Una suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Dennis Panta Peña (38), es investigada por su propia institución tras ser denunciada por estafar a varias mujeres de Huancayo con préstamos fraudulentos. Desde junio pasado, al menos tres denuncias formales acumula la suboficial. Según la Policía, Panta Peña se valió de su uniforme para timar. […]
Una suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Dennis Panta Peña (38), es investigada por su propia institución tras ser denunciada por estafar a varias mujeres de Huancayo con préstamos fraudulentos. Desde junio pasado, al menos tres denuncias formales acumula la suboficial.
Según la Policía, Panta Peña se valió de su uniforme para timar. Las convencía de solicitar préstamos a nombre de las víctimas en financieras como Compartamos, Caja Huancayo y Confianza. A cambio, les prometía pagar las cuotas y ofrecía un “incentivo económico”. Pero tras abonar una o dos cuotas, desaparecía y las dejaba con deudas impagables.
“Confié porque era policía”
Yovana Roque Maravi (32) cuenta que en enero la suboficial llegó a su casa en El Tambo para proponerle “invertir” en un negocio. “Dijo que si sacaba S/ 2,000 en Compartamos, ella pagaría las cuotas y me daría una ganancia. Como era policía, confié”. Tras dos pagos, Panta Peña dejó de responder y la deuda quedó toda para Yovana.
En una segunda denuncia, cuatro mujeres: Yessica Mescua, Betsaida Roquemaravi, Rosmery Marino y Ester Roquemaravi, aseguran haber sido estafadas por más de S/ 23,000 con la misma modalidad. “Nos dijo que era un trámite seguro, que trabajaba en la PNP y que no pasaba nada. Ahora estamos todas en Infocorp”, lamentó Mescua.
La tercera denuncia llegó de la mano del chef Jesús Peralta (48), cuya conviviente, Elizabeth Gandas, fue engañada junto a otras vecinas del barrio Miraflores, en Huayucachi.
“Creó un grupo de WhatsApp llamado ‘Grupo San Cristóbal’ y reunió a varias madres de familia. Les pidió la mitad del dinero del préstamo a cambio de pagar las cuotas. No cumplió”, denunció Peralta.
Investigación en curso
El caso ya está en la Fiscalía Penal Provincial de Huancayo por estafa y es investigado por los agentes de la Divincri, en Huancayo. Pese a todo, Panta Peña sigue en funciones, trabajando en el penal de Huamancaca Chico. Las víctimas, todas de escasos recursos, piden tener cuidado: “No queremos que esto le pase a más mujeres. Ella sabe cómo manipular, cómo ganarse la confianza”, advierten.
Además de las estafas, la suboficial arrastra al menos tres procesos judiciales por deudas que suman más de S/ 116,000. Un juez de Huancayo le ordenó en abril a Panta Peña y a su codeudador pagar S/ 42,110.70 a Caja Huancayo en cinco días, bajo apercibimiento de ejecución forzada. Scotiabank Perú también ganó un juicio en agosto último contra ella por un pagaré impago de S/ 74,822.66.
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La desaparición de Royer Paul Huallpa Mamani, un joven universitario de 25 años cuyo paradero se desconoce desde el 8 de agosto. La tarde del lunes 1 de septiembre, su madre, Nila Mamani Añamuro, protagonizó una escena desgarradora al arrodillarse frente a los presuntos implicados, implorando que revelen dónde está el cuerpo de su hijo. […]
La desaparición de Royer Paul Huallpa Mamani, un joven universitario de 25 años cuyo paradero se desconoce desde el 8 de agosto. La tarde del lunes 1 de septiembre, su madre, Nila Mamani Añamuro, protagonizó una escena desgarradora al arrodillarse frente a los presuntos implicados, implorando que revelen dónde está el cuerpo de su hijo.
El dramático episodio ocurrió en las inmediaciones de un centro comercial, luego de que la fiscal a cargo del caso, Pamela Espezua Miraval, decidiera no solicitar prisión preventiva contra los principales investigados, Gino Larico (23) y Lorena Cuadros (24), quienes recuperaron su libertad tras vencer el plazo de detención preliminar.
Indignación por decisión fiscal
La familia expresó su profundo malestar ante la determinación del Ministerio Público.
“Estamos indignados y no entendemos por qué la fiscal ordenó su liberación. Queremos una explicación”, declaró entre lágrimas Roger Huallpa, padre del desaparecido.
La madre, visiblemente afectada, reiteró su pedido de justicia:
“Solo queremos que nos digan dónde está el cuerpo de nuestro hijo para darle una cristiana sepultura”.
Evidencias halladas en la investigación
Las diligencias realizadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) revelaron pruebas contundentes que refuerzan la hipótesis de un presunto homicidio. En la habitación donde Royer se habría reunido con sus amigos se encontraron rastros de sangre en paredes, prendas y manos de los acusados, confirmados mediante pruebas de luminol.
Pese a ello, la familia denuncia que la fiscalía no actuó con la celeridad necesaria, lo que permitió que los sospechosos quedaran en libertad.
Contexto del caso
El 7 de agosto, Royer fue visto por última vez mientras compartía bebidas alcohólicas con tres amigos en una vivienda de la urbanización Torococha. Desde entonces, no se tiene rastro alguno de su paradero, lo que mantiene en vilo a la comunidad juliaqueña.
Las sospechas apuntan a que el joven habría sido asesinado por personas de su entorno más cercano, quienes además estarían vinculados a una presunta banda delictiva.
Familia pide justicia y prisión para los sospechosos
Con carteles y arengas, los padres y allegados del universitario se movilizaron hasta la Plaza de Armas de Juliaca, exigiendo que el caso no quede impune y que los presuntos responsables reciban todo el peso de la ley.
“El plazo de detención preliminar venció el 25 de agosto y no podemos permitir que este caso quede en el olvido. Exigimos justicia”, señaló el padre del joven desaparecido.
La familia hizo un llamado a las autoridades judiciales y fiscales para que actúen con firmeza, aseguren una investigación transparente y se logre esclarecer lo ocurrido con Royer Paul Huallpa.
