La empresa Oncosalud, parte del grupo AUNA, enfrenta una creciente ola de cuestionamientos por parte de pacientes, autoridades y expertos en salud. Aunque se presenta como un sistema de “protección oncológica”, no opera bajo el modelo de seguros tradicionales regulados por la SBS. En cambio, está registrada como una IAFAS (Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud), supervisada por Susalud.

Según el Registro de Sanciones de Susalud, Oncosalud ha acumulado 13 sanciones administrativas entre 2018 y 2025, por un total de 167.5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 896,125. Hasta la fecha, solo ha pagado S/ 37,450, judicializando la mayoría de las multas.

Uno de los casos más notorios ocurrió en 2019, cuando Oncosalud anuló el plan de un paciente con recaída de cáncer. La sanción impuesta por Susalud fue de 59 UIT (S/ 315,650). En otro expediente, la empresa fue multada con 13 UIT (S/ 69,550) por no advertir los efectos secundarios de una radioterapia. La paciente, que estaba superando un cáncer de mama, falleció tras los efectos secundarios de la radioterapia que le produjeron una enfermedad en el cerebro.

Además, se han documentado modificaciones unilaterales en tarifas, cambios contractuales sin previo aviso y negación de tratamientos esenciales, incluso en planes de alto costo.

Oncosalud: Más reclamos que EsSalud y el SIS

En 2024, Oncosalud recibió 10,094 reclamos, superando ampliamente a EsSalud (5,103) y al SIS (3,259). Esta cifra la posiciona a esta empresa con la que tiene más quejas en el sistema de salud peruano, según el portal oficial de Susalud.

Durante el mismo año, Oncosalud recibió S/ 931 millones en aportes por parte de sus afiliados. La brecha entre ingresos y calidad de atención ha generado preocupación entre especialistas, quienes señalan una posible desproporción entre lo que se cobra y lo que realmente se entrega.

No es una aseguradora: negación de cobertura y cambios unilaterales

Pacientes y expertos en derecho sanitario advierten que Oncosalud ha convertido la judicialización en una táctica para evadir el cumplimiento de sanciones administrativas, dejando a los presuntos agraviados sin reparación efectiva. Esta práctica ha sido observada en múltiples expedientes, donde las multas quedan suspendidas por procesos judiciales que se prolongan por años.

Según el portal El Foco, que intentó contactarse con los representantes de Oncosalud S.A.C. señalan que esta empresa es propiedad de Auna S.A.A, dueña de la Clínica Delgado y otros seis establecimientos de salud en el Perú. Oncosalud, sea un programa o una empresa, más no una aseguradora, fue fundada en 1989 por dos exministros de Salud del gobierno aprista, Luis Pinillos Ashton y Carlos Vallejos Sologuren.

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El Tribunal Constitucional (TC) citó al fiscal José Domingo Pérez para que presente los argumentos que sustentan los aportes ilícitos en las campañas de Keiko Fujimori, antes de emitir un fallo que puede anular toda la investigación realizada en casi una década. La audiencia ha sido fijada para el miércoles 27 de agosto, a partir de las 10:30 horas, en la sede del TC.

Pérez Gómez podrá defender la acusación a la lideresa de Fuerza Popular que sostiene el Ministerio Público, en una investigación realizada a lo largo de diez años. Caso por el que, el fiscal del equipo especial Lava Jato pide al Poder Judicial condene a Fujimori Higuchi a 35 años de cárcel.

Esta audiencia se hace en respuesta a un proceso que inició Keiko Fujimori, quien presentó un habeas corpus al TC, requiriendo que “anule todas las diligencias fiscales realizadas en su contra por el delito de lavado de activos”.

Según su abogada Keiko Fujimori, «no sabía que aportes eran ilícitos»

Como se informó, el 27 de julio, la abogada de la tres veces candidata presidencial, Guilliana Loza, dijo ante el Tribunal Constitucional que “los abonos recibidos se tratarían de «una irregularidad administrativa» y que «no hubo quebrantamiento de normas, no hubo ilicitud»”.

Respecto al millón de dólares que aportó la empresa brasileña Odebrecht en 2011, la defensa legal de Fujimori sustentó que, “en el supuesto de haber sabido, no se le puede imputar a su defendida haber recibido dinero ilícito porque para esa fecha no se sabía que la constructora pagaba coimas”.

De acuerdo con la opinión de penalistas consultados por Perú 21, el Tribunal Constitucional no puede archivar la investigación iniciada en 2017, pero podría disponer que regrese a la fase preliminar.

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El asesor del fideicomiso indígena, Richard Vásquez Salazar, señaló que el Poder Ejecutivo ya promulgó la ley que crea el fideicomiso fronterizo, impulsado por el congresista Juan Carlos Mori y rubricado por la presidenta de la República en Santa Rosa.

Explicó que la medida busca garantizar una mayor presencia del Estado en las fronteras mediante proyectos de inversión en educación, salud y seguridad.

