Violencia sin freno en las calles. Un nuevo ataque armado sacudió el distrito de El Porvenir, en Trujillo, la noche de este viernes 19 de julio. Un hombre identificado como Paul Otiniano Miranda (35) que trabajaba como colectivero fue baleado por sicarios a bordo de una motocicleta. Según las primeras informaciones, la víctima también se desempeñaría como agente de seguridad de eventos, lo que abre nuevas hipótesis sobre el móvil del atentado.

El ataque

El hecho ocurrió en el sector El Plazuela de Víctor Raúl, II Etapa, a pocos metros del colegio Divino Maestro, una zona de alto tránsito peatonal y vehicular. Eran aproximadamente las 8:00 p.m. cuando dos sujetos a bordo de una moto interceptaron el vehículo de transporte perteneciente a la empresa Gran Chimú del distrito de El Porvenir— y abrieron fuego a quemarropa contra el conductor.

La víctima recibió al menos dos impactos de bala en el cuerpo. Fue auxiliado por transeúntes y trasladado de inmediato a un centro médico cercano, donde lamentablemente falleció.

Doble trabajo: seguridad y transporte

Fuentes locales indican que el herido trabajaba de forma paralela como agente de seguridad para eventos sociales en el distrito zapatero. Durante el día, complementaba sus ingresos manejando colectivo en la ruta Gran Chimú, una de las más transitadas de El Porvenir. Esta doble ocupación podría estar relacionada con el atentado.

Investigación en curso

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar del ataque e inició las diligencias correspondientes. De momento, no se ha confirmado si la víctima tenía antecedentes o denuncias previas que podrían esclarecer el móvil del crimen.

Los agentes no descartan que este nuevo ataque forme parte de una cadena de atentados relacionados con mafias de extorsión o sicariato, que desde hace meses han sembrado el terror en sectores como El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora.

Contexto de inseguridad

Este hecho se suma a otros recientes ataques perpetrados por bandas delictivas que operan en Trujillo y sus distritos periféricos. La ciudad norteña atraviesa una alarmante ola de criminalidad, donde los delitos de extorsión, sicariato y cobro de cupos a colectiveros, empresarios y transportistas son pan de cada día.

En las últimas semanas, varias empresas de transporte público —como Salaverry Express— han sido blanco de atentados con armas de fuego, incendios y amenazas directas por parte de grupos como “Los Pulpos” y “Los Pepes”.

Trujillo vive momentos críticos

Los ciudadanos exigen medidas urgentes al Gobierno Central, la Policía Nacional y las autoridades locales para frenar esta escalada de violencia y devolver la seguridad a las calles. Mientras tanto, decenas de choferes y trabajadores informales continúan expuestos a la violencia del crimen organizado.

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Un nuevo caso de extrema violencia contra la mujer en Puno. M.I.L.G., joven madre de 27 años y madre de dos menores de 7 y 3 años, se encuentra en estado crítico en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, tras ser presuntamente agredida brutalmente por su pareja, identificado como Uriel Quispe Flores, actualmente detenido por la Policía.

Según el testimonio de los familiares, la mujer fue estrangulada y arrojada desde el segundo piso de su vivienda en el distrito de Vilque. Fueron los gritos de su hija menor los que alertaron a los vecinos, quienes acudieron a socorrerla y la trasladaron de urgencia al hospital.

El subdirector del nosocomio, Joseph Huenece, informó que la víctima presenta fractura de cráneo con daño cerebral, signos evidentes de estrangulamiento, hematomas en distintas partes del cuerpo y posible compromiso en las extremidades. Actualmente permanece en estado reservado, con una escala de coma entre 11 y 12, a la espera de una evaluación neuroquirúrgica.

Violencia sistemática y amenazas previas

Los hermanos de M.I. aseguran que la joven fue víctima de violencia física y psicológica constante durante los ocho años de convivencia con su agresor. Relatan que en el pasado ya había sido amenazada de muerte, y que la relación estuvo marcada por celos enfermizos, control excesivo y episodios de agresión. Incluso, señalan que había denuncias previas que no fueron atendidas con la urgencia requerida.

“Esto no fue una discusión, fue un intento directo de feminicidio”, declaró su hermana. Los familiares exigen justicia, atención legal y protección para los hijos menores, que han quedado en una situación de total vulnerabilidad.

Fiscalía investiga el caso como intento de feminicidio

El Ministerio Público ha tomado conocimiento del caso e inició una investigación por tentativa de feminicidio, dado el grado de violencia y las evidencias médicas. Mientras tanto, los familiares, que actualmente cubren los gastos médicos por su cuenta debido a que el SIS no cubre completamente los insumos, solicitan apoyo estatal, psicológico y económico para la recuperación de la joven madre y el bienestar de sus hijos.

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El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público confirmó que Juan Alberto Ambolaya Casas (54), gerente de la empresa de mototaxis Modelo New, falleció por asfixia mecánica por aspiración de contenido gástrico. El hecho ocurrió la madrugada del jueves, en inmediaciones del parque Peñaloza, en el distrito de Chilca, Huancayo.

La Policía informó que el cuerpo fue hallado dentro de su mototaxi, con la cabeza recostada hacia la ventana del conductor. Un agente que participó en el levantamiento del cadáver indicó que habría estado ebrio y presumían que se había asfixiado con su propio contenido gástrico, pues en el vehículo había una botella de licor y presentaba marcas en el cuello, como si hubiera intentado salir por la ventana.

Un día después, la necropsia confirmó que murió por asfixia al aspirar contenido gástrico.

Durante la revisión de sus pertenencias se encontró su DNI, pero no su celular ni dinero. La policía presume que pudo haber sido víctima de un robo cuando ya estaba inconsciente.

