La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen del octavo retiro de las AFP, que autoriza retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) —equivalente a S/ 21,400— y deroga algunas de las medidas más controvertidas de la reforma previsional. Esta medida obtuvo 24 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Desde distintos frentes del Congreso surgieron posiciones encontradas. La bancada de Fuerza Popular, por medio de la congresista Rosangella Barbarán, defendió su participación activa en la reforma. Alegaron que ya incluían propuestas para garantizar pensión mínima, frenar los abusos de las AFP, mejorar la comisión por productividad y aumentar la competencia entre administradoras. Barbarán admitió que algunos puntos críticos fueron introducidos por el Ejecutivo, pero sostuvo que su bancada impulsará modificaciones en lo que “la ciudadanía ha reprochado”.

Por otro lado, congresistas como Guido Bellido han pedido que el retiro de fondos de AFP se vote por separado de la reforma previsional. Él sostiene que dicha reforma “no sirve” y que se debería derogar parcialmente ciertos artículos. Sin embargo, su pedido se rechazó.

El Ejecutivo también ha tenido que dar un giro. Inicialmente, hubo rechazo firme del Ministerio de Economía al retiro de nuevas AFP, indicando que disminuiría los fondos futuros, pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema y afectaría a millones de afiliados.

Sin embargo, Dina Boluarte anunció hace poco que su gobierno apoya el dictamen del octavo retiro, marcando una contradicción con posturas previas. Dentro del debate técnico, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió que este retiro provocaría una salida inmediata de más de S/ 31,600 millones de los fondos previsionales y que millones de afiliados menores de 40 años podrían quedar con saldos bajos o incluso en cero en sus cuentas posteriores a varios retiros.

También se cuestionó el retiro del 95,5 % de los fondos acumulados al jubilarse para todos los afiliados, un punto que muchos congresistas desean reintroducir en el dictamen.

Otro tema sensible es el aporte de los trabajadores independientes, cuya obligatoriedad ha sido derogada en el dictamen, lo cual algunos ven como un alivio, pero otros advierten que podría debilitar el financiamiento del sistema previsional. El congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) ha pedido que este proyecto de retiro de 4 UIT sea tratado con urgencia, argumentando que millones de personas necesitan esos fondos para cubrir necesidades básicas.

Mientras tanto, opositores piden cautela y ajustes para proteger a los futuros pensionistas. Maricarmen Alva, por ejemplo, dijo que si bien hay que ceder, no deberían hacerse reformas que comprometan la pensión mínima o garantías estatales.

De esta manera, la Comisión de Economía vive un momento de tensión política donde los congresistas de Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Juntos por el Perú, el Bloque Magisterial y otros han tenido que matizar sus posiciones: unos insisten en que aprobaron el dictamen original con los artículos objetados; otros critican que el gobierno haya introducido cambios que “desnaturalizan” lo acordado previamente.

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El video ¡SE APROBÓ EL RETIRO! | Mira qué congresistas se la jugaron por la ley AFP: buscan «arreglarlo» se publicó en YouTube en este enlace

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Juan José Santiváñez acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para desmentir categóricamente los audios atribuidos a él con el reo conocido como “El Diablo” y otras investigaciones en su contra. Aseguró que todas las tesis “se han caído solas”, incluso la del peritaje que señala una alta probabilidad de que su voz esté en los audios vinculados al capitán Junior Izquierdo. “Se hicieron dos peritajes; el que concluye que no es mi voz, me prohibieron publicarlo”, denunció.

De esta manera, varios congresistas de la comisión de Fiscalización le dieron la razón al ministro Santiváñez. Consideran que la Fiscalía se ha politizado y eso ha llevado a «perseguir» a políticos que sean incómodos para ellos. Le exigieron que haga una reforma total del sistema judicial.

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El video De acusado a VÍCTIMA: congresistas terminan defendiendo a Santivañez tras atacar a la Fiscalía se publicó en YouTube en este enlace

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El distrito de Yura fue ratificado como el lugar definitivo para la construcción del nuevo relleno sanitario de Arequipa. Autoridades locales, representantes del Ministerio del Ambiente y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aseguraron que no habrá variaciones en la ubicación. El proyecto, con un presupuesto de 256 millones de soles y financiamiento de la cooperación alemana KfW, busca dar solución al manejo de más de 900 toneladas diarias de residuos en la provincia.

Yura concentra la obra de disposición final

El gerente de Servicios al Ciudadano, Carlos Vélez Herrera, explicó que la iniciativa contempla plantas de valorización en Yura y La Joya, además de una planta de tratamiento mecánico-biológico para reaprovechar hasta el 75 % de los desechos. Señaló que el consorcio MIRS ejecutará el expediente técnico y la construcción en cuatro fases que culminarán en un plazo de 36 meses.

Daniel Madalangoita, representante del Ministerio del Ambiente, precisó que Arequipa concentra el 70 % del presupuesto total del proyecto por ser la cuarta ciudad con mayor generación de residuos en el país. Agregó que se entregarán 2 900 contenedores, 105 compactadoras y 15 soterrados para reforzar la recolección y transporte de la basura.

La obra, que ya inició la elaboración de estudios técnicos, permitirá superar la actual situación de botaderos informales y generar oportunidades de economía circular a través del reaprovechamiento de materiales.

