La Organización de Nacionalidades Andwa del Pastaza (ONAPP) y FEDINAPA expresaron su preocupación por el silencio del Estado frente a la reactivación del Lote 192, paralizado desde 2019. Señalaron que las pérdidas para el país superan los 2,500 millones de dólares y que la demora genera desconfianza en las comunidades, que esperan el cumplimiento […]
La Organización de Nacionalidades Andwa del Pastaza (ONAPP) y FEDINAPA expresaron su preocupación por el silencio del Estado frente a la reactivación del Lote 192, paralizado desde 2019.
Señalaron que las pérdidas para el país superan los 2,500 millones de dólares y que la demora genera desconfianza en las comunidades, que esperan el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Los dirigentes también se pronunciaron sobre el nuevo socio operador elegido por Petroperú y recordaron que la consulta previa debe cumplirse de manera paralela al inicio de operaciones.
Además, plantearon que la participación de las comunidades en los beneficios suba del 1.5% al 2.5% de la producción fiscalizada, como condición mínima para viabilizar la reactivación.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
Entre enero y julio de este año, la región Cusco registró 1014 casos de violencia sexual, 5439 denuncias de violencia contra mujeres y siete feminicidios, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Las cifras fueron presentadas en el informe “Cusco en cifras: Un diagnóstico para la incidencia ciudadana”, elaborado por CHS […]
Entre enero y julio de este año, la región Cusco registró 1014 casos de violencia sexual, 5439 denuncias de violencia contra mujeres y siete feminicidios, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Las cifras fueron presentadas en el informe “Cusco en cifras: Un diagnóstico para la incidencia ciudadana”, elaborado por CHS Alternativo y la Veeduría Mirada Ciudadana.
El diagnóstico también señala que el 37,8 % de las víctimas son menores de 17 años. Los distritos con mayores reportes de violencia son San Sebastián, Cusco y Santiago.
Trata de personas y desapariciones
La trata de personas es otro delito con presencia relevante en la región. El Ministerio Público ha registrado 28 denuncias por este delito en Cusco, de un total de 942 a nivel nacional. Por su parte, la Policía Nacional informó sobre la desaparición de 228 mujeres, niñas y adolescentes en este mismo periodo.
De acuerdo con el informe, factores estructurales como la pobreza y la deserción escolar incrementan el riesgo de captación y explotación, en muchos casos vinculados a redes de trata.
El diagnóstico también advierte sobre los altos niveles de tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. (Foto: CHS Alternativo)
Iniciativas de vigilancia ciudadana
Con el objetivo de fortalecer la respuesta frente a esta problemática, CHS Alternativo presentó oficialmente el Diagnóstico Situacional en un evento que contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y veedurías ciudadanas de cinco distritos de la provincia del Cusco.
Félix Yanqui, coordinador regional de CHS Alternativo, explicó que la Red de Veedurías “Mirada Ciudadana”, conformada por colectivos juveniles, organizaciones sociales, gremios y medios de comunicación, busca “asegurar la implementación y mejora de las políticas públicas frente a la violencia y explotación a través de la vigilancia y participación activa de la sociedad civil”.
En sus palabras: “Estas cifras no deben reducirse a simples registros estadísticos; representan la voz de las víctimas, quienes exigen cambios y la construcción de un Cusco más justo y seguro. La vigilancia ciudadana es hoy más urgente que nunca para exigir al Estado que cumpla con su deber de prevenir, atender y sancionar estos delitos”.
Alta tolerancia a la violencia
El diagnóstico también advierte sobre los altos niveles de tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. La Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2024 (ENARES) revela que el 80 % de la población adulta en Cusco tolera algún tipo de violencia contra la mujer. En el caso específico de la violencia sexual, el 74 % de los hombres en la región la considera justificada.
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La Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos de Junín, junto al Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, exhumó restos óseos en el paraje Allpachaca, ubicado en la frontera entre Carhuamayo (Junín) y Paucartambo (Pasco). La diligencia contó con el apoyo de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Cruz Roja Internacional. El […]
La Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos de Junín, junto al Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, exhumó restos óseos en el paraje Allpachaca, ubicado en la frontera entre Carhuamayo (Junín) y Paucartambo (Pasco). La diligencia contó con el apoyo de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Cruz Roja Internacional.
El operativo estuvo a cargo del fiscal provincial Johel Chamorro Macukachi y el fiscal adjunto Pedro Vega Rodríguez, quienes, junto a peritos forenses, recuperaron los restos de cuatro víctimas asesinadas por Sendero Luminoso en 1992, en el marco de la violencia política que vivió el país entre 1980 y 2000.
Los restos fueron trasladados a la Unidad Médico Legal III de Huancayo, donde se realizará el análisis para su identificación. El proceso busca culminar con la restitución y entierro digno de los agraviados, en respeto a las costumbres y creencias de sus familias.