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El decano del Colegio de Sociólogos de Puno, Arturo Sánchez Justo, afirmó que muchos gobiernos subnacionales ocupan el último lugar en ejecución presupuestal y señaló que esta situación refleja una seria ineficiencia en el uso de fondos que debían mejorar la vida de miles de habitantes. El especialista indicó que varias herramientas de gestión para […]
El decano del Colegio de Sociólogos de Puno, Arturo Sánchez Justo, afirmó que muchos gobiernos subnacionales ocupan el último lugar en ejecución presupuestal y señaló que esta situación refleja una seria ineficiencia en el uso de fondos que debían mejorar la vida de miles de habitantes.
El especialista indicó que varias herramientas de gestión para el desarrollo y la participación ciudadana se desaprovechan, por lo tanto, proyectos importantes no llegan a concretarse y problemas urgentes continúan sin resolverse en la región, bloqueando avances que podrían reducir necesidades históricas.
Sánchez Justo recordó que los planes estratégicos demandan una inversión considerable de recursos económicos, sin embargo, al evaluar los resultados de esos documentos, los logros visibles son escasos y las metas no se cumplen como fueron planteadas al inicio de la planificación.
Existen planes tanto regionales como provinciales y distritales que buscan orientar la inversión pública, aunque según Sánchez Justo ya es momento de que las autoridades de turno evalúen de manera constante la ejecución de esos documentos para garantizar mejoras reales en territorio puneño.
El decano resaltó que los presupuestos participativos constituyen un espacio útil para tal revisión, porque allí se puede analizar cuánto realmente se ha cumplido de lo proyectado, aunque aclaró que hoy esa evaluación se hace de forma deficiente y con escasa transparencia.
Según Sánchez Justo, los mecanismos de consulta no se implementan debidamente y muchas veces no reciben la atención que corresponde, entonces los espacios de participación pierden su verdadero sentido y no logran incidir en la definición de obras para la población.
De acuerdo con su análisis, los alcaldes cumplen el presupuesto participativo solo como un trámite formal, sin debates amplios ni procesos de planificación adecuados, lo que genera una falta de propuestas sólidas y una ejecución que no responde a las necesidades reales.
Algunas personas incluso sostienen que el presupuesto participativo resulta inútil porque no genera resultados, aunque Sánchez Justo considera que el problema no está en la figura en sí, sino en la implementación deficiente y en la falta de compromiso de las autoridades.
El sociólogo explica que muchos procesos de priorización se desarrollan fuera de plazo, en apenas una semana o con pocos talleres, incluso recurriendo a consultoras externas, y de esa manera se limita el espacio para una verdadera participación ciudadana.
Sánchez Justo puntualizó que en los talleres casi nunca se observa a la autoridad ni al equipo técnico completo, quienes suelen aparecer únicamente al final para firmar las actas, debilitando la importancia del proceso y la confianza de los ciudadanos.
Agregó que los proyectos en muchos casos se deciden según apoyos políticos recibidos durante la campaña, dejando de lado las problemáticas reales de pueblos que sufren carencias, lo que provoca errores en la inversión y la ausencia de resultados.
Como ejemplo, Sánchez Justo mencionó la seguridad ciudadana, una demanda urgente en Puno, donde al revisar los proyectos sobre este asunto se encuentran muy pocos o ninguno, hecho que confirma para él la falta de prioridad en temas sensibles para la población.
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La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, confirmó la paralización de la megaobra del nuevo ingreso vial Huanchaco–Trujillo, tras detectarse serias irregularidades en el consorcio encargado. “Ya no existe el posiblemente, se va a paralizar la obra de Huanchaco”, sostuvo la autoridad en entrevista, tras revelarse informes de Contraloría. Carranza precisó que […]
La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, confirmó la paralización de la megaobra del nuevo ingreso vial Huanchaco–Trujillo, tras detectarse serias irregularidades en el consorcio encargado. “Ya no existe el posiblemente, se va a paralizar la obra de Huanchaco”, sostuvo la autoridad en entrevista, tras revelarse informes de Contraloría.
Presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, instó a que gerente general del GORE, Martín Namay Valderrama, asuma su responsabilidad.
Carranza precisó que los documentos presentados por el consorcio contenían información inexacta, profesionales sin el perfil exigido e incluso casos de falsedad. “Se tiene que anular este contrato”, agregó, señalando responsabilidades directas en la gerencia de contrataciones, que no habría realizado las verificaciones adecuadas, lo que generó consecuencias para la población liberteña.
Consorcio y obra bajo sospecha
La obra, valorizada en 121 millones de soles, fue presentada en marzo de 2025 como una de las apuestas más importantes del gobernador César Acuña para mejorar la conectividad de Trujillo con Huanchaco. El proyecto contemplaba 9.52 kilómetros de vía en concreto, semaforización moderna y un by pass en el óvalo de Huanchaco.
Obra que iba a ser usada para atraer a turistas, ahora quedará paralizada como muestra de las irregularidades en los entes de gobierno.
Sin embargo, el Consorcio Vías Huanchaco, liderado por Lucero Coca Condori, de 23 años, quedó bajo cuestionamientos. La joven, reportada en Infocorp y con dificultades económicas para continuar estudios universitarios, aparece como representante de este consorcio y de otro en Virú, lo que despertó serias dudas sobre la legalidad del proceso.
Que gerente general del GORE asuma su responsabilidad
Contraloría y consejeros regionales detectaron inconsistencias en perfiles técnicos, como ingenieros de suelos e infraestructura sin la acreditación necesaria. “Hay que ser críticos con los malos funcionarios que en su momento no verificaron que todo este procedimiento se diera dentro del marco de la legalidad”, criticó Carranza, exigiendo cambios inmediatos en la gerencia.
Carranza fue clara al señalar responsabilidades también en el gerente general del Gobierno Regional, Martín Namay Valderrama. “Debería asumirlo, porque uno como jefatura tiene que estar pendiente de sus subordinados”, enfatizó. La paralización de la obra deja en incertidumbre a más de un millón de habitantes que esperaban mejoras en transporte, turismo y seguridad vial.
