Como resultado de una auditoría al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan, la Contraloría General de la República evidenció que un grupo de Centros de Emergencia Mujer (CEM) en las regiones de Amazonas y San Martín NO llevaron a cabo las acciones necesarias para la atención integral a menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual (violación sexual). Lo advertido por la Contraloría se traduce a que estos funcionarios del Ministerio de la Mujer incumplieron el objetivo de dar apoyo a las menores afectadas. 

Los Centro de Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos especializados, interdisciplinarios y gratuitos, parte del Ministerio de la Mujer. Actualmente, esta cartera está bajo la dirección de Fanny Esther Montellanos Carbajal. Tal vez, en lugar de justificar el doble sueldo de Dina Boluarte, así como los viajes de la mandataria al extranjero, la ministra de la Mujer tome cartas en el asunto con esta alerta de la Contraloría. Cabe resaltar que la atención de las niñas perjudicadas, encima de proceder de sectores vulnerables, es una de las competencias de la actual ministra.

Niñas olvidadas por el Gobierno: ¿Dónde estuvieron las Ministras de la Mujer que colocó Dina Boluarte?

Asimismo, los CEM deben brindar atención integral para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Teniendo en cuenta que la violencia es un problema complejo y multicausal se requiere de un equipo interdisciplinario conformado por psicólogo/a, trabajador/a social y abogado/a, a fin de responder de manera integral a las necesidades del público usuario. Esta última información es sostenida por la Contraloría.

De acuerdo al Informe de Auditoría N° 011-2025-2-3901-AC, cuyo período de evaluación fue del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, en las gestiones de las ministras Nancy Tolentino y Ángela Hernández Cajo, del gobierno de Dina Boluarte, se ha podido determinar que los CEM Chachapoyas y Condorcanqui del departamento de Amazonas y los CEM Bellavista, Comisaría Juanjui, Lamas, Moyobamba y Tarapoto del departamento de San Martín, no llevaron a cabo las acciones necesarias para la atención de las víctimas.

Contraloría: Funcionarios habrían perjudicado 35 casos con niñas víctimas de violencia sexual

La auditoría de Contraloría identificó un total de 35 casos que no recibieron atención oportuna de los CEM. Uno de la treintena de casos corresponde al CEM Chachapoyas. Otros 25 proceden del CEM Condorcanqui. Además, otros cuatro casos son del CEM Bellavista. A esta lista de abandono del Gobierno a las niñas más vulnerables, también pertenece un caso del CEM Comisaría Juanjui. Asimismo, registran uno del CEM Lamas, dos del CEM Moyobamba y uno del CEM Tarapoto.

Los menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual tenían entre cinco y 16 años de edad. El Gobierno volvió a fallarle a estas niñas y niños.

Información de la Contraloría brindada a la prensa, señala que la comisión de control pudo evidenciar, luego de la revisión de documentos materia de análisis, 18 casos con ausencia de Planes de Atención Integral (conjunto de acciones coordinadas que el equipo interdisciplinario debe diseñar y aplicar según el nivel de riesgo de cada caso) que sean idóneos, 16 casos con ausencia de planes de seguridad (acciones orientadas a prevenir un evento de violencia y/o a asegurar la integridad de la persona usuaria del CEM), y cinco casos donde no se realizaron valoraciones apropiadas de las redes familiares o sociales.

Contraloría: 19 niñas y niños víctimas de violencia no tuvieron acceso a kits de emergencia para evitar contagios

También se verificó la falta de derivaciones en 19 casos para que las usuarias reciban terapia psicológica y/o acceso al Kit de Emergencia. La contraloría también identificó tres casos donde no se realizó la derivación a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), ya que el presunto hecho de violencia sexual fue cometido por personal de una institución educativa.

En otros seis casos se detectó la falta de derivación a las instancias pertinentes como los juzgados, DEMUNA y/o la Unidades de Protección Especial – UPE por la presunta desprotección o riesgo de desprotección para que se evalúe iniciar el procedimiento y actuaciones por desprotección familiar.

Asimismo, se pudo comprobar un caso donde los equipos de atención del CEM no realizaron acciones que conduzcan a la presentación de la denuncia correspondiente ante las instancias pertinentes. A ese se añaden nueve (9) casos con ausencia del acompañamiento del psicojurídico y la solicitud de las medidas de protección para las víctimas de violencia sexual, o en su defecto no se solicitaron nuevas medidas ante resoluciones denegatorias de las solicitudes de medidas de protección. 

Así también, se evidenciaron 20 casos en los que los profesionales a cargo del servicio legal del CEM, no se apersonaron ante los operadores de justicia (Fiscalía y Juzgados), a fin de contribuir con las acciones para el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual.

16 de los 23 servidores púbicos que habrían afectado la atención de niñas, siguen en funciones, alerta la Contraloría

A su vez, se advirtió que tampoco se realizaron acciones de seguimiento operativo (33 casos), seguimiento administrativo (35 casos) y evaluación de los casos cada tres meses (35 casos), que hubieran permitido identificar las deficiencias y corregir las situaciones detectadas.

Estos hechos afectaron la finalidad del programa Warmi Ñan de contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las usuarias afectadas por hechos de violencia sexual, así como poner en riesgo el desarrollo evolutivo de las niñas y adolescentes afectados al no contribuir en reducir las consecuencias físicas, emocionales y conductuales que requieren un nivel de soporte apropiado, limitando el acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud, jurídicos y sociales que coadyuven a la protección de su integridad personal y la reposición de su bienestar.

La auditoría de Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa por estos hechos en un total de 23 funcionarios públicos, de los cuales 16 siguen laborando en la actualidad. En ese sentido, se recomienda a la Directora Ejecutiva de Warmi Ñan realizar las acciones que correspondan para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades de los servidores públicos del programa comprendidos en los hallazgos. Esta última indicación de la Contraloría, debería activar medidas efectivas de la actual ministra de la Mujer: Fanny Montellanos, quien ocupa el cargo desde hace más de cinco meses.

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El asesor legal de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz, Luis Valverde, afirmó que la medida de protesta y el bloqueo de carreteras es una respuesta a la falta de voluntad de las autoridades para atender sus demandas. Señaló que la presidenta Dina Boluarte se ha empeñado en desaparecer la pequeña minería.