Según la investigación fiscal, el 8 de mayo de 1992 senderistas secuestraron a Gerardo Fortunato Guerra Ponce, Wilson Samaniego Castro, Cristóbal Serafín Briceño Laura y Federico Bonifacio Coquez en las comunidades de Santa Rosa de Tama (Junín) y Tambillo (Pasco). Luego los trasladaron hasta Allpachaca, donde los ejecutaron.
Quince días después, los familiares de dos de las víctimas hallaron el lugar y exhumaron por cuenta propia los cuerpos de Guerra y Samaniego para darles sepultura en Tambillo. Los restos de Briceño y Bonifacio quedaron en el paraje hasta ahora, más de tres décadas después.
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La Fiscalía Provincial Penal abrió investigación preliminar tras detectarse una grave irregularidad en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde el área de Medicina Legal habría emitido un certificado de defunción a nombre de un paciente que aún se encontraba con vida y permanecía internado en el mismo establecimiento de salud. El director regional […]
La Fiscalía Provincial Penal abrió investigación preliminar tras detectarse una grave irregularidad en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde el área de Medicina Legal habría emitido un certificado de defunción a nombre de un paciente que aún se encontraba con vida y permanecía internado en el mismo establecimiento de salud.
El director regional de Salud de Puno, Freddy Velásquez Angles, confirmó que el hecho fue comunicado de inmediato al Ministerio Público, a fin de que se determinen las responsabilidades. Explicó que el sistema institucional cuenta con trazabilidad digital, lo que permitirá identificar con precisión al responsable del registro anticipado.
“Cada médico cuenta con un usuario único en el sistema, lo que facilita rastrear los accesos. Este caso debe ser investigado con toda rigurosidad”, declaró la autoridad sanitaria.
Según el informe de la Red de Salud San Román, se indagará qué profesional ingresó el registro indebido, considerando que cada galeno dispone de credenciales exclusivas.
Velásquez advirtió que, de comprobarse que un médico del hospital emitió el documento de manera irregular, enfrentará un proceso administrativo y no se descarta la apertura de un procedimiento penal.
La Fiscalía evaluará si la emisión del certificado de defunción corresponde únicamente a una falta administrativa o si configura un delito, dada la gravedad de certificar la muerte de una persona que seguía con vida.
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El Hospital Regional de Ica obtuvo una transferencia de S/ 789,300 del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). El presupuesto fortalecerá la atención oncológica, beneficiando directamente a pacientes con cáncer que necesitan radioterapia. Gracias a esta gestión del Gobierno Regional de Ica, los pacientes podrán acceder al tratamiento especializado en la misma ciudad. Esto evitará […]
El Hospital Regional de Ica obtuvo una transferencia de S/ 789,300 del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). El presupuesto fortalecerá la atención oncológica, beneficiando directamente a pacientes con cáncer que necesitan radioterapia.
Gracias a esta gestión del Gobierno Regional de Ica, los pacientes podrán acceder al tratamiento especializado en la misma ciudad. Esto evitará traslados a Lima, listas de espera extensas y gastos adicionales.
El área oncológica del hospital atiende actualmente a pacientes en quimioterapia, muchos de los cuales requieren iniciar radioterapia. La implementación del servicio permitirá una atención más completa y cercana.
Hospital Regional de Ica recibe presupuesto para pacientes con cáncer que requieren radioterapia.
Con este avance, el Hospital Regional de Ica consolida la atención integral en tres frentes: cirugías oncológicas, quimioterapia y radioterapia. Esto marca un hito en la capacidad hospitalaria de la región.
En 2024, el hospital atendió alrededor de 8,000 pacientes oncológicos y en 2025 ya superan los 4,000. De ellos, más de 150 necesitan iniciar radioterapia.
Los diagnósticos más frecuentes incluyen cáncer de cuello uterino, mama, colon, estómago y próstata, además de leucemias y linfomas. Todas estas patologías demandan tratamientos especializados y de acceso oportuno.
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240 agentes de serenazgo enfrentan diariamente en la ciudad de Juliaca una realidad que transformó sus funciones preventivas en una lucha por la supervivencia, donde chalecos antibalas y gas pimienta resultan insuficientes ante delincuentes que operan con armas de fuego de manera cada vez más sofisticada y agresiva. La Municipalidad Provincial de San Román confirmó […]
240 agentes de serenazgo enfrentan diariamente en la ciudad de Juliaca una realidad que transformó sus funciones preventivas en una lucha por la supervivencia, donde chalecos antibalas y gas pimienta resultan insuficientes ante delincuentes que operan con armas de fuego de manera cada vez más sofisticada y agresiva.
La Municipalidad Provincial de San Román confirmó que está evaluando nuevamente la adquisición de armas no letales para proteger la integridad de sus agentes, según informó Arturo Chávez Chávez, subgerente de Seguridad Ciudadana, quien reconoció que los serenos ya no solo previenen, sino que deben defenderse activamente de los criminales.
