a partir de hoy comienza el periodo de celebraciones que une a la mayor minoría etnolingüística de la historia universal. Son los que hablan una lengua ibérica dentro de las 3 grandes potencias anglo-parlantes (UK, USA y Canadá).

En Uk se llama “Amigo Month”, pibes todos los que hablan las lenguas hispanas o lusas emplean la palabra “amigo” con la cual los identifican. Comenzando con una fecha en la cual más del 90% de los 250 millones de parlantes del portugués festejan un día nacional, el mes amigo acaba el 12 de octubre que es conmemorado por todos los países hispanohablantes de las Américas, África y Europa, así como Brasil, además de ser recordado como una resistencia de parte de los pueblos nativos americanos.

En esos 35 días, todos los 35 países y pueblos donde se habla predominantemente una lengua ibérica tienen al menos una fecha nacional oficial. Por eso se ha escogido dicho mes. En estepa, además, hay cientos de eventos que hacen las comunidades latinas, hispanas, lusas, brasileñas, ibéricas y sud/centro americanos.

Expresamos nuestros saludos al más de un millón de personas que viven en UK y que provienen de las naciones de habla hispana o lusa. Viva Latinoamérica y el mundo que hablan lenguas  hispanas, lusas, amerindias, catalanas y vascas. Viva la amistad entre britónicos y latinos.

Viva el Mes Amigo. Amo al Mes Amigo.

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Más de 430 colegios de Arequipa presentan riesgos serios en su infraestructura y requieren intervención urgente, de acuerdo con datos oficiales de julio de 2025. Del total de 1,437 locales escolares, 438 muestran deterioro estructural crítico, lo que equivale al 30.5%. Una verificación técnica determinó que 179 instituciones educativas se encuentran en estado severo de deterioro, mientras el resto necesita mantenimiento correctivo o preventivo.

El subgerente regional de Infraestructura Educativa, Fernando Villena, explicó que el diagnóstico proviene del último censo educativo en el que se reportaron fallas como grietas en muros y techos fisurados. La situación evidencia la fragilidad de la infraestructura escolar pública en la región. Algunos colegios requieren reconstrucción total y, otros, rehabilitación inmediata, pero el presupuesto destinado al mantenimiento preventivo, que oscila entre S/ 2,000 y S/ 9,000, resulta insuficiente para atender estas necesidades.

En tanto, la región Arequipa mantiene una brecha de infraestructura educativa superior a S/ 4,344 millones y figura entre las diez con menor asignación presupuestal del país. El Gobierno Regional elaboró 85 fichas de mantenimiento correctivo para gestionar intervenciones mayores, aunque la respuesta financiera no se ha ajustado a la magnitud de la demanda. Desde inicios de año, el Ministerio de Educación informó que 132 colegios carecen de servicios básicos como agua, electricidad o desagüe,  especialmente en zonas rurales.

Construcciones temporales y estructuras colapsadas

En la ciudad de Arequipa, se presentan casos como el colegio Jorge Basadre, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante, donde más de 850 estudiantes de secundaria reciben clases en aulas prefabricadas desde hace nueve años. Lo que debía ser una medida temporal se extendió por la falta de continuidad en el proyecto de construcción. El expediente técnico elaborado en su inicio presentó errores, y el presupuesto asignado de 18 millones de soles quedó desfasado con el tiempo. Los ambientes improvisados ocupan incluso espacios destinados a recreación y oficinas administrativas, lo que limita el desarrollo integral de los 1,900 alumnos del plantel.

En Paucarpata, la Institución Educativa Julio C. Tello también enfrentó una situación crítica que obligó a demoler uno de sus pabellones. Ocho aulas y servicios higiénicos se encontraban en riesgo de colapso tras cinco años de pedidos de intervención. Una inspección técnica realizada en agosto de 2025 confirmó el daño severo en columnas, vigas y losa, lo que llevó a ordenar la demolición inmediata. La Municipalidad de Paucarpata asumió la ejecución del nuevo proyecto de infraestructura educativa, mientras los más de 800 estudiantes continúan a la espera de mejoras.

