El Colegio Médico del Perú (CMP) alertó sobre el incremento de casos de ejercicio ilegal de la medicina en Piura, advirtiendo que esta práctica representa un grave riesgo para la salud y la vida de los pacientes.

Alexander Castillo, asesor legal del CMP, informó que hasta la fecha se han registrado cinco denuncias en la región contra personas que, sin ser médicos cirujanos, realizan procedimientos exclusivos de esta profesión.

“Estamos frente a un problema de salud pública que afecta directamente la integridad de los pacientes. Existen personas que, sin contar con título profesional ni colegiatura, se arrogan competencias médicas y realizan procedimientos que les están prohibidos”, señaló Castillo.

Casos en Piura

El abogado comentó que en Piura se han registrado casos de obstetras que practican ecografías, una cirujana dentista que ofrece tratamientos faciales —a pesar de que la ley establece que son actos exclusivos del médico cirujano— y personas que fingen ser estudiantes de medicina para atender pacientes. También se ha detectado la falsificación de sellos médicos para avalar procedimientos ilegales.

“Nos han llegado diversos reportes de casos que se originan aquí en Piura. De hecho, estamos desplegando acciones junto con las instituciones para interponer denuncias penales. Hasta el momento tenemos cinco casos registrados en la región”, sostuvo.

Un delito sancionado por ley

Castillo recordó que el ejercicio ilegal de la medicina está tipificado en el artículo 290 del Código Penal, lo que contempla sanciones para quienes simulan ser médicos.

Además, advirtió que estas prácticas también pueden derivar en sanciones administrativas por parte de instituciones como Indecopi o Susalud.

“El artículo 290 busca sancionar penalmente a quienes simulan ser médicos y realizan procedimientos exclusivos del médico cirujano. Asimismo, aquellos actos que fomentan la práctica ilegal de la medicina son perseguidos mediante procedimientos administrativos sancionadores”, explicó.

Para enfrentar esta problemática, el CMP puso a disposición de la ciudadanía la plataforma “Reporte el ejercicio ilegal de la medicina”, que permite denunciar casos sospechosos y coordinar con la Policía Nacional, el Ministerio Público y Susalud.

Finalmente, el asesor legal aseguró que el Colegio Médico continuará trabajando de la mano con las autoridades para frenar estas prácticas.

“La sociedad debe conocer los riesgos graves que enfrentamos. Nuestro llamado es a denunciar cualquier hecho de ejercicio ilegal de la medicina”, subrayó Castillo.

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La Contraloría General de la República identificó serias irregularidades en la obra “Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa pública militar General de División Rafael Hoyos Rubio Chucopampa”, ubicada en el distrito de Jesús, Cajamarca. Esta construcción, que representa una inversión superior a S/ 46 millones, presenta pagos indebidos y deficiencias técnicas que podrían generar riesgos financieros y estructurales para el Estado.

Partidas no ejecutadas fueron valorizadas y pagadas

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N.° 032-2025-OCI/5336-SCC, emitido tras la evaluación realizada entre el 21 y 30 de julio de 2025, se detectó que el contratista valorizó y cobró partidas como “eliminación de material excedente” y “esparcido de material de excavación”, a pesar de no haberlas ejecutado. Esta situación podría provocar un perjuicio económico si esas partidas vuelven a ser incluidas en el expediente técnico del saldo de obra, actualmente en proceso de resolución contractual.

Deficiencias estructurales en la construcción

El informe también señala fallas constructivas graves, como la presencia de cangrejeras (grietas o vacíos) en viguetas, placas, escaleras, vigas y columnas. Asimismo, se reportaron manchas blanquecinas en muros y techos tarrajeados, lo que refleja un deficiente control de calidad en la obra.

Estas deficiencias constituyen un incumplimiento del contrato y son causales para la aplicación de penalidades al contratista.

Incumplimiento de pagos a personal y proveedores

Otro hallazgo relevante es el incumplimiento de pagos por parte del contratista al personal técnico, de apoyo y administrativo, así como a proveedores de servicios, como el alquiler de maquinaria. Esta situación también amerita sanciones según los términos contractuales.

Posible omisión en la aplicación de penalidades

La Contraloría alertó además sobre el riesgo de que el Gobierno Regional no aplique correctamente las penalidades, si no sigue el procedimiento establecido en el contrato. Esto pone en peligro la posibilidad de recuperar los fondos públicos comprometidos.

Acciones correctivas en curso

El informe de control ha sido notificado al titular del Gobierno Regional de Cajamarca, con el fin de que se adopten las medidas preventivas y correctivas correspondientes. El documento completo está disponible en el Buscador de Informes de Servicios de Control de la Contraloría.

Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::

El 28 de agosto de 2025, el corresponsal de Inforegión, Manuel Calloquispe, recibió un mensaje de audio vía WhatsApp en el que lo amenazan de muerte si continúa publicando sobre las mafias de la minería ilegal en Madre de Dios. La advertencia se relaciona con sus recientes investigaciones en La Pampa, uno de los epicentros de la minería ilegal en el país.

Según relató Calloquispe al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la voz del audio correspondería a Alver Carranza Fernández, identificado como integrante del grupo criminal “Los Guardianes de la Trocha”, liderado por Edison Fernández Pérez, alias “Chili”.

Un emisario con amplio prontuario

Carranza Fernández no es un desconocido para las autoridades. Registra denuncias en distintas fiscalías por delitos de secuestro, robo y asesinato. En el audio enviado desde el número 933 327 446, no solo se amenaza con matar al periodista, sino que también se mencionan datos personales de sus familiares, lo que agrava la situación.

El mensaje exigía expresamente que Calloquispe dejara de informar sobre alias “Chili”, señalado como el cabecilla que controla el cobro de cupos y las extorsiones que aseguran la “protección” de mineros ilegales en La Pampa.

Denuncias sin respuesta

El periodista aseguró haber informado sobre estas amenazas a la policía local, al gobierno regional y al congresista que representa a Madre de Dios en Lima. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta ni medidas concretas de protección.

Esta situación evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de quienes investigan actividades ilegales en la Amazonía peruana, donde la minería ilegal se ha consolidado como un negocio controlado por organizaciones criminales.

Exigen acción inmediata

Frente a estos hechos, el Instituto Prensa y Sociedad denunció las amenazas contra Calloquispe y demandó una acción urgente de las autoridades. “El IPYS denuncia las amenazas contra Calloquispe y exige a la policía y demás autoridades inmediata atención a lo ocurrido con el fin de proteger la seguridad del periodista”, señaló la organización.

El caso se suma a una preocupante lista de ataques contra periodistas en la región, donde ejercer el periodismo de investigación significa, en muchos casos, poner la vida en riesgo.

Estas son las investigaciones de Calloquispe sobre «Los Guardianes de la Trocha»:

1. «Chili», el presunto nuevo líder de la minería ilegal en Madre de Dios vinculado a recientes crímenes. Accede aquí.

2. La Pampa: Megaoperativo expone disputa sangrienta de Los Guardianes de la Trocha y hallazgo de armas, dinero y chalecos de la PNP. Accede aquí.

3. Madre de Dios: Encuentran cuatro cadáveres en La Pampa, zona tomada por la minería ilegal. Accede aquí.

4. Madre de Dios: Encuentran quinto cadáver en La Pampa, zona de minería ilegal, y temen más víctimas. Accede aquí.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión

El exjefe de la VI Región Policial de Junín, el general Gregorio Villalón Trillo, pagó 20 mil dólares a la presunta red criminal liderada por el exministro del Interior Juan José Santivañez para evitar su pase al retiro a fines del 2024 y mantenerse en actividad. Así lo revela la Resolución Judicial que autorizó a la Fiscalía el allanamiento a su vivienda, vehículos y el levantamiento de sus secretos bancario y de comunicaciones.

De acuerdo con la decisión judicial, a fines de diciembre de 2024, en una reunión en el estudio jurídico del abogado Percy Tenorio Gamonal, allegado a Santivañez, se decidía qué generales serían invitados a retiro y quiénes permanecerían en la institución.

En dicha reunión, el operador de la presunta red, Marco Antonio Palacios Meza, recibió una llamada de Santivañez. En altavoz, el entonces ministro del Interior preguntó: “¿Villanueva o Villalón?”, en referencia a cuál de los generales, David Villanueva Yana o Gregorio Villalón Trillo, debía continuar en actividad.

Percy Tenorio intervino en la llamada y recomendó a Villalón, argumentando que era de su promoción en la PNP y que podía apoyarlos en las actividades ilícitas de la red criminal. Santivañez aceptó la propuesta, pero solicitó a través de Tenorio el pago de 20 mil dólares.

“(…) en una reunión en el estudio jurídico ‘Tenorio’, en el contexto de la decisión de los generales que pasaban al retiro y los que continuaban en actividad, Marco Palacios Meza recibe la llamada de Juan José Santivañez Antúnez (…) intervino en la llamada en altavoz Percy Alberto Tenorio Gamonal indicándole a Juan José Santivañez Antúnez que tenía que permanecer en calidad de general Gregorio Martín Villalón Trillo (…) Para efectos de la permanencia (…) este último pagó la suma de $20,000.00 (veinte mil dólares) a Juan José Santivañez Antúnez (…)”, indica el testimonio del colaborador eficaz consignado en el documento judicial.

 

Por este hecho, la Fiscalía le imputa a Santivañez el delito de cohecho pasivo propio, por solicitar y recibir un beneficio indebido a cambio de mantener en el cargo a un general.