Los agentes trabajan en distintos turnos, pero todos están expuestos diariamente a una delincuencia que ahora realiza asaltos con armamento de fuego, una situación que obliga al personal a ir más allá de sus funciones legales establecidas de prevención y disuasión para garantizar su propia seguridad y la de los ciudadanos.
La Policía Nacional dirigió un importante curso de capacitación para los serenos en temas de arresto ciudadano y protección de escenas del crimen, áreas que tradicionalmente no corresponden a serenazgo, pero que la realidad delictiva actual les obliga a conocer y manejar profesionalmente.
Chávez Chávez explicó que los agentes frecuentemente se involucran en intervenciones de agresiones y detenciones de sospechosos por pedido directo de la población, lo que requiere conocimiento legal específico para desarrollar estas intervenciones sin generar denuncias posteriores contra el personal municipal.
A pesar de los altos riesgos que enfrentan contra la delincuencia armada, el subgerente confirmó que el compromiso del serenazgo con la población mantiene su enfoque en prevención y disuasión, mientras los trabajos operativos continúan desarrollándose con normalidad en toda la ciudad de Juliaca.
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Una tarde mágica de música, arte en vivo y conexión con la naturaleza se vivirá este domingo 14 de septiembre en el Fundo Alto del Río, donde se celebrará la segunda edición de “Un Canto al Alma”, un festival cultural que invita a reconectar con lo esencial a través de sonidos, colores y sabores. El evento se desarrollará de 1:00 a 6:00 p.m. en la Casa de la Trova (frente al Club del Ingeniero).
La propuesta artística incluye a Pájaros Jaguares, con su música medicina de raíces andinas; Lundú, portadores de la energía vibrante de la música afroperuana; y Chakanazul, con su propuesta de danza ritual y cuentacuentos. También se presentará el dúo conformado por Milagros Medina y Ricardo Copaja, que aportará sensibilidad acústica a la tarde.
El arte en vivo también tendrá su espacio con Nvrpony (body painting), Eli Delgado (tatuajes temporales) y el colectivo Tengo algo para contarte, que ofrecerá un oráculo de palabras.
Además, los asistentes podrán disfrutar de sabores locales con parrilla, caja china y artesanías, todo en un entorno pensado para compartir en familia y reconectar con la naturaleza. Las entradas se pueden adquirir al número 928 528 661 o a través de las redes sociales de Pájaros Jaguares.
“Un Canto al Alma Volumen II” busca consolidarse como un espacio de encuentro artístico y espiritual en Arequipa, donde el arte y la naturaleza dialogan para celebrar la vida en comunidad.
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La insania criminal en Trujillo parece no tener límites ni freno. En medio del horror por las extorsiones diarias y los atentados cada vez más frecuentes, otro espeluznante caso sacudió a la ciudad norteña. Se trata del secuestro de un joven de 23 años, la grabación de su ejecución, la extorsión a su familia para […]
La insania criminal en Trujillo parece no tener límites ni freno. En medio del horror por las extorsiones diarias y los atentados cada vez más frecuentes, otro espeluznante caso sacudió a la ciudad norteña. Se trata del secuestro de un joven de 23 años, la grabación de su ejecución, la extorsión a su familia para devolver el cuerpo, el hallazgo de sus restos desmembrados y el silencio de la Policía frente a este hecho.
Historia de horror
La tragedia comenzó el sábado 6 de septiembre, cuando Luis Anticona Gutiérrez, trabajador de limpieza de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, terminó su jornada laboral y desapareció sin dejar rastro.
Horas después, sus familiares recibieron un macabro video en el que se ve al joven siendo ejecutado de un disparo en la cabeza. Poco después, llegó un nuevo mensaje: los asesinos exigían 20 mil soles para entregar el cadáver.
Desmembraron su cuerpo
Los familiares denunciaron el hecho ante la Policía y la Fiscalía, pero mientras aguardaban información, recibieron la noticia del hallazgo de un cadáver en un descampado, cerca del canal de Chavimochic, en Alto Moche.
Los restos estaban dentro de un costal. Habían sido descuartizados y quemados. A pocos metros se halló un brazo. Entre la desesperación y la duda, la familia reconoció al joven, y el martes, en la División Médico Legal del Ministerio Público, se confirmó su identidad.
Los peritajes revelaron que, tras ser asesinado de un disparo, su cuerpo fue desmembrado con una sierra eléctrica. Le amputaron los brazos a la altura de los hombros, las piernas desde las rodillas y la cabeza desde el cuello.
¿Quiénes lo asesinaron?