Servicios básicos y alternativas de subsistencia de colegios en Arequipa

El déficit de infraestructura en Arequipa no se limita a los daños estructurales. El informe del Ministerio de Educación de abril de 2025 detalló que 234 locales educativos tienen conexiones de agua inoperativas, 174 se abastecen de ríos o manantiales y 24 no cuentan con ningún suministro. A nivel regional, distritos como La Unión, los estudiantes deben caminar kilómetros para asistir a clases, mientras que en distritos como Cerro Colorado algunas escuelas dependen de camiones cisterna o piletas públicas.

Frente a la carencia de servicios, 37 colegios utilizan paneles solares como alternativa energética y 57 implementaron biodigestores para el manejo de residuos. Sin embargo, 128 instituciones vierten desechos en pozos sin tratamiento, lo que representa un riesgo sanitario. Esta situación se concentra en las zonas rurales, donde existen 649 escuelas que enfrentan mayores dificultades para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje.

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Más indicios. El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, anunció esta semana que el contrato con el Consorcio Vías Huanchaco – empresa encargada del corredor vial Trujillo – Huanchaco – sería anulado, luego de que vecinos detectaron una serie de irregularidades dentro de la ejecución de la obra y manifestaran su preocupación en una reunión con el gobernador Acuña y el gerente general, Martín Namay. 

Noticias Trujillo advirtió que no solo los vecinos habían denunciado presuntas irregularidades en los trabajos del Consorcio Vías Huanchaco, sino que la Contraloría también alertó —a través de su último informe de control, publicado el 19 de agosto de 2025— que la empresa ganadora de la licitación no estaba cumpliendo con el acuerdo, al no utilizar la maquinaria requerida por el expediente técnico ni respetar sus especificaciones.
 

Ante todo lo señalado, el gerente Namay y el gobernador Acuña han anunciado que el contrato será anulado y la obra quedará paralizada hasta que todas las posibles irregularidades sean esclarecidas, afectando con dicha decisión a todos los pobladores huanchaqueros, quienes, en su descontento, han realizado marchas pacíficas en contra de la paralización de la obra.

La Unidad de Investigación de Noticias Trujillo ha seguido el rastro del Corredor Vial Trujillo–Huanchaco, detectando nuevas irregularidades y mayores indicios de un presunto favorecimiento a la empresa de Lucero Coca Condori.
 

Sobrevaloración

Según un informe de la Contraloría revisado por este medio, el 3 de octubre de 2020 el Gobierno Regional de La Libertad presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el presupuesto de la obra “Mejoramiento y Aplicación del Corredor Vial Norte-Oeste que une la ciudad de Trujillo con el balneario de Huanchaco”, con un valor estimado de S/ 56,529,774.10. Posteriormente, el 16 de octubre del mismo año, el Gore La Libertad volvió a presupuestar el proyecto, esta vez por S/ 58,529,774.10. Sin embargo, la obra no se ejecutó hasta el 27 de septiembre de 2024, cuando la gestión de César Acuña Peralta la presupuestó nuevamente, elevando su valor a S/ 146,079,800.83, es decir, casi el triple del monto inicial.
 

Foto-Captura: La Contraloría

Consultado por Noticias Trujillo, el consejero regional Robert De la Cruz manifestó que, cuando el expediente técnico —que inicialmente pertenecía a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT)— fue traspasado al Gobierno Regional, la entidad modificó dicho documento, incrementando los costos de insumos como el cemento y el acero destinados a la construcción de la obra.

“No solamente se ha triplicado el monto; sino también los costos se han triplicado en el expediente técnico. Este es el caso, por ejemplo del cemento, si tu te pones a mirar a componentes prácticamente añade que desde el 2022 hasta el año 2024 se han triplicado los precios, pero si tu miras en el mercado, los precios no se han triplicado”, manifestó De la Cruz.

Noticias Trujillo verificó y comparó los precios del presupuesto otorgado por el GORE, constatando que sí existía una posible sobrevaloración; sin embargo, esta no superaría el 10%, porcentaje que podría atribuirse a la ganancia del proveedor.
 

Favorecimiento

Tras el escándalo de las “Coca Obras” revelado por el programa periodístico Panorama, el gerente Namay, brindó una conferencia de prensa en la que argumentó que el Comité de Selección del Gobierno Regional escogió el Consorcio Vías Huanchaco por ser la empresa con la mejor propuesta económica (s/. 121,515,740.82). 