En conversación con la Red de Medios Digitales del Perú, Valverde respondió al ministro de Energía y Minas respecto a las observaciones hechas a la cuestionada Ley MAPE. Enfatizó que, en realidad, es la minería formal la que más contamina y que, en muchos casos, ni siquiera recibe sanción. Aunque reconoció que la minería artesanal también contamina, instó a establecer organismos que fiscalicen y sancionen correctamente a quienes incumplen los estándares ambientales.

También desmintió que los Reinfo suspendidos no hayan cumplido con enviar sus reportes semestrales de extracción. Cuestionó las declaraciones del ministro y aseguró que los Reinfo son eliminados automáticamente si no presentan dicha documentación.

El video SEÑALAN A DINA | Acusan al Gobierno de querer DESAPARECER la pequeña minería se publicó en YouTube en este enlace

En medio de los recientes enfrentamientos registrados entre efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y mineros artesanales e informales en la localidad de Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa, se confirmó la muerte de una persona que habría resultado herida durante los disturbios. Pobladores señalaron que se trata de Alex Checca Montalvo. En tanto, testigos reportan al menos 5 heridos.

El video ¡SALDO MORTAL! | Fuerte enfrentamiento entre PNP y mineros en Chala deja heridos y un fallecido se publicó en YouTube en este enlace

Un nuevo episodio de violencia se registró este miércoles en Arequipa, donde un hombre de 35 años perdió la vida durante los enfrentamientos entre mineros informales y la Policía Nacional en el distrito de Chala, provincia de Caravelí.

El fallecido fue identificado como Alexander Checa Montalvo, quien murió durante las protestas que mantienen bloqueada la Panamericana Sur en varios tramos. Según testigos, la situación se agravó cuando efectivos policiales intentaron despejar la vía, generando choques violentos con los manifestantes.

El médico de turno del centro de salud de Chala confirmó el deceso, mientras se investiga las circunstancias exactas del fallecimiento.

Situación actual en la Panamericana Sur

El Gobierno Regional de Arequipa, a través del COER, informó sobre el estado de la carretera:

• Alto Siguas: El tránsito se ha restablecido, pero las fuerzas del orden permanecen en alerta.
• Chala: Aunque la Policía logró habilitar parcialmente el paso, persisten enfrentamientos esporádicos.
• Ocoña: La vía sigue bloqueada, afectando el transporte de mercancías y pasajeros.

Impacto del paro minero

La Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) lidera las protestas, que ya cumplen varios días y han generado graves consecuencias económicas y logísticas en la región. Además de los bloqueos, se reportan problemas en el abastecimiento de productos básicos y combustibles.

Mientras las negociaciones entre los mineros y el gobierno no avanzan, el COER y otras instituciones mantienen un monitoreo constante para prevenir nuevos incidentes.

Primer fallecido en Arequipa

La noche del lunes ocurrió una tragedia que cobró la vida de Moisés Sánchez Martínez, conductor que se encontraba varado en Ocoña, provincia de Camaná. El cierre de tramos en la Panamericana Sur por la protesta de mineros artesanales, lo expuso a una pendiente peligrosa. .

El hecho ocurrió cuando el hombre descendió de su vehículo y se acercó peligrosamente al borde de la vía. En ese momento, Sánchez cayó a un barranco de aproximadamente 300 metros de profundidad. Su cuerpo fue recuperado por los bomberos.

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Los bloqueos en la Panamericana Sur, liderados por mineros informales, han desencadenado una grave crisis económica y sanitaria en Arequipa. Ha afectado desde exportaciones hasta el abastecimiento de oxígeno medicinal en la ciudad.

La paralización del tránsito en la principal vía de conexión con Lima ha interrumpido el flujo de mercancías, perjudicando a sectores clave. Exportaciones de palta, lana de alpaca y productos artesanales están varadas, mientras que la industria láctea, como la de Gloria, enfrenta serias limitaciones para recabar la leche de los productores.

Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, alertó que más de 200 mil micro y pequeños empresarios están afectadas. Además, el desabastecimiento de combustibles (GLP, GNC y petróleo residual) ha obligado a varios grifos a restringir su venta, generando escasez y alza especulativa de precios.

Emergencia sanitaria en Arequipa

La situación es aún más crítica en Ocoña (Camaná) y Chala (Caravelí), donde los bloqueos impiden el paso de camiones cisterna. Más de 900 personas en comunidades rurales carecen de agua potable porque también el consumo se ha multiplicado en las zonas de los bloqueos, obligándolas a consumir líquido no tratado del río Ocoña.

Saúl Alire, jefe regional de Sunass, advirtió que, de no restablecerse el tránsito, Chala podría quedarse sin agua en una semana por falta de diésel para operar sus pozos.

El suministro de oxígeno medicinal también está en riesgo. Linde Perú, principal proveedor, reportó que sus cisternas están retenidas, poniendo en peligro la atención en hospitales como el Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud, que ya opera con reservas mínimas.

Gobernador sobre bloqueos

El gobernador Rohel Sánchez señaló que, pese a haber solicitado hace un mes al Ejecutivo un «plan de intervención», no ha recibido respuesta. Aunque rechazó los bloqueos por afectar derechos ciudadanos, también reconoció la complejidad de formalizar solo a una parte de los mineros.

Mientras tanto, la FDTA y líderes empresariales exigen soluciones inmediatas ante el colapso económico y social. El secretario general Elmer Arenas denunció que los más afectados son los más pobres, mientras crece la inseguridad en zonas mineras.

Las protestas, que cumplen 12 días, han dejado 2 mil buses varados, afectando también al turismo.

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El Ministerio Público formalizó una investigación preliminar contra altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunto delito de tortura durante las protestas sociales ocurridas el 9 de febrero de 2023 en la provincia de Aymaraes, región Apurímac.

Según la fiscal provincial Elizabeth Quispe, las detenciones se realizaron en la zona conocida como Siete Vueltas, donde las víctimas habrían sido atadas de manos por varias horas y sometidas a violencia física y psicológica.

“Existen elementos suficientes para presumir responsabilidad penal de quienes lideraban los operativos”, afirmó.