Ambolaya era conocido en el rubro del transporte. Además de conducir, era dirigente transportista y dirigía la empresa de mototaxis Modelo New, una de las más activas de la zona. Pero estaba marcado por una tragedia reciente.

En enero de 2022, sobrevivió a un accidente en la carretera Central, a la altura del centro poblado Santa Cruz de Pacte, en Jauja. Viajaba en un colectivo que se despistó y volcó. Su esposa, Carmen Cristóbal Trucios (48), dedicada a la confección de calzado, murió en el lugar. Él y su hija, de entonces 9 años, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Domingo Olavegoya.

“Te amo, papito. Gracias por ser mi guía. Ahora estás junto a mi mamita Carmen”, escribieron sus hijos en redes sociales.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso pasó a sesión reservada la sustentación de la denuncia contra los fiscales supremos, luego de que públicamente blindaran a la presidenta Dina Boluarte por las muertes de 40 peruanos en las protestas contra su gobierno.

Cuando el abogado de los Fiscales Supremos, Samuel Abad, iba a solicitar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso que la sesión siguiera siendo pública para que los medios de comunicación pudieran conocer la denuncia sobre sus defendidos, cortaron la transmisión.

Abad Yupanqui, defensa legal de Juan Carlos Villena, Delia Espinoza, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, consideró que, la SAC cometió «una gravísima violación al debido proceso» al impedir que se trate de forma pública la denuncia interpuesta por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú).

Los parlamentarios denunciaron a los fiscales supremos por los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y usurpación de funciones, porque supuestamente, se habrían negado a cumplir la Ley 32130 que otorgó a la Policía Nacional la dirección de la investigación preliminar de los delitos.

Denuncia se inicia con una gravísima violación al debido proceso

Como se sabe, esta Subcomisión la preside la parlamentaria María Acuña (Alianza para el Progreso), quien citó a los fiscales a la audiencia, pero estos presentaron oficios en días previos para informar que no se presentarían y que, en su representación, estaría presente el abogado Samuel Abad.

Tras dar a conocer las excusas de los magistrados, se dio lectura de los artículos del Reglamento del Congreso que detallan que las audiencias sobre denuncias por presuntos delitos son reservadas, a menos que los involucrados estén de acuerdo con que la sesión sea pública. Luego Acuña Peralta, pidió que se retiren todos menos los miembros de la subcomisión y las partes. Pero justo cuando el abogado iba a hacer uso de la palabra, cortaron la transmisión.

Al terminar la sesión, Samuel Abad dijo a los periodistas presentes que hubiera resultado importante que estén presentes para escuchar las razones de la denuncia que «se inicia con una gravísima violación al debido proceso… Cuando el denunciado solicita que el acto sea público, debe ser público», enfatizó.

Como se recuerda, la Ley 32130 se encuentra impugnada en un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque contraviene el artículo de la carta magna que determina que es el Ministerio Público la institución que conduce una investigación desde el inicio.

Blindan nuevamente a Boluarte pero deudos pueden ir al SIDH

Previamente, los congresistas de la SAC archivaron la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y sus exministros, por su presunta responsabilidad frente a los 40 peruanos que murieron en las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 a marzo de 2023.

A la mandataria y a los ministros de entonces, se les acusaba de los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves. El congresista José Jerí (Somos Perú) quien sustentó el informe que recomendaba archivar la denuncia constitucional, dijo que “no hay pruebas suficientes que acrediten fehacientemente la existencia de una ‘conducta típica antijurídica’ por parte de Boluarte Zegarra”.

El abogado de IDL, Carlos Rivera, refirió que la Fiscalía hace un año tiene una investigación potente, que da cuenta de al menos diez acontecimientos en los que se han producido asesinatos. La Fiscalía determina que la presidenta, teniendo perfecto conocimiento e información, no hizo nada a pesar de tener atribuciones legales para impedir el resultado de [estos] acontecimientos, en su tesis.

Opinó que, “sería complicado que el Ministerio Público presente otra denuncia constitucional por este caso ante un nuevo Congreso, dado que debería presentar ‘nueva evidencia’”. Sin embargo, los deudos de los fallecidos pueden acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que podría determinar que la decisión de la subcomisión “enmarca un cuadro de impunidad”.

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Fiscalía investiga a dos detenidos por el robo de 30 mil dólares a adulto mayor cambista, uno de ellos es venezolano. Los delincuentes le dispararon al anciano de 71 años para robarle el dinero con el que trabajaba. El atraco sucedió el jueves 17 de julio, en Arequipa.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa (Segundo Despacho) investiga a dos detenidos presuntamente involucrados en el robo de 30 mil dólares a un cambista, la noche del 17 de julio de 2025, en el distrito de Cerro Colorado.

Uno de los acusados se trata de un ciudadano venezolano, Adrian José Rivero G. Su presunto complice es un peruano Carlos Víctor Espinoza C. Ambos fueron intervenidos la mañana de ayer, viernes 18 de julio, cuando iban a bordo de un vehículo en la calle Malecón Iquique donde se realizó la diligencia de inspección criminalística (IC) con presencia de la fiscal adjunta Marleny Castillo Parisuaña.

El Ministerio Público desde el distrito fiscal de Arequipa, precisa que los peritos de la Policía Nacional del Perú (biólogo y criminalista) acudieron luego de las 14:00 horas debido a que se encontraban en otra diligencia. Lamentablemente, esto provocó la demora en el inicio de la diligencia de Inspección Criminalística en este caso. Asimismo, señala que en el lugar se recabaron casquetes de empresas de taxis, prendas, entre otras evidencias.