Pasó en el Perú, Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
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El video Loreto: Alcaldes definen proyectos del fideicomiso fronterizo | PASÓ EN EL PERÚ se publicó en YouTube en este enlace

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La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de La Libertad efectuó la incautación de vehículos y otros bienes que eran utilizados en actividades de minería ilegal en la provincia de Trujillo. Los fiscales adjuntos provinciales Lorgio Reynaldo Castro Azcárate y Alejandra Jimena Valdivia Valderrama realizaron diligencias en una planta de beneficio ubicada en el Parque industrial, distrito La Esperanza. Esto ubicado en el sector denominada Sol Naciente, distrito de Huanchaco.

Tras la diligencia, se consiguió la incautación de una camioneta, dumper electrónicos, tolvas de mini dumper, sacos con un total de 101.55 kilos de mineral metálico molido. También, entre los objetos incautos relacionados a la minería ilegal están 405 toneladas de material metálico, 19 645 sacos apilados con material metálico molido, 1800 toneladas de mineral metálico en bruto,, entre otros.

Asimismo, se procedió con la incautación de un bien inmueble, una chancadora fija, tres balanzas electrónicas, un montacargas, una tolva metálica, dos líneas de chancado. Sumado a ello tres montacargas, 2556 costales big bag de una tonelada cada uno, y 90 toneladas de mineral en bruto, minerales y maquinarias.

Todos estos bienes fueron puestos a disposición de la Unidad Desconcentrada de Protección al Medio Ambiente (UNIDPMA) de la Policía Nacional. Asimismo, se intervino a 10 personas vinculadas con el delito de minería ilegal, los cuales quedaron en calidad de citados para las diligencias correspondientes.

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Betssy Chávez tuvo que asistir a la fuerza a la audiencia de este 21 de agosto por el juicio que se le sigue, junto a Pedro Castillo y otros, por el delito de rebelión. La expresidenta del Consejo de Ministros, quien dio una tregua de 48 horas a su huelga de hambre seca, aseguró que su medida de lucha no se compara con el temor que padece a diario en el penal penitenciario, donde sus agresoras continúan conviviendo con ella en la misma área. Con la voz resquebrajada, pidió al ministro de Justicia que haga algo por ella, pues cada día su situación se agrava. El juzgado finalmente le otorgó el permiso de retirarse de la audiencia.

En tanto, Pedro Castillo expresó su respaldo público a Betssy Chávez y denunció a quienes lo investigan, señalando una diferencia en su tratamiento con respecto a Dina Boluarte. «El Perú tiene que abrir los ojos», dijo.

El video PIDIÓ AYUDA AL GOBIERNO | Betssy Chávez asiste a la fuerza e insiste en huelga de hambre hasta morir se publicó en YouTube en este enlace

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El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró inaplicable el artículo 4 de la Ley N.º 32107 en un proceso. Como se recuerda, esta ley vigente busca la prescripción de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. La decisión se tomó en el marco del proceso contra Arturo Luis Castro Arias, investigado por homicidio calificado.

La norma aprobada por el Congreso de mano de Rospigliosi y Cueto, establece que los crímenes cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma no podían ser considerados como delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el juez Richard Carhuancho aplicó el mecanismo de control difuso.

El magistrado inaplicó la ley de prescripción, también conocida en algunos sectores como Ley de Impunidad, argumentando que contraviene el derecho convencional. Entre las normas que es incompatible está la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

“Este despacho considera que esta ley número 32107, es contrario al derecho convencional, concretamente, es contraria a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crimines de Guerra y Lesa Humanidad. […] Igualmente, es contrario al Estatuto de Roma”, señaló el juez Richard Concepción Carhuancho, en su fundamento.

La decisión judicial se alinea con advertencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había expresado preocupación por el intento legislativo de limitar la justicia en casos emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos. Según Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL), desde que la ley de prescripción fue publicada en agosto de 2024, al menos 47 jueces han decidido no aplicarla.

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Un partido cancelado, al menos 10 heridos y 90 detenidos: ese es el saldo de los graves incidentes ocurridos durante el encuentro entre Independiente y la U. de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Las tribunas se convirtieron en escenario de violentas peleas e insultos entre barras argentinas y chilenas. La tensión escaló cuando un grupo de hinchas chilenos quedó acorralado y fue brutalmente agredido. Uno de ellos incluso cayó desde lo alto de la tribuna mientras intentaba escapar de sus atacantes. Lo que debía ser una fiesta futbolística terminó en un enfrentamiento que conmocionó a hinchas, familias y espectadores presentes en el estadio Libertadores de América, en Argentina.

El video ¡ESCENAS DE NO CREER! | Las postales del violento enfrentamiento en el Independiente vs U de Chile se publicó en YouTube en este enlace

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La presidenta Dina Boluarte se ubica por debajo del presidente Nicolás Maduro en cuanto al respaldo ciudadano que mide, CB Consultora Opinión Pública. La última, referida a los presidentes de Sudamérica, “deja en evidencia el difícil momento político que atraviesa Perú”, refieren.

De acuerdo con el último informe de esta consultora internacional, la jefa de Estado peruana se posiciona por debajo de Nicolás Maduro y además, “registra el mayor descenso porcentual frente al mes anterior”, se lee en el análisis de los datos recogidos para el documento.

Este informe, que fue divulgado a finales de julio de 2025, expone una radiografía del respaldo ciudadano que reciben los presidentes de Sudamérica y deja en evidencia el difícil momento político que atraviesa Perú.