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La designación de Jobvito Elder Flores Mariños como nuevo gerente de Contrataciones del Gobierno Regional de La Libertad (GORE) ha generado polémica. Y es que el funcionario no es ajeno a investigaciones fiscales, ya que aparece vinculado a procesos relacionados con presuntas irregularidades en la gestión regional, entre ellos, el gasto en publicidad en medios […]
La designación de Jobvito Elder Flores Mariños como nuevo gerente de Contrataciones del Gobierno Regional de La Libertad (GORE) ha generado polémica. Y es que el funcionario no es ajeno a investigaciones fiscales, ya que aparece vinculado a procesos relacionados con presuntas irregularidades en la gestión regional, entre ellos, el gasto en publicidad en medios de comunicación.
Investigado junto a César Acuña
En abril de este año, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad abrió una investigación preliminar contra el gobernador regional, César Acuña Peralta, por presunto direccionamiento de contrataciones en campañas publicitarias que habrían superado los S/ 2 millones.
Dentro de este caso, Flores Mariños —quien en ese momento ocupaba el cargo de gerente de Administración del GORE— figura como parte de los funcionarios presuntamente implicados. Según la denuncia, habría participado en la contratación irregular de servicios de difusión, configurando un presunto delito de colusión o negociación incompatible en agravio del Estado.
Junto a él también aparece investigado Miguel Urbina Correa, actual gerente de Imagen Institucional.
Otras investigaciones en curso
Flores Mariños tampoco es ajeno a otras indagaciones fiscales. La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Trujillo lo investiga junto al exgerente de Infraestructura, Jorge Luis Bringas Maldonado, por presunta omisión de actos funcionales en el caso de Jorge Luis Sigüenza Quispe.
Sigüenza, quien además de ser excoordinador de Caminos era conocido como coordinador político de Alianza Para el Progreso (APP) en Alto Trujillo, habría presentado un certificado de trabajo falso para postular a un puesto en el GORE, donde llegó a percibir una remuneración de más de S/ 38 mil. La Fiscalía señala que Flores y Bringas no realizaron una supervisión adecuada de la documentación presentada, permitiendo así su contratación.
Nuevo cargo en medio de cuestionamientos
Pese a estar involucrado en investigaciones fiscales, Flores Mariños ha sido designado como gerente de Contrataciones del Gobierno Regional de La Libertad, tras la salida de Elena Polo Tirado. Polo fue removida del cargo en medio del escándalo por las millonarias contrataciones otorgadas a Lucero Coca Condori, una joven de apenas 23 años, cuya designación desató una ola de críticas contra la gestión de César Acuña.
De igual manera, el entonces gerente de Infraestructura, Jorge Luis Bringas Maldonado, también fue destituido tras verse involucrado en la misma controversia.
Funcionario en puesto clave
La llegada de Jobvito Elder Flores Mariños a la gerencia de Contrataciones no ha pasado desapercibida. Este despacho es uno de los más estratégicos en la administración regional, ya que concentra la responsabilidad en la gestión de recursos y adquisiciones públicas.
Sectores ciudadanos y políticos cuestionan que, pese a estar bajo investigación, el funcionario continúe ocupando cargos de confianza en la gestión de Acuña. Para algunos analistas, esta designación refuerza las críticas sobre un presunto copamiento político en el GORE La Libertad y la falta de transparencia en la designación de autoridades claves.
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Contraloría advierte que el nuevo reservorio en Mollebaya, Arequipa, no asegura agua potable para más de 2 000 pobladores. | IMAGEN: CGR
La Contraloría General de la República encendió las alarmas en Mollebaya tras detectar serias deficiencias en la obra del nuevo reservorio de agua potable en el sector de El Pajonal. Aunque la construcción se culminó el 3 de julio de 2025 con una inversión de S/ 1 047 661, el informe de control advierte que la infraestructura no podría garantizar el abastecimiento de agua para los 2 100 habitantes de la zona ubicada en el departamento de Arequipa.
Según el reporte, el proyecto se diseñó para captar un caudal de 4 litros por segundo. Sin embargo, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) solo autorizó 2,94 l/s y, durante una inspección realizada el 30 de julio, los auditores comprobaron que apenas ingresaban 0,8 l/s al reservorio. La capacidad instalada de 600 metros cúbicos queda así muy por debajo de lo necesario para asegurar el servicio.
Además, se identificaron trabajos inconclusos y deficientes. El informe detalla filtraciones en tuberías, acabados deficientes en la pintura, ausencia de escaleras de acceso y falta de piezas clave como tuberías de rebose. A esto se suma la presencia de escombros en el área y problemas estructurales que ponen en riesgo la operatividad de la obra.
Riesgos para la salud y falta de transparencia
Uno de los hallazgos más graves es la instalación de cerámicos en el interior del reservorio, un material que puede convertirse en caldo de cultivo para bacterias y algas, comprometiendo la calidad del agua destinada al consumo humano. La ausencia de un sistema de ventilación y de dispositivos de medición del nivel del líquido refuerza las dudas sobre la seguridad del proyecto.
La Contraloría también cuestiona la falta de registro actualizado en INFOBRAS, lo que afecta la transparencia en el uso de los recursos públicos. Esta omisión limita la vigilancia ciudadana y el control del avance real de la obra.
El Informe de Hito de Control n.° 036-2025-OCI/0353-SCC ya fue remitido al alcalde distrital de Mollebaya, con la recomendación de adoptar medidas preventivas y correctivas. Mientras tanto, la población del El Pajonal sigue en incertidumbre sobre la calidad y continuidad de su servicio de agua potable.
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El TC revisó el recurso que presentó su abogado, en el que argumentó que la prisión preventiva en su contra había culminado el 19 de diciembre del 2024
El Tribunal Constitucional (TC) ordenó este miércoles 3 de septiembre que Betssy Chávez, exministra que presidió el Consejo de Ministros (PCM) en el gobierno de Pedro Castillo, sea liberada de forma inmediata, al declarar fundado el recurso que había planteado contra la prolongación de esta medida. Su prisión preventiva culminó el 19 de diciembre de 2024.
Como se sabe, la expremier está procesada judicialmente por el golpe de Estado de Pedro Castillo, acusación por la cual ha permanecido recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos desde el 2023, cuando ella se entregó.
El TC revisó el 24 de julio, el recurso que presentó su abogado, Raúl Noblecilla, y en el que se argumentó que la prisión preventiva en su contra había culminado el 19 de diciembre del 2024, luego de que la excongresista se entregara el 23 de junio del 2023.