Arequipa: Disparan a anciano que se ganaba la vida como cambista, uno de los presuntos atacantes es venezolano

El fiscal provincial Carlos Martínez Díaz dispuso las diligencias urgentes y necesarias en la Unidad Especializada del área de Robos a fin de recabar los elementos de convicción que permitan decidir la situación jurídica de los detenidos y solicitar las medidas restrictivas que correspondan.

El agraviado de 71 años de edad denunció que al promediar las 10:00 de la noche del jueves 17 de julio, fue sorprendido por tres sujetos. Los criminales lo golpearon, y al resistirse al robo del dinero que llevaba recibió dos disparos en la pierna. La víctima fue trasladada por sus familiares al hospital donde fue internado y los médicos evalúan su estado. El hecho violento sucedió en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa.

La esposa de la víctima, se dio cuenta de lo sucedido, por lo que pudo auxiliarlo rápidamente y llevarlo a una posta. Según el testimonio del adulto mayor, es la tercera vez que lo asaltan y serían los mismos delincuentes.

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«Esa teoría de la autoría mediata tiene que probarse»: El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, respalda la recomendación del congresista José Jerí (perfilado como próximo presidente del Congreso) para que se archive denuncia contra Dina Boluarte.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se manifestó sobre la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), de archivar la denuncia contra Dina Boluarte presentada por el ex Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena  para investigar su responsabilidad en los asesinatos de cerca de 50 civiles, incluidos menores de edad, en medio de la represión policial y militar de las protestas en contra de la mandataria.

Pese al rol que debe cumplir la Defensoría del Pueblo respecto a los derechos de la ciudadanía ante posibles abusos de las instituciones, su titular defiende a Dina Boluarte.

El defensor del Pueblo, elegido por el actual Congreso, sostiene que se debe investigar la responsabilidad mediata, pues para su interpretación, la presidenta no estuvo en el lugar de los hechos. Con esto, Josué Gutiérrez minimiza así la responsabilidad que recae en ella, siendo jefa de Estado y jefa de la Policía y las Fuerzas Armadas.

También su interpretación se da pese a que la mandataria no detuvo la represión aun registrándose las ejecuciones de civiles en reiteradas y distintas fechas. Agregado a estos intervalos de tiempo, también sucedieron en varias regiones del país.

«Hay un antecedente jurídico en el Perú sobre la participación mediata en la comisión de delitos, porque indudablemente, ningún ministro y ningún presidente está en el lugar de los hechos. Entonces, esa teoría de la autoría mediata tiene que probarse», Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, en RPP.

Congreso blinda a presidenta una vez más: Defensor del Pueblo responde a favor de Dina Boluarte

Josué Gutiérrez ve favorablemente la recomendación del Congresista José Jeri en la SAC, para archivar la denuncia contra la mandataria. Cabe recordar que José Jerí, de la bancada Somos Perú, a la que han migrado varios legisladores, se perfila como el siguiente presidente del Congreso, y ya ha mostrado varias participaciones afines al Gobierno de Dina Boluarte.

«Cuando dice el congresista Jeri que se siga investigando en el ámbito de carácter penal, hace una distinción que me parece correcta. Porque no puedes imputarle así de manera tan fácil a un presidente por una comisión de delito cuando la misma constitución en el artículo 117 estipula que no es pasible de ninguna investigación y sobre todo de este tipo de delitos», Josué Gutiérrez sobre el archivamiento de denuncia a Dina Boluarte.

Asimismo, el actual titular de la Defensoría del Pueblo, asegura que los comisionados de esa entidad están en seguimiento de los casos pero pone en duda la autoría y los avances fiscales sobre las graves violaciones de derechos humanos que sucedieron de diciembre de 2022 a febrero de 2023.

«Estamos hablando de la determinación de la responsabilidad de quienes han estado en los lugares. […] Primero que los peritos puedan determinar qué tipo de bala ha causado esa lesión grave o la muerte. Eso está encausado en el ámbito penal, de la Fiscalía. Para el caso de los aforados [Dina Boluarte] tiene una investigación a otro nivel, que él o la fiscal de la Nación para la consideración del tipo penal que tenga una consecuencia en el hecho real penal», Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, tratando de limpiar a Dina Boluarte.

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AYACUCHO: En la región sigue en huelga en respaldo a protesta nacional de EsSalud
JUNÍN: Arequipeño cumple en Huancayo dos días encadenado a municipalidad exigiendo pago de S/ 800 mil
LORETO: Una de cada tres niñas es madre
AREQUIPA: Desde Madrid, confirman programación del X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa

PASÓ EN EL PERÚ | Noticiero desde regiones – 18 julio 2025 – Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

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El video PASÓ EN EL PERÚ: Arequipeño se encadena en protesta y Ayacucho acata huelga de EsSalud se publicó en YouTube en este enlace

¿LE AGUARON LA FIESTA? | Un grupo de ciudadanos protestó en Iquitos durante la visita del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, por supuestamente participar en una actividad con militantes de su partido, Alianza para el Progreso, en el marco de una agenda oficial.

Los manifestantes se concentraron frente al hotel donde se hospedaba para expresar su rechazo tanto a Acuña como al exgobernador de Loreto, Fernando Meléndez. «Querido pueblo, no podemos elegir a personas que cargan mucha corrupción en sus espaldas», afirmó uno de los manifestantes.

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El video «CORRUPCIÓN COMO CANCHA» | César Acuña recibió rechazo en Iquitos por presunta actividad partidaria se publicó en YouTube en este enlace

La reciente aprobación de la Ley de Amnistía por el Congreso peruano ha provocado indignación en todo el país. No solo por su contenido, sino por lo que representa: un intento de borrar con una firma décadas de lucha por la verdad, la justicia y la reparación.