“Si se refieren al tema del proyecto. El proyecto ya está avanzado, como ya explicó el Ministerio del Ambiente, y se va a ejecutar en la zona de Yura”, afirmó Kelly Salas, jefa de la oficina desconcentrada del OEFA en Arequipa.

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Supervisión y control ambiental permanente

Salas detalló que el OEFA mantiene un monitoreo constante de las operaciones de disposición final de residuos en Quebrada Honda, mientras se construye la nueva infraestructura. Explicó que se emitieron observaciones técnicas, como la impermeabilización de los canales de lixiviados, que la municipalidad ya comenzó a subsanar.

La ingeniera Génesis Amado, Sub Gerente de Saneamiento, Salubridad y Salud de la Municipalidad Provincial de Arequipa, indicó que se realizan fumigaciones semanales y neutralización de olores para reducir el impacto en las zonas aledañas. Además, se construye una celda transitoria y se preparan diques para la temporada de lluvias.

Omar Mendoza, coordinador zonal del consorcio MIRS, sostuvo que la cuarta fase del proyecto incluirá el acompañamiento para la puesta en marcha de la planta, garantizando su operatividad y el cumplimiento de los estándares ambientales.

“Hemos hecho un informe de supervisión y suscrito un acta de compromiso con la Municipalidad Provincial de Arequipa, en donde ellos se comprometen a subsanar las observaciones encontradas”, señaló Salas sobre el seguimiento del OEFA.

En tres años, Arequipa contará con su primer relleno sanitario moderno en Yura, una obra que marcará un cambio en la gestión de residuos de la región y que, según las autoridades, se mantiene firme e inamovible en su ubicación para asegurar una solución definitiva a un problema histórico de la ciudad.

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Perú OCUPA PREOCUPANTES TITULARES | La crisis que afecta a la ciudadela de Machu Picchu, en Cusco, ya ha captado la atención de la prensa internacional en países como Chile, España y Francia. Varios turistas han reportado estar “atrapados” debido a la paralización en el distrito, tras la finalización de la concesión otorgada a la empresa Consettur.

No obstante, no todas las voces han sido críticas. Algunos visitantes manifestaron su comprensión e incluso solidaridad con las protestas, tras escuchar las demandas de la población local. Este miércoles, las comunidades que mantenían la medida de fuerza anunciaron una tregua de 72 horas, lo que permitirá reanudar temporalmente los servicios ferroviarios y facilitar el traslado de los turistas.

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El video MALA IMAGEN | Así cubre la prensa extranjera la situación de turistas «atrapados» en Machu Picchu se publicó en YouTube en este enlace

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El exalcalde provincial de Arequipa, Yamel Romero Peralta, anunció su regreso al Partido Aprista Peruano (APRA) y su precandidatura a la presidencia de la República para las Elecciones Generales 2026. La presentación se realizó este miércoles en la Ciudad Blanca, marcando su retorno al partido tras ser expulsado en 2006.

Romero explicó que su salida se debió a conflictos internos y a lo que consideró maniobras para impedir su reelección como alcalde. “Lamentablemente por malas prácticas dentro del propio partido, me alejaron y sacaron en el 2006 para impedir mi candidatura a la reelección como candidato alcalde […] En los últimos años hemos visto que el partido aprista decayó, inclusive perdió inscripción por el bajo respaldo que tenía y creo que ahora todos los compañeros que tenemos algo que aportar, estamos en la obligación de hacerlo, ese es el motivo por el cual hemos reingresado”, sostuvo.

El exburgomaestre aseguró que cuenta con el respaldo de las bases apristas y confía en imponerse en las elecciones internas que se realizarán el 30 de noviembre. “Respeto a todos los precandidatos del partido aprista. Vamos a competir y serán los militantes apristas, supervisados por la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, quienes manifestarán quién es el candidato más idóneo para limpiar la cara al partido”, declaró.

No mencionó su recorrido por el partido Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) y otras agrupaciones políticas que conformó, pero sí defendió a Fuerza Popular e insistió en que el 2021 hubo fraude electoral.

Plan de gobierno

En su plan de gobierno, Romero propone una ofensiva contra la corrupción y la implementación de un plan de seguridad inspirado en el modelo salvadoreño del Plan Bukele. “Los niveles de eliminación de delincuencia en El Salvador han hecho que siendo el país más golpeado por la violencia, ahora sea un atractivo para ir de vacaciones”, señaló.

Asimismo, planteó eliminar “los falsos gobiernos regionales” para fortalecer la descentralización a través de macroregiones. Y se comprometió a impulsar tanto la agricultura como la minería, bajo el lema “agro sí y mina también”, buscando compatibilizar ambas actividades económicas.

En el pasado, Yamel Romero ha participado hasta en 8 elecciones, sin éxito.

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Un individuo fue intervenido este miércoles 17 de septiembre mientras realizaba pintas no autorizadas en una pared de la cuarta cuadra de la calle San Juan de Dios, en el corazón del Centro Histórico de Arequipa.

El presunto responsable, identificado con las iniciales A.L.S., fue puesto a disposición de la comisaría de Palacio Viejo. Según las autoridades, ya se presentó la denuncia formal para que se inicien las investigaciones correspondientes. Además, lograr la identificación de sus posibles cómplices, quienes lograron huir del lugar.

La Municipalidad Provincial de Arequipa condena el acto de vandalismo y recordando a la ciudadanía el severo régimen sancionador que conlleva dañar el patrimonio. Las multas por este tipo de infracciones son claras y cuantiosas.