El Tribunal también ordenó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema que, “dicte las medidas necesarias para asegurar la concurrencia de la extitular de la PCM a las diligencias judiciales”.
La sentencia lleva las firmas de solo cinco de los siete miembros del pleno. La ponencia estuvo a cargo del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse. La presidenta del tribunal, Luz Pacheco, y Manuel Monteagudo, presentaron sus votos singulares con discrepancias contra el pedido que hizo la defensa de Chávez Chino.
INPE había pedido que se desestime el habeas corpus de Chávez
De acuerdo con La República, medio que tuvo acceso a la resolución del TC, el procurador público del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) había solicitado que se desestime el habeas corpus presentado por Betssy Chávez.
Las autoridades penitenciarias argumentaron, “no se acredita una prueba mínima que exista un acto lesivo de inobservancia o amenaza a la salud» de la exministra. Y consideraron que los abogados de Chávez calificaron «subjetivamente» que su patrocinada no es atendida correctamente en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
El INPE también sostenía que “el Poder Judicial no envió el oficio que ordenaba la libertad de la exministra cuando venció el plazo de los primeros 18 meses de prisión preventiva. Y que solo recibieron una resolución del 27 de diciembre del 2024, que prolongaba la medida preliminar contra Chávez hasta marzo del 2026.
De esta forma, el Tribunal Constitucional, ordena la excarcelación de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, al declarar fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa.
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Sunass impuso multas y amonestaciones a Sedapar por no comunicar adecuadamente interrupciones del servicio de agua. | IMAGEN: Sedapar
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) aplicó tres sanciones a Sedapar S. A. en lo que va del año. La razón: incumplir con la comunicación oportuna de cortes de agua potable, tanto programados como imprevistos, que afectan a miles de usuarios en Arequipa e Islay.
Uno de los casos más recientes ocurrió en enero de 2025, cuando Sedapar no informó adecuadamente sobre interrupciones del servicio en seis distritos de la provincia de Islay. La empresa alegó fallas técnicas y haber difundido la alerta por otros medios, pero el regulador determinó que la comunicación no cumplió los estándares exigidos. La sanción fue de 4 UIT.
Otra resolución recoge incumplimientos cometidos durante el primer semestre de 2024. Allí se detalla que Sedapar omitió avisar con 48 horas de anticipación sobre tres cortes programados, no informó diez interrupciones al regulador y además comunicó de manera incompleta más de 200 eventos adicionales, entre programados e imprevistos.
En ese mismo periodo, la compañía recibió una amonestación escrita y una segunda multa de 4 UIT, luego de verificarse que no notificó ocho cortes de agua dentro de los plazos exigidos y que tampoco registró esas interrupciones en el sistema oficial de la Sunass.
El jefe de la Sunass en Arequipa, Saul Alire Benavides, señaló que estas omisiones afectan de manera directa el derecho de los usuarios a contar con información clara sobre la continuidad de un servicio esencial. El agua potable no solo es vital para el consumo humano, también lo es para las actividades cotidianas de miles de familias.
Los cuestionamientos a Sedapar se suman a un malestar ciudadano que crece cada vez que se anuncian cortes de agua sin aviso previo o con información incompleta. En un contexto donde la población exige mayor transparencia, la empresa deberá mejorar sus protocolos de comunicación para no repetir faltas que impactan en la vida diaria de la gente.
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Doce obispos de distintas Diócesis del Perú se pronunciaron en contra de la Ley de amnistía que creará un manto de impunidad para aquellos malos efectivos militares y policiales que deshonraron su deber de defender a los peruanos como sí, hicieron otros.
Mediante un comunicado, doce obispos peruanos rechazan la Ley de amnistía que promulgó Dina Boluarte, porque advierten que “fomenta la impunidad institucionalizada en casos de crímenes de lesa humanidad y vulnera la dignidad de las víctimas”.
En su pronunciamiento refieren que la norma fomenta la impunidad en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno y vulnera la dignidad de las víctimas. Bajo esas consideraciones, exigen su inaplicación por parte del Poder Judicial y que ponga en prioridad los derechos de las personas.
«Consideramos que esta ley es contraria a la justicia, alienta la impunidad frente a delitos de grave crueldad y niega la dignidad de la persona humana. Por eso exhortamos a los magistrados del Poder Judicial a ejercer el control difuso e inaplicar esta norma, en salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas y de la sociedad», exhortan.
Los obispos remarcaron que la justicia es para todos y por eso, reclaman también que los procesos judiciales que busquen genuinamente la verdad no pueden tener una duración cruel e irrazonable. Pero…”no se puede eximir a nadie por razones de edad», dicen en el comunicado. Esto porque la amnistía favorecería a personas mayores de 70 años condenadas por delitos graves contra los derechos humanos.
«No podemos aceptar la vulneración de los derechos humanos”
Como se informó, el presidente del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos, ya se había pronunciado antes advirtiendo que esta disposición constituye un retroceso en la defensa de los derechos fundamentales. «No podemos aceptar la vulneración de los derechos humanos ni el acceso a la verdadera justicia», dijo días previos.
Conforme a la norma, se otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los comités de autodefensa que participaron en el conflicto armado interno, e incluye a sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos. Contra lo que se han pronunciado organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Esto porque advierten que, «la medida vulnera estándares internacionales suscritos por el Perú y abre la puerta a una ‘impunidad institucionalizada’».
La aprobación de la Ley de Amnistía, la impulsó la Comisión de Constitución, bajo la presidencia del congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi y redactada por Jorge Montoya, de Honor y Democracia. Luego, Dina Boluarte la aprobó y promulgó. Con esta ley, Daniel Urresti, Martín Rivas e integrantes del Grupo Colina, algunos militares y policías, podrían verse beneficiados, pese a haber cometido actos contrarios a su labor, a diferencia de otros cientos de oficiales, soldados y efectivos policiales que sí honraron a su institución y al país.
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Sectores en 4 distritos de Arequipa se verán afectados por cortes de luz entre jueves 4 y viernes 5 de setiembre, según Seal. | IMAGEN: Seal
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – Seal dio a conocer los cortes de luz en Arequipa que realizarán este jueves 4 y viernes 5 de setiembre. La interrupción del servicio afectará algunas zonas en 4 distritos del departamento en algunos días del periodo antes señalado.