La encuesta se aplicó a 11.165 personas mayores de 18 años, en diez países de la región, entre el 21 y el 25 de julio, y de estas naciones, “la presidenta peruana Dina Boluarte ocupa el último lugar en imagen positiva, con solo 18,2% de aprobación”.

¿Qué lugar ocupan otros presidentes?

El estudio posiciona a Yamandú Orsi (Uruguay) como el presidente más aprobado por sus ciudadanos, con un 50,3% de imagen favorable. Le siguen Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), con 49,8%, y Javier Milei (Argentina), con 49,5%. Para estos mandatarios, la mitad y muy cerca a esta, de sus conciudadanos les dan su apoyo, a diferencia de Dina Boluarte, quien se ubica en contraste “por la sostenida caída en la aprobación presidencial”, informan.

Resalta aún más la caída de Boluarte Zegarra al compararse con la gestión de Daniel Noboa (Ecuador), quien está en cuarto lugar con 47,2%, y Gabriel Boric (Chile), quien cierra el grupo de mayor aprobación con 46,3%, según la consultora.

En la parte baja de la tabla quedaron, el presidente Luis Arce (Bolivia) quien obtuvo 21,2% de respaldo y Nicolás Maduro (Venezuela), 29,5%, quien, “pese a su descenso histórico en aceptación ciudadana, supera por más de once puntos a la administración peruana en nivel de imagen favorable”, ya que Dina Boluarte tiene solo 18,2% de aprobación.

En este panorama, Dina Boluarte enfrenta el reto de recuperar credibilidad y respaldo en un contexto adverso y marcado por el escepticismo ciudadano. Analistas señalan que la evolución del clima político durante los próximos meses será determinante para el futuro inmediato de su administración y para el reposicionamiento de Perú en el escenario regional.

Boluarte tiene una limitada capacidad de respuesta a las demandas sociales

“Boluarte no solo quedó rezagada respecto de sus homólogos, sino que experimentó la mayor caída en el mes evaluado, con un descenso de 4,1 puntos porcentuales. El resultado negativo para la presidenta se da en un contexto marcado por la inestabilidad institucional, las protestas sociales y la dificultad para forjar acuerdos políticos amplios”, mencionan.

Y según los analistas de la consultora, el resultado se debe a la limitada capacidad de respuesta del Ejecutivo frente a las demandas de los sectores sociales y a la falta de iniciativas de un gobierno que cuenta con una alta aprobación parlamentaria.

El informe usó la técnica CAWI (encuestas realizadas por internet), estratificada por género, grupo etario, nivel socioeconómico y lugar de residencia. El margen de error no supera el 3% por país y el nivel de confianza se sitúa en 95%.

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El Pleno del Congreso aprobó, este 20 de agosto, en segunda y definitiva votación, el dictamen del Proyecto de Ley 8856, que crea la Universidad de Educación Superior Pedagógica de Arequipa (UESPA). Esta se estructurará sobre la base de la actual Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública (EESPPA).

Esta decisión consolida una iniciativa destinada a garantizar el derecho a la educación superior de calidad con responsabilidad social, adaptada a las necesidades del país.

La congresista Lady Camones Soriano destacó, en la primera votación, que la propuesta consolida el fin social de la universidad pública. Además, optimiza el derecho a la educación superior de los estudiantes de la EESPPA, integrando la institución al ámbito universitario.

Por su parte, el congresista Alex Paredes Gonzáles, autor del proyecto, resaltó, en la primera votación, que la iniciativa “transforma una institución con más de 42 años de trayectoria en una universidad nacional”. Esto implica autonomía académica, administrativa y financiera, conforme a la Ley Universitaria.

Nueva universidad en Arequipa

La nueva universidad, que contará con acreditación y credenciales del Minedu, ofrecerá grados académicos de bachiller. Además, títulos profesionales de licenciado y programas de posgrado en diversas especialidades y modalidades. Todos los títulos serán inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu, asegurando su reconocimiento oficial.

Esta aprobación marca un hito para la formación docente en el sur del Perú, posicionando a Arequipa como eje educativo de la macrorregión.

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La mañana de este jueves, la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) realizaron una inspección técnica en la construcción del puente Gunther, obra que busca reemplazar la infraestructura colapsada en febrero tras las intensas lluvias. El recorrido estuvo encabezado por el gerente municipal, Pablo Salinas Valencia, junto a funcionarios y técnicos de ambas instituciones.

El foco de la visita se centró en un detalle crucial: la presencia de varios postes de energía eléctrica que interfieren con el trazo del nuevo puente, más ancho que la antigua estructura. Durante la inspección se evaluó si estos postes deberán ser reubicados o retirados, con el fin de no entorpecer el avance de la obra. El propio gerente municipal aseguró que el proyecto sigue dentro del cronograma previsto y que cualquier coordinación con SEAL será atendida de inmediato.

Las dudas sobre la seguridad del puente no estuvieron ausentes. La Contraloría General de la República advirtió semanas atrás que el expediente carecía de un estudio antisísmico, además de detectar incongruencias en los planos estructurales y la falta de autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Salinas respondió que esas observaciones ya se levantaron. Explicó que el estudio sísmico forma parte del análisis de suelos y que, actualmente, la obra cuenta con el permiso correspondiente de la ANA.