Villalón también cobró coima

La imputación fiscal indica que el general Gregorio Villalón, aprovechando su cargo como director de Medio Ambiente de la PNP, habría organizado y ejecutado un operativo policial ilegítimo para recuperar la mina El Dorado, en Ayacucho, a favor del empresario Franco Parodi, a cambio de una contraprestación económica.

El abogado Percy Tenorio le habría solicitado a Villalón organizar un operativo de fiscalización ambiental para desalojar a mineros informales que ocupaban la concesión de Parodi, con conocimiento de Santiváñez, y también recibió parte de los sobornos.

“Parte de los $60,000 (sesenta mil dólares) lo repartió con Gregorio Martín Villalón Trillo, a quien le hizo entrega en un sobre manila la suma de $20,000 (veinte mil dólares) en las oficinas del Medio Ambiente ubicadas en Av. Las Artes Norte N.º 210, San Borja – Lima (…). Aunado a ello: (…) Percy Tenorio Gamonal mencionaba que correspondía ser entregados parte de los $100,000 (cien mil dólares) de forma efectiva a [entre otros] (…) Gregorio Martín Villalón Trillo (…)”, narra el colaborador eficaz.

 

El testigo clave también señaló que el 19 de diciembre de 2024, Villalón dispuso que 15 efectivos policiales en tres camionetas se desplazaran a la mina en Ayacucho para ejecutar el operativo.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputa a Villalón el delito de cohecho pasivo impropio, que se configura al recibir un beneficio económico por actuar u omitir actos inherentes a su cargo, en este caso organizar el operativo, además del delito de organización criminal.

Relación con Vladimir Cerrón

Según testimonios recogidos por la Comisión de Fiscalización del Congreso, Gregorio Villalón Trillo figura entre los generales señalados de haber colaborado en la presunta fuga de Vladimir Cerrón en enero de 2024, del condominio Mikonos, de las playas de Asia, en Lima, justo cuando ocurría una operación policial para capturar al prófugo líder de Perú Libre.

El exjefe de la DINI, Roger Aristan (ya fallecido), señaló en dicha comisión que “desde la Policía se filtró información sobre los operativos de captura”, lo que permitió que Cerrón fuera trasladado del condominio Mikonos, en el balneario de Asia.

Incluso el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, reconoció públicamente que “hubo fuga de datos internos” antes del allanamiento en la zona, lo que frustró hallar a Carrón.

Esta huida de Cerrón se conoce como el Caso Cofre, porque para ello se habría usado el vehículo presidencial, destinado al uso de la mandataria Dina Boluarte; hecho que también es investigado por la Fiscalía, aunque paralizado por la reciente decisión del Tribunal Constitucional, hasta el final de su mandato.

En su momento, el general Gregorio Villalón Trillo negó estar involucrado en esta filtración de información.

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La detención de Gino Larico (23), alias “El Frío”, y Lorena Cuadros (24), alias “La Chily”, acusados por la Fiscalía de haber participado en el presunto homicidio de Royer Paúl Huallpa Mamani, joven de 25 años reportado como desaparecido desde hace varios días.

De acuerdo con las diligencias policiales, el joven fue visto por última vez cuando libaba licor en una vivienda del sector Torococha. Sin embargo, después de aquella reunión no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

Durante el registro del inmueble, agentes de la Policía hallaron rastros de sangre en distintos ambientes, lo que encendió las alarmas sobre un posible hecho violento. Posteriormente, las pruebas de luminol arrojaron resultados positivos en las manos y prendas de los detenidos, lo que motivó al Ministerio Público a solicitar su detención inmediata con autorización judicial.

Asimismo, se conoció que la madre de uno de los implicados también dio positivo a la prueba de luminol en sus manos, lo que abre la posibilidad de que sea incluida en la investigación y afrontaría una eventual detención en las próximas horas.

Padre de la víctima exige justicia

En medio del dolor e incertidumbre, Roger Huallpa, padre del joven desaparecido, pidió públicamente que se dicte prisión preventiva contra los detenidos, exigiendo además que confiesen qué ocurrió realmente con su hijo. “Todo indica que mi hijo fue atacado violentamente. No descansaré hasta conocer la verdad”, manifestó entre lágrimas.

Hasta el cierre de esta nota, el paradero de Royer Paúl Huallpa sigue siendo desconocido, mientras la Policía y la Fiscalía intensifican las investigaciones para esclarecer el caso que ha conmocionado a la población de Juliaca.

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Sergio Eber Carbajal Pérez, alcalde del distrito de Pichacani-Laraqueri, denuncia el derrame de más de 10,000 galones de hidrocarburos en el río Loripongo. El accidente ocurrió hace más de 9 días sin acciones efectivas de las autoridades competentes para contener la contaminación masiva.