Respecto a la razón de las interrupciones escalonadas en distritos de Arequipa, Seal informó los motivos que los obligan a suprimir temporalmente el servicio. La interrupción se debe al mantenimiento de redes y expansión de redes en varias zonas del departamento.
¿Qué distritos se verán afectados en Arequipa?
Provincia de Arequipa: José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca.
Provincia de Caravelí: Bella Unión, Lomas.
Cortes de luz el jueves 4 de setiembre: horarios y zonas
Algunas zonas de los distritos de Sachaca tienen cortes de luz programados a partir de las 08:00 hasta las 14:00 horas.
Interrupciones programadas del servicio eléctrico para algunos sectores en distritos del departamento de Arequipa. | FUENTE: Seal
Cortes de luz el viernes 5 de setiembre: horarios y zonas
Algunas zonas de los distritos de Bella Unión y Lomas tienen cortes de luz programados a partir de las 07:30 hasta las 15:30 horas. Asimismo, otras partes de las jurisdicciones de José Luis Bustamante y Rivero estarán con restricción del suministro, en forma escalonada, entre 08:00 y 13:00 horas.
Interrupciones programadas del servicio eléctrico para algunos sectores en distritos del departamento de Arequipa. | FUENTE: Seal
Recomendaciones frente a los cortes de luz en Arequipa entre jueves 4 y viernes 5 de setiembre
Seal recomendó a los consumidores que constaten si serán perjudicados, buscando el número de subestaciones (SE) en la parte superior de su recibo. En caso de alguna consulta pueden contactar al número directo 054-381388. La atención al público es de lunes a viernes, de 07:30 a 20:00 horas, y los sábados, de 08:00 a 13:00 horas.
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El proceso, a cargo de un colegiado de tres jueces, se sustenta en un amplio cuerpo probatorio que incluye pericias, interceptaciones telefónicas y testimonios
El Poder Judicial de Camaná ha iniciado un megajuicio declarado complejo contra 46 procesados por su presunta responsabilidad en una serie de delitos vinculados a los enfrentamientos entre organizaciones criminales de minería ilegal en la provincia de Caravelí en 2022.
Los imputados, entre los que 19 se encuentran con prisión preventiva, enfrentan cargos por organización criminal, homicidio simple, sicariato y tenencia de armas, relacionados con la masacre de 14 mineros ocurrida el 2 de junio de ese año.
El proceso, a cargo de un colegiado de tres jueces, se sustenta en un amplio cuerpo probatorio que incluye pericias, interceptaciones telefónicas y testimonios, en un caso que evidenció la violencia de la pugna por el control de territorios mineros en Arequipa.
Productora del programa Pico a Pico de El Búho. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se especializa en producción audiovisual, locución y creación de contenido para redes sociales.
En medio de la creciente preocupación por el retraso en la construcción de la carretera en Huanchaco, un poblador denunció públicamente que la empresa a cargo de la obra estaría utilizando sus oficinas como un local de venta de menús, situación que generó indignación entre los vecinos y llamó la atención durante la visita del gobernador regional de La Libertad, César Acuña.
El incidente ocurrió cuando un ciudadano encaró al gobernador regional para expresarle su malestar, por lo que consideró una falta de respeto hacia la población. Según relató, en el mismo espacio destinado a la oficina de la empresa constructora se estaría ofreciendo comida al público, mientras que la obra avanza con lentitud.
Acuña, sorprendido por la denuncia, aseguró desconocer el hecho y giró la mirada hacia el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay, quien lo acompañaba en la visita de inspección.
Durante su intervención, el poblador denunciante detalló que el avance físico de la obra apenas alcanza un 4%, a pesar de que el Gobierno Regional ya transfirió 40 millones de soles para su ejecución. Además, lamentó la ausencia de liderazgo distrital:
“No tenemos alcalde de Huanchaco, no hay quien nos represente”, señaló, recordando que, pese a los compromisos asumidos por Namay y el gerente regional de infraestructura, Jorge Luis Bringas, de iniciar los trabajos desde Huanchaco hacia el óvalo, esto nunca se cumplió.
“Los pobladores pedimos que avancen de manera estratégica, pero no pasó”, agregó indignado.
El vecino también reveló que incluso el ingeniero residente de la obra habría manifestado su frustración y descontento con la situación:
“Esta obra no vale, yo renuncio”, habría dicho el profesional, según el testimonio recogido. No obstante, los ciudadanos insisten en que el proyecto debe continuar, dejando en claro que, pese a los problemas, no existe otra alternativa viable para mejorar la transitabilidad en la zona:
“Como huanchaqueros queremos que la obra se ejecute, no tenemos otra opción, necesitamos la obra”, enfatizó.
Ante la presión vecinal, el gobernador regional César Acuña anunció la anulación del contrato con la empresa ejecutora, argumentando que se detectaron irregularidades en la documentación presentada. Sin embargo, el anuncio no calmó los ánimos de la población, que exige no solo la continuidad de la obra, sino también sanciones ejemplares contra autoridades, funcionarios y empresarios involucrados.
Finalmente, el poblador que lideró el reclamo lanzó una advertencia política directa al gobernador: “Si usted declara nulidad, muere Huanchaco y muere cualquier candidatura política de usted”, afirmó, evidenciando la tensión entre la población y las autoridades regionales frente a un proyecto considerado vital para el desarrollo de Huanchaco.
Productora del programa Pico a Pico de El Búho. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se especializa en producción audiovisual, locución y creación de contenido para redes sociales.
La provincia de Parinacochas, en Ayacucho, atraviesa días de tensión. Este lunes, pobladores de Cora Cora tomaron la sede de la Municipalidad Provincial como medida de protesta contra la gestión del alcalde Yony Reyes.
La movilización incluyó una vigilia en el frontis del local, resguardado por efectivos policiales. Programa de la Red de Medios Regionales del Perú #ayacucho #coracora #protestasperu #pasoenelperú #noticiasperu #redmediosregionalesperu
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Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra ministro Juan José Santiváñez por caso de portátil digital Harvey Colchado reveló que Digimin vigila a periodistas Defensa de Betssy Chávez explota contra el juzgado tras negarle el permiso para ausentarse de las audiencias: “¿Quieren que se desmaye frente a ustedes?” ¡Súmate a la #Buhocomunidad en YouTube! […]
Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra ministro Juan José Santiváñez por caso de portátil digital
Harvey Colchado reveló que Digimin vigila a periodistas
Defensa de Betssy Chávez explota contra el juzgado tras negarle el permiso para ausentarse de las audiencias: “¿Quieren que se desmaye frente a ustedes?”