Entre los investigados figuran el excomandante general de la PNP Raúl Alfaro Alvarado; el exteniente general Jorge Angulo Tejada; el jefe de la región policial Apurímac, Jesús Flores Solís; y otros oficiales y suboficiales de la PNP.

Este caso forma parte del conjunto de 61 investigaciones abiertas por el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), relacionadas con la represión entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Hasta el momento, 42 expedientes ya se encuentran en etapa preparatoria y dos han sido presentados formalmente ante el Poder Judicial.

Las investigaciones alcanzan también a miembros del Ejecutivo. En mayo, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, así como contra los ex primeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, y varios exministros del Interior y Defensa.

“Los hechos ocurrieron en distintas regiones del país, como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, donde se habría usado de manera desproporcionada la fuerza contra manifestantes”, indicó un informe de la Fiscalía.

En Ayacucho, el equipo fiscal alista tres nuevas acusaciones: el caso Huanta, con dos víctimas; Wanchaq-Cusco, con 30 víctimas; y Trujillo, con 38 personas afectadas. A ello se suma la investigación ya formalizada contra 27 militares por la represión en Huamanga, los días 15 y 16 de diciembre de 2022.

Por su parte, organizaciones como la Asociación Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023 (Asfah) continúan haciendo seguimiento a los procesos judiciales. Recientemente, sus representantes se reunieron con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para solicitar el cumplimiento de compromisos pendientes con las víctimas.

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El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la población del departamento de Puno alcanzó un millón 199 mil 636 personas en el año 2025, este dato marca un hito en la historia demográfica de la región y refleja cambios en la dinámica social.

El reporte oficial detalla que la población se compone por 593 mil 663 hombres y 605 mil 973 mujeres, el porcentaje femenino supera ligeramente al masculino, la diferencia muestra una tendencia que se mantiene en los últimos años.

Las cifras muestran que 304 mil 320 habitantes tienen menos de 14 años, este grupo representa el 25,4 por ciento del total, la niñez constituye un cuarto de la población y demanda atención en servicios básicos y educación.

La población joven, entre 15 y 29 años, suma 287 mil 664 personas, este segmento equivale al 24 por ciento, la juventud impulsa el desarrollo local y enfrenta retos en empleo y oportunidades de formación.

El grupo de personas entre 30 y 44 años alcanza los 267 mil 662 habitantes, este sector representa el 22,3 por ciento, la fuerza laboral activa se concentra en este rango y sostiene gran parte de la economía regional.

Un total de 231 mil 372 personas tienen entre 45 y 64 años, este grupo abarca el 19,3 por ciento de la población, la experiencia y el conocimiento de este sector contribuyen en la vida social y productiva.

Las personas de 65 años a más suman 108 mil 618, este segmento representa el 9,1 por ciento, el envejecimiento poblacional plantea desafíos en salud y protección social para los adultos mayores.

San Román encabeza la lista de provincias más pobladas con 360 mil 808 habitantes, esta cifra equivale al 30,1 por ciento del total departamental, la ciudad de Juliaca concentra la mayor parte de esta población.

La provincia de Puno ocupa el segundo lugar con 214 mil 887 habitantes, el 17,9 por ciento del total, la capital regional mantiene su importancia como centro político y económico.

Azángaro, Carabaya, Chucuito, Melgar y El Collao siguen en la lista con porcentajes que oscilan entre el 8,7 y el 5,1 por ciento, estas provincias muestran crecimiento sostenido y diversidad en su composición social.

Las provincias menos pobladas son Moho, San Antonio de Putina y Yunguyo, sus habitantes no superan el 3 por ciento del total departamental, estas zonas presentan retos en acceso a servicios y oportunidades.

Lampa, Sandia y Huancané también figuran entre las provincias con menor densidad, la dispersión poblacional influye en la planificación de políticas públicas y en la distribución de recursos.

Para el año 2025, veinte ciudades del departamento superan los diez mil habitantes, Ilave, Azángaro, Ayaviri, Yunguyo, Juli, Acora y Huancané destacan por su crecimiento urbano.

Juliaca, Puno y San Miguel sobrepasan los cincuenta mil habitantes, estas urbes lideran el proceso de urbanización y concentran servicios, comercio y actividades culturales

El crecimiento, la densidad y la distribución de la población cambiaron con la expansión física de las ciudades, el comportamiento espacial de la población se transformó en las últimas décadas.

La densidad poblacional llegó a 17,9 personas por kilómetro cuadrado en 2025, el aumento se debe al crecimiento demográfico y al avance de la urbanización, en 1940 la densidad era de solo 7,6 habitantes por kilómetro cuadrado.

La esperanza de vida al nacer en Puno se estima en 74,9 años para el periodo 2025-2030, el acceso a servicios de salud y educación explica este avance, la calidad de vida mejora con políticas públicas efectivas.

Las mujeres tienen una esperanza de vida de 77,8 años, los hombres alcanzan los 71,8 años, la diferencia de seis años a favor de las mujeres se mantiene estable en los últimos informes.

El aumento de la esperanza de vida refleja logros en salud pública y en la atención a la infancia y la vejez, la región avanza en indicadores sociales y enfrenta nuevos retos para el futuro.

El INEI destaca que estos datos ayudan a planificar políticas y programas para responder a las necesidades de la población, la información permite tomar decisiones informadas y orientar recursos de manera eficiente.

El Día Mundial de la Población invita a reflexionar sobre los cambios demográficos y sus impactos en la vida cotidiana, la región de Puno muestra avances y desafíos que requieren atención permanente.

Las autoridades, los especialistas y la sociedad deben trabajar juntos para garantizar que el crecimiento poblacional se traduzca en bienestar y desarrollo para todos los habitantes.

La información oficial del INEI ofrece una radiografía actualizada de la población puneña, la mirada puesta en el futuro exige compromiso y acción para enfrentar los retos que plantea el nuevo escenario demográfico.

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El sabor del cacao peruano volvió a destacar en Europa. En París, dieciséis marcas nacionales ganaron un total de 21 medallas en un concurso internacional. La Agencia para la Valorización de Productos Agrícolas (AVPA) organizó el certamen, centrado en chocolates elaborados desde su origen. 