La identidad de los homicidas aún se desconoce. En el video del asesinato, el autor del disparo, que aparece con el rostro cubierto, se identificó como integrante de la banda La Nueva Jauría. El móvil del crimen tampoco está claro: ¿venganza, acto de intimidación o una nueva modalidad de extorsión? Nadie lo sabe.
Pese a la conmoción que ha generado el caso, la Policía no ha emitido información oficial ni se conocen avances de la investigación.
Mientras tanto, la familia de Luis Anticona enfrenta el dolor y el miedo en silencio, a puerta cerrada, esperando respuestas.
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Un menor de 17 años fue detenido en flagrancia en Pacasmayo, al cual se le hallaron artefactos explosivos y sería un presunto implicado en hechos extorsivos en la región. El menor de iniciales J.D.M.G, fue intervenido sorpresivamente, en posesión de un cartucho de dinamita, munición y droga. Se presume que la tenencia de materiales peligrosos […]
Un menor de 17 años fue detenido en flagrancia en Pacasmayo, al cual se le hallaron artefactos explosivos y sería un presunto implicado en hechos extorsivos en la región.
El menor de iniciales J.D.M.G, fue intervenido sorpresivamente, en posesión de un cartucho de dinamita, munición y droga. Se presume que la tenencia de materiales peligrosos está destinada a la fabricación, suministro y tenencia de materiales explosivos. Además, es un posible implicado en el tráfico ilícito de drogas.
El adolescente es presunto involucrado de acciones ilícitas que atientan contra la seguridad pública y la salud colectiva. Además, estaría vinculado a actos de extorsión en varias zonas de Pacasmayo. Según información policial, incluso, estaría siendo usado por organizaciones criminales para amenazar a comerciantes y empresarios locales.
El menor fue puesto bajo custodia policial mientras que se efectúan las investigaciones correspondientes.
La intervención se realizó en colaboración con el representante del Ministerio Público, RMP. Wimer Omar Mariños Montero, Fiscal de la fiscalía provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo.
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El Ministerio de la Producción (Produce) dispuso la suspensión de la pesca de pota o calamar gigante en todo el litoral peruano. La medida ha generado un fuerte rechazo entre pescadores artesanales, quienes aseguran que carece de sustento técnico, afecta su economía y beneficia solo a grandes grupos empresariales. El dirigente pesquero Fidel Periche expresó […]
El Ministerio de la Producción (Produce) dispuso la suspensión de la pesca de pota o calamar gigante en todo el litoral peruano. La medida ha generado un fuerte rechazo entre pescadores artesanales, quienes aseguran que carece de sustento técnico, afecta su economía y beneficia solo a grandes grupos empresariales.
El dirigente pesquero Fidel Periche expresó a través de Cutivalú su rechazo a la disposición. Calificó la medida como “descabellada” y sostuvo que actualmente existe una abundancia incalculable de pota en la costa peruana.
“Cuando el recurso entra en abundancia hay que aprovecharlo. Lo que están haciendo es perjudicarnos económicamente”, señaló Periche.
Críticas a la falta de sustento técnico
Periche cuestionó que la resolución no cuente con un informe del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) que justifique la suspensión. Según los propios pescadores, la pota se encuentra en abundancia en todo el litoral y no está en riesgo de extinción.
Además, denunció que el gobierno mantiene políticas que favorecen a las grandes empresas pesqueras, mientras los artesanales carecen de apoyo para invertir, procesar y exportar su producción.
Riesgo económico para miles de familias
El dirigente advirtió que la medida pone en riesgo la economía de miles de familias que dependen de esta actividad. Solo en Sechura se verán afectadas unas 2,000 embarcaciones, mientras que a nivel nacional el impacto alcanzaría a más de 10,000 pescadores.
También rechazó el límite de 48 horas para desembarcar la pesca, impuesto en la norma, al considerarlo inviable. “En el mar no hay horarios ni fechas fijas. La pesca no es como trabajar en una oficina, hay que buscar el recurso y eso toma tiempo”, explicó.
Convocatoria a un paro
Ante esta situación, los pescadores artesanales anunciaron que evalúan convocar a un paro nacional. En Sechura ya se están organizando y esperan que todos los gremios se sumen a la protesta.
“Estamos coordinando con los compañeros que están en el mar y una vez que estemos reunidos, tomaremos acciones. No nos quedaremos de brazos cruzados”, advirtió Periche.
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Durante una intervención conjunta, ambas autoridades manifestaron su profunda preocupación por el retraso significativo en el proyecto del aeropuerto, considerado una obra estratégica para el desarrollo económico, turístico y social de la provincia de Jaén y la región nororiental del Perú. El alcalde José Tapia indicó que los plazos establecidos en el contrato no se […]
Durante una intervención conjunta, ambas autoridades manifestaron su profunda preocupación por el retraso significativo en el proyecto del aeropuerto, considerado una obra estratégica para el desarrollo económico, turístico y social de la provincia de Jaén y la región nororiental del Perú.