Realizar grafitis o pintas en bienes públicos o privados acarrea una multa administrativa de 1 605 soles. La sanción por colocar pintas y propagandas se eleva a 5 350 soles, e incluye el retiro del material. Cuando el daño se realiza sobre un monumento, la sanción es de 5 350 soles, además del retiro de la pintura y la interposición de una denuncia penal.

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Recurrencia en Arequipa

Este sería el octavo atentado de características similares ocurrido en el Centro Histórico de Arequipa durante el presente año 2025. La frecuencia de estos hechos ha llevado a los especialistas a considerar que se trataría de acciones intencionadas y planificadas, ejecutadas en momentos de poca vigilancia.

Al respecto, el gerente de la institución, William Gómez, fue enfático en sus declaraciones la semana por un caso similar. Indicó que eran necesarias sanciones más estrictas.

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• Pleno del Congreso aprobó retiro de 4 UIT de AFP y maquilla parte de la polémica reforma de pensiones

• Dina Boluarte defiende a ministros involucrados en escándalos de audios: Acusa a fiscales de querer desestabilizar su gobierno con investigaciones sin sentido jurídico

• Las discrepancias entre la JNJ y la fiscal de la Nación al rojo vivo

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El video ¿MIEDO A LAS PROTESTAS? | Congreso da marcha atrás en ley de pensiones y aprueba octavo retiro AFP se publicó en YouTube en este enlace

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Afiliados a las AFP podrán retirar hasta 4 UIT de su fondo, se elimina el aporte obligatorio de independientes y, además, los menores de 40 años podrán retirar hasta el 95.5% de su jubilación. Estas son las medidas que el Congreso aprobó este miércoles para disimular el faenón que intentaron colar por debajo de la mesa con la famosa reforma del sistema de pensiones.

El debate en la Comisión de Economía estuvo movido: Rosangella Barbarán aseguró que no se arrepiente de nada, porque fue quien impulsó la ley y, según dijo, “enfrentó al oligopolio de las AFP”. Guido Bellido pidió la derogación total de la reforma, mientras que Alejandro Cavero salió con la clásica advertencia: que el aporte sea voluntario, pero que luego nadie estire la mano al Estado cuando esté anciano y sin pensión.

Los congresistas juran que esto no tiene nada que ver con el miedo a más protestas desde el 21 de septiembre. Aunque de todos modos, la medida es un maquillaje: el verdadero problema sigue siendo la falta de una reforma real del sistema de pensiones.

Las discrepancias entre la JNJ y la fiscal de la Nación al rojo vivo

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, podría ser destituida este viernes, cuando se la ha citado para la audiencia en la que se discutirá su suspensión por 6 meses, mientras se alaliza la denuncia contra ella. Según entendidos, su sentencia de muerte esta ya escrita, por lo que la doña ha agregado la calidad de “jueza” a su currículum. Su pronóstico: que los miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel” por esta procedimiento. Wilber Medina, abogado del presidente de la JNJ, respondió calificando el comentario como una “amenaza velada” poco propia de su cargo. Incluso sugirió que semejante declaración podría merecer, oh ironía, otro proceso disciplinario contra ella.

Medina intentó desmontar con ejemplos pasados, el argumento de inconstitucionalidad esgrimido por Espinoza, recordándole que el procedimiento para investigarla sigue el mismo formato con el que ella misma fue nombrada. Aunque no dice nada que esos procesos express son precisamente lo que le critican a Delia cuando actuó contra Patricia Benavides. La incoherencia, madre de todos los males.

Dina Boluarte defiende a ministros involucrados en escándalos de audios: Acusa a fiscales de querer desestabilizar su gobierno con investigaciones sin sentido jurídico

Los audios de Juan José Santiváñez siguen sacando ronchas en el Ejecutivo. Tras el cierrafilas de los ministrillos en defensa de alias ‘Cachetón’ y del premier Eduardo Arana, ahora fue el turno de Dina Boluarte de poner el pecho por sus dos angelitos. La descarada volvió a rasgarse las vestiduras jurando la inocencia de sus lacayos.

Así, Dina Ercilia no escatimó en ataques para sus enemigos del Ministerio Público. La tía acusó a los fiscales de abrir investigaciones por doquier y sin sentido jurídico. También los culpó de querer distraerlos e intentar desestabilizar a su gobierno. Ya, pues, tía, no te pases de chistosa. Si a tu gobierno le falta estabilidad es todo culpa tuya, por tener a puro inestable en la cúpula del poder, empezando por su hermanito y su ministrolL. Mejor anda a hacerte tus retoquitos, que solo para eso sirves.

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Congresistas de distintas bancadas presentaron una moción de censura en contra de Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos por los audios que revelan un presunto tráfico de influencias a favor del criminal Miguel Salirrosas, apodado ‘El Diablo’, sentenciado por pertenecer a la banda criminal «Los Pulpos».

La moción cuenta con 34 firmas y fue promovida por la parlamentaria Susel Paredes. Si bien la impulsó previo a la difusión de los audios contra Santiváñez, la revelación de estos que incentivó para que más congresistas se sumaran y se alcanzara las firmas necesarias para que se admita en el Pleno.

Luego, de su debate y si llega a contar con 67 votos a favor para su aprobación -en sesión plenaria que se realizaría en octubre, porque la siguiente semana es de representación- Santiváñez Antunez se le censuraría.