El siniestro involucra a la empresa transportista MC Transportes S.R.L. tras la volcadura del camión cisterna de placas VOW-749/VEW-999. El accidente sucedió en el kilómetro 53 de la carretera Puno-Moquegua afectando inicialmente 92 metros cuadrados de suelo agrícola y pastizales naturales.

«La gravedad de esta contaminación es grande«, declaró Carbajal sobre el impacto ambiental. Los hidrocarburos afectan flora, fauna silvestre y animales domésticos que las familias crían a lo largo de la cuenca del río Loripongo que se encuentra totalmente contaminado.

La OEFA dictó medidas correctivas otorgando 15 días para la remediación ambiental. Sin embargo, «no se está trabajando a ese nivel de contaminación» que realmente está ocurriendo según el burgomaestre puneño preocupado por la magnitud del desastre ecológico.

La municipalidad distrital remitió informes de Defensa Civil y el área técnica municipal a OEFA y fiscalía. No obstante, «están tomando pasos muy lentos» sobre este hecho que requiere intervención inmediata para evitar mayor propagación de la contaminación fluvial.

Más de 40 familias resultan directamente afectadas por el derrame que se extiende aguas abajo del río Loripongo. Los hidrocarburos se están trasladando prácticamente hacia otros sectores incluyendo la cuenca del río Ilave según autoridades locales.

El derrame «podría convertirse en problemática regional» al amenazar con llegar al río Ilave y posteriormente al lago Titicaca. La contaminación se extiende sin barreras de control efectivas pese a las medidas dictadas por organismos ambientales competentes.

La empresa responsable implementa acciones bastante minúsculas de remediación según el alcalde. MC Transportes S.R.L. no adopta medidas oportunas para contener el derrame que afecta suelos a lo largo de toda la cuenca del río Loripongo.

Los hidrocarburos contaminan directamente el suelo y cuerpo de agua del río Loripongo extendiéndose sin control hacia otras zonas. El daño afecta prácticamente toda la cuenca requiriendo acciones de remediación efectivas a lo largo del sistema hídrico.

Las autoridades presentaron denuncias contra la transportista por no contener oportunamente el derrame de diésel. La policía investiga la negligencia de la empresa que debe asumir responsabilidad total por el desastre ambiental ocurrido en territorio puneño.

El tramo afectado incluye ríos Yaurajahui, Ilave y Loripongo con riesgo de extenderse hacia el lago Titicaca. La contaminación representa grave amenaza para el ecosistema. Carbajal confirma que «es grande el grado de contaminación» que podría ingresar al lago Titicaca si no se toman medidas drásticas. Las acciones de remediación resultan insuficientes para la magnitud del daño ambiental causado por la empresa transportista irresponsable.

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El exgerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Wilso Rodríguez Vásquez, rechazó las acusaciones en su contra luego de ser detenido en flagrancia junto a dos funcionarios por presuntamente consumir bebidas alcohólicas en una camioneta que figura a nombre de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

“Yo he sido objeto de una patraña. Está demostrado que no hemos hecho mal uso del vehículo ni hemos ingerido bebidas alcohólicas”, manifestó Rodríguez.

Cronología de los hechos

Rodríguez explicó que la intervención policial ocurrió luego de su hora de refrigerio, cuando se desplazaba en la camioneta junto a los funcionarios. La Policía Nacional del Perú (PNP) lo detuvo al mediodía, en la cuadra 12 de la avenida Ricardo Palma, en la urbanización El Bosque. El dosaje etílico se practicó en la DIVINCRI recién a las 4 de la tarde.

Según indicó, lo inusual fue que se le practicó un examen de orina en lugar del análisis de sangre, como suele aplicarse en estos casos: “La policía indicó que sería de orina y no de sangre”. El documento del dosaje etílico presentado por la exautoridad demostró resultados negativos, descartando el consumo de alcohol tanto en él como en los dos trabajadores que lo acompañaban.

Destitución de Rodríguez

El alcalde provincial, Mario Reyna Rodríguez, comunicó de manera inmediata que retiraba la confianza al gerente del Segat y le solicitó que finalice con la entrega del cargo. “En aras de nuestra legítima transparencia, esperamos que brinde todas las garantías para que los procesos que tiene vigentes concluyan como corresponden”, señaló la autoridad edil.

Esta medida se formalizó a través de la Resolución de Alcaldía N.° 638-2025-MPT, donde se indica que en las próximas horas se designará al nuevo responsable.

Agradece a Mario Reyna

Wilso Rodríguez, expresó su agradecimiento al alcalde Mario Reyna quien le retiró la confianza: “Mi respeto al alcalde. La lealtad y agradecimiento siempre está ahí”.

Finalmente, aseguró estar dispuesto a continuar colaborando con la ciudad. “Estoy presto en cualquier momento a servir a Trujillo”, afirmó.