El alcalde José Tapia indicó que los plazos establecidos en el contrato no se están cumpliendo, lo que genera malestar en la población y pone en riesgo la inversión pública destinada a esta importante infraestructura. Por su parte, el fiscal Gilmer Jara Vergara señaló que el exceso de tiempo en la ejecución podría constituir una falta grave, por lo que exhortó a las entidades competentes a iniciar acciones de fiscalización y sanción.
Tanto el alcalde como el fiscal hicieron un llamado a los responsables del proyecto para que aceleren los trabajos y garanticen la transparencia en la ejecución del contrato. Recalcaron que la ciudadanía merece una obra de calidad, concluida en los plazos establecidos, y que cumpla con los estándares técnicos y legales correspondientes.
El aeropuerto de Jaén es una obra clave para mejorar la conectividad de la región con otras ciudades del país, así como para fomentar el turismo, el comercio y la inversión. Sin embargo, los constantes retrasos ponen en riesgo los beneficios proyectados para la población.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de defender los intereses del pueblo de Jaén y velar por el correcto uso de los recursos públicos.
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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentará al despacho dela presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que promovió el Congreso y aprobó el Ejecutivo.
Tal como lo anunció la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, está lista la demanda de inconstitucionalidad que presentará contra la Ley de Amnistía, porque permite la liberación de policías y militares procesados por delitos que cometieron durante la lucha antisubversiva entre los años 1980 y 2000.
La titular del Ministerio Público dijo, «ya tenemos listo el proyecto de demanda de inconstitucionalidad para presentarlo ante el Tribunal Constitucional y así hacer respetar lo que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico».
Como se informó, esta norma la propuso e impulsó Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular en la Comisión de Constitución. Luego fue aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte.
Espinoza Valenzuela explicó que esta iniciativa “presenta serias contradicciones con la Constitución y los derechos humanos…y atenta contra la reparación que debe brindarse a las víctimas de la violencia estatal durante el conflicto armado interno”.
La fiscal de la Nación dijo que, «no es un tema de rencor, es un tema de reparación elemental. Todavía hay muchas víctimas desaparecidas, por eso hay que pacificar al país. Desde el Ministerio Público, así como perseguimos el delito, también actuamos en prevención para lograr armonía en la población», sostuvo.
Asimismo, Delia Espinoza consideró que la ley que promovió el Congreso y Dina Boluarte genera impunidad «para aquellos efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía que perpetraron asesinatos extrajudiciales, abusos de poder y otros crímenes contra los derechos humanos. No se está persiguiendo a las Fuerzas Armadas ni a la Policía. Tenemos héroes, policías y militares que hicieron mucho por nosotros contra la delincuencia terrorista».
Pero esta Ley de Amnistía busca que se les perdonen los delitos a quienes están siendo investigados. Eso no significa que se vulneren sus derechos fundamentales, refirió.
Como se sabe, la Corte IDH ordenó al Perú no aplicar la ley de amnistía a policías y militares conocida como Ley de Amnistía. Este organismo internacional advirtió que la puesta en marcha de esta norma vulneraría el derecho de las víctimas a acceder a justicia y verdad, además de contradecir principios internacionales de derechos humanos ya establecidos en fallos anteriores.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez en nombre del Ejecutivo ha defendido la iniciativa, argumentando la existencia de atentados terroristas y la demora en los procesos judiciales, un discurso que, según la comunidad internacional, busca justificar una ley que encubre la impunidad.
Magistrado TC descarta prevaricato en jueces que apliquen control difuso a Ley de Amnistía
De otro lado, Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, dijo que la figura del control difuso está amparada por la Constitución y negó que su aplicación por parte de jueces constituya prevaricato.
Defendió la facultad de los jueces para aplicar una herramienta jurídica contemplada en el artículo 138 de la Constitución. “El juez es el único que, finalmente, puede apartarse de una ley cuando en un caso concreto considera que aplicar una norma puede generar un acto arbitrario o inconstitucional”, dijo en Prueba de Fuego.
“Es la potestad del juez de inaplicar una ley haciendo control difuso al caso en concreto, no generando ninguna doctrina, no generando ninguna posición dogmática, sino relatando los hechos y determinar si, en esos hechos concretos, aplicar la ley resulta manifiestamente inconstitucional y, por lo tanto, no lo aplica”, explicó.
De otro lado, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, dijo este jueves que, los miembros del TC consideran inconstitucional, la medida disciplinaria inmediata que plantea la JNJ contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
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Por segundo día consecutivo, alcaldes de centros poblados de Ayacucho se movilizaron para exigir la transferencia de recursos que establece la Ley N.° 32185. La protesta derivó en la instalación de una mesa técnica en la Defensoría del Pueblo, aunque sin la presencia del gobernador regional Wilfredo Oscorima, principal demandado por los manifestantes.