Entre las marcas ganadoras destacó Kampaq, un emprendimiento que nació en Quillabamba, Cusco, con apoyo de la Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba. Esta marca logró dos medallas gracias a su enfoque en calidad, territorio e identidad. El trabajo detrás de estos productos involucra a cientos de familias que apuestan por el desarrollo alternativo. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) impulsa estos proyectos en zonas antes golpeadas por el narcotráfico. La premiación incluyó también a productores de Vraem, La Merced, Tarapoto, Tingo María y Puno. Cada uno ofreció propuestas únicas, con combinaciones que unieron tradición, innovación e ingredientes amazónicos. Chocolate peruano premiado internacionalmente: el resultado del desarrollo alternativo.

 Los productos destacaron por su uso de cacao de alto porcentaje mezclado con copoazú, camu camu, ajonjolí o sal de Maras. Estas mezclas crearon perfiles de sabor únicos, capaces de conquistar paladares exigentes en Europa. La AVPA valoró especialmente el vínculo entre el origen del cacao y las técnicas de transformación artesanal. Devida remarcó que cada emprendimiento representa familias que construyen territorios sostenibles y libres de drogas. 

El premio reconoce más que calidad: respalda una estrategia económica basada en la paz y la productividad. Gracias a iniciativas como esta, comunidades rurales transformaron sus territorios en espacios de exportación y orgullo. La producción de Kampaq y otras marcas muestra cómo el cacao puede cambiar vidas con identidad y sin violencia. Las medallas validan años de esfuerzo y aprendizaje técnico en comunidades antes olvidadas. 

La Cooperativa Alto Urubamba, con sede en Quillabamba, representa un caso exitoso de articulación entre comunidad, empresa y Estado. Su marca Kampaq reflejó esa alianza en dos productos premiados con sabor y trazabilidad garantizadas. En esta edición del certamen internacional, el chocolate peruano premiado internacionalmente ocupó un lugar visible y celebrado. Más allá de París, este logro fortalece el posicionamiento del Perú como origen de chocolates con historia. El reconocimiento demuestra que el desarrollo alternativo sí funciona cuando prioriza cultura, calidad y territorio. Este modelo inspira a más regiones a producir con sentido, lejos del narcotráfico y cerca del bienestar.

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El 9 de julio se realizó el operativo “Perla Dorado 2025” en el sector Nueva Esperanza, distrito de Puerto Inca (Huánuco), como parte de las acciones contra la minería ilegal en la región. La intervención, ejecutada por la Policía Nacional del Perú, la Marina de Guerra, el Ministerio Público y personal del Sernanp, permitió la destrucción e incautación de maquinaria empleada en actividades extractivas sin autorización.

La operación se desarrolló en una zona de acceso restringido, a la que se llegó tras una hora en vehículo y otra a pie. En el área intervenida, de aproximadamente 20 hectáreas, se identificaron actividades mineras ilegales sin inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Destrucción e incautación de maquinaria

Durante el operativo se halló una excavadora sobre orugas marca CAT modelo 325 y diversos implementos relacionados con la actividad ilegal: dos chutes portátiles metálicos, seis motores de succión, seis bombas, más de mil galones de combustible, mangueras, cables, alfombras, baterías, una motocicleta, seis pozas y dos campamentos improvisados.

En otro punto del área, las autoridades ubicaron una segunda excavadora hidráulica marca CAT modelo 330B. El operador abandonó la zona al notar la presencia del equipo policial. Al no presentar documentación que justifique su permanencia, se procedió con su incautación.

El Ministerio Público, amparado en el Decreto Legislativo N.º 1100, ordenó la interdicción de la maquinaria, componentes y accesorios encontrados. El valor estimado de lo destruido e incautado supera los S/ 3537,800.

Presencia de minería ilegal en expansión

La Policía alertó que personas dedicadas a la minería ilegal provenientes de regiones como Madre de Dios, Cusco y Puno estarían trasladándose hacia Puerto Inca. Las autoridades han identificado un incremento de estas actividades en la zona, con impactos directos en la cobertura boscosa y la biodiversidad local.

La Dirección de Medio Ambiente de la PNP anunció que continuará con operativos similares en la provincia de Puerto Inca, con el objetivo de frenar el avance de la minería ilegal y mitigar sus efectos ambientales en la región de Huánuco.

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El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) inició este 10 de julio una acción de desalojo de operadores de minería ilegal en la cuenca del río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La medida fue anunciada como una respuesta ante la falta de garantías y apoyo por parte del Estado peruano para enfrentar la actividad minera ilícita en esta zona de la Amazonía.

Acción de autodefensa territorial

La Nación Wampís sostiene que la operación se realiza bajo el marco de su jurisdicción autónoma y en ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. La decisión fue comunicada formalmente al Ejecutivo el pasado 1 de julio, sin obtener, según el GTANW, una respuesta efectiva por parte del gobierno.

“Al negarse a actuar, el Estado peruano nos deja solos, pero no nos detiene. Como habitantes milenarios del territorio, haremos el trabajo que ellos se niegan a hacer para proteger la vida”, declaró Galois Flores Pizango, vicepresidente del GTANW.

Inacción estatal y fortalecimiento de la minería ilegal

De acuerdo con el pronunciamiento del GTANW, actualmente operan más de 30 dragas de manera ilegal en el río Santiago. La organización indígena señala que las escasas intervenciones del Estado han sido ineficaces, lo que ha permitido el fortalecimiento de redes ilegales de minería en la zona.

El GTANW también cuestiona decisiones gubernamentales como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al considerar que ha sido utilizado para encubrir operaciones ilegales.

Sustento legal y exigencias al Estado

La medida se ampara en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a controlar su territorio, así como en los artículos 89 y 149 de la Constitución Política. También se menciona la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, particularmente el caso «Tres Islas», como respaldo al ejercicio de funciones jurisdiccionales propias.

El GTANW ha exigido al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Marina de Guerra que acompañen la acción para salvaguardar la integridad de las comunidades y garantizar un proceso pacífico. Asimismo, solicita la presencia de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y del Ministerio Público para cumplir funciones de fiscalización.

Anuncio de movilización pacífica

En paralelo, el Gobierno Territorial Wampís ha convocado una movilización pacífica en la zona afectada, con el objetivo de expulsar a los operadores ilegales y evitar situaciones de violencia similares a las ocurridas en otras regiones del país afectadas por la minería ilegal.