La Unidad de Investigación de Noticias Trujillo revisó las propuestas económicas de todas las empresas que se presentaron al concurso público, verificando así que, el supuesto beneficio económico que significó otorgar la licitación al Consorcio conformado por Lucero Coca Condori, apenas fue de 28 soles con 87 céntimos.

Según el Acta de Calificación y Evaluación de Ofertas emitida por el Comité de Selección del Gobierno Regional, para la construcción de la obra del Corredor Vial Trujillo – Huanchaco se presentaron 4 consorcios:

El Consorcio Virgen de La Puerta se postuló para dicha licitación con un presupuesto de S/. 121,515,740.82, pero fue descalificado por tecnicismos dentro del expediente técnicos que, siempre según el Gobierno Regional hacían a la empresa “no admisible”

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Un caso parecido se da con el Consorcio Vías Virgen de La Puerta que ofertó una propuesta económica de S/. 121,517,740.81; sin embargo, también fue descalificado por un error de cálculo aritmético en el IGV que aumentaba su presupuesto en 1 sol.

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No obstante, los casos que más llaman la atención son los de los consorcios Vías Huanchaco y Constructor La Libertad. Ambas empresas fueron declaradas como admisibles por el GORE La Libertad. Pero la ganadora, como se sabe fue la empresa Vías Huanchaco por una diferencia de 28 soles con 87 céntimos.

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Estos nuevos descubrimientos revelan más indicios de los nexos entre el Gobierno Regional de La Libertad y la familia Coca Condori, lo que pone en jaque la gestión de César Acuña Peralta.
 

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Una generosa rebanada de cabeza de chancho, sobresale del pan de tres esquinas, y la «gordita» pregunta al impaciente cliente: ¿le pongo ensalada de cebolla? El cliente le responde, con dejo arequipeño: ¡métele de todo, gordita, métele!

Con ocho votos en contra y cinco a favor, la Comisión Multisectorial de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), encabezada por el Ministerio de Cultura, rechazó la categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, ubicada en Loreto, en la frontera con Brasil. Esta decisión desconoce más de dos décadas de lucha indígena y la presentación de 113 evidencias antropológicas que confirman la presencia de pueblos en aislamiento en la zona, dejándolos ahora expuestos a mayores riesgos.

El 4 de septiembre se realizó la votación en la Comisión Multisectorial, donde los votos en contra provinieron del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio de Defensa (Mindef), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio del Interior (Mininter), el Gobierno Regional de Loreto (Gorel) y las municipalidades de Maynas, Requena y Ramón Castilla. Mientras, otros sectores clave como el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio del Ambiente (Minam) no participaron en la sesión.

Denuncias de injerencia política

La organización Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Plataforma del Corredor Territorial Yavarí Tapiche, cuestionaron la intromisión del congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular), cuya presencia en la sesión, de carácter reservado, fue considerada una presión indebida.

¿Quién es Mori? Se trata del autor del Proyecto de Ley N.° 12215/2025-CR, que busca modificar la Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) para que las reservas indígenas sean sometidas a revisiones periódicas, con la posibilidad de recortarlas o incluso extinguirlas, argumentando supuestos “impactos en el desarrollo regional y nacional”.

“Denunciamos la injerencia política indebida durante la sesión con la presencia del congresista Juan Carlos Celis Mori de la bancada de Acción Popular, promotor de iniciativas anti-PIACI, lo que constituye una clara maniobra de presión y contraviene el carácter reservado de la Comisión”, alertaron las organizaciones en un pronunciamiento publicado hoy 5 de septiembre.

Falta de transparencia y graves irregularidades

Aidesep y las otras organizaciones también denunciaron que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Midagri, presentó un día antes un informe desactualizado sobre concesiones forestales vigentes que supuestamente se superponen al área solicitada para la reserva, pese a que estas ya habían sido anuladas por el Poder Judicial o estaban en proceso de reubicación.

“Cabe precisar que estas concesiones fueron otorgadas de manera ilegal ya que la Ley Forestal y su Reglamento prohíben otorgar títulos habilitantes en territorios solicitados como reservas indígenas”, señaló la organización.