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Las congresistas de la Comisión de Transportes protagonizaron un tenso momento al gritarse en plena sesión. El motivo fue la polémica generada por los trenes donados gestionados por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Porky).
Sin medir sus palabras, las congresistas se enfrascaron en una discusión, ignorando por completo la presencia del ministro de Transportes y de sus colegas. La situación escaló a tal punto que no guardaron la compostura ni siquiera ante las palabras del presidente de la Comisión.
Los congresistas de Renovación Popular cuestionaron a César Sandoval por poner trabas a la donación y no facilitar la puesta en marcha de los trenes.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El Concejo Municipal de El Tambo, en Huancayo, aprobó la vacancia del alcalde Julio César Llallico Colca por la causal de nepotismo, con ocho votos a favor y cuatro en contra. La acusación se basa en la contratación de Luz Estefani Ramos Flores, esposa de su sobrino Eslider Alexander Guidotti Llallico, en la Subgerencia de Obras, pese a que no cumplía con los requisitos del cargo.
El pedido fue presentado por el primer regidor Iván Medina, quien sostuvo que Ramos Flores solo tenía un año y cuatro meses de experiencia cuando la convocatoria exigía cuatro. Aun así, su contrato se prorrogó cinco veces entre noviembre de 2023 y setiembre de 2024. Como prueba, mostró el acta matrimonial de la pareja, en la que el alcalde figura como padrino.
En la sesión, Llallico rechazó las acusaciones y señaló que el proceso de contratación se realizó conforme a la ley. Su defensa alegó que no existe vínculo de consanguinidad ni afinidad que configure nepotismo según la normativa municipal. El alcalde anunció que apelará la decisión y continuará en funciones mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelve en última instancia.
Tras la votación, simpatizantes de Llallico lo recibieron en las afueras de la municipalidad, mientras otro grupo respaldó al regidor Medina, quien asumiría el cargo en caso el JNE confirme la vacancia. El burgomaestre enfrenta además cuestionamientos por retrasos en pagos a proveedores y problemas en el recojo de residuos sólidos en El Tambo.
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La gerencia del Consorcio Ciudad Salaverry anunció que el proceso legal iniciado contra el Ejército ha concluido a su favor, tras más de cinco años de disputas.
Antonio Zavala, gerente del Consorcio Ciudad Salaverry, sostuvo en conferencia de prensa en Arequipa que el proyecto inmobiliario se encuentra en etapa decisiva luego de que el Poder Judicial ratificara la validez del laudo arbitral emitido en 2023. Acompañado por representantes de asociaciones de compradores y asesores legales, Zavala remarcó que el consorcio está dispuesto a cumplir con todos los requisitos de ley y que la negativa del Ejército solo ha generado demoras injustificadas que afectan a cientos de familias.
Fallo a favor del Consorcio
El gerente recordó que el laudo arbitral, expedido en enero de 2023, obligaba al Ejército a entregar la minuta, la escritura pública y la posesión del terreno conocido como “parcela B”, ubicado en Mariano Melgar, Arequipa. Dicho fallo fue ratificado en 2025 por el Cuarto Juzgado Civil, que rechazó los recursos presentados por el Ministerio de Defensa.
El consorcio también acusó a la Procuraduría del Ejército de presentar “argumentos falaces” para prolongar el caso, lo que ocasionó la paralización del proyecto inmobiliario durante más de cinco años, afectando directamente a inversores y compradores.
Reclamos de compradores en Arequipa
Durante la conferencia se contó con la presencia de Máximo Miranda, expresidente de la Asociación Consorcio de Ciudad Salaverry, y de Filomeno Mamani, representante de los compradores. Ambos respaldaron el pedido de ejecución del fallo y coincidieron en que los perjudicados son principalmente las familias que adquirieron lotes con la expectativa de acceder a sus terrenos en plazos razonables.
Por su parte, la abogada Pilar Núñez resaltó que el mandato judicial es claro y que, en caso de persistir la negativa, la ejecución forzada procederá sin más dilaciones.
¿Qué sigue ahora?
Zavala anunció que el consorcio ha dado un plazo máximo hasta mediados de septiembre para que el Ejército suscriba los documentos pendientes. De no concretarse, se procederá con la ejecución forzada y el relanzamiento oficial del proyecto, que incluirá la entrega de lotes a los compradores y el inicio de nuevas ventas.
“El día 15 relanzamos el proyecto en una conferencia de prensa, indicando días, horas y fechas para designar los lotes a los compradores que ya han comprado”, advirtió el gerente.
Con este fallo definitivo, el Consorcio Ciudad Salaverry busca cerrar una larga etapa de conflictos legales y garantizar seguridad jurídica a los adquirientes en Arequipa, consolidando así la reactivación del proyecto tras años de retrasos.
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La ministra del Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, llegó a Chiclayo, en la región Lambayeque, para entregar 20 millones de soles al municipio distrital de Santa Rosa, al gobierno regional y a la comuna provincial de Chiclayo, para financiar obras de impacto turístico en el marco de la Ruta del papa León XIV.
La ministra del Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, llegó a Chiclayo, en la región Lambayeque, para entregar 20 millones de soles al municipio distrital de Santa Rosa, al gobierno regional y a la comuna provincial de Chiclayo, para financiar obras de impacto turístico en el marco de la Ruta del papa León XIV.
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Juan José Santiváñez está en la mira del Ministerio Público. Este martes, Delia Espinoza formalizó una denuncia constitucional contra el ministrolazo por negociación incompatible cuando era el cabecilla del Mininter. La acusación se relaciona con las contrataciones de servicios de publicidad en redes sociales durante la gestión de alias Cachetón en el sector Interior, que en realidad sirvió para financiar una portátil digital que buscaba mejorar la imagen del ministro favorito de Dina Boluarte. El equipo se la pasaba votando a favor de Santiváñez en cuanta encuesta sobre su gestión se hiciera en internet.