La organización también ha hecho un llamado a la sociedad civil y a los medios de comunicación a seguir de cerca el desarrollo de esta acción, que consideran parte de su esfuerzo por proteger la biodiversidad, los derechos humanos y el territorio ancestral.

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Sicarios acribillaron brutalmente al ingeniero Jenry Rodríguez Torres, mientras participaba en la inauguración de una losa deportiva, obra promovida por el alcalde de Cascas, Dilber Pérez Rodríguez. Hecho ocurrió en el caserío Alto Recuay, en el distrito de Lucma, provincia de Gran Chimú, en La Libertad.

El crimen sucedió la tarde noche del miércoles 9 de julio, cuando la alegría de los asistentes se convirtió en gritos de pánico y desesperación. Según testigos, dos sujetos armados aparecieron entre la multitud y sin mediar palabra, desataron una lluvia de balas sobre el funcionario, quien laboraba en la Municipalidad Distrital de Lucma y también tenía vínculos con el programa PAÍS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (MIDIS).

El cuerpo del ingeniero quedó tendido en medio del campo, ante la mirada atónita de los vecinos y niños presentes. ¡Un asesinato a plena luz pública, en un acto que debía ser de celebración!

La indignación no se hizo esperar. Pobladores están enojados con las autoridades por organizar un evento supuestamente sin brindar las mínimas garantías de seguridad.

“¡Esto se pudo evitar!”, gritan los vecinos, quienes exigen justicia, presencia del Estado y una investigación profunda para dar con los autores intelectuales y materiales de este horrendo crimen que enluta a toda una comunidad.

Condolencias Colegio de Ingeniero de Cajamarca

Condolencias Municipalidad de Lucma

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En Moquegua, el agua potable llega sin restricciones a los grifos de las viviendas más humildes, incluso en las zonas más alejadas. La gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala ha priorizado la inversión en proyectos de agua y saneamiento, ampliando la cobertura para miles de familias. 

Mientras tanto, en Puno, la realidad es otra: niños y ancianos recorren kilómetros bajo un sol inclemente cargando bidones amarillos, únicos testigos de una crisis que no cesa. Aquí, la sed de justicia no es retórica: es tangible, diaria, y tiene un responsable directo. El gobernador Richard Hancco Soncco ha destinado millones en maquinaria y estadios, mientras el acceso al agua —derecho fundamental— sigue siendo una deuda pendiente para su región.

LA COMPETITIVIDAD QUE PUNO PERDIÓ

El Índice de Competitividad Regional del Perú (INCORE) 2025 es un espejo cruel para Puno. Con un magro 4. 2 (cuatro punto dos), la región se hunde en el antepenúltimo lugar, solo por encima de Loreto y Ucayali. ¿La razón principal? La brutal brecha en agua potable. Mientras Moquegua, liderada por la gobernadora Gilia Gutiérrez, ostenta el primer lugar con 7. 4 (siete punto 4)  —por cuarto año consecutivo—, Puno languidece con un 71 % de su población rural sin acceso a agua segura.

El INCORE no es un papel burocrático: mide salud, educación, infraestructura. En Puno, la ausencia de agua potable envenena todo. Niños con parasitosis, mujeres que gastan horas en acarrear agua turbia, cultivos que se marchitan. Hancco ha ignorado esto. Sus prioridades son otras: doscientos millones de soles en maquinaria pesada (¿para qué, si no hay carreteras concluidas?), estadios que lucen vacíos, mientras el presupuesto para agua potable en el Gobierno Regional Puno no existe.

UNA TRAICIÓN A LOS ORÍGENES

Hancco llegó al poder prometiendo ser la voz de los olvidados, el líder que entendería las necesidades de las comunidades quechuas y aymaras porque, según decía, venía de ellas. Pero hoy, su administración es una burla a esos mismos votantes que confiaron en él. Mientras Gilia Gutiérrez en Moquegua —una región con menos presupuesto pero más voluntad política— avanza a paso firme para cerrar la brecha de agua potable, en Puno el tiempo parece haberse detenido. O peor: retrocedido.

El contraste no podría ser más cruel. En Moquegua, el gobierno regional publica fotografías de ancianos que, por primera vez en sus vidas, abren un grifo en sus hogares. En Puno, las imágenes son otras: madres lavando ropa en charcos contaminados, niños bebiendo agua turbia que les provoca diarreas crónicas.

PUNO: LA BRECHA DE AGUA POTABLE QUE NOS AVERGÜENZA

Moquegua: Un modelo de eficiencia

Los datos del Plan Regional de Saneamiento Moquegua 2021-2025 revelan un panorama ejemplar:

• Cobertura urbana: 99.3% (solo 1,165 personas sin acceso)
• Cobertura rural: 91.8% (brecha de 8.2%)
• Brecha regional total: 2.1% (3,075 personas)

Logro clave: El 97.9% de los moqueguanos cuenta con agua gestionada de manera segura.

Puno: La emergencia olvidada

El Plan Regional de Saneamiento Puno 2021-2025 expone una realidad diametralmente opuesta: Brecha regional: 71% (la segunda más alta del país) Zonas urbanas: 15.7% sin acceso (105,980 habitantes) Zonas rurales: 74.3% en emergencia (419,043 personas) Crisis de calidad: Solo 15.8% recibe agua con cloro residual adecuado La paradoja surandina Mientras Moquegua (con menos recursos) acerca el agua al 98% de su población, Puno (con mayor presupuesto) mantiene a:

• 585,124 personas bebiendo agua no segura.
• 419,043 campesinos en condiciones similares al siglo XIX

Estos números no son estadísticas frías. Representan niños con parasitosis, mujeres acarreando bidones, ancianos bebiendo agua sucia. Mientras Moquegua avanza, ¿cuántas generaciones puneñas más seguirán esperando?

https://ibb.co/Jj843ZrV PUNO: PRIORIDAD EQUIVOCADA – MAQUINARIA VERSUS AGUA POTABLE

Una obra necesaria, pero insuficiente

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), inauguró recientemente un proyecto de agua potable y saneamiento básicoen el centro poblado de Toma, Muñani (Azángaro), beneficiando a 254 habitantescon una inversión de S/ 7.4 millones.