El proyecto, valorizado en más de S/ 2.1 millones y con un plazo de 60 días de ejecución, ha despertado preocupación por los riesgos de sobrecostos y por la urgencia de levantar un puente seguro en una zona de alta sismicidad. Sin embargo, desde la comuna provincial se insiste en que la obra culminará dentro de los plazos y con las correcciones técnicas necesarias.

En medio de tensiones, lo que está en juego no es solo una estructura de concreto. Para los vecinos de Jacobo Hunter, cada avance en el puente Gunther significa recuperar la conexión interrumpida tras el colapso. Y aunque los postes de energía puedan parecer un obstáculo menor, resolver su situación a tiempo resulta clave para que la ciudad no vuelva a ver inconclusa su infraestructura vial.

Arequipa: hombre detona explosivo en tienda de abarrotes de Yura

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Un explosivo artesanal fue detonado en los exteriores de una bodega ubicada en la Asociación UPI Los Milagros, en el distrito de Yura, generando alerta entre los vecinos del sector. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando un sujeto encapuchado abandonó el artefacto en la esquina de la vivienda-comercio. 

La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional realizó pericias en el lugar por aproximadamente cuatro horas para asegurar la zona y recolectar evidencias. No provocó daño físico a ninguna persona, aunque si daños materiales menores en la fachada del negocio.

La dueña de la vivienda indicó que no tenía problemas de extorsión o préstamos informales (“gota a gota”) como móviles del ataque. Pero expresó temor por la presencia de bandas delictivas extranjeras en la zona. 

Pedido de vecinos de Yura (Arequipa)

Entre los pedidos de la comunidad destaca la instalación de cámaras de vigilancia y mayor patrullaje policial, especialmente porque el hecho ocurrió cerca de un centro educativo. 

La investigación policial continúa en busca de los responsables de este acto delictivo que ha conmocionado a los vecinos de esta zona de Yura.

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El Indecopi multó a Real Plaza Trujillo con S/535 mil (100 UIT) por incumplir medidas cautelares tras la caída del techo en su patio de comidas. Sin embargo, la empresa emitió un comunicado rechazando la sanción y asegurando haber cubierto todos los gastos médicos, de sepelio y compensaciones a las víctimas.

Multa inapelable y condiciones para reabrir

Según la Resolución Final N.° 0590-2025/INDECOPI-LAL, la multa coercitiva es inapelable y busca garantizar la protección de los consumidores. Indecopi argumenta que la compañía no acreditó de manera completa ni oportuna la cobertura de gastos médicos, funerarios y la identificación de posibles afectados indirectos tras la tragedia del 21 de febrero.

Adicionalmente, Indecopi ordenó que Real Plaza presente un informe técnico estructural visado por el Colegio de Ingenieros del Perú y un plan de contingencia para la remoción de escombros, como requisito indispensable para reabrir. Mientras tanto, el cierre temporal del centro comercial se mantiene vigente hasta que se cumplan ambas exigencias.

Real Plaza cuestiona multa

Real Plaza, sin embargo, en un comunicado difundido la tarde de este miércoles sostuvo que ha creado un fondo de más de 20 millones de soles para atender a los afectados y que ya alcanzó 183 acuerdos de compensación con familias. Aseguró además que ha colaborado con todas las investigaciones, cuestionando que Indecopi “omitiera pruebas e interpretara indebidamente” los alcances de la disposición.

Indecopi también dispuso que Real Plaza reembolse directamente los gastos médicos y funerarios de las víctimas plenamente identificadas. Este punto fue apelado por la empresa, recurso que deberá resolver la Sala Especializada en Protección al Consumidor. En tanto, la entidad supervisora ratificó que priorizará la seguridad de los consumidores.

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La expremier Betssy Chávez, levantó la huelga de hambre seca que había anunciado en una carta testamentaria y en la que denunció ser víctima de acoso, maltratos y amenazas al interior del penal de Chorrillos donde cumple la prisión preventiva por su participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Su abogado, Raúl Noblecilla, en un video publicado este jueves en sus redes sociales confirmó la suspensión de la medida extrema, hasta este viernes 22, al mediodía, tras recibir la visita de distintos congresistas quienes la convencieron de desistir mientras realizan acciones que logren su traslado a otro penal.

Asimismo, su defensa legal dijo que ha dado una tregua al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para que resuelvan su pedido de traslado a otro penal. “Mi defendida Betssy Chávez está haciendo una tregua de 48 horas que vencerá este viernes al mediodía”, dijo.

Agradeció a los congresistas que se presentaron como intermediarios con el INPE, entre ellos, Esmeralda Limache, Guillermo Bermejo, Jaime Quito, Heidy Juárez, Elías Varas, Víctor Cutipa, entre otros. “que se acercaron para ver el estado de salud de Betssy Chávez en el penal de mujeres de Chorrillos”.

¿Qué pidieron los congresistas al INPE?

De acuerdo con lo dicho por Noblecilla Olaechea, tras haber intermediado los congresistas con el INPE, «la institución penitenciaria se ha comprometido, en primer lugar, poner en buen recaudo a su patrocinada y dos internas que son testigos de las denuncias hechas por la expremier y que sean trasladadas al penal de Fátima.