Además, también dejaban elogios al ministrolazo en publicaciones en redes sociales. Ahora corresponde al Chongreso dar luz verde a la denuncia de la fiscal de la Nación, aunque, conociéndolos, seguro lo vuelven a blindar. Terribles alcahuetes.
Harvey Colchado reveló que Digimin vigila a periodistas
El coronel en retiro Harvey Colchado confirmó lo que muchos sospechaban: desde la Digimin se “mal utiliza la inteligencia” para realizar reglajes contra periodistas de investigación. Colchado aseguró que sí, sí, sí, le consta que se vigilan periodistas, aunque no puede dar detalles “porque se maneja en un ámbito de inteligencia”. Las declaraciones llegaron tras la denuncia de Karla Ramírez, de Panamericana, quien investiga el caso El Dorado, que enreda al ministro Santiváñez y a Nicanor Boluarte, y asegura que desde ese mismo organismo se maquinaba un atentado en su contra.
Colchado, con la serenidad de un veterano, recordó además que en tiempos del coronel ‘Conejo’ González, a la excongresista Marisa Glave la despacharon con un “justo coincidimos con otra investigación” cuando fue a quejarse por algo similar. La inteligencia de Vladimiro Montesinos se nos viene a la memoria.
Defensa de Betssy Chávez explota contra el juzgado tras negarle el permiso para ausentarse de las audiencias: “¿Quieren que se desmaye frente a ustedes?”
La situación de Betssy Chávez está más enredada que los pelos de Dina. Tras su internamiento de emergencia —producto de su huelga de hambre seca—, todavía hay cabos sueltos que no terminan de cuadrar.
En la audiencia de hoy, su abogado Raúl Noblecilla aseguró que la exministra no pudo asistir porque la huelga la está matando “lenta y dolorosamente”. Pidió suspender la audiencia y que, de paso, la dispensen de las próximas en caso de que no pueda llegar por su “delicado estado de salud”. Entre los documentos leídos apareció una carta de la propia Chávez, donde afirma que ni siquiera sabía que había terminado en el hospital porque había perdido el conocimiento, y que los hematomas en brazos y piernas son prueba de ello. A eso se sumó el informe del hospital María Auxiliadora, que señala deshidratación evidente y ritmo cardíaco lento.
Pero al juzgado rechazó el pedido señalando que Betssy no tiene ninguna enfermedad, sino que todo es consecuencia de una decisión personal, por lo tanto debe presentarse sí o sí. Al fin y al cabo, no es justo que los demás acusados se atrasen solo por su “martirio voluntario”. La decisión desató la furia de Noblecilla, que acusó al tribunal de querer que Betssy termine desmayada en plena audiencia para ridiculizarla más. Lo cierto es que otro informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) desmintió parte de los reclamos de Chavez asegurando que ella gozaba de algunos beneficios en el penal pero con cada escena, la novela de Betssy pinta cada vez más difícil de predecir en qué terminará..
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Pasó en el Perú | La Libertad. ¡Escándalo en La Libertad! En medio de la creciente preocupación por el retraso en la construcción de la carretera en Huanchaco, un poblador denunció públicamente que la empresa a cargo de la obra estaría utilizando sus oficinas como un local de venta de menús, situación que generó indignación […]
Pasó en el Perú | La Libertad. ¡Escándalo en La Libertad! En medio de la creciente preocupación por el retraso en la construcción de la carretera en Huanchaco, un poblador denunció públicamente que la empresa a cargo de la obra estaría utilizando sus oficinas como un local de venta de menús, situación que generó indignación entre los vecinos y llamó la atención durante la visita del gobernador regional de La Libertad, César Acuña.
El incidente ocurrió cuando un ciudadano encaró al gobernador regional para expresarle su malestar, por lo que consideró una falta de respeto hacia la población. Según relató, en el mismo espacio destinado a la oficina de la empresa constructora se estaría ofreciendo comida al público, mientras que la obra avanza con lentitud.
Acuña, sorprendido por la denuncia, aseguró desconocer el hecho y giró la mirada hacia el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay, quien lo acompañaba en la visita de inspección.
Durante su intervención, el poblador denunciante detalló que el avance físico de la obra apenas alcanza un 4%, a pesar de que el Gobierno Regional ya transfirió 40 millones de soles para su ejecución.
Lamentan ausencia de autoridad distrital
“No tenemos alcalde de Huanchaco, no hay quien nos represente”, señaló, recordando que, pese a los compromisos asumidos por Namay y el gerente regional de infraestructura, Jorge Luis Bringas, de iniciar los trabajos desde Huanchaco hacia el óvalo, esto nunca se cumplió. “Los pobladores pedimos que avancen de manera estratégica, pero no pasó”, agregó indignado.
El vecino también reveló que incluso el ingeniero residente de la obra habría manifestado su frustración y descontento con la situación. “Esta obra no vale, yo renuncio”, habría dicho el profesional, según el testimonio recogido.
No obstante, los ciudadanos insisten en que el proyecto debe continuar, dejando en claro que, pese a los problemas, no existe otra alternativa viable para mejorar la transitabilidad en la zona. “Como huanchaqueros queremos que la obra se ejecute, no tenemos otra opción, necesitamos la obra”, enfatizó.
Ante la presión vecinal, el gobernador regional César Acuña anunció la anulación del contrato con la empresa ejecutora, argumentando que se detectaron irregularidades en la documentación presentada. Sin embargo, el anuncio no calmó los ánimos de la población, que exige no solo la continuidad de la obra, sino también sanciones ejemplares contra autoridades, funcionarios y empresarios involucrados.
Finalmente, el poblador que lideró el reclamo lanzó una advertencia política directa al gobernador. “Si usted declara nulidad, muere Huanchaco y muere cualquier candidatura política de usted”, afirmó, evidenciando la tensión entre la población y las autoridades regionales frente a un proyecto considerado vital para el desarrollo de Huanchaco, informó Noticias Trujillo.
Arequipa: Poder Judicial inicia megajuicio contra responsables de masacre en Caravelí en 2022
Pasó en el Perú | Arequipa. El Poder Judicial de Camaná ha iniciado un megajuicio declarado complejo contra 46 procesados por su presunta responsabilidad en una serie de delitos vinculados a los enfrentamientos entre organizaciones criminales de minería ilegal en la provincia de Caravelí en 2022.