Las firmas para la moción de censura se juntaron luego de que el ministro Santiváñez estuviera presente en la Comisión de Fiscalización que lo citó para que respondiera por los audios difundidos que lo acusaban de presunto tráfico de influencias, y que lejos de admitir su responsabilidad, se victimizó y dijo que había una campaña en su contra.

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¿En qué se sustenta la moción de censura contra Santiváñez?

Según se lee en el texto de la moción de censura contra el ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se cuestiona su idoneidad para el cargo, ya que recuerdan su gestión como ministro del Interior que se caracterizó por una falta de eficacia en la lucha contra la inseguridad, con un aumento significativo en los índices de la criminalidad.

Como la situación de violencia escaló a niveles insostenibles, el Congreso lo censuró en marzo de 2025 por su incapacidad para enfrentar la creciente ola de delincuencia. También sumaron sus fallidos operativos.

Además, Santiváñez tiene graves acusaciones judiciales, incluyendo tráfico de influencias, abuso de autoridad, y su implicación en una presunta organización criminal vinculada a actos de corrupción como el direccionamiento de contratos públicos, la influencia en ascensos y permanencias de generales de la Policía Nacional, la protección de operaciones mineras ilegales y encubrir actos ilícitos en la administración pública.

«A Santiváñez lo investigan por varios delitos»

Como se informó, al ministro se les está siendo investigando también por varios delitos graves y está enfrentando una serie de procesos judiciales que incluyen un impedimento de salida del país. “Esta acumulación de cargos, junto con la falta de confianza política y ética, ha erosionado su capacidad para liderar el Ministerio de Justicia, sector crucial para la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos”, argumentan.

Los legisladores también hacen notar la contradicción de su nombramiento luego de su censura en otro cargo del Ejecutivo y consideran que su permanencia en el puesto representa un riesgo para la administración de justicia en el país. Finalmente, argumentan que su posición al frente de la política anticorrupción y de derechos humanos afecta la integridad del Estado de Derecho y la transparencia del gobierno.

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La protesta del personal médico y asistencial de EsSalud en Arequipa se mantiene sin acuerdos con las autoridades del sector. Los trabajadores aseguran que la medida es completamente legal y que responde a la necesidad de proteger la autonomía de la institución y los beneficios de los asegurados, mientras el debate se traslada al Congreso de la República.

El segundo secretario general del sindicato de médicos, César Goicochea, informó que la huelga busca garantizar derechos laborales y un servicio de calidad para los pacientes. La paralización, que reúne a diez gremios de la Seguridad Social, mantiene la atención cero en consultorios externos, pero continúa con emergencias, áreas críticas y operaciones de urgencia.

Goicochea precisó que también se han suspendido las cirugías electivas y que solo las operaciones de urgencia se realizan con normalidad. El dirigente agregó que algunos trabajadores aún continúan atendiendo en consultorios externos, por lo que se invocará a suspender esas actividades para cumplir con la disposición nacional.

“Estamos en el noveno día de huelga nacional indefinida, diez gremios unidos de la Seguridad Social por la defensa de nuestros derechos laborales y para tener un trabajo digno y atención para nuestros asegurados en una forma completa, sin restricciones”, expresó Goicochea.

Controversia por la legalidad de la huelga

El representante sindical aseguró que la protesta cuenta con todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo, pese a que las autoridades la declararon improcedente. Subrayó que se han realizado asambleas, reuniones y notificaciones previas, por lo que rechazan cualquier intento de descuentos salariales.

Además, Goicochea denunció un incidente con el gerente general de las directivas nacionales, Freddy Colcacahuana, a quien acusó de maltrato verbal y psicológico durante una reunión en Lima. Por este motivo, los gremios exigen su destitución y han anunciado que presentarán la denuncia respectiva ante las instancias oficiales.

“En una forma irrespetuosa, beligerante y agresiva contra los representantes nacionales de los gremios se han proferido palabras soeces, mentando la madre a los trabajadores. Eso no se puede permitir”, sostuvo el dirigente médico.

Los sindicatos de EsSalud en Arequipa insisten en el retiro del Decreto Legislativo 1666, que, según señalan, vulnera la intangibilidad de los recursos de salud y amenaza con convertir a los trabajadores en empleados estatales con menos beneficios. Mientras el Congreso debate la norma, la paralización continúa y el acceso a las consultas externas permanece restringido.

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Arequipa volvió a ser escenario de tensiones gremiales. Esta mañana, trabajadores del Sindicato de Construcción Civil con base en La Joya y Cocachacra (provincia de Islay) realizaron una protesta en rechazo a su secretario general de la región, Alfredo Puño Cala. Lo acusan de dividir al gremio con la creación de nuevas bases sindicales.

Los manifestantes denunciaron que la dirigencia impulsó la creación de la base San Camilo en el mismo distrito de La Joya, generando conflicto entre los agremiados. Augusto Valero, secretario general de la base La Joya, cuestionó duramente la decisión.

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Buscan soluciones

Valero explicó que se invitó formalmente a Puño Cala para que visite el distrito y explique los motivos de esta medida, pero este no asistió. «Lo que indican es que la jurisdicción de San Camilo está lejos de La Joya pero eso es mentira… No estamos en contra de los hermanos de San Camilo, pero la directiva debe poner orden y no dividirnos», añadió.