En la reunión participan 11 presidentes de la Mancomunidad de Centros Poblados del Perú, técnicos y representantes del Gobierno Regional, encabezados por el gerente general Eduardo Huacoto, además de la Defensoría del Pueblo como mediadora.
Los alcaldes demandan la asignación de 30 mil soles para cada uno de los 256 municipios de centros poblados de la región, lo que equivale a más de 10 millones de soles. Señalaron que el Gobierno Regional aún mantiene 14 millones de libre disponibilidad que podrían destinarse a esta transferencia.
“El gobernador nos tiene en las calles, no ha recibido a ninguna de las tres movilizaciones. No nos pueden tratar como ciudadanos de segunda, también somos autoridades elegidas por voto popular”, manifestaron los dirigentes durante la protesta.
Los representantes recordaron que en regiones como Cajamarca, Huánuco y Huancavelica ya se concretó este financiamiento. En el caso de Ayacucho, advirtieron que, si no se cumplen los compromisos, las medidas de lucha se radicalizarán en los próximos días.
Productora del programa Pico a Pico de El Búho. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se especializa en producción audiovisual, locución y creación de contenido para redes sociales.
Desde el sector de Qoryhuayrachina, en la línea férrea Cusco–Machu Picchu, hoy se iniciaron protestas pacíficas contra las dos más grandes empresas que operan en Machu Picchu: PeruRail y Consettur. Un grupo de vecinos y representantes comunales se apostó al costado de la vía, sin interrumpir el paso de trenes, exigiendo que se cumpla la ley tras el vencimiento del contrato de concesión de Consettur, la empresa de buses que traslada turistas hasta la maravilla mundial.
Los pobladores denuncian que PeruRail no traslada las 18 unidades autorizadas por SERNAMP para reemplazar progresivamente los buses de Consettur, lo que —según ellos— prolonga un monopolio que afecta a las comunidades y a los turistas.
La Municipalidad Provincial de Urubamba y el Ministerio de Transportes ya habían planteado un plan de contingencia, pero los vecinos afirman que no se está cumpliendo y anuncian un paro de 24 horas el 12 de septiembre y otro de 48 horas los días 15 y 16.
Productora del programa Pico a Pico de El Búho. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se especializa en producción audiovisual, locución y creación de contenido para redes sociales.
En el juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) entre 1989 y 1993, el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, afirmó que el cuartel 9 de Diciembre funcionó como un centro de detención clandestino y que los crímenes no fueron excesos individuales, sino parte de una estrategia militar institucionalizada.
El letrado respaldó su alegato en manuales de contrasubversión de la época y en la teoría del “dominio del aparato organizado de poder”, que responsabiliza a los mandos militares como autores mediatos de las violaciones sistemáticas.
Rivera señaló directamente a los generales Luis Pérez Documet, Manuel Delgado Rojas y Roboan Jaime Sobrevilla, quienes —según dijo— ejercieron control absoluto de la estructura castrense y ordenaron desapariciones, secuestros y asesinatos.
“Los crímenes son la sustancia de la estrategia”, afirmó, al insistir en que la violencia fue política de Estado aplicada de manera disciplinada por la 31 Brigada de Infantería.
La parte civil, representada por la abogada Gery Vásquez, pidió que la sentencia incluya también reparaciones integrales como indemnizaciones económicas, atención psicológica especializada, búsqueda de desaparecidos y disculpas públicas en la UNCP.
Productora del programa Pico a Pico de El Búho. Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se especializa en producción audiovisual, locución y creación de contenido para redes sociales.
En un área clave para la ejecución de obras y adquisiciones públicas, se designaron a funcionarios cuestionables y que salieron ‘por la puerta trasera’. El último, sentenciado y ahora en la clandestinidad. ¿El nuevo?, con antecedentes.
La oficina de Logística del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) es unas de las áreas más cuestionadas en la gestión del gobernador Rohel Sánchez. Con estos últimos cambios, acumula casi una decena de jefes en menos de tres años.
Esta alta rotación no es casual. La elección de Rohel Sánchez en estos cargos de confianza, expone, desde un principio, funcionarios con un notorio ‘rabo de paja’. Además, las entradas y salidas de jefes de Logística ha provocado retrasos administrativos. Además, cuestionamientos a licitaciones y una creciente desconfianza en la transparencia de los procesos.
La mayoría de los titulares salieron del cargo bajo investigación o señalamientos por irregularidades. Esto evidencia una crisis de gestión en un área clave para la ejecución de obras y adquisiciones públicas.
Leyder Riveros: sentenciado y prófugo de la justicia
Leyder Nelson Riveros Pariona, jefe de Logística hasta septiembre de 2025, terminó sentenciado a 6 años de prisión efectiva por colusión agravada. La sentencia, emitida por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa, lo halló culpable de manipular estudios de mercado para direccionar la contratación hacia la empresa P&M Tactical SAC en 2019. Se confirmó precios sobrevalorados en la compra de uniformes para Autodema.