Mientras el gobierno nacional ejecuta estas obras urgentes, el Gobierno Regional de Puno, bajo el mando de Richard Hancco, ha destinado más de S/ 200 millones a la compra de maquinaria pesada, y construcción de estadios, en lugar de resolver el drama del agua.

¿Cuánto más podría haberse hecho? Con los S/ 200 millones malgastados en maquinarias que no cierran brechas sociales, se hubiera podido financiar: 25 proyectos de agua y saneamiento (considerando un costo promedio de S/ 8 millones por comunidad). Beneficiar a más de 6,350 personas (si cada proyecto atiende a unas 254, como en Toma). Responsabilidad compartida (pero no igualitaria) Los alcaldes: En lugar de construir canchas de grass sintéticoo remodelar plazas sin sentido (como en Ilave), deberían priorizar proyectos de agua y alcantarillado en centros poblados (expedientes técnicos para ser financiados por el gobierno regional Puno por convenio). Una contradicción inaceptable En la macrorregión sur, Puno se mantiene como la única región rezagada en la lucha contra la pobreza, particularmente en el acceso a agua potable y saneamiento básico. El problema no es la falta de recursos, sino su mala asignación: Presupuesto de Inversión Pública 2025 (PIM): Puno: S/ 900,003,475 (millones) Moquegua: S/ 244,651,898 (millones) La gran ironía A pesar de contar con casi cuatro veces más presupuesto que Moquegua, Puno: No logra cerrar su brecha de agua potale (71% en zonas rurales). Invierte en maquinaria y estadios, no en agua potable. Desperdicia oportunidades de desarrollo, mientras Moquegua avanza. ¿Dónde está el dinero? Moquegua, con menos recursos, demuestra que la clave está en la priorización:

• Invierte estratégicamente en sistemas de agua potable rural.
• Ejecuta eficientemente sus proyectos.
• Reduce la pobreza con políticas públicas claras.

Mientras tanto, Puno sigue enterrando millones en obras que no resuelven la sed de su gente de las comunidades y centros poblados. 

Richard Hancco dirá que Moquegua tiene grandes mineras

Hancco saldrá afirmando que «Moquegua tiene grandes mineras y Puno no», y por eso necesitamos 20 Minsur. Ese será su discurso, pero esa idea no es cierta.

Hancco (900,003,475) tiene un presupuesto millonario, incluso mayor que el de Moquegua, y no hace nada para ejecutar proyectos de agua potable y saneamiento. La diferencia de presupuesto entre Puno y Moquegua supera los 655,351,577 millones de soles.

Hay plata como cancha, gracias al presupuesto gestionado en 2019 mediante la Ley FONCOR, y debe ejecutarse en proyectos de agua potable.

¿QUÉ TIENE QUE HACER RICHARD HANCCO?

El gobernador Richard Hancco debe valorar el legado del expresidente regional Mauricio Rodríguez, quien en julio de 2013 anunció la ejecución de 76 proyectos de saneamiento básico rural en Puno.

«La verdadera inclusión social comienza con agua potable y saneamiento básico para las comunidades de Puno. Un baño digno para una familia campesina marca un salto cualitativo en su vida, transformándola radicalmente. Con estas obras, reduciremos la incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en los niños», destacó Rodríguez, entonces presidente del Gobierno Regional de Puno, durante la entrega de cheques a los 54 alcaldes beneficiados por el modelo SABA.

Inversión en agua potable en otras regiones: ¿Qué debe considerar Richard Hancco?

Moquegua (25 de junio) El Gobierno Regional de Moquegua garantizó acceso a agua potable para las comunidades de Coroise y Pacchani, mejorando la calidad de vida de familias rurales. «Seguimos trabajando por un futuro con más salud, bienestar y desarrollo», destacaron.

La Libertad (2 de junio) Más de 10 mil personas tendrán acceso a agua potable y alcantarillado gracias al mecanismo de Obras por Impuestos. «Cerramos brechas y llevamos progreso donde más se necesita», resaltó el GORE.

Lambayeque (4 de julio) Inversión histórica de 5 millones de soles en el Centro Poblado Janque-Inkawasi: Sistema de agua potable con reservorio de 20m³ 8 km de red de distribución y 188 conexiones domiciliarias Planta de tratamiento de aguas residuales «Ningún rincón de Lambayeque queda fuera de nuestra agenda de desarrollo», (Gobierno Regional de Lambayeque).

Cusco (13 de junio) Proyecto de 6 millones de soles para 1,295 habitantes de San Lorenzo-Ocobamba: Expediente técnico en fase final Sistema de agua y saneamiento básico priorizado «Avanzamos con responsabilidad y enfoque territorial», sostuvo la Gerencia de Vivienda.

PUNO SIGUE ESPERANDO AGUA, MIENTRAS HANCCO NO ACTÚA

Los datos no mienten: Puno es una de las regiones con mayor rezago en acceso a agua potable, mientras que otras como Moquegua, La Libertad, Lambayeque y Cusco avanzan con obras concretas. A pesar de contar con presupuesto millonario (incluso superior al de Moquegua), Richard Hancco no ha priorizado este derecho básico. Las cifras lo demuestran:

110 distritos en Puno, y 61 de ellos tienen menos del 25% de conexiones a red de agua. Solo 3 distritos superan el 75% de cobertura, pero ninguno llega al 100%. Comunidades enteras siguen consumiendo agua contaminada, aumentando enfermedades y mortalidad infantil (Defensoría del Pueblo 2022)

Hancco no necesita inventar excusas, sino aprender de otros gobernadores. Tiene los recursos, pero le falta voluntad política.

Se exige:

–Ejecución inmediata de proyectos de agua y alcantarillado en comunidades olvidadas. Reactivar el modelo SABA, como en 2013, cuando se ejecutaron 76 proyectos de saneamiento, y dejar para el nuevo gobernador expedientes tecnicos en convenio con municipalidades distritales y provinciales.

No es un favor, es su obligación. El agua no puede seguir siendo un privilegio en Puno.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló este viernes la suspensión de Ángel Huamán Mucha como alcalde de Jauja por un error en la notificación del proceso, pero el exalcalde no puede retomar el cargo debido a una sentencia de 8 años de prisión y una orden de captura vigente en su contra. La decisión surge del caso «Cheques de Molinos», donde la segunda instancia judicial confirmó su condena, aunque aún no está consentida ni ejecutoriada.