Asimismo, la base de Cocachacra se sumó al reclamo y pidió explicaciones sobre la decisión de su dirigencia. «Con ellos también hemos trabajado y hemos hecho negociaciones colectivas, Cocachacra, Islay y La Joya no hemos tenido ningún problema. Pero, ahora, el compañero Alfredo ha creado una base y queremos explicaciones», manifestó Valero.

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Eduardo Arana dijo sentirse indignado con el Ministerio Público por la filtración de audios que lo vinculan a presuntos favores con Juan José Santivañez. Negó tajantemente haber intervenido en beneficios para el reo conocido como “El Diablo” y sugirió que estos audios podrían ser una venganza de la fiscal de la Nación tras la reducción del presupuesto para el 2026.

Descartó que vaya a pedir la renuncia de Santivañez, pues, según asegura, es un ministro con gran trayectoria y conocimiento en asuntos judiciales.

El video ¡UNA VENGANZA! | Premier se defiende del escándalo por audios con Santivañez culpando a la Fiscal se publicó en YouTube en este enlace

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La cuestionada ley de las AFP es una de las normas más nocivas de este Parlamento, debido a que el daño a la economía de los jóvenes no es solo inmediata, sino que viaja en el tiempo, perjudicando el futuro de los trabajadores independientes y de los menores de 40 años.

Esta ley fue impulsada por el fujimorismo, aunque ahora pretendan lavarse las manos. La madre de la primera propuesta de ley fue la fujimorista Rosángela Barbarán, a pesar de que intentan desconocer su rol en esta dañina norma. Al igual que Barbarán, procedieron muchas otras propuestas para una “reforma de pensiones” del sistema privado de las AFP.

Sin embargo, el encargado de unificar las propuestas hasta exponerla en una sola idea, fue el congresista piurano César Revilla, parlamentario de Fuerza Popular.

Este legislador piurano -quien mantiene perfil bajo durante sus visitas a la región Piura- sustentó ante el Pleno del Congreso el proyecto de ley, para finalmente ser aprobado en 2024. Cabe recordar que la promulgación que hizo la semana pasada el Ejecutivo de Dina Boluarte fue el reglamento de la ley. Allí se puede conocer los candados que la norma le pone a los afiliados y jóvenes para que no puedan acceder a sus fondos.

Uno de los mayores golpes a la economía de los peruanos se sustenta en la prohibición para retirar el 95.5% de los fondos de las AFP. En las últimas disposiciones para el retiro de fondos, los afiliados podían acceder a este beneficio, teniendo en cuenta de que se trata de su propio dinero.

La norma también obliga a tributar el 2% a los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios. Y esta tributación será progresiva hasta el 2034, llegando a un 5%. Sin embargo, este descuento que tendrán los jóvenes en sus ingresos será un monto que no aportará significativamente a su fondo de pensiones. Pese a ello, se mantiene esta disposición.

La pensión de 600 soles que esta ley manifiesta está supeditada a que los afiliados “aporten” durante 20 años seguidos. Sin embargo, el mercado laboral siempre se ha mantenido inestable para la masa trabajadora. Algunos especialistas señalan que esto solo acrecentará la informalidad.

Si el afiliado muere, pues la pensión pasa a uno de sus familiares. Pero, el fondo cambia. La nueva pensión será de 5 a 10% de su fondo total. Esto reduce rápidamente el estado económico de cada pensionista.

Y como si fuera poco, la norma estableció que si una persona no alcanza los 600 soles al momento de su jubilación, las AFP pedirán lo faltante al Estado. De esta manera, el presupuesto para atender a los millones de jubilados estará en manos del presupuesto nacional, afectando peligrosamente la caja fiscal del país. 

A pesar de todos estos candados y prohibiciones que plantea la ley, el congresista fujimorista César Revilla presentó y sustentó la propuesta, hasta lograr que fuera aprobada como ley y en su reglamento.

Cabe mencionar que ahora, los fujimoristas intentan responsabilizar al gobierno por esta ley de las AFP, tras la marcha que los miles de jóvenes realizaron el último fin de semana, exigiendo la derogatoria inmediata de la norma.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cutivalú Piura

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, anunció que no participará en las elecciones presidenciales de 2026 y que se retira de la política activa. 

“He declarado oficialmente que no voy a participar en las elecciones de 2026. Es momento de retirarse de la política, creo que he cumplido un ciclo como político en la región”, señaló.

El anuncio se produce mientras continúa la investigación fiscal en su contra por el denominado “Rolexgate”, caso en el que se indaga la entrega de relojes y joyas de lujo a la presidenta Dina Boluarte. En las elecciones regionales de 2022, Oscorima obtuvo la gobernación de Ayacucho con 138.965 votos, equivalentes al 46,79 % del total, consolidando un importante respaldo electoral en provincias como Huanta y La Mar. Ese capital político, que le permitió imponerse en varias contiendas pese a procesos judiciales en curso, es considerado ahora un “bolsón de votos” que podría ser trasladado a su entorno familiar o político.

Wilfredo Oscorima ha sido elegido tres veces gobernador de Ayacucho (2011-2014, 2015-2018 y 2023-2026), consolidándose como uno de los caudillos regionales más influyentes.