Una contradicción del Estado y riesgos

La noticia de este rechazo a la reserva resulta aún más contradictorio si consideramos que hace siete años, en 2018, fue el propio Estado quien reconoció formalmente la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento Matsés, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro en Yavarí Mirim.

Al desaprobarse el Estudio de Categorización, no se delimita ni protege su territorio.

“Se evidencia una grave irregularidad porque se ha reconocido la existencia de pueblos aislados en una zona, pero se incumple con delimitar y proteger su territorio, incrementando los riesgos a su vida, integridad y subsistencia”, remarcaron.

Desde la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) también se pronunciaron al respecto. “El derecho a la vida de los pueblos en aislamiento no se negocia”, declaró la organización, que exigió al Estado garantizar procesos transparentes, libres de presiones políticas y con respeto a los compromisos asumidos.

La falta de protección incrementa la vulnerabilidad de los PIACI ante el avance descontrolado de economías ilegales como la tala, el narcotráfico y el crimen organizado. La categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim representaba un paso clave para garantizar su resguardo.

Una lucha demandada desde 2003

La creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim es una demanda que ORPIO y Aidesep sostienen desde 2003. Sin embargo, los plazos legales establecidos en la Ley PIACI fueron incumplidos de manera reiterada, dejando durante dos décadas a los pueblos en aislamiento en total desprotección frente a amenazas como la deforestación, las economías ilegales y las presiones extractivas.

Como mencionamos al inicio, el pedido se sustenta en 113 nuevas evidencias antropológicas, las cuales fueron recogidas en el Estudio Adicional de Categorización presentado en 2024. Dicho informe documenta hallazgos como malocas, chacras, cerámicas, utensilios, fogatas, arcos y flechas, además de avistamientos y testimonios de contacto, que confirman de manera fehaciente la existencia de estos pueblos.

La delimitación planteada abarcaba 1’177,549 hectáreas y beneficiaría también a las comunidades colindantes, a través de la instalación de puestos de vigilancia, acceso a servicios básicos y mayor seguridad territorial. Un ejemplo de ello es la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, donde ya funcionan cuatro puestos de control y vigilancia gestionados con participación activa de comuneros locales, contratados como agentes de protección.

El rechazo a la categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim es visto como un grave retroceso en la protección de los pueblos más vulnerables de la Amazonía, pese a que el proceso ya contaba con respaldo técnico, jurídico y judicial. Esta decisión, lejos de garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales, expone aún más a los PIACI y muestra el accionar del Estado frente a los múltiples compromisos internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos y protección indígena.

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El juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en la Universidad Nacional del Centro del Perú entre 1989 y 1993, está en su fase de alegatos finales. El viernes pasado, 26 de agosto, el fiscal del caso, Telmo Michel Morales Cruzado, reiteró su pedido de 25 años de cárcel para ocho oficiales del Ejército que estuvieron al mando de la 31 Brigada de Infantería de Huancayo, cuando ocurrieron los crímenes.

En la audiencia de este viernes 5 de setiembre, le correspondió a la defensa de los familiares de las 64 víctimas y a la parte civil presentar su posición en el caso. 

“Se utiliza una estructura y una logística militar. El cuartel 9 de diciembre ubicado en el distrito de Chilca, en la ciudad de Huancayo, se convierte en un centro de detención clandestino. No reconocido, pero un centro de detención. Y de esto, los múltiples testimonios de agraviados, sus familiares y testigos dan cuenta de la utilización de esta dependencia militar”, argumentó Carlos Rivera Paz, experimentado abogado especializado en Derechos Humanos, ante los jueces del tribunal.

Pero la acusación va más allá de señalar un lugar: apunta a una estrategia deliberada. Rivera Paz fundamentó su alegato en manuales militares de la época que, en su interpretación, institucionalizaron la práctica ilegal.

“Los manuales 41-7 y 41-8 acreditan que la estrategia contrasubversiva contemplaba como parte de las atribuciones militares la detención e interrogatorio de la persona detenida”, sostuvo Rivera Paz.

Este punto es crucial para la fiscalía y las partes civiles, ya que busca demostrar que los crímenes no fueron ‘excesos individuales’ sino la aplicación de un plan sistemático. Para ello, Rivera aplicó la teoría del “dominio del aparato organizado de poder”, del jurista alemán Claus Roxin, que persigue a los mandos superiores (‘los hombres de atrás’) como autores mediatos de los crímenes, por tener el control absoluto de una estructura jerárquica que ejecutaba sus órdenes de forma irrevocable.