Huamán enfrenta este impedimento legal tras apelar la sentencia ante la Corte Suprema mediante casación, lo que retrasa su posible vacancia. El JNE determinó que la notificación defectuosa de la sesión extraordinaria del 26 de noviembre de 2024 que denegó un pedido de suspensión, invalidó todos los actos posteriores, incluido el acuerdo de suspensión del 3 de diciembre de ese año tras la confirmación de su sentencia a ocho años de prisión por el delito de peculado doloso.

El JNE señala que una  notificación válida debe contener la firma y la fecha de recibo de a persona quien se la hace conocer una decisión. En este caso, la notificación del acuerdo del Consejo Municipal de noviembre de 2024 al solicitante de la suspensión, Edwin Richard Vargas Ayala, no lleva su firma ni fecha de recepción.

Por ello, el JNE, declaró «nulo lo actuado a partir del acto de notificación del Acuerdo de Concejo N° 083-2024-CM/ MPJ o del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 012-2024-MPJ, ambos del 26 de noviembre de 2024, dirigido a don Edwin Richard Vargas Ayala, en su condición de solicitante de la suspensión».

Ahora, el actual alcalde, Raimundo Flores, tiene cinco días para cumplir con la adecuada notificación de aquel acuerdo del 2024 y comunicárselo al JNE. 

Sin embargo, el JNE no le quitó la credencial al actual alcalde Raimundo Flores.

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE

¿HABRÁ REFLEXIONADO? | En medio de una persecución a plena luz del día, un policía logró neutralizar a un delincuente que, junto a otros cómplices, presuntamente había robado 11.000 soles.

Más allá del operativo, lo que generó mayor impacto fue el mensaje directo que el policía le dirigió al detenido: “Día a día salimos a combatir lacras como tú”, expresó con firmeza, frente a vecinos que presenciaron la escena.

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El video RECIBIÓ UN SERMÓN | Policía reduce a ladrón y le lanza mensaje: “La gente piensa que no actuamos» se publicó en YouTube en este enlace

LEY TRAMPOSA | El ministro de Energía y Minas explicó las razones por las que el Ejecutivo no dio visto bueno a la controvertida Ley MAPE, impulsada por un grupo de congresistas. Señaló que se detectaron serias deficiencias en la propuesta, incluyendo disposiciones que permitirían la extracción de minerales a costa de un grave daño a ecosistemas en la selva y otras regiones, similar a lo que ocurre con la minería ilegal.

Por su parte, varios congresistas acusan al Gobierno de obstaculizar la formalización de los mineros artesanales para proteger intereses de grandes empresas mineras. El ministro, en respuesta, aseguró que no se ha negado el trabajo a nadie y que muchos de los más de 40 mil REINFO suspendidos no realizaban actividades extractivas, por lo que la protesta respondería a otros intereses.

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El video ¡GUERRA TOTAL! | Gobierno denuncia que congresistas impulsan ley MAPE iba a destruir ecosistemas se publicó en YouTube en este enlace

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, volvió a hacerse presente a través de un video en el que se burla abiertamente de la Policía Nacional del Perú. Pese a que el Gobierno ofrece un millón de soles por su captura, el peligroso delincuente se muestra confiado de que no será detenido. El audio habría sido grabado en su escondite en Brasil.

Aunque varias personas de su círculo más cercano han terminado apresadas, su paradero sigue siendo un misterio, y la fecha de su captura continúa siendo incierta.

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El video NUEVO VIDEO DESCARADO | El Monstruo’ envía mensaje desafiante a la Policía desde la clandestinidad se publicó en YouTube en este enlace

El asesor legal de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz, Luis Valverde, afirmó que la medida de protesta y el bloqueo de carreteras es una respuesta a la falta de voluntad de las autoridades para atender sus demandas.

«Las protestas, no son por la ampliación del plazo de formalización minera, sino que ellos están protestando por el incumplimiento. Porque el plazo de formalización minera está preestablecido en la ley 32213, en donde expresamente dice lo siguiente: que al 30 de junio del presente año, el Congreso de la República debe haber promulgado la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, ley que esperamos finalmente pueda resolver todos los inconvenientes durante estos 13 años. En el supuesto caso que el Congreso no promulgue la ley, el Ministerio de Energía y Minas mediante Decreto Supremo tenía que prorrogarlo por única vez hasta el 31 de diciembre, pero al mismo tiempo significa de que hasta el 31 de diciembre el Congreso de la República debe haber promulgado la nueva ley MAPE», dijo.

Señaló que la presidenta Dina Boluarte se ha empeñado en desaparecer la pequeña minería. En conversación con la Red de Medios Digitales del Perú, Valverde respondió al ministro de Energía y Minas respecto a las observaciones hechas a la cuestionada Ley MAPE. Enfatizó que, en realidad, es la minería formal la que más contamina y que, en muchos casos, ni siquiera recibe sanción. Aunque reconoció que la minería artesanal también contamina, instó a establecer organismos que fiscalicen y sancionen correctamente a quienes incumplen los estándares ambientales.

«Existe contaminación, pero la contaminación mayor lo lleva a cabo la mediana y la gran minería que pese a tener las autorizaciones para realizar actividad que, pese a tener las aprobaciones de sus estudios ambientales, están generando contaminación de alto nivel y de ello nunca hablan nada. En el segmento de la pequeña minería y minería artesanal, debemos afirmar categóricamente, como un pequeño ejemplo, en el distrito de Pataz, por ejemplo, allí no se hace actividad de beneficio, allí se hace actividad minera de explotación, de extracción. Una vez que se ha realizado la extracción, se lleva a cabo el transporte y la venta a las plantas de beneficio formales. Entonces, ¿de qué contaminación hablamos si es que no se lleva a cabo ningún tipo de procedimiento o procesamiento de minerales?«

También desmintió que los mineros con REINFO suspendidos no hayan cumplido con enviar sus reportes semestrales de extracción. Cuestionó las declaraciones del ministro y aseguró que los REINFO acaban eliminados automáticamente si no presentan dicha documentación.