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La provincia de Parinacochas vivió un paro cívico de 24 horas en la ciudad de Coracora, convocado por el Frente de Defensa del lugar. Esta medida contó con el respaldo del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitramun), comisiones de regantes y diversas organizaciones sociales, quienes expresaron su rechazo a la gestión del alcalde Yony Reyes.

Durante la jornada de protesta, se llevó a cabo una asamblea popular en la pérgola de Coracora, en la que participaron dirigentes y pobladores. En este encuentro se denunciaron obras paralizadas, deficiencias en los servicios básicos y presuntas irregularidades en la administración municipal.

El regidor José López Puchuri destacó que la protesta se desarrolló de manera pacífica y criticó la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de la municipalidad. Además, denunció compras de materiales a precios sobrevaluados y solicitó la intervención del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción para investigar estos hechos.

Algunos pobladores solicitaron la vacancia del alcalde y los dirigentes afirmaron que tomarán nuevas medidas si sus reclamos no son atendidos. El paro concluyó sin incidentes, pero dejó en evidencia el descontento ciudadano hacia la actual gestión municipal en Parinacochas.

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La región Arequipa se encuentra en estado de alerta ante una inminente temporada de incendios forestales. Un reporte del Ministerio del Ambiente señala que una cuarta parte de la superficie regional presenta un nivel «muy alto» de condiciones favorables para la ocurrencia de estos siniestros. La situación se agrava con un incendio activo en la provincia de Castilla y un aviso de condiciones atmosféricas críticas para los próximos tres días.

Este escenario de advertencia se materializó esta mañana en el distrito de Pampacolca, provincia de Castilla. Un incendio forestal se registró en el sector Unchuy Jotucra, afectando pastos naturales. El fuego permanece activo y personal de la Policía Nacional, Serenazgo y voluntarios locales realizan labores de control y extinción. El responsable de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito se encuentra en la zona evaluando los daños.

La emergencia en Castilla, que presenta un 36% de su superficie en riesgo muy alto, ocurre en el marco de una alerta mayor. El Senamhi emitió un aviso de condiciones atmosféricas favorables para incendios forestales desde hoy, viernes 29, hasta el domingo 31 de agosto. Se prevé ausencia de lluvias, disminución de la humedad y aumento de las temperaturas diurnas, lo que eleva el peligro a niveles «extremos» en varias provincias.

Provincias en Arequipa en la mira del fuego

El análisis de riesgo a nivel provincial revela una situación particularmente crítica en La Unión, donde el 46% de su territorio tiene condiciones muy altas para incendios. Le siguen Condesuyos (40%), Castilla (36%), Caylloma (35%) y la provincia de Arequipa (21%). Los niveles de riesgo disminuyen en Caravelí (11%), Islay (3%) y Camaná (2%).

Frente a esta temporada crítica, el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, exhorta a la población a mantener una conducta responsable. El COER monitorea la situación de manera constante y recomienda a la ciudadanía informarse solo a través de canales oficiales.

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones urgentes para prevenir la propagación de incendios. Se insta a la población a evitar de manera absoluta la quema de residuos agrícolas o arbustos. Además, se solicita apagar de manera completa cualquier fogata o quema controlada que se realice.

En caso de emergencia, se recomienda no intervenir sin el equipo de protección personal y las herramientas adecuadas para el control del fuego. La coordinación con las autoridades locales para identificar rutas de evacuación y zonas seguras es fundamental.

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El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) anunció un ambicioso proyecto que busca transformar la movilidad en la Ciudad Blanca. Se trata de la Vía del Loncco, una nueva conexión vial que unirá los distritos de Cayma y Alto Selva Alegre (ASA) mediante la construcción de un puente estratégico.

La obra surge como respuesta al evidente problema de tránsito que enfrenta el Puente Chilina, hoy sobrecargado por el flujo vehicular que conecta al Cono Norte y el Cono Sur. Con esta alternativa, se espera no solo reducir la congestión, sino también crear un eje directo y eficiente de conexión entre ambos puntos de la ciudad.

Pero el proyecto va más allá del alivio al tráfico. El gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez resaltó que la vía fortalecerá el turismo al vincular los paisajes naturales de Cayma con las zonas recreativas de ASA. En su reciente inspección de campo, estuvo acompañado por el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares Cama, el alcalde de ASA, Alfredo Benavente Godoy, representantes de la Municipalidad Provincial de Arequipa y colectivos ambientales.

Durante la visita, se estableció que el puente se trazará desde la parte alta del Santuario de la Virgen de Chapi en Charcani hasta la altura del Parque de las Rocas, en ASA. Este punto de conexión no solo facilitará la circulación, sino que permitirá disfrutar de una vista privilegiada de la ciudad y su entorno natural.