Los imputados, entre los que 19 se encuentran con prisión preventiva, enfrentan cargos por organización criminal, homicidio simple, sicariato y tenencia de armas, relacionados con la masacre de 14 mineros ocurrida el 2 de junio de ese año.
El proceso, a cargo de un colegiado de tres jueces, se sustenta en un amplio cuerpo probatorio que incluye pericias, interceptaciones telefónicas y testimonios, en un caso que evidenció la violencia de la pugna por el control de territorios mineros en Arequipa, informó El Búho.
Ayacucho: pobladores de Ubiato protestan contra alcalde de Kimbiri por incumplir compromisos
Pasó en el Perú | Ayacucho. En el Vraem, los pobladores de Ubiato protestaron frente a la municipalidad de Kimbiri para exigir al alcalde Héctor Dipas Torres el cumplimiento de compromisos asumidos durante su campaña. Con pancartas y arengas como “alcalde incapaz, cumple tus promesas” y “el pueblo está de lucha”, los manifestantes denunciaron que obras como agua potable, carreteras y la loza deportiva han sido postergadas por años.
La movilización tomó fuerza luego de que el subprefecto de Kimbiri se mostrara como defensor del alcalde y advirtiera con denunciar a los promotores de la protesta. Este hecho fue calificado como un acto de amedrentamiento. “El representante del Ejecutivo debería fiscalizar y no ponerse de lado de la autoridad municipal”, expresaron los pobladores indignados.
Durante la jornada, la regidora Delia Bendezú Cordero denunció la falta de coordinación en la gestión municipal. “La gestión del alcalde Dipas se caracteriza porque le gusta trabajar solo, no hay diálogo, no nos comunica ni da apertura a los regidores”, declaró, advirtiendo que Kimbiri atraviesa una de las peores etapas de su historia por la ausencia de liderazgo y transparencia.
Al cierre de esta nota, los pobladores de Ubiato permanecían en el auditorio municipal sosteniendo una reunión con el alcalde, en busca de compromisos concretos que atiendan sus demandas históricas y pongan fin a la situación de abandono que denuncian en el corazón del Vraem, informó Jornada.
Lambayeque: maestros de institutos radicalizan huelga general
Pasó en el Perú | Lambayeque. Los docentes de los institutos superiores públicos radicalizaron las medidas de lucha como parte de la huelga general indefinida que iniciaron el pasado 18 de agosto.
Ellos demandan al gobierno nacional cumplir con lo normado en la ley que autoriza que deben ganar 120 % del sueldo de un maestro de educación básica en primera escala.
Asimismo, exigen que se les reconozca los años de servicio a los maestros recién nombrados, informó Semanario Expresión.
Cusco: 21 millones para obra ornamental que podría convertirse en otra lavandería pública como el parque de Pachakuteq
Pasó en el Perú | Cusco. El contraste más duro de la capital turística del Perú quedó en evidencia. Mientras el alcalde Luis Pantoja colocaba la primera piedra de su “mega obra” el Paseo de los 14 Incas, a pocos metros, la Alameda Pachacútec se convertía en lavandería pública.
Mochileros y limpiaparabrisas extranjeros usan las áreas verdes y las piletas como patio trasero: lavan, tienden ropa y hasta se asean con el agua del monumento a Pachacútec. La policía municipal decomisa prendas de vez en cuando, pero la escena se repite una y otra vez.
Es la cruda realidad de una ciudad que lucha por mantenerse en el ojo del turismo mundial, pero con un alcalde que prefiere gastar 21 millones en estatuas y luces coloniales para la foto, antes que poner orden en una gestión que ya se apaga entre el ego y la indiferencia, informó CuscoPost.
Junín: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses
Pasó en el Perú | Junín. La laguna Tragadero, en Jauja, sigue inundando casas y campos de cultivo pese a los compromisos del Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Junín.
En junio, el ministro Ángel Manero prometió que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) resolvería el problema, y el gobierno regional ofreció motobombas para un desagüe de emergencia, pero nada hasta hoy.
El colapso del sumidero natural, conocido como “Millpo”, mantiene bajo el agua unas 30 hectáreas de cultivos y más de diez viviendas afectadas, algunas derrumbadas por la humedad. La situación se agrava porque en abril el Ejecutivo declaró la zona en emergencia por peligro inminente ante lluvias intensas, sin que se ejecuten las obras.
Los comuneros de Tragadero, Muquillanqui, Chocón y Pachascucho denunciaron que el Gobierno Regional incumplió el acuerdo de iniciar el drenaje hacia el río Mantaro desde julio. Además, aseguran que las aguas estancadas generan insalubridad por olores fétidos y proliferación de insectos.
Ante la inacción, los pobladores dieron un ultimátum de cinco días al Gobierno Regional. Si no hay respuesta, el 8 de septiembre iniciarán un paro con bloqueo de carreteras, informó Huanca York Times.
Puno: Proyecto Cafés Especiales del Gobierno Regional cierra tras irregularidades, deja a 400 productores afectados en Sandia
Pasó en el Perú | Puno. Más de dos años de funcionamiento irregular terminan con el cierre definitivo del proyecto cafés especiales del Gobierno Regional, dicha implementación prometía transformar la producción cafetalera. La iniciativa que debía durar seis meses en el año 2020 se extendió sin mostrar resultados tangibles en la producción cafetalera, dejando a cientos de productores sin el apoyo prometido inicialmente.
La provincia de Sandia será la más afectada por esta decisión, ya que concentraba la mayor cantidad de beneficiarios del programa en los distritos de Patambuco, Phara y Limbani.
Concepción Aguirre, consejero regional por Sandia, confirmó que las constantes irregularidades detectadas motivaron la entrada del proyecto a su fase de desactivación durante el presente mes.
El primer plazo de cierre venció en agosto pasado, pero las autoridades regionales prevén completar todos los procedimientos administrativos necesarios durante septiembre. Los 400 productores beneficiarios de la provincia quedarán sin el respaldo técnico y financiero que recibían a través de esta iniciativa gubernamental, informó Pachamama Radio.
“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.
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