Fuentes políticas han señalado que Yuri Oscorima, hermano del actual gobernador, se perfila como posible candidato al Congreso por Alianza para el Progreso (APP), lo que abriría la posibilidad de que el clan mantenga influencia a nivel nacional. El balance de las gestiones de Wilfredo Oscorima es objeto de debate. Entre sus partidarios se destaca la ejecución de obras de infraestructura y proyectos de inversión pública, mientras que sus críticos cuestionan la paralización de iniciativas en varias provincias y la distribución desigual de recursos. A ello se suman antecedentes judiciales, desde condenas anteriores hasta los procesos abiertos por el Ministerio Público en el marco del “Rolexgate”. Con su decisión, Oscorima descarta una eventual participación en las elecciones generales, pero su futuro político y judicial seguirá marcado por el desarrollo de las investigaciones en curso y por el destino de la estructura electoral que lo acompañó en las últimas dos décadas. La incógnita es si esta retirada es un punto final o apenas una pausa estratégica en la trayectoria de un caudillo regional que, entre obras, denuncias y favores, ha dejado una huella imborrable en el tablero político nacional. La semana pasada, el Poder Judicial levantó el impedimento de salida del país contra Oscorima en una investigación por colusión agravada, cohecho y asociación ilícita, vinculada a la licitación de una carretera con Obrainsa entre 2014 y 2017.

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En octubre del 2017 el entonces gobernador de Loreto, Fernando Meléndez Celis, acompañado de sus funcionarios, llegó al Hospital Apoyo Iquitos para que se inicie la remodelación que debía terminar 814 días después, es decir, en enero del 2020. Durante ese tiempo se debía invertir S/. 240 millones de soles. La obra se encargó al Consorcio Salud Loreto, conformada por las empresas CMO Group y la italiana Impresa Pizzarotti C.S.P.A, que finalmente decidió resolver el contrato. Entre el 2017 y 2018 el gobierno de Fernando Meléndez desembolsó S/. 103,472.00 millones de soles.

Mientras que el gobierno de Elisbán Ochoa desembolsó S/. 112,327.00 millones de soles hasta que en mayo del 2022 se resolvió el contrato con el consorcio que tenía como representantes legales a DELGADO VIZCARRA ARTURO ERNESTO, GIACOMO FRANCESCO ORSATTI, MARCHETTI MARCO, CIRAMI ALFIO y GIOMMONI VALTER. Desde que se resolvió el contrato el Gobierno Regional de Loreto se encargó de la obra bajo la modalidad de administración directa. Los montos gastados en ese período son muy difícil de calcular. Sin embargo, fuentes que trabajaron en la gestión del profesor Elisbán Ochoa coinciden en señalar que se gastó aproximadamente S/. 90 millones de soles en siete meses porque se contrató labores de construcción y equipamiento a diversas empresas de manera directa. En ese período hay un detalle por demás extraño, ya que se pagó a dos consorcios con la misma denominación pero distinto RUC. Se desembolsó S/. 712,588.80 al consorcio representado por ZEGARRA FLORES LUCIENNE que tenía su oficina en la ciudad de Iquitos mientras que el otro consorcio tenía su domicilio en Lima.

Durante el gobierno de René Chávez Silvano se actualizó el avance de obra y se estableció que tenía 70% de ejecución. Para concluir la misma se convocó a una licitación y se seleccionó al Consorcio Salud Garayar, conformado por las empresas JVC Consultores y Ejecutores EIRL, Servicios y Construcciones Díaz EIRL, Viiva Servicios Generales EIRL y Constructora Importadora JJJ Orba EIRL que tiene como representante legal a ORTIZ BARDALES JORGE PAOLO con domicilio en Iquitos.

La obra se reinició en mayo del 2024 y se firmó contrato por un monto de S/ 103,000,000.00 millones de soles con un plazo de ejecución de 450 días calendarios. Es decir, la obra deberá concluirse en octubre del 2025. Sin embargo, fuentes del consorcio consultadas señalaron a Pro & Contra que en diciembre se entregará la totalidad de los trabajos para que la entidad de la conformidad. Si no hay ninguna observación se podría entregar antes de fin de año. Hasta el momento ya se pagó al Consorcio aproximadamente S/. 62 millones de soles. Falta que se pague algunas valorizaciones y, según la misma fuente, “hay unas valorizaciones que están dentro del marco de la ley”.

Han pasado varios directores por el Hospital Iquitos y tres gobernadores. Habrá que esperar tres meses para conocer si por fin se terminarán los trabajos y los loretanos tendrán un lugar para atenderse con los mejores equipos y el mejor personal.

DESEMBOLSOS POR LA CONSTRUCCIÓN

Consorcio Salud Loreto 2017: S/. 54,480,636.16 2018: S/. 48,672,836.04 2019: S/. 70,802,859.13 2020: S/. 31,482,136.56 2021: S/. 10,214,407.15 2022: S/. 127,254.59 2022; S/. 712,588.80 (Consorcio con el mismo nombre y distinto representante legal)

Consorcio Salud Garayar 2024: S/. 32,895,576.14 2025: S/.  28,558,914.05

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En Madre de Dios, más de 90 mil hectáreas de bosque primario han sido arrasadas desde la década de 1980 debido a la minería ilegal. Esta actividad no solo ha provocado deforestación masiva, sino también una profunda degradación del suelo, dejando vastas extensiones con altos niveles de acidez, muy baja materia orgánica y prácticamente sin capacidad de retener nutrientes.

Frente a este escenario, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) ha implementado una estrategia de biorremediación basada en cultivos de cobertura. El objetivo: devolver a los suelos la fertilidad mínima necesaria para permitir procesos posteriores de reforestación.