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El GRA proyecta ejecutar la obra bajo la modalidad de Obras por Impuestos, un mecanismo que acelera los plazos y asegura recursos. Para ello, se firmará un convenio tripartito con las municipalidades involucradas y se gestionará su inclusión en el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) que prepara la Municipalidad Provincial de Arequipa.

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El Poder Judicial impuso una multa de 2,675 soles a cada integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por incumplir la orden del Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima de inscribir al partido Unidad Popular de Duberlí Rodríguez para que participe en las Elecciones 2026.

Cada uno de los miembros del Pleno del JNE deberá pagar 5 Unidades de Referencia Procesal-URP y tendrá que enfrentar una posible investigación fiscal, toda vez que el Poder Judicial habría remitido ya, lo actuado, al Ministerio Público para que proceda en cuanto al desacato del JNE a la orden judicial.

Como se informó, el Tercer Juzgado Constitucional había advertido al JNE que se ordenarían sanciones por desobediencia y hasta una posible destitución del director del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones.

Con una resolución emitida este miércoles 27 de agosto, por el juez John Javier Paredes Salas se informó de la sanción al JNE. “La medida se da en respuesta a la acción de amparo presentada por Rodríguez, luego de que el JNE se negara a ejecutar un mandato judicial del 31 de julio que ordenaba reconocer la inscripción provisional del partido para participar de las Elecciones Generales 2026”, explicaron.

Enviaron lo actuado al MP para que proceda según sus atribuciones

De acuerdo con el expediente, se dispone “imponer una multa de 5 Unidades de Referencia Procesal (URP) a Roberto Burneo Bermejo, Martha Maisch Molina, Willy Ramírez Chávarry, Rúben Torres Cortez y Aaron Oyarce Yuzzelli. Así como una multa similar al director nacional del ROP, Felipe Paredes San Román”, se lee.

La sanción se da por incumplir con la inscripción de Unidad Popular, según la Resolución N°1 y por haber hecho caso omiso a cumplir la misma en el plazo de dos días hábiles, según la Resolución N° 2.

Se ha dispuesto también, remitir copias de los actuados al Ministerio Público para que este actúe conforme a sus atribuciones, respecto a los funcionarios antes mencionados.

Asimismo, el Poder Judicial vuelve a ordenar a los miembros del JNE en un nuevo plazo de dos días, cumplir con la orden de la Resolución N°1, y de volver a desobedecer, se enfrentarían a una nueva multa individual y progresiva de 5URP. Esto también para el presidente del ROP, a quien además se le iniciaría un proceso disciplinario que podría terminar en su destitución.

¿Qué hizo el JNE?

Como se informó, el JNE apeló la segunda Resolución que ratificaba la orden de inscripción con la advertencia de las sanciones económicas y disciplinarias respectivas y el inicio de un proceso de investigación en la Fiscalía de la Nación.

El JNE alegaba que, “cumplir la orden judicial afectaba el cronograma electoral y ponía en riesgo la igualdad en las elecciones de 2026. El 2 de agosto declaró que la sentencia era inejecutable y presentó una apelación formal días después”.

Y según Jorge Valdivia, coordinador legal del JNE, la sentencia se encuentra ahora en revisión por una sala constitucional por lo que cualquier decisión judicial puede ser recurrida o apelada.

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El Ministerio Público de Arequipa ha puesto el foco en el procedimiento de la comisaría de Santa Marta. Esto, tras la liberación de los 15 individuos detenidos in fraganti durante el desalojo de una casona en la calle Jerusalén, el pasado 26 de agosto, donde operaba la discoteca LGTB Imperio Freetown.

Según la institución ministerial, el envío de los actuados por parte de la comisaría se produjo con una demora crítica. Solo faltando apenas diez minutos para que expirara el plazo máximo de detención preliminar del primer arrestado.

El Ministerio Público detalló que, tras la audiencia de control de legalidad realizada a las 18:00 horas del 27 de agosto, el Poder Judicial fue quien dispuso la liberación de los investigados. En dicha audiencia, la Fiscalía sí presentó formalmente la disposición para iniciar la investigación preparatoria y el requerimiento de prisión preventiva contra los 15 detenidos.

Ellos son acusados de los presuntos delitos de desobediencia agravada y peligro común. La decisión sobre dicha medida coercitiva ahora queda a la espera de que el juzgado fije una nueva fecha para una audiencia específica.

Este episodio se enmarca en un trasfondo de tensiones institucionales. Previamente, el mismo Poder Judicial de Arequipa había informado que la liberación de un primer grupo de detenidos se debió a que la Fiscalía no presentó el recurso de apelación correspondiente dentro del plazo legal. Este es de 48 horas, tras excederse en casi tres horas el tiempo de detención.