Puede ver la entrevista completa aquí:

El video ¿Minería informal, ilegal o artesanal? La protesta y su impacto en las regiones del Perú | LA RED se publicó en YouTube en este enlace

En un operativo conjunto entre la Municipalidad de Yanahuara (Arequipa), Seguridad del Estado y Migraciones, se intervinieron a cuatro extranjeros por situación migratoria irregular. Los foráneos se dedicaban a limpiar parabrisas en zonas transitadas del distrito, afectando la seguridad ciudadana.

El despliegue se realizó en dos turnos. El turno de la mañana se realizó en la avenida Metropolitana , en el cruce Abelardo Quiñones con Emmel) y un terreno abandonado en Urb. Gladiolos, donde se detuvo a:

En los mismos sectores en el turno de la tarde se intervino a:

• Néstor Villegas Briceño (24, venezolano) – Ingreso irregular.

• Danny Smith Sarmiento (40, colombiano) – Reingreso clandestino.

Compromiso con la seguridad en Yanahuara

El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, destacó que el operativo refuerza el compromiso con la seguridad en Arequipa. En total se detuvieron a 3 ciudadanos venezolanos y 1 colombiano.

Tras su identificación, los intervenidos fueron llevados a la comisaría de Yanahuara y luego a seguridad del Estado, para definir su situación legal.

Esta política ha sido implementada en los últimos meses tras registrarse una serie de actos delictivos que fueron protagonizados por inmigrantes con situación irregular en el país.

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La situación del paro minero ha escalado a momentos críticos desde que el Gobierno dio un ultimátum a los manifestantes para que desbloqueen las carreteras en Ocoña, Chala y Majes.

Sin embargo, los mineros en situación informal han respondido con un rotundo no. Como consecuencia, ya se han registrado los primeros enfrentamientos con la policía, tanto en Ica como en la capital. Congresistas vinculados a este sector han reclamado al gobierno de Dina Boluarte, acusándolo de cerrar toda posibilidad de diálogo tras rechazar la Ley MAPE y negarse a ampliar el REINFO hasta el próximo año.

Según ellos, esta decisión ha sentenciado a más de 40 mil trabajadores a quedarse sin ingresos. Pese a ello, el ministro de Energía y Minas ha sido enfático: el Gobierno —afirma— no le ha quitado el trabajo a nadie.

Mientras tanto, los mineros realizan breves treguas con los transportistas para permitir el paso y evitar nuevas tragedias. Aun así, el ministro de Transportes ya ha advertido que no permitirán que esta situación continúe, y anunció que denunciarán penalmente a los dirigentes que lideren el paro.

Los más afectados siguen siendo los pasajeros, los transportistas y los ganaderos. En un gesto solidario, muchos de ellos han empezado a regalar leche a la población antes de que se eche a perder.

Aun así, denuncian que ya se han perdido miles de litros. Van casi dos semanas de bloqueo, y todo indica que una solución aún está lejos de llegar.

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El video ¡ESTALLÓ EL CAOS! | Con piedras y bombas lacrimógenas, mineros y policías se enfrentan por bloqueos se publicó en YouTube en este enlace

A Dina Boluarte le encanta recordar que ella es una mujer del pueblo, sencilla, de lentejitas con huevo frito. Pero en la práctica, sus decisiones la dejan más cerca de la mesa de Maido que del menú de la esquina.

En medio de los escándalos por su aumento de sueldo y su tarjeta de 5 mil soles mensuales para “hacer compras de la semana”, ahora se suma una revelación aún más sabrosa: en apenas dos años y medio, el Despacho Presidencial ha gastado casi 5 millones de soles en alimentos, según registros del portal de Transparencia del SEACE, difundidos por La República.

Y no hablamos precisamente de sopita instantánea. Entre los productos con mayor presupuesto figuran carnes premium, abarrotes selectos, pan en cantidades industriales y una buena cantidad de productos envasados. Y, como si fuera poco, también se ha destinado medio millón de soles en vales de consumo. Pero cada vez que puede, Dina Boluarte se llena la boca diciendo que las amas de casa hacen milagros “con sus 10 soles, preparando sopa, segundo y postrecito”.

Qué ironía: mientras el pueblo estira la billetera, ella estira su cara. Y con dinero del Estado

APP ficha al abogado de Nicanor Boluarte como nuevo vocero

Alianza para el Progreso (APP) es, después de Fuerza Popular, el segundo partido con más poder político en el país. Y aunque César Acuña diga que no está en todas, lo cierto es que su partido ha sabido sumar fichas clave… sobre todo si vienen con título de abogado bajo el brazo.

Primero fue Elio Riera, el defensor que logró la libertad de Alberto Fujimori y que también puso el pecho por la hermanita de Patricia Benavides. Ahora es el turno de Luis Vivanco, el abogado de Nicanor Boluarte (hermanito de la presidenta), quien acaba de confirmar su ingreso a las filas del acuñismo.
Él mismo anunció las buenas nuevas en una entrevista, aclarando —por si acaso— que no cobra ni un sol por representar al partido, pero que lo hace por “cariño y respeto” a su líder, el meme andante César Acuña. Qué noble.

Lo curioso es que estamos hablando de alguien que defiende a la familia presidencial, y que ahora representará políticamente al partido que más respaldo le ha dado a Dina Boluarte en los últimos años. ¿Coincidencias? Coincidencias de esas que solo pasan en el Perú.

Keiko Fujimori inicia campaña desde un video de Tik Tok, entre quesos y ponchos

Mientras la Fiscalía preparaba una nueva acusación por lavado de activos (con 35 años de cárcel ‘de regalo’), Keiko Fujimori decidió emprender una ruta «inolvidable» por la sierra de Piura. Entre quesos artesanales, café recién tostado y arcilla moldeable, la lideresa de Fuerza Popular se transformó en aprendiz estrella: desde tejer ponchos multicolores hasta brindar por las mujeres de Huancabamba con un «cuando nos unimos, sacamos mejores cosas». El video, titulado «La Ruta de Keiko», parece más un reality show que una campaña política, especialmente cuando el fiscal José Domingo Pérez le pide al juez que reserve su próxima «ruta» directo a la cárcel.

El país espera ansioso el