Durante una entrevista emitida por medios regionales de Ayacucho y Puno, los abogados Víctor Álvarez, de la organización DEMUS, y David Velasco, de la Coordinadora de Derechos Humanos, ofrecieron un análisis legal y humano sobre esta controvertida norma. Ambos fueron tajantes: esta ley es inconstitucional, ilegal y profundamente inmoral.

El abogado Víctor Álvarez fue claro: esta ley no solo vulnera la Constitución peruana, también contradice los tratados internacionales firmados por el Perú. “Es una ley que insulta la memoria de las víctimas. Viola el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el principio de no repetición”, señaló. Según su análisis, no se trata de una medida general, sino una norma con nombre propio. Apunta a liberar a miembros de las fuerzas del orden condenados por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.

Uno de los casos más representativos es el de Manta, donde niñas entre 15 y 17 años fueron víctimas de violación sexual sistemática por militares en bases contrasubversivas entre 1984 y 1990. DEMUS, organización que representa a las víctimas, ha luchado por años para que este caso llegue a la Corte Suprema. Sin embargo, el proceso enfrenta nuevos obstáculos desde la aprobación de esta ley. “Podría aplicarse también en este caso. Sería un escándalo de impunidad”, advirtió Álvarez.

La periodista Marlene Paredes preguntó si la edad de los responsables, como sostiene la ley, debería exonerarlos. La respuesta fue tajante: no. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ni la vejez borra las culpas. Esta norma, además, no se limita al pasado. Según Álvarez, también podría usarse para favorecer a quienes participaron en las recientes masacres durante el gobierno de Dina Boluarte, como los casos en Puno.

Por su parte, el abogado David Velasco fue más allá. Explicó que el Perú, como firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está obligado a acatar las resoluciones de la Corte IDH. Sin embargo, denunció que este gobierno “es el primero en desacatar abiertamente esos compromisos”. Esto, afirma, convierte al Perú en un Estado paria, comparable con regímenes como el de Nicaragua o Venezuela.

Velasco calificó de “falsa” la idea de que esta ley tenga carácter humanitario. Recordó que las verdaderas víctimas siguen esperando justicia, muchas veces sin siquiera recuperar los restos de sus familiares. “No hay conciliación posible sin verdad ni justicia”, sentenció.

La norma —identificada como proyecto de ley 7549— ha sido impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi, quien afirma que alcanzará a unos mil efectivos. Sin embargo, los especialistas sostienen que el número real de beneficiados sería mucho mayor, dada la ambigüedad del texto.

Ambos abogados señalaron que la única vía para impedir su aplicación será el poder judicial. Cada juez deberá rechazar su uso caso por caso, tal como sucedió en 1995 con una ley similar, también declarada inaplicable por su inconstitucionalidad. La esperanza, dicen, está en los jueces valientes y probos, así como en las organizaciones internacionales.

Mientras tanto, las víctimas siguen esperando. Esperan justicia. Esperan que su país no las olvide. Esperan que no se repita la historia. Esta ley, más que una página en el diario oficial, es una herida que no cierra.

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Mientras Arequipa se consolida como eje de energías renovables con la reciente inauguración de la Central Solar San Martín, un ambicioso proyecto de hidrógeno verde en Pájaro Bobo enfrenta un obstáculo legal por la disputa de 10 mil 400 hectáreas, clave para su desarrollo.

El consorcio Inversiones Signus, liderado por Claudio Gazzolo, planea invertir US$ 11 mil 500 millones en un complejo para producir hidrógeno verde, combustible limpio que solo emite agua, aprovechando la alta radiación solar de La Pampa. Sin embargo, el avance está paralizado por un litigio con el anterior propietario de los terrenos. Este ganó un amparo en 2012 para anular la inscripción de Autodema en Sunarp.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de Signus en 2023, ordenando ejecutar la sentencia original. Pero el juzgado local no ha realizado los trámites. Gazzolo critica que hayan pasado 10 años y no se haga efectiva dicha sentencia firme. Se anunció que acudirá al 2do Juzgado Constitucional de Arequipa para exigir la cancelación de la partida registral conflictiva.

Arequipa, polo de energías limpias

El proyecto busca posicionar al sur peruano como productor de hidrógeno verde, demandado por la industria automotriz global. Paralelamente, la Central Solar San Martín ya genera 830 GWh/año (equivalente al consumo de 440 mil hogares).

Otro adicional a favor del medio ambiente es que evita 167 mil toneladas de CO₂ anuales, según el Ministerio de Energía y Minas.

Gazzolo enfatizó que el Estado de derecho es crucial para atraer capitales. Además, reiteró que los privados necesitan seguridad jurídica. Mientras, el gobierno promueve más proyectos renovables, como parte de su plan al 2040 para descarbonizar la matriz energética.

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Pasó en el Perú | Ayacucho. Los trabajadores de EsSalud en Ayacucho cumplen hoy su tercer día consecutivo de huelga indefinida, en respaldo a la medida nacional convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores (CUT). El personal asistencial y administrativo volvió a salir a las calles denunciando la crisis del sistema y exigiendo atención inmediata a sus demandas.

Según Maricia Espinoza Ramos, secretaria general de la CUT EsSalud Ayacucho, la medida busca visibilizar el deterioro de la atención médica y la falta de autonomía institucional. “Pedimos que se respete la gestión propia de EsSalud, sin injerencias políticas, y que se garantice el abastecimiento de medicamentos y mejoras reales en infraestructura”, declaró.

La dirigente también alertó sobre el presunto copamiento de cargos por parte de representantes políticos sin el perfil técnico necesario. “En Ayacucho, la designación de funcionarios ligados a APP está generando ineficiencia y perjudicando a los asegurados”, denunció. Esta situación, aseguran, es un reflejo de la crisis nacional que atraviesa el Seguro Social.