Violento desalojo en Arequipa

El operativo de desalojo, que puso fin a un litigio judicial de ocho años por una casona en el Cercado de Arequipa, se desarrolló en un ambiente de extrema violencia. El local, alquilado originalmente para funcionar como hospedaje, pero que operaba irregularmente como discoteca, fue escenario de una fuerte resistencia.

Un grupo de aproximadamente 15 personas, entre las que se encontraban extranjeros, se atrincheró en el interior. Lanzaron bombas molotov contra las autoridades, lo que derivó en su detención inmediata por flagrancia.

La propietaria del inmueble, representada por la abogada Carelia Encalada, sostuvo que el inquilino dejó de pagar el alquiler tras solo dos meses y se convirtió en un ocupante ilegal. Pese a contar con una orden de desalojo emitida en junio, la ejecución de la medida se vio repetidamente obstaculizada por actos violentos que, según denunció, pusieron en riesgo la seguridad de toda la zona.

La situación judicial de los liberados queda ahora sujeta a la próxima audiencia que convoque el juzgado, donde la Fiscalía de Arequipa insistirá en su pedido de prisión preventiva.

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Preocupante. Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), afirmó que los madereros responsables del asesinato de líderes ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya–Saweto, en Ucayali, aún no han sido detenidos y continúan representando una amenaza para su comunidad. Esto, a pesar de que la justicia peruana confirmó las condenas de 28 años y tres meses de prisión contra cuatro de los acusados.

Mira el programa completo en https://www.youtube.com/watch?v=dLCC9EsB3LM

El video ¡SON UN PELIGRO! | Caso Saweto: Los asesinos de líderes indígenas siguen libres pese a sentencia se publicó en YouTube en este enlace

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El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, se quejó en plena audiencia —donde se evaluó el hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori contra la Fiscalía por el caso Cócteles— señalando que respeta el derecho a la protesta, pero no la difamación.

El magistrado cuestionó duramente que en los exteriores del TC hubiera personas manifestándose con una gigantografía que los presentaba como defensores de organizaciones criminales: “Eso no lo voy a permitir”. Incluso exigió al fiscal José Domingo Pérez que interviniera.

En respuesta, Pérez le recordó que como fiscal enfrenta a diario protestas similares, pero desde el sector fujimorista, desde que asumió el caso Cócteles. Sin embargo, tras la queja del magistrado, la Policía intervino contra los manifestantes que rechazaban al TC, aunque no actuó del mismo modo con quienes respaldaban a Fujimori y cuestionaban a la Fiscalía.

El video ¡OFENDIDO! | Magistrado del TC se ofende en plena audiencia por protestas en contra: envió a la PNP se publicó en YouTube en este enlace

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Cada 28 de agosto, las calles de Tacna se tiñen de rojo y blanco, y este 2025 no fue la excepción. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de personas salieron a conmemorar esta fecha tan sentida. Este jueves, Tacna celebró 96 años de su reincorporación al Perú, una ocasión que refleja el orgullo y el profundo amor por la patria que caracteriza a esta ciudad del sur.

Durante muchos años, Tacna permaneció bajo dominio chileno tras la Guerra del Pacífico. Sin embargo, ni el paso del tiempo ni las presiones externas lograron borrar el sentimiento de peruanidad en su gente. Fue recién en 1929 cuando la ciudad volvió oficialmente al territorio peruano. Desde entonces, cada aniversario se vive con una intensidad que conmueve.

El acto central de esta jornada es, sin duda, la Procesión de la Bandera, donde miles de tacneños acompañan el pabellón nacional por las principales calles de la ciudad. En Tacna, la bandera se lleva con lágrimas en los ojos, con cantos que erizan la piel y con una solemnidad que emociona. Es una ceremonia que une a todos, desde los más pequeños hasta los adultos mayores.

Es el fervor con el que se celebra este día, lo que lleva a muchos a pensar que Tacna es la ciudad más patriota del Perú. Con sus actos cívicos y su compromiso ciudadano, mantiene viva la memoria de su retorno al país y lo celebra con orgullo, identidad y sentido histórico.

El video CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS | Tacna celebra su histórica reincorporación al Perú con fervor patriótico se publicó en YouTube en este enlace

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El sindicato de trabajadores de Construcción Civil, acompañado por gremios y federaciones, salió a las calles para rechazar la ola de inseguridad y crimen organizado que amenaza instalarse en la región Cusco.

Desde las 9 de la mañana, los manifestantes recorrieron la avenida de la Cultura exigiendo que el Estado y la Policía enfrenten el sicariato y la extorsión, delitos que ya golpean Lima y otras ciudades, y que ahora asoman en el Cusco.

Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Construcción Civil, advirtió que si no hay respuestas, las protestas continuarán con una movilización nacional el 2 de octubre. Mientras tanto, los dirigentes denuncian que, pese a presentar pruebas sobre casos de extorsión, las investigaciones no avanzan.