Resultados con alfalfa tropical

Entre seis especies de leguminosas evaluadas, la alfalfa tropical mostró el mejor desempeño. Esta planta logró adaptarse a suelos compuestos en un 95 % por arena y con apenas 0.5 % de materia orgánica. En un periodo de 470 días, produjo 23.9 toneladas de biomasa por hectárea y fijó 450 kg de nitrógeno por hectárea.

“Desarrollamos una tecnología de bajo costo basada en cultivos de cobertura con leguminosas fijadoras de nitrógeno, como alfalfa tropical, kudzú , centrocema, frijol canavalia, vaina de sonajero, para recuperar suelos degradados por minería. Estas especies lograron establecerse incluso en terrenos extremadamente pobres, compuestos en un 95 % por arena, casi sin materia orgánica ni nutrientes”, explicó a AgroPerú, Ronald Corvera Gomringer, director del IIAP-Madre de Dios.

Los resultados obtenidos tras la aplicación de esta tecnología mostraron mejoras sustanciales en los indicadores de salud del suelo. (Foto: Andina)

Mejora de indicadores del suelo

Los resultados obtenidos tras la aplicación de esta tecnología mostraron mejoras sustanciales en los indicadores de salud del suelo. La capacidad de intercambio catiónico aumentó, la respiración microbiana se triplicó y la biodiversidad de la macrofauna se elevó de dos a once grupos taxonómicos.

Además, el secuestro de carbono pasó de 0.004 t/ha a 0.07 t/ha, lo que representa un incremento de más del 1650 %, contribuyendo también a los esfuerzos de mitigación del cambio climático.

Con la mejora de las condiciones del suelo, el IIAP ha comenzado a reintroducir especies forestales amazónicas de alto valor ecológico y comercial, como shihuahuaco, copaiba, tornillo y lupuna, entre otras. La presencia de estas especies indica una etapa avanzada de recuperación ecológica.

Posibilidades de replicación

La tecnología desarrollada no solo está dirigida a terrenos contaminados por minería. También puede ser aplicada en zonas degradadas por el uso de agroquímicos o petróleo, siempre que se realice una adecuada caracterización previa del suelo.

Además, esta estrategia podría integrarse a los planes de cierre de mina de más de 4000 mineros informales en proceso de formalización en la región, según lo planteado por el IIAP, ofreciendo una alternativa concreta y de bajo costo para la restauración ambiental.

Fuente: Agromercado

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Este sábado 20 de setiembre, Huancayo también alzará su voz con un plantón en contra de la reforma del sistema de pensiones, que obliga a los jóvenes que cumplen 18 años a afiliarse a una AFP y descuenta el 2% de sus recibos por honorarios a los trabajadores independientes, entre otros puntos rechazados por los ciudadanos. 

La convocatoria en Huancayo es a partir de las 3:00 de la tarde en la Plaza de la Constitución, y está convocada por el Comando Unitario de Lucha de Junín, que mediante afiches ha hecho un llamado a la población a manifestarse pacíficamente.

La protesta demanda la derogación de la Ley 32123, conocida como la “Ley de Modernización Previsional”, que según los manifestantes beneficia únicamente a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en perjuicio de los trabajadores.

La movilización también es una expresión de cansancio frente a la crisis de inseguridad ciudadana y rechaza los casos de corrupción que involucran al gobierno de Dina Boluarte.

Esta protesta se da como parte de la segunda jornada nacional de movilizaciones convocadas para el 20 y 21 de septiembre en Lima y otras principales ciudades del país.

En la capital, colectivos como ‘Voz Ciudadana’ y la ‘Generación Z’ han convocado a una marcha masiva en la Plaza San Martín a partir de las 5:00 p.m., con consignas similares contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

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La minería ilegal avanza sin freno en Puno mientras el proceso de formalización minera, a cargo del Gobierno Central, permanece paralizado. Según el director regional de Energía y Minas, Edwin Chambilla Palomino, la situación es crítica: de más de 12,000 mineros que figuraban en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), actualmente solo poco más de 4,000 continúan inscritos.

“Esto significa que cerca de 6,000 mineros quedaron fuera del sistema, lo que incrementa la actividad ilegal en zonas sensibles como San Gabán y Carabaya”, advirtió Chambilla.

El funcionario cuestionó la inacción del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que desde la promulgación de la Ley 32213 retomó la competencia de formalización. “Han pasado seis meses y no se ha formalizado nada todavía”, afirmó, señalando que la ausencia de resultados desde Lima está agudizando la crisis.

Mientras tanto, la Dirección Regional de Energía y Minas mantiene operativos de fiscalización ambiental. En lo que va de 2025, ha emitido más de 100 resoluciones, además de imponer suspensiones y multas a operadores ilegales con el objetivo de mitigar los daños en la cuenca del río Ramis, considerada una de las más contaminadas del país debido a los vertimientos mineros.

La falta de avances en la formalización y el incremento de la minería ilegal generan preocupación entre las comunidades locales, que ven cómo la actividad sin control amenaza no solo al medio ambiente, sino también a la sostenibilidad de su economía y la salud pública.

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El congresista de Ica, José Luis Elías Ávalos, ha presentado el Proyecto de Ley N° 5849/2023-CR, una iniciativa que, bajo la premisa de proteger la privacidad, busca modificar el Código Penal para sancionar la publicación de comunicaciones privadas, lo que podría tener un impacto directo en el periodismo de investigación.