La huelga continuará de forma indefinida hasta que el Gobierno responda al pliego nacional, que incluye el respeto a la negociación colectiva, el fortalecimiento del servicio y condiciones laborales dignas. “Esta lucha también es por los 13 millones de asegurados del país. No se puede hablar de salud sin dignidad”, concluyó Espinoza. Jornada.

Junín: Arequipeño cumple en Huancayo dos días encadenado a municipalidad exigiendo pago de S/ 800 mil

Pasó en el Perú | Junín. Fredy Coarita Coarita, empresario arequipeño, cumple su segundo día de huelga de hambre encadenado a la puerta de la Municipalidad Distrital de El Tambo, en Huancayo, exigiendo el pago de una deuda de casi 800 mil soles por la entrega de instrumentos musicales a instituciones educativas del distrito.

El proveedor acusó al alcalde Julio César Llallico de burlarse de su protesta y buscar de que su caso se judicialice para no pagarle. “Voy a quedarme hasta que me paguen”, aseguró Coarita.

El empresario cuestionó que el municipio cite una resolución emitida en enero de 2025 como sustento para no pagarle, cuando Ministerio de Economía exige que todo lo devengado al 31 de diciembre de 2024 se pague a más tardar en enero.

Coarita firmó una conciliación con la municipalidad en febrero de 2025, pero aun así la entidad no le paga. Pero el alcalde ya entregó los instrumentos musicales a las escuelas, se tomó fotos, grabo videos y recibió agradecimientos, informó Huanca York Times.

Loreto: Una de cada tres niñas es madre

Pasó en el Perú | Loreto. El ginecólogo Javier Vásquez, decano de la Facultad de Medicina de la UNAP, advirtió que el 30% de los embarazos en Loreto corresponden a adolescentes, una cifra tres veces superior al promedio nacional.

Explicó que esta situación se mantiene sin cambios desde hace décadas debido a la falta de una estrategia articulada entre los sectores de salud, educación y economía. “No hay políticas sostenidas ni inversión suficiente”, precisó.

Vásquez indicó que la implementación de educación sexual en el currículo escolar es fundamental, así como el fortalecimiento de consultorios de atención para adolescentes, que operan sin equipos ni personal suficiente.

Agregó que también se debe incluir a los padres en procesos formativos y a las comunidades, donde muchas veces se normaliza el embarazo adolescente por razones económicas.

“Si el Estado no toma esto como un problema social urgente, no habrá cambios reales”, sentenció, informó ProyContra.

Arequipa: Desde Madrid confirman programación del X Congreso Internacional de la Lengua Española

Pasó en el Perú | Arequipa. Del 14 al 17 de octubre, Arequipa será sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que reunirá a expertos de todo el mundo para debatir sobre tres ejes centrales: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesibilidad, y culturas digitales e inteligencia artificial.

El evento contará con la presencia del Rey Felipe VI y de la presidenta del Perú en la sesión inaugural. La programación incluye ponencias generales, mesas de diálogo y más de 40 paneles simultáneos sobre temas como el impacto del quechua en el español andino, el lenguaje claro en la administración pública, y el rol de la inteligencia artificial en la comunicación y la enseñanza.

También se presentarán proyectos de la RAE, el Instituto Cervantes y la Academia Peruana de la Lengua. Arequipa se convierte así en el epicentro de una reflexión global sobre el futuro del idioma español, informó El Búho.

“Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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Como parte del esfuerzo sostenido para proteger los ecosistemas amazónicos, se realizó un sobrevuelo de control y vigilancia en la concesión de conservación N.° 16-LOR-PUT/CON-CON-2024-001, ubicada entre las provincias de Putumayo y Ramón Castilla, frontera noreste de la región.

La actividad contó con el acompañamiento técnico del Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre (Gerfor), junto a representantes de OSINFOR y SERFOR, quienes verificaron in situ el estado de conservación del área y la ausencia de actividades ilícitas.

Participaron en el recorrido aéreo el especialista forestal de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Putumayo, Ing. Sócrates Homero Boraño Pacaya; la Blga. Norith Guevara Vela, especialista de la Asociación Ayuda para Vida Silvestre Amenazada – Sociedad Zoológica de Francfort; y el Ing. Jesús Alberto Flores Aquino, coordinador de la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR.

Durante el sobrevuelo se inspeccionaron puntos estratégicos establecidos mediante coordenadas UTM Zona 19 Sur, documentando con registros fotográficos que no se evidencian amenazas ni alteraciones al paisaje natural, conformado principalmente por bosques de colina baja y aguajales.

El Gobierno Regional de Loreto, a través de Gerfor, reafirma su trabajo para combatir la criminalidad ambiental, fortalecer la gobernanza y consolidar acciones de conservación de ecosistemas y protección de especies en la Amazonía.

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En el barrio de Belén Bajo, en Ayacucho, la construcción de una obra pública se había convertido en un escenario de temor constante. Ingenieros y obreros no solo lidiaban con el cemento y el asfalto, sino con algo mucho más amenazante: la intimidación de dos sujetos que llegaban no a trabajar, sino a imponer el miedo. 

La obra de “Creación de servicios de movilidad urbana” había quedado prácticamente paralizada por la presión criminal de quienes exigían cupos de trabajo a cambio de no causar daño. Agentes del Grupo 01 de la Sección de Investigación Criminal (SEINCRI) de la Comisaría PNP Ayacucho, lograron la captura de Rene Elmer Acasio Mendoza (33) y Erick Poma Miranda (29) señalados como los integrantes de la banda “Los apretadores de Belén”, acusados de cometer presunta extorsión contra los trabajadores de la mencionada obra. Según las denuncias, los sujetos amenazaban a los ingenieros y obreros con agredirlos con un martillo, si no se les otorgaban cupos laborales. Las amenazas incluían incluso muerte, generando un clima de terror que afectaba directamente el avance de los trabajos.