El mensaje que dejaron en las calles fue que el gobierno está de espaldas al pueblo, y la seguridad en el país es un desastre.

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El video Cusco: Gremios de trabajadores marchan contra inacción del Gobierno ante la inseguridad ciudadana se publicó en YouTube en este enlace

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El circo peruano La Tarumba anunció que llegará a Arequipa con su espectáculo “Festejo”, una propuesta que combina música en vivo, acrobacias y humor, con la participación de cerca de 30 artistas en escena. El montaje incluye disciplinas aéreas y números de riesgo, además de la presencia de invitados internacionales procedentes de Argentina, Colombia y México, junto a artistas nacionales.

Las funciones se harán entre el 14 y el 27 de octubre, en la explanada cerca al Puente San Martín, en Vallecito. Estas se realizarán de martes a domingo, en dos horarios: 5:00 p. m. y 8:00 p. m.

“Festejo” se plantea como una temporada corta en la ciudad, en comparación con presentaciones anteriores. Esta tendrá la temática de la música peruana siendo el eje principal del espectáculo, contando con música en vivo.

Disponibilidad y puntos de acceso

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster y en un módulo instalado en el centro comercial Mall Aventura. La organización señaló que la carpa quedará instalada desde una semana antes del inicio de la temporada, para las últimas coordinaciones logísticas del evento.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios realizó un allanamiento en las oficinas de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, en el marco de las investigaciones contra Nicanor Boluarte. La diligencia incluyó también su vivienda, al existir indicios de un presunto favorecimiento irregular en su arraigo laboral vinculado a la empresa minera El Dorado.

Según la hipótesis fiscal, Boluarte habría consignado a la Dirección Regional de Energía y Minas como centro laboral con el fin de evitar una orden de prisión preventiva. La investigación busca determinar si existen documentos que acrediten dicho vínculo y si hubo responsabilidades desde la institución.

En este proceso también se encuentra involucrado el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
Frente a estos hechos, el Gobierno Regional de Ayacucho emitió un comunicado en el que rechazó las versiones sobre un supuesto favorecimiento a alguna empresa minera. La entidad señaló que la dependencia de Energía y Minas actúa con rigurosidad en el cumplimiento de las normativas y en la fiscalización minera, ambiental y de salud ocupacional.

Además, el pronunciamiento subraya el compromiso del Gobierno Regional con la transparencia y la legalidad, indicando que se brindarán todas las facilidades a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones. “Expresamos nuestra plena disposición para colaborar en todo lo que contribuya al pronto esclarecimiento de los hechos”, se lee en el comunicado.

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La cantante peruana Susana Baca anunció que Arequipa será el escenario de su último concierto en el país antes de viajar al extranjero para recibir su quinto Grammy, esta vez a la excelencia musical. El espectáculo, que lleva de nombre “Vestida de Vida”, se realizará en el Teatro Municipal este sábado 30 de agosto con la participación de 14 músicos en escena y un reparto musical especial.

Durante el anuncio, Susana destacó la importancia de volver a la ciudad donde, según recordó, tuvo su primera presentación pública hace 50 años. Según menciona, Arequipa es un desafío por la exigencia y conocimiento de su público. Asimismo, resaltó su vínculo con la ciudad al mencionar su aprecio por la gente y la comida.

El repertorio del concierto incluirá un recorrido por las distintas etapas de su trayectoria artística. También se presentarán jóvenes músicos en coros, violín y guitarra, en un montaje que busca fusionar generaciones en el escenario.

Trayectoria y nuevos proyectos

Susana Baca, de 81 años, adelantó que este espectáculo simboliza una celebración de su vida tras superar un estado delicado de salud el año pasado. A raíz de esa experiencia, se propuso tanto a seguir participando en la música como en registrar sus canciones, proponiéndose grabar alrededor de 70 canciones que nunca se publicaron en álbumes.

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Solo dos firmas separan al ministro de Justicia José Santiváñez de enfrentar una segunda moción de censura en el Congreso, después de que el congresista Carlos Zeballos confirmó haber reunido 19 rúbricas de los 21 votos requeridos para formalizar el pedido que busca remover definitivamente al funcionario del Ejecutivo.

El congresista Carlos Zeballos reveló que ya habrían reunido hasta la fecha 19 firmas, faltando únicamente dos congresistas para completar las 21 adhesiones necesarias que permitan solicitar oficialmente el pedido de censura contra el titular del sector Justicia, quien anteriormente ya enfrentó un proceso similar en el Parlamento.

Zeballos calificó como «un hecho irregular» el nombramiento del actual ministro, argumentando que la presidenta Dina Boluarte habría esperado estratégicamente el inicio de la semana de representación para designar a ministros de forma aparentemente irregular, ejecutando estas decisiones a espaldas del Congreso y del pueblo peruano.

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