“El comandante general dispone y ordena y la estructura lo cumple de manera irremediable y disciplinada. Los que ejecutan las órdenes son personas que probablemente jamás conocieron a los comandantes generales, pero cumplían porque la orden era del jefe superior”, señaló el abogado de las víctimas.

Incluso la Policía estuvo subordinada a la Comandancia general de la 31 Brigada de Infantería del Ejército, que era el comando único. 

Así, Rivera sostuvo que las desapariciones, secuestros y asesinatos no fueron hechos aislados ni excesos individuales, sino parte de la estrategia militar diseñada desde la 31 Brigada de Infantería. En ese esquema, explicó, los generales Luis Pérez Documet, jefe de la 31 División del Ejército Peruano en 1991; Manuel Delgado Rojas, jefe entre 1989 y 1990 y, Roboan Jaime Sobrevilla, jefe entre 1993 y 1994, ejercieron control absoluto de la estructura castrense que ejecutaba de manera disciplinada las órdenes de captura y eliminación. Por esa razón, pidió que se les declare autores mediatos de crímenes de lesa humanidad.

“Los crímenes son la sustancia de la estrategia”, afirmó, al insistir en que las violaciones sistemáticas de derechos humanos respondieron a una política institucional.

Parte civil pide reparaciones integrales

A continuación intervino la abogada Gery Vásquez, quien en representación de la parte civil pidió que la sentencia no solo imponga sanciones penales, sino también reparaciones integrales. Propuso indemnizaciones de S/ 300 mil para cada caso de homicidio y desaparición forzada, y S/ 200 mil para las víctimas de secuestro agravado, a ser asumidas solidariamente por los acusados, el Ministerio de Defensa y el Ejército, bajo un cronograma obligatorio de pago.

Vásquez también planteó que el fallo incluya medidas de rehabilitación como atención psicológica especializada y diferenciada, gratuita y cercana al domicilio de las víctimas, a través de un programa especial del Ministerio de Salud.

Asimismo, exigió medidas de satisfacción y garantías de no repetición, que abarcan desde la publicación de la sentencia en castellano y quechua en medios oficiales y regionales, hasta la búsqueda de los desaparecidos, la inscripción de partidas de defunción en Reniec, el restablecimiento del buen nombre de las víctimas y disculpas públicas en la UNCP con transmisión por Justicia TV.

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La ineficacia policial en Juliaca genera indignación mientras aumentan las desapariciones de adolescentes, los asaltos urbanos se multiplican sin control efectivo por parte de las autoridades encargadas de mantener el orden público en esta importante ciudad puneña.

La presidenta de la urbanización Santa Catalina, Dora Quecara Adco, señala la ausencia total de efectivos policiales durante los patrullajes nocturnos que realizan únicamente con serenos municipales, evidenciando el abandono institucional que sufre la población juliaqueña actualmente.

La dirigente vecinal cuestiona directamente el rol de la Policía Nacional al afirmar que «la policía es un saludo a la bandera» en una ciudad donde prolifera la delincuencia juvenil sin respuesta institucional adecuada ni presencia efectiva.

Las denuncias por desapariciones enfrentan trabas burocráticas adicionales porque las autoridades exigen esperar cuarenta y ocho horas antes de iniciar investigaciones formales, demora que resulta perjudicial en casos de menores desaparecidos donde cada minuto cuenta para localizarlos.

Quecara Adco reconoce la existencia de buenos elementos policiales pero señala «policías con doble cara» que dañan la imagen institucional, además la respuesta policial varía según el estatus económico de los denunciantes, creando un sistema de justicia desigual.

La fiscal de la nación anunció supervisiones para evaluar el desempeño individual de efectivos policiales en Juliaca, medida que busca identificar elementos corruptos o negligentes dentro de las comisarías locales, aunque la población mantiene escepticismo sobre su efectividad real.

La dirigente vecinal extiende la responsabilidad hacia los padres de familia al señalar que «muchos adolescentes están desapareciendo por culpa de los papás» que perdieron autoridad sobre sus hijos, contrastando con métodos educativos anteriores más efectivos.

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