“Ya no podíamos trabajar tranquilos. Nos tenían amenazados. Decían que si no les dábamos algo, nos iba a ir mal”, relató uno de los obreros afectados, cuyo nombre se mantiene en reserva por temor a represalias.

La intervención policial fue rápida, pero resultado de un seguimiento minucioso. Luego de recibir la denuncia formal, los agentes organizaron un operativo que permitió capturar a los sospechosos en flagrancia. Ahora, ambos se encuentran a disposición de la DEPINCRI – DIVINCRI Ayacucho, mientras continúan las investigaciones. Las autoridades no descartan que “Los apretadores de Belén” hayan operado desde hace tiempo ni que sean los únicos involucrados. Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa un problema conocido, pero poco abordado: las mafias que operan en el rubro de la construcción civil, exigiendo cupos a punta de amenazas y violencia. Mientras tanto, la obra retoma poco a poco su ritmo, aunque los trabajadores aún sienten el eco de la amenaza. La caída de estos presuntos extorsionadores representa un golpe importante contra el crimen organizado, pero también deja en evidencia una realidad que aún está lejos de erradicarse.

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Organizaciones de Puno y varias regiones se preparan para una gran marcha nacional a Lima este 26 de julio, ellos exigen la renuncia del gobierno actual y el cierre del Congreso, acusándolos de socavar libertades. Este movimiento busca unificar las luchas contra una dictadura.

Lucio Callo Callata, presidente del Comité Colegiado de las 13 provincias de Puno, lidera esta movilización enfatizando la importancia de esta jornada para el pueblo peruano, el cual exige respuestas ante la crisis creciente del país.

La crisis actual es insoportable para la población, según Callo Callata quien manifiesta cómo el gobierno y el Congreso estarían maltratando los derechos y libertades democráticas por lo cual la ciudadanía busca poner fin a esta situación.

El pueblo peruano enfrenta un periodo de terror, según el dirigente quien afirma que las instituciones del Estado están siendo descubiertas en su afán de controlar todo por lo cual Callo Callata considera que ya no existe una verdadera democracia ni separación de poderes.

Numerosas organizaciones nacionales se sumaron a la convocatoria realizada. Gremios de transportistas, sindicatos, y colectivos de Lima participan activamente, además de representantes de Cusco, Ancash, La Libertad, Ayacucho y Ucayali respaldan la marcha.

La gran marcha está programada para los días 26, 27 y 28 de julio, motivo por el cual El Comité Colegiado invita a más organizaciones sociales buscando articular esta jornada de protesta contra lo que llaman una dictadura en el país.

El Comité Colegiado realizará una asamblea regional este sábado 19 de julio en la Casa del Maestro de Puno por lo cual se invita a todas las organizaciones para unificar aún más las demandas y estrategias a realizar.

Lucio Callo Callata reitera la necesidad de que el pueblo puneño alce su voz unido enfatizando la importancia de no quedarse de brazos cruzados ante la injusticia social.

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El gas natural de Cusco sigue esperando bajo suelo y las autoridades aún no presentan un cronograma del Lote 58 que permita planificar su puesta en marcha. Vladimir Luna Valle, director de Economía de la Cámara de Comercio de Cusco, advirtió que sin fechas claras, la región no podrá aprovechar esta oportunidad económica.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que el proyecto del Lote 58 arrancaría en marzo de 2026. Sin embargo, Luna Valle considera insuficiente ese anuncio y exige información detallada y pública. Asimismo, dice la región Cusco necesita saber exactamente cuándo comenzarán las operaciones y cuándo empezará la producción.

“La explotación del lote es importante, han pasado 20 años desde que ese lote ha sido concesionado”, señaló. El especialista comparó este retraso con los ingresos que sí producen los Lotes 88, 56 y 57, también ubicados en la región.

Según Luna Valle, la inversión inicial prevista para el Lote 58 supera los US$4 mil millones. Considera que ese dinero puede generar miles de empleos directos e indirectos. En plena desaceleración económica, la explotación de gas representa un motor urgente de desarrollo regional.

El cronograma del Lote 58 es clave para Cusco

El economista remarcó que Cusco atraviesa una etapa de estancamiento. Cree que el proyecto energético podría reactivar sectores como construcción, servicios y comercio.
Además, señaló que los ingresos por regalías permitirían mejorar hospitales, colegios e infraestructura básica.

“Se tiene proyectado que la inversión para el inicio de este proyecto es de US$4 mil millones, que son claves para el desarrollo de la generación de empleo y el dinamismo económico de la región en un contexto de decrecimiento”, señaló.

Luna Valle advirtió que la falta de transparencia podría generar desconfianza en la población. Por eso, propuso que el contrato con la empresa CNPC se haga público y se socialice con la sociedad civil.

Pidió que las autoridades del gobierno regional asuman el liderazgo del proceso. Dijo que el gobernador, Werner Salcedo, debe convocar a todos los sectores para exigir al Ejecutivo plazos concretos. ““Cusco no puede esperar más”, afirmó.

Finalmente, subrayó que la empresa estatal y las entidades reguladoras deben comunicar con claridad todos los hitos del proceso. Cusco, remarcó, no puede permitirse más dilaciones ni mensajes ambiguos sobre el cronograma del Lote 58.

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En una jornada trascendental para la Amazonía y la acción climática global, el gobierno peruano suscribió dos convenios históricos que consolidan la alianza entre el Estado y los pueblos indígenas para la protección de los bosques y la vida.