Y en segundo lugar, que la directora del penal, Nelly Aquino; la jefa de seguridad, Elvia Córdoba; y la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT) Vilma Páucar sean removidas a fin de que se realice una investigación de las graves denuncias hechas sobre chantaje, organización criminal, cobro de cupos, extorsión, venta de drogas, entre otros, que hizo Betssy Chávez.

¿Qué dijeron los congresistas luego de ver a Betssy Chávez?

Guillermo Bermejo Rojas dijo tras visitar a Betssy Chávez que, “ella se encuentra firme en la lucha por su libertad e inocencia y reitera su pedido de traslado a otro establecimiento penitenciario donde su vida no corra peligro”.

En ese sentido, aseguró que tocarán todas las puertas y realizarán todos los trámites necesarios para que así sea. “Al final de nuestra conversación aceptó levantar su huelga de hambre seca por 48 horas mientras buscamos una justa salida a su demanda”.

El parlamentario exhortó al Ministerio de Justicia y al INPE a qué asuman con responsabilidad y actúen con rapidez en este pedido para ella y otras dos internas que fueron testigos de los maltrataos que le infringieron. “La vida y salud de Betssy Chávez no puede esperar a la burocracia”, concluyó.

“La condición es que el INPE disponga el traslado de ella y de otras internas al penal Virgen de Fátima para salvaguardar sus vidas…la lucha de Betssy es la lucha por la dignidad frente a la corrupción y el autoritarismo”, dijo.

Jaime Quito y Víctor Cutipa también se pronunciaron

Por su parte, Jaime Quito refirió que visitaron a Betssy Chávez por la inhumana situación carcelaria que denunció. “La hemos visitado para constatar su estado de salud y respaldar su justa lucha frente a la farsa judicial que la tiene privada de libertad y que pone en riesgo su vida. Exigimos su inmediata liberación y el cese a la persecución política”.

El congresista Víctor Cutipa, al salir del penal de Chorrillos, dijo que, “hemos intentado conversar con la directora del establecimiento penitenciario sin éxito, pero sí con trabajadores del INPE. En ese sentido, ratificamos nuestra posición de velar por la integridad y los derechos humanos de Betssy Chávez”.

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La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado a niveles inéditos esta semana, tras el despliegue confirmado de tres destructores de guerra estadounidenses en el mar Caribe y la respuesta del presidente Nicolás Maduro, quien anunció la activación de 4.5 millones de milicianos en todo el país. Mientras Washington moviliza tecnología bélica de última generación, Caracas responde con una fuerza civil armada cuya existencia y capacidad operativa son objeto de amplio cuestionamiento.

La administración de Estados Unidos señala al mandatario venezolano de liderar el cartel de Los Soles, que traficaría fentanilo y cocaína al país norteamericano. Como se sabe, en Latinoamérica también es altamente traficada la mezcla de estas dos sustancias, la cual es conocida como “tussy” adjudicada al Tren de Aragua.

“Venezuela se ha convertido en un estado narco-terrorista que sigue colaborando con las FARC y con el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia los cárteles mexicanos, que continúan ingresando a Estados Unidos en volúmenes sin precedentes”, afirmó el nuevo director de la Administración para el Control de Drogas, en Estados Unidos, Terry Cole en diálogos con Fox News.

Los milicianos de Nicolás Maduro frente al poderío bélico de Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de los destructores USS Gravely (DDG-107), USS Jason Dunham (DDG-109) y USS Sampson (DDG-102). Todos estos pertenecientes a la clase Arleigh Burke Flight IIA. Estas embarcaciones están equipadas con el sistema de combate Aegis, una tecnología de radar multifunción capaz de rastrear más de cien objetivos simultáneamente y neutralizar amenazas aéreas, navales y submarinas.

Cada buque cuenta con misiles Tomahawk de largo alcance, misiles Standard SM-2, SM-3 y SM-6 para defensa antiaérea y antimisiles, cañón naval Mark 45 de 127 mm, sistema Phalanx CIWS para protección cercana, misiles antisubmarinos ASROC y capacidad para operar helicópteros MH-60R Seahawk.

La velocidad de cada uno de estos ejemplares de maquinaria bélica supera los 30 nudos y pueden operar de forma independiente o como parte de grupos de ataque. El despliegue incluye además 4,000 marines, un avión espía P-8 Poseidon y al menos un submarino de ataque. 

Estados Unidos ofrece el doble de Osama Bin Laden por Nicolás Maduro

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el 19 de agosto que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas desde Venezuela. En sus palabras, “Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de un cartel de drogas”.

La recompensa por su captura fue elevada a 50 millones de dólares, el doble de la que se ofreció por Osama Bin Laden. La fiscal general Pam Bondi confirmó que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado oficializaron esta medida como parte del Programa de Recompensas contra Narcóticos.

Washington acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles y de colaborar con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa para introducir cocaína mezclada con fentanilo en territorio estadounidense.

¿Realmente existen los más de cuatro millones de la Milicia Bolivariana?

En respuesta, Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos como parte de un “plan de paz” para defender la soberanía nacional. La Milicia Nacional Bolivariana, creada por Hugo Chávez en 2009, es el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Está integrada por funcionarios públicos, civiles simpatizantes del chavismo, sindicatos, oficiales retirados y reservistas.