El proyecto busca adaptar el artículo 164∘ a las nuevas tecnologías, como las redes sociales y la mensajería instantánea como WhatsApp. La propuesta ha generado alamar sobre los límites de la libertad de prensa y la importancia del derecho a la información pública, especialmente cuando los chats revelan hechos de corrupción u otros asuntos de interés social.

El documento del proyecto, al que se ha tenido acceso, propone modificar el artículo 164∘ del Decreto Legislativo N° 635 para incluir la correspondencia de «mensajería instantánea o correo electrónico». La redacción actual del Código Penal solo sanciona la publicación indebida de correspondencia epistolar o telegráfica, medios ya obsoletos.

¿Cuál sería la sanción para periodistas que revelen chats de investigaciones, según José Luis Elías?

La pena propuesta es una «limitación de días libres de veinte a cincuenta y dos jornadas», si la publicación «no destinada a la publicidad y sin que medie interés público» causa algún perjuicio a otro. Este es el punto crucial que ha levantado las alarmas entre los profesionales de la prensa.

El congresista Elías Ávalos argumenta en la exposición de motivos que los medios de comunicación instantánea, como Facebook, WhatsApp, Instagram y Telegram, han superado a los tradicionales y que es necesaria una actualización del Código Penal para proteger el derecho constitucional al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones.

Además, señala que la iniciativa busca proteger el honor y la intimidad de las personas. El proyecto subraya que la sanción no colisionaría con la libertad de expresión, ya que el Código Penal exonera de responsabilidad penal si el acto se realiza en ejercicio de un derecho, como el de informar. Sin embargo, esta interpretación no ha convencido a la prensa nacional.

¿Qué es el «interés público»?

La ambigüedad en la definición de «interés público» es el principal problema. El proyecto señala que la sanción se aplicaría en la medida en que la información publicada «no sea información de interés público». Esta redacción deja la puerta abierta para que la interpretación de lo que es o no de interés público dependa de criterios subjetivos, lo cual podría ser utilizado para iniciar procesos penales contra periodistas que revelen chats que, aunque sean privados, sean cruciales para una investigación de corrupción u otros delitos.

La propuesta, aunque tiene como fin declarado proteger la privacidad de las personas, podría convertirse en una herramienta para silenciar a la prensa que utiliza la revelación de comunicaciones como evidencia en sus reportajes. El proyecto de ley busca sancionar a la persona que publica «indebidamente» una conversación que le fue dirigida, lo que en la práctica podría significar que un periodista que obtiene un chat de una fuente y lo publica para una investigación podría enfrentar una pena de limitación de días libres, lo que ya sería un antecedente legal negativo.

La ANP rechaza proyecto de Ley lesivo

El gremio de periodistas ANP Perú (Asociación Nacional de Periodistas del Perú) ya se ha manifestado al respecto. En un comunicado publicado, la ANP alerta que el proyecto «perjudicaría la difusión de investigaciones periodísticas». La organización considera que la iniciativa podría ser utilizada para iniciar «procesos contra periodistas y dejaría a discrecionalidad del juez el determinar si lo difundido es o no de interés público». El comunicado de la ANP concluye que la difusión de chats y correos ha sido clave para la revelación de información de relevancia pública, citando casos conocidos como «La Botica» y «Mototaxi», que fueron de «indudable interés público».

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Los habitantes de Juliaca reciben agua que fue descrita como “color chocolate” en sus grifos desde hace años. El barrio Zarumilla sufre esta problemática que afecta gravemente la salud pública. Marcelino Mamani, presidente del sector, denuncia la falta de atención de las autoridades.

El sector Zarumilla, ubicado en el corazón de la ciudad, padece esta crisis hídrica diariamente. Las tuberías antiguas generan el problema según explica Mamani quien indica que los vecinos almacenan el líquido vital esperando que la parte superior sirva para el consumo humano mientras la parte baja queda con sedimentos.

La situación se agrava porque la frecuencia del agua turbia aumentó considerablemente en los últimos meses. Los residentes deben guardar el agua en recipientes para poder utilizarla.

Reclamos sin respuesta de SEDA Juliaca

Los vecinos presentaron múltiples solicitudes formales ante SEDA Juliaca buscando mejoras urgentes. La documentación incluye propuestas de terrenos de interés para la empresa estatal, ya que la calidad del agua representa una necesidad básica fundamental para toda la comunidad.

Según información brindada por los vecinos, el gerente de SEDA Juliaca residiría cerca del barrio Zarumilla. Mamani confía en obtener una audiencia pronta con las autoridades responsables, ya que los dirigentes vecinales esperan sustentar formalmente sus reclamos ante la empresa.

La población no ha recibido ninguna audiencia oficial hasta la fecha actual. Los residentes esperan ser escuchados por las autoridades competentes. La documentación presentada respalda completamente sus reclamos legítimos ante la empresa estatal.

Impacto en la salud pública juliaqueña

Los ciudadanos juliaqueños sufren las consecuencias de recibir agua con aspecto de chocolate en sus hogares. Esta realidad cotidiana afecta seriamente la salud pública de toda la comunidad donde la población demanda atención inmediata de las autoridades competentes.

Mamani y los vecinos exigen un cambio inmediato en el suministro hídrico de la ciudad indicando que la comunidad necesita agua cristalina para sus actividades domésticas básicas. SEDA Juliaca debe ofrecer una solución concreta a esta problemática que persiste sin una respuesta real.

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