Riveros permitió cotizaciones ficticias de empresas sin experiencia textil, incurriendo en un perjuicio patrimonial de S/ 15 mil 272. Tras conocerse el fallo, huyó y permanece prófugo.
Gloria Maynas: designada pese a sanción previa
Gloria Ivony Maynas Espíritu fue designada en noviembre de 2024 tras la renuncia de su predecesor. Sin embargo, su historial incluye una sanción de 12 meses sin goce de haberes por el Tribunal de Servicio Civil, debido a la sustracción de 508 CPUs bajo su responsabilidad en el Programa Nacional de Centros Juveniles.
Su llegada se produjo en medio de la caída de licitaciones millonarias por postores descalificados, y el gobernador Sánchez le encargó «control minucioso» en las compras, pese a su pasado cuestionado. Durante su gestión en el GRA, el consejero regional de Arequipa, Miguel Ángel Linares, denunció graves irregularidades en la adjudicación de la obra vial AR-548, valorizada en más de S/103 millones, que conectará San Gregorio con Sahuaní en Camaná. La licitación fue otorgada al Consorcio Vial Sur, liderado por Altavista Inversiones Globales S.A.C., empresa que presentó una constancia falsa de inscripción en el REMYPE para eludir el requisito de la carta fianza del 10%. Además, se detectó la participación de ENPAVI S.A.C., compañía inhabilitada para contratar con el Estado hasta 2025.
Ante la gravedad de los hechos, Linares solicitó en mayo de este año la intervención de la Contraloría, el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción para investigar el caso. La jefa de Logística del Gobierno Regional, Gloria Maynas, fue citada en su momento, para explicar estas irregularidades ante el Consejo Regional, pero no asistió, lo que generó malestar entre los consejeros y motivó la evaluación de un pedido de interpelación en su contra.
‘La cabra siempre tira al monte’
Tras la escandalosa salida del prófugo Leyder Riveros, el Gobierno Regional de Arequipa no tuvo mejor idea que designar a Alexander Javier Solís Montesinos como nuevo jefe de Logística, mediante Resolución Gerencial N.° 532-2025/GG. El GRA omite mencionar los antecedentes del funcionario.
Solís Montesinos fue investigado por la Contraloría General durante su gestión en la Municipalidad Provincial de Picota (San Martín) por un caso de nepotismo, al contratar a la madre de sus hijos menores, lo que vulnera la normativa estatal. Y el ciclo de designaciones cuestionables, persiste.
La contratación irregular de Flor Isabel Mayhuire Orizano se extendió entre febrero de 2023 y enero de 2024, con pagos que superaron los S/ 23,000. Documentos oficiales confirmaron el vínculo familiar y la continuidad de los desembolsos, configurando una falta gravecontra Alexander Solís.
La sucesión de jefes de Logística refleja un problema estructural en el GRA. Slender Andía, el primer titular, denunció intromisión de intereses ajenos y falta de pago de salarios. Entre 2023 y 2024, se registraron más de 60 cambios gerenciales, desestabilizando la gestión y incumpliendo la promesa de Sánchez de contar con «cuadros técnicos preparados». Esta constante rotación no solo afecta la eficiencia, sino que profundiza la desconfianza en una región que clama por transparencia y rigor en el uso de sus recursos.
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«JÓVENES PERVERTIDOS» | El congresista por Arequipa, Edwin Martínez, denunció que ayer casi fue asaltado por cuatro delincuentes, a quienes identificó como adolescentes. Relató que tuvo que realizar maniobras con su camioneta para evitar el ataque.
Con esa experiencia, exigió nuevamente que los menores que cometan delitos sean juzgados como criminales y enviados directamente a prisión. Por su parte, el parlamentario arequipeño Alex Paredes fue más lejos y pidió aplicar la pena de muerte.
Todo esto ocurre en el marco de la aprobación del dictamen que modifica el Código Penal para sancionar el sicariato con penas que van desde 30 años de cárcel hasta cadena perpetua.
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Arequipa registra más de 500 embarazos adolescentes al año y la nueva ordenanza busca frenar esta cifra con educación sexual. | IMAGEN: Gob.pe
Arequipa se ha convertido en el epicentro de un debate nacional que toca fibras sensibles: la educación sexual integral en las escuelas. Todo comenzó cuando el Consejo Regional aprobó por unanimidad la Ordenanza 538, publicada el pasado 8 de agosto, que implementa un programa de Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios de la región. Desde entonces, las posiciones a favor y en contra no han dejado de cruzar argumentos.