Aunque el gobierno afirma que hay más de cuatro millones de miembros, no existen registros verificables ni evidencia de entrenamiento militar masivo. Analistas internacionales consideran que se trata de una fuerza simbólica, utilizada más para control social y propaganda que para defensa efectiva.

Maduro ha ordenado su activación en fábricas, centros de trabajo y zonas rurales, con llamados a formar milicias campesinas y obreras armadas con fusiles y misiles. En un acto televisado, el mandatario exclamó: “Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria”.

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Esta madrugada, cuatro exfuncionarios de la gestión del gobernador regional de Piura, Servando García Correa, fueron detenidos, preliminarmente, durante el megaoperativo “Los Sanitarios de la Corrupción”. El caso se ejecutó con un allanamiento que realizó la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR PNP), en coordinación con el Ministerio Público.

La investigación se realiza por las presuntas irregularidades en la construcción del hospital de Huarmaca, donde se habría favorecido a la contratista, con un adelanto de más de 815 mil soles por equipos que no entregó. De esta forma, la Fiscalía inició la investigación por el presunto delito de colusión agravada.

Hospital de Huarmaca que licitó la gestión del exgobernador Servando García Correa.

Los intervenidos en este megaoperativo fueron Saúl Labán Zurita (exgerente de Infraestructura del GORE), Jim Henry Merino Merino (exabogado de la Oficina de Obras), Wilmer Vise Ruiz (exgerente de Infraestructura) y Rodolfo Jiménez Vilcherrez (exdirector de Obras del GORE). Además, la Fiscalía también detuvo a Miriam Elizabeth Acuña Tenorio, que se desempeñaba como gerente general de CONSAC, empresa encargada de la supervisión. Todos permanecerán bajo detención por un plazo de siete días. Todos los involucrados estarán detenidos de forma preliminar por 7 días.

En otras regiones

El operativo también se realizó en otras cuatro regiones del país. En Chiclayo, los detenidos fueron Fernando Arturo Elias Zuloeta, quien se desempeñó como residente de obra; y Diego Jhonatan Quispe Centurión, exjefe Supervisor. En Pasco, se ha detenido a Moisés Benjamín Salazar Quiroz, exresidente de obra.

Estos tres exfuncionarios también fueron detenidos en calidad de investigados por las irregularidades en la licitación pública entre el Consorcio Hospital Piura y el Estado peruano, destinada a la construcción del Centro de Salud de Huarmaca, ubicado en la Provincia de Huancabamba.

El operativo se realizó de manera simultánea en Piura, Chiclayo, Lima, Iquitos y Cerro de Pasco, donde se ejecutó allanamientos a 18 inmuebles vinculados a 13 investigados. La investigación se originó a raíz de una licitación pública entre el Consorcio Hospital Piura y el Estado Peruano, para la construcción de un hospital en la región. El contrato comprendía la elaboración del expediente técnico, la ejecución de obra y la puesta en funcionamiento.

Sin embargo, tras la firma de la Adenda N° 10, el contratista fue favorecido con un pago de más de S/815 mil, por concepto de equipamientos biomédicos que no fueron entregados en la fecha pactada (25 de febrero de 2021). Este hecho motivó el inicio del proceso de investigación por el presunto delito de colusión agravada.

Cabe recordar que la Contraloría también investigó el caso. A través de su informe 107-2023, se identificò a los presuntos implicados que favorecieron a la contratista con el pago de más de 815 mil soles. El periodo de control específico se realizó entre agosto y diciembre del año 2020.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cutivalú Piura

El rector de la Universidad Científica del Perú (UCP), José Napoleón Jara Martel, negó que la casa de estudios vaya a cerrar y afirmó que las publicaciones que indicaban lo contrario son falsas. 

Señaló que la universidad cumple con 80 requisitos para el nuevo licenciamiento y que recientemente recibió la visita presencial de los evaluadores, quienes verificaron la documentación y las instalaciones del campus. 

Jara Martel indicó que actualmente la UCP alberga a unos 200 alumnos, con autorización de funcionamiento hasta agosto de 2026. 

Añadió que una vez obtenido el licenciamiento se planea solicitar autorización para nuevas carreras de pregrado y posgrado, entre ellas Ingeniería Civil, Psicología, Obstetricia, Contabilidad y Educación, asegurando que la universidad continuará ofreciendo formación a la región de Loreto. 

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Pro & Contra

Del 1 al 3 de octubre, Iquitos, en la región de Loreto, será la sede de la Cumbre Amazónica del Agua, un encuentro internacional que reunirá a líderes indígenas, activistas, académicos y políticos de diversas partes del mundo para abordar la crisis hídrica que afecta a la cuenca amazónica.

La cuenca amazónica, que alberga el 20% del agua dulce del planeta, enfrenta graves amenazas debido al cambio climático y a las actividades humanas. La expansión urbana descontrolada, la agricultura industrial, la minería ilegal y la tala de bosques son algunos de los principales factores que están afectando la calidad y cantidad de los recursos hídricos en la región.

Según los organizadores de la cumbre, los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido los primeros en enfrentar las consecuencias de esta crisis, pero también han desarrollado estrategias de resistencia y resiliencia que serán compartidas durante el evento.