La ceremonia, realizada el 17 de julio en Ginebra, Suiza, reunió al ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro; al jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), José Carlos Nieto; y a los presidentes de las principales organizaciones indígenas del país: Jorge Pérez, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep); Oseas Barbarán, de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap); y Fermín Chimatani, de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas Comunales del Perú (Anecap).

También participaron el director de la Dirección de Recursos Internacionales y Sostenibilidad (DRIS), Renato Ríos, y representantes de la empresa Mercuria, entre ellos su CEO, Marco Dunand; Enric Arderiu, Global Head of Environmental Products; y Nick Lawson, Head of Strategy Low Carbon.

Un modelo innovador para la conservación global

El primer convenio, de cooperación interinstitucional, fue suscrito entre el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Grupo Perú de Pueblos Indígenas, conformado por Aidesep, CONAP y Anecap. Este acuerdo sienta las bases para la implementación del Programa REDD+ Indígena Jurisdiccional HFLD (High Forest, Low Deforestation), una iniciativa pionera a nivel mundial.

Este programa, que operará bajo el exigente estándar internacional TREES de ART, busca desarrollar una estrategia climática que no solo sea efectiva, sino que esté profundamente arraigada en los conocimientos ancestrales y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Abarcará aproximadamente 7 millones de hectáreas en las regiones de Loreto, Amazonas y Ucayali, de las cuales el 91% corresponde a 923 Comunidades Nativas y el 9% a cinco Reservas Comunales.

Alianza estratégica con inversión privada

El segundo convenio, igualmente significativo, se firmó entre el Grupo Perú de Pueblos Indígenas y la empresa Mercuria, un actor clave en el mercado de productos ambientales. Mercuria se compromete a invertir directamente en la implementación de este innovador programa, reconociendo el valor intrínseco de la conservación y el manejo forestal sostenible liderado por las comunidades.

«Durante años, hemos sostenido que no se puede hablar de soluciones climáticas sin los pueblos indígenas. Este convenio representa una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades para la gobernanza indígena, impulsar la vigilancia territorial, y canalizar recursos climáticos de manera directa, justa y transparente», afirmó el apu Jorge Pérez, presidente de Aidesep, destacando el carácter transformador de la alianza.

Por su parte, Fermín Chimatani, presidente de Anecap, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre pueblos indígenas, el Estado y el sector privado: “La unión de los pueblos indígenas, a través del Grupo Perú: Aidesep, CONAP y Anecap, en trabajo conjunto con el Minam y el sector privado, mediante Mercurian Trading y el mecanismo Silvania, permite establecer una alianza estratégica para la conservación y el uso sostenible de los bosques. Esta alianza busca beneficiar a los pueblos indígenas de la Amazonía en zonas HFLD, con alta cobertura forestal y baja deforestación, mejorando su calidad de vida»

Reconocimiento internacional y compromiso climático del Perú

El Programa REDD+ Indígena Jurisdiccional HFLD es un modelo sin precedentes a nivel global, que realza la colaboración entre el Estado y los pueblos indígenas. Ya ha recibido el prestigioso Premio de Impacto Climático ACR 2025 por su enfoque innovador, un testimonio del liderazgo peruano en la acción climática basada en el reconocimiento de los esfuerzos de las comunidades en la conservación de uno de los mayores stocks de carbono del mundo.

Esta iniciativa no solo busca contribuir a la conservación de la Amazonía peruana, uno de los mayores reservorios de carbono y biodiversidad del planeta, sino también reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y generar créditos de carbono bajo un esquema transparente y beneficioso. Su implementación fortalecerá la gobernanza indígena y reafirma el papel insustituible de las comunidades en la preservación de los bosques.

Este logro en Ginebra subraya el compromiso del Perú con sus metas de mitigación en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), y la importancia de trabajar de la mano con las organizaciones indígenas para desarrollar estrategias innovadoras que protejan los ecosistemas, mitiguen los efectos del cambio climático y fomenten una prosperidad compartida y sostenible para las futuras generaciones.

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En un pronunciamiento enérgico y directo, el administrador municipal de Alto Trujillo, Joseph Cubas Tejada, acusó públicamente a la empresa de saneamiento Sedalib S.A. de haber mentido a su distrito y de discriminar sistemáticamente a los más de 60 mil altotrujillanos que aún no cuentan con acceso regular al servicio de agua potable.

La denuncia fue emitida luego de que, según Cubas, Sedalib no asistiera nuevamente a la mesa técnica convocada por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), donde se discutiría la distribución del incremento de agua proveniente de la ampliación de la planta de tratamiento de Chavimochic.

“Sedalib nos ha mentido. En la reunión convocada por el propio presidente de Sedalib, Percy Rosario Martel, se reveló que el aumento de agua que llegará a la Cámara de Bombeo de Florencia de Mora será destinado principalmente a Trujillo y sus urbanizaciones, debido a exigencias de la SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento). Esto es una clara exclusión hacia nuestro distrito, que continúa esperando una solución real para el acceso al agua”, manifestó indignado.

Cubas expresó su rechazo a la posición de Sedalib, calificando su accionar como una «discriminación directa» contra los sectores más vulnerables del nuevo distrito de Alto Trujillo, donde más de 60 mil habitantes enfrentan condiciones críticas por la falta de este recurso esencial.

Denuncian favoritismo hacia sectores que ya cuentan con el servicio

Según el funcionario edil, la empresa estaría priorizando a zonas que ya cuentan con agua potable, mientras se ignora la necesidad urgente de sectores históricamente olvidados como Alto Trujillo. Cubas cuestionó la salida que propone Sedalib: la construcción de pozos tubulares para el distrito, una alternativa que, según explicó, resulta más costosa e ineficiente debido a la altitud geográfica de la zona.