El último programa de la Red de Medios Regionales del Perú reunió a voces de ambos bandos. Christian Aranda, presidente del Centro de Estudios Laureles, explicó que 92 organizaciones de la sociedad civil ya han manifestado su rechazo a la norma. Su principal observación: la ordenanza no incluye a los padres de familia en la elaboración ni en la aplicación de los contenidos. Para Aranda, esto vulnera el derecho de patria potestad y deja fuera a quienes deberían ser los primeros educadores en sexualidad. “Si un padre puede decidir si su hijo lleva o no curso de religión, también debería poder decidir sobre estos contenidos”, dijo en la entrevista.
Aranda también cuestionó el origen del proyecto. Según afirma, la iniciativa fue impulsada por la ONG Fordes, la misma que ha presentado propuestas similares en otras regiones. A su juicio, la medida responde a una agenda ideológica que promueve temas como enfoque de género, interseccionalidad y distribución de anticonceptivos a menores, sin consultar a las familias. “No se ha hecho un diagnóstico real de las causas del embarazo adolescente. Se asume que el problema es falta de información sexual, pero las causas pueden ser muchas, desde alcoholismo hasta violencia sexual”, señaló.
Del otro lado del debate estuvieron Mercedes Neves, directora de Fordes, y Patricia Salas, exministra de Educación. Ambas defendieron la necesidad de la ESI como herramienta para proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia y los embarazos tempranos. Neves recordó que existen indicadores preocupantes: Arequipa reporta más de 500 embarazos adolescentes al año, muchos de ellos producto de abuso sexual. “No estamos inventando nada. La educación sexual integral es una política nacional respaldada por organismos internacionales como la UNESCO y la OMS. Es un derecho de los estudiantes”, remarcó.
Patricia Salas fue más allá y planteó el fondo del asunto: “Lo que se discute es cuánta autonomía y pensamiento crítico estamos dispuestos a dar a nuestros adolescentes. La ESI no solo brinda información biológica. Forma en autoestima, respeto y toma de decisiones”. Para la exministra, es falso que la norma excluya a los padres. “El Estado no quita la patria potestad. Busca acompañar a las familias para que puedan educar mejor a sus hijos. Si la escuela no informa, lo hará la calle, el internet o la pornografía”, advirtió.
El intercambio dejó claro que el desacuerdo no está en reconocer el problema —los embarazos adolescentes y la violencia sexual son una realidad grave— sino en el cómo enfrentarlo. Los sectores conservadores proponen capacitar primero a los padres para que ellos sean quienes hablen del tema con sus hijos. Las organizaciones que impulsan la ESI insisten en que la escuela es el lugar idóneo para romper los silencios y tabúes que perpetúan el problema.
Mientras el Congreso ha citado al gobernador regional Rohel Sánchez para que explique la ordenanza, el debate sigue abierto. Lo que sí parece evidente es que el tema ya trascendió Arequipa y podría marcar un precedente para otras regiones del país.
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El presidente del movimiento regional Yo Arequipa, Roberto Gamero, recordó que Rohel Sánchez llegó al cargo de gobernador con su agrupación, pero luego renunció para mantenerse independiente y gobernar “para toda la región”. Indicó que, pese a ello, el movimiento mantiene abiertas las puertas para un eventual retorno una vez concluido su mandato en 2026.
Gamero afirmó que la gestión de Sánchez no cuenta con una obra emblemática visible hasta el momento, aunque reconoció que existen varios proyectos en ejecución que serán inaugurados en los próximos meses. También cuestionó la inestabilidad inicial del Gobierno Regional de Arequipa, señalando que el gobernador realizó más de 100 cambios de funcionarios en poco tiempo.
El dirigente sostuvo que la actual administración recién “se ha asentado” tras ese periodo de rotación constante, y destacó que algunos consejeros y funcionarios que acompañan a Sánchez en su gestión pertenecieron a Yo Arequipa, aunque con independencia para ejercer sus cargos.
Reorganización de Yo Arequipa
Roberto Gamero señaló que el movimiento regional superó la incertidumbre generada por los debates en el Congreso sobre la eliminación de estas organizaciones. Informó que Yo Arequipa reinstaló secretarías en provincias como Camaná, Caylloma, Caravelí y La Unión, reinscribió su directiva y pasó una auditoría de la ONPE con un resultado favorable. Asimismo, adelantó que trabajan propuestas en transporte, salud y educación de cara a próximos procesos electorales.
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DESATÓ CARCAJADAS EN MEDIO TELEVISIVO | Periodistas mexicanos soltaron risas y comentarios sarcásticos sobre el Congreso peruano tras su decisión de declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum. La decisión fue una respuesta a los comentarios de la presidenta electa de México, quien expresó apoyo al destituido expresidente Pedro Castillo y criticó su salida del poder.
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El diagnóstico también advierte sobre los altos niveles de tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. (Foto: CHS Alternativo)