Iquitos, un ejemplo de vulnerabilidad

A pesar de estar rodeada por una vasta red de ríos, la ciudad de Iquitos enfrenta serios problemas de acceso a agua potable. Con más del 70% de su población viviendo en zonas urbanas vulnerables a inundaciones, la ciudad enfrenta una infraestructura inadecuada que agrava la situación. Actualmente, menos del 10% de los habitantes de Iquitos tiene acceso a agua potable segura.

La cumbre no solo será un espacio de reflexión, sino también un punto de partida para las negociaciones que llevarán a la COP30. (Foto: Bárbara Fraser)

Además, Loreto desempeña un papel importante en el ciclo hidrológico de la cuenca amazónica. Sin embargo, los proyectos de infraestructura que se están desarrollando en la zona podrían fragmentar los ecosistemas y alterar el equilibrio de los ríos y bosques, afectando aún más el suministro de agua y la biodiversidad.

Agenda y objetivos de la cumbre

Durante los tres días de la cumbre, se llevarán a cabo talleres, análisis participativos y encuentros comunitarios. Los temas principales incluirán el cambio climático, los derechos de los pueblos originarios, la cosmovisión indígena del agua, la seguridad alimentaria y los impactos del extractivismo.

Uno de los objetivos clave de la cumbre es destacar el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, que han vivido en la región durante siglos y tienen una relación única con los ecosistemas amazónicos. Su participación será fundamental para generar propuestas de conservación y gestión sostenible del agua.

Hacia la COP30

La cumbre no solo será un espacio de reflexión, sino también un punto de partida para las negociaciones que llevarán a la COP30. Al final del evento, se leerá y aprobará una declaración que servirá como base para las futuras acciones y compromisos internacionales en torno a la protección del agua en la región amazónica.

Durante los tres días de la cumbre, se llevarán a cabo talleres, análisis participativos y encuentros comunitarios. (Foto: Difusión)

El lema de la cumbre, «Somos agua, somos vida, somos esperanza», refleja el llamado a la acción que los organizadores buscan transmitir a la comunidad internacional: la preservación del agua en la Amazonía es un desafío urgente que requiere una respuesta global.

La Cumbre Amazónica del Agua es organizada por el Vicariato Apostólico de Iquitos, en colaboración con diversas entidades de fe y organizaciones sociales como la REPAM, CAAAP, CEAMA, CELAM, y la Universidad Católica del Perú, entre otras. Estas instituciones, junto con una amplia red de activistas y comunidades locales, han trabajado en conjunto para organizar este evento de relevancia mundial.

*En marzo, un informe reveló que se detectaron hasta 20 dragas mineras ilegales en los ríos Nanay y Mazán, ambos ubicados en Loreto. Conoce más aquí.

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Un informe reciente de la Contraloría General de la República (CGR) revela que la obra del hospital principal de Puquio está paralizada por más de un año, lo cual confirma lo denunciado por el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Lucanas (Fredil); así los indicios apuntan a que esta obra no se puede reanudar por problemas entre el “Consorcio Salud del Centro” (ejecutor de obra) y la empresa “Antonio Sánchez – Horneros Gómez” (elaboró el expediente técnico). Respecto a esta importante obra, valorizada hasta el momento en 337 millones de soles se viene ejecutando en dos etapas, la primera es el “Componente de Contingencia de la Obra” (Hospital de contingencia) y la segunda es el “Componente de Infraestructura y Equipamiento de la Obra” (Hospital Principal de Puquio). 

Es sobre este segundo componente, valorizado en más de 294 millones (S/294 696 625), que la Contraloría advierte que está paralizada por más de 13 meses y es que el 20 de marzo de 2024 el Gobierno Regional de Ayacucho hizo la entrega del terreno de forma parcial al “Consorcio Salud del Centro”, para que ejecute la obra; sin embargo, es en el mes de junio del mismo año cuando saltan las alarmas. Según el cuaderno digital de obra, correspondiente al periodo a partir del mes de marzo hasta el mes junio de 2024, la Contraloría advierte un solo avance físico acumulado del 0.57 %; sin embargo, en el mismo periodo la empresa registra un avance financiero acumulado de 25.90 % el cual equivale a un gasto S/87 550 288,90; es decir se gastó la plata, pero no hay un avance físico ni siquiera del 1 %.

Con este primer indicio; la Contraloría advierte que a cuatro (4) meses de haberse iniciado con la ejecución del Hospital Principal de Puquio, el Gobierno Regional aprobó la suspensión de plazo contractual y teniendo como sustento que “los estudios de mecánica de suelos efectuados por el Consorcio Salud del Centro presentan diferencias sustanciales con el expediente técnico”. Así la obra se paralizó el 10 de julio del 2024 debido a que los Estudios de Mecánica de Suelos del Proyecto Primigenio, realizado durante el año 2021, presentan diferencias sustanciales con los Estudios de Mecánica de Suelos de la empresa ejecutora. 

Demora del consorcio en estudios complementarios

Es así que después de dos meses de haberse suspendido la obra, el residente de obra José Enrique Manrique Ibarcena, y la supervisora María Belén Esquen Hernández estuvieron pidiendo al Consorcio Salud del Centro que realice los estudios complementarios de mecánica de suelo, desde el 6 de setiembre hasta el 15 de octubre del 2024. Sin embargo, este consorcio no realizó estos estudios hasta ocho meses después; así es recién en junio del 2025 cuando el contratista recién hace “los ensayos de campo y análisis de laboratorio correspondiente a las condiciones mecánicas, físicas y químicas del suelo donde se cimentará la edificación” y tras estos estudios concluye que no coincide con el expediente técnico original.