“Lo lógico sería que Sedalib construya pozos en Trujillo, que tiene un nivel más bajo y menos complicaciones técnicas, y desde la cámara de bombeo de Florencia de Mora, se bombee agua hasta Alto Trujillo, que está a solo 200 metros de distancia. Pero no hay voluntad. Prefieren postergarnos otra vez”, criticó.

Acusa a Sedalib de omitir decreto que garantiza el derecho al agua

El administrador municipal también acusó a Sedalib de incurrir en una omisión al Decreto Legislativo N.° 1280, que regula los servicios de agua potable y saneamiento en el país. Este marco legal establece que el servicio debe garantizarse de forma universal, equitativa y sostenible, sin discriminación por zonas geográficas o niveles socioeconómicos.

“Este decreto tiene como objetivo cerrar las brechas de acceso a los servicios básicos. Sin embargo, Sedalib está haciendo todo lo contrario: privilegia a quienes ya tienen agua y margina a quienes más lo necesitan. Esto no solo es inmoral, es ilegal”, subrayó.

Cubas también advirtió que si no se encuentra una solución inmediata, las autoridades distritales no descartan tomar medidas más drásticas, como movilizaciones vecinales o denuncias formales ante las instancias correspondientes.

Exigen acción concreta y voluntad política

Finalmente, el funcionario llamó a la reflexión a las autoridades de Sedalib y a los organismos de regulación como SUNASS, exigiendo acciones concretas y voluntad política para garantizar el derecho al agua para todos los ciudadanos, sin distinción.

“Alto Trujillo ya no puede seguir esperando. El acceso al agua es un derecho humano. Lo que exigimos es justo y está enmarcado en la ley. No vamos a quedarnos callados”, concluyó.

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Durante su reciente visita a la ciudad de Juliaca, el viceministro de Seguridad Pública, Luis Fernando Reátegui, generó controversia al restar importancia a las investigaciones en curso contra agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región de Puno.

El funcionario del Ministerio del Interior señaló que los procesos que enfrentan algunos efectivos «no condicionan ni definen el accionar institucional», minimizando el impacto de estas denuncias en la evaluación del desempeño policial.

No obstante, Reátegui aseguró que las investigaciones seguirán su curso, particularmente en los casos de cuatro agentes recientemente liberados por orden del Ministerio Público. Asimismo, anunció que se elaborará una lista actualizada con los nombres de policías que se encuentran bajo indagación en todo el ámbito regional.

En medio de su intervención, hizo un llamado a la unidad ciudadana para restablecer la confianza en las fuerzas del orden, en un contexto marcado por críticas hacia la PNP por presuntos abusos durante operativos y protestas sociales.

El pronunciamiento del viceministro ha sido cuestionado por diversas organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos, que exigen al Estado mayor transparencia, procesos sancionadores efectivos y justicia para las víctimas de presuntas vulneraciones cometidas por efectivos policiales.

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Fredy Coarita Coarita, proveedor de instrumentos musicales para escuelas del distrito de El Tambo, cumple su segundo día en huelga de hambre, encadenado a la puerta principal de esta Municipalidad Distrital, en protesta por el incumplimiento del pago de cerca de 800 mil soles.

Coarita, indignado, acusó al alcalde, Julio César Llallico, de burlarse de su situación en un comunicado en las redes sociales institucionales. “No se está burlando solo de mí, sino de la gente que me apoya. ¿Qué le pasa al señor?”, reclamó y sostuvo que inicialmente creyó que el alcalde estaba siendo mal asesorado, pero ahora está convencido de que él mismo avala la idea de que su caso se judicialice para evitar el pago de la deuda.

El empresario criticó que la Municipalidad cite como sustento Resolución de Alcaldía N.º 017-2025-MDT/A, emitida el 27 de enero de 2025, cuando, asegura, según el marco presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), todo lo devengado hasta el 31 de diciembre de 2024 debía pagarse a más tardar en enero. También denunció que el municipio emitió resoluciones sin notificarlo, cuando el pago ya estaba en Tesorería.

Según Coarita, el contrato superó todas las etapas previas (actos preparatorios y selección) y llegó a la fase de ejecución contractual, con la respectiva entrega de instrumentos, incluso con presencia de funcionarios. Al entregarlo a las escuelas y colegios, el alcalde Llallico se tomó fotos, grabó videos y recibió agradecimientos.

“¿Por qué se tomaron fotos, grabaron videos y entregaron los instrumentos si supuestamente había una nulidad del contrato? ¿Por qué no recogieron los instrumentos?”, reclamó el proveedor

Aun así, el proveedor recordó que luego del conflicto, llegó a una conciliación aprobada por el procurador de la Municipalidad que tiene carácter de cosa juzgada, en febrero de 2025, y pese a ello, la entidad incumplió con pagarle.

“Voy a cumplir mi palabra. Aquí me quedo, hasta que me paguen. Sé que el sábado y domingo no trabajan, pero aquí estaré», dijo Coarita, ciudadano arequipeño que proveyó 600 instrumentos musicales para las instituciones educativas de El Tambo, los cuales fueron entregados a los usuarios finales por el alcalde Julio César Llallico. 

Este viernes, la municipalidad emitió un comunicado en el cual deja entrever que no le pagará al proveedor. «Es preciso destacar que dicha resolución [la que anula el proceso de selección] no fue recurrida en sede administrativa ni judicial, encontrándose actualmente consentida y firme», señala, pero guarda silencio sobre la conciliación al que arribó con el proveedor para asumir la deuda.

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– El negocio de Porky y su campaña electoral
– Repudio a Dina Boluarte ya es inocultable, pero ella pide Unidad
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