Una vez detectado este problema, la supervisora de obra envió el respectivo documento al Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) el 23 de junio del 2025, señalando que esta entidad debía trasladar esta irregularidad al proyectista de la obra para que dé su respuesta o aclaración. Con esto el GRA cumplió con notificar a la empresa “Antonio Sánchez – Horneros Gómez”, quien elaboró el expediente técnico en el año 2021, dándole el plazo de 2 días para que emita su respuesta; sin embargo, la Contraloría advierte que hasta la fecha de su informe (8 de agosto del 2025), la empresa proyectista no remitió información alguna. 

La Contraloría cuestiona por qué la empresa formuladora del expediente técnico no remite la información requerida a pesar de que la empresa “Antonio Sánchez – Horneros Gómez” es dueña del 50 % del “Consorcio Supervisor Puquio” misma que realiza la “consultoría de obra para la supervisión del componente de infraestructura y equipamiento” de la misma obra del Hospital de Puquio. “Tampoco se evidenció mayores acciones por parte del Gobierno Regional de Ayacucho”, advierte la Contraloría. Es decir, el gobierno de Wilfredo Oscorima “El Wayki” cumplió con realizar el pedido de información al proyectista, pero no hizo más por presionar o exigir que remita a la brevedad posible la información requerida por el contratista. Informe de paralización de obra del Hospital de Puquio (8 de agosto, 2025): https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI533500035&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

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La editorial independiente Achawata fue excluida de la 9° Feria Internacional del Libro de Huancayo (FILH), lo que generó malestar entre escritores, editoriales y miembros de la comunidad cultural. La situación se agravó cuando el historiador y escritor José Carlos Agüero renunció a su participación en el programa oficial.

La feria se realiza en la Plaza Huamanmarca y es organizada por la Municipalidad Provincial de Huancayo, a través del Instituto de la Juventud y Cultura, junto con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín (DDC-Junín) y el Gobierno Regional.

Francisco Curichaoa Vilchez, director del Instituto de la Juventud y Cultura y coorganizador de la feria, señaló que la exclusión de Achawata fue decisión de la DDC-Junín. “Los filtros los pasó la DDC”, dijo a Huanca York Times sobre el retiro de la editorial, que ya había instalado sus libros en los stands. Más temprano en entrevista con Exitosa Huancayo, añadió: “La supervisión y revisión de las editoriales es de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín”.

Aunque Curichaoa evitó calificar la medida como censura, afirmó que la feria debe realizarse “sin exclusión de nadie”.

Desde otro frente, Agüero, autor de ‘Los Rendidos’, anunció en sus redes sociales que cancelaba su presentación en la FILH, programada para el sábado 22 a las 7 p.m. En una carta al Ministerio de Cultura, calificó la medida como discriminatoria y dijo que no podía continuar bajo esas condiciones.

“La exclusión de la Feria del Libro Huancayo organizada por el Ministerio de Cultura representa un acto de discriminación grave. Esta medida afecta a la editorial, la estigmatiza e impacta en su economía, y perjudica también a la comunidad”, escribió Agüero.

El poeta Jorge Frisancho, quien no participa en la feria, también se pronunció y llamó a escritores y editoriales a no guardar silencio. “Tod@s los escritor@s, editoriales y comerciantes que continúen participando en esta edición de la feria se harán cómplices de lo que está ocurriendo con Ediciones Achawata. Es una represalia contra una editorial importante, activa y establecida, con el propósito de dañar sus finanzas y dificultar su supervivencia. Ningún trabajador de la cultura debería permanecer indiferente”, advirtió Frisancho.

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Un crimen se suscitó en la selva puneña. La señora Fortunata Pinto Deza (52) perdió la vida en circunstancias violentas en el centro poblado de Massiapo, distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, Puno.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima fue atropellada por una camioneta y, posteriormente, habría sido abusada sexualmente antes de que su cuerpo fuese arrojado a un canchón descampado. El hecho ocurrió la madrugada del pasado lunes y ha generado indignación en toda la región.

El informe preliminar de la autopsia realizada por peritos del Ministerio Público revela que la mujer no solo sufrió lesiones por el atropello, sino que también presenta signos de violencia sexual. Además, cámaras de seguridad y testigos habrían registrado momentos clave que confirmarían la brutal agresión.

Fuentes locales señalaron que el cuerpo fue encontrado desvestido, lo que reforzó desde un inicio la hipótesis de que la víctima había sido ultrajada.

Detenidos los presuntos responsables

La Policía en Sandia detuvo a Valeriano Mamani (28) y Pedro Chávez (36) como presuntos responsables del crimen. Ambos enfrentan cargos por homicidio culposo y violación sexual.

De comprobarse los hechos, los acusados podrían ser condenados a cadena perpetua. Asimismo, la Fiscalía evalúa incluir delitos adicionales como secuestro o tortura, en caso se determine que la víctima fue privada de su libertad o sometida a tratos crueles antes de su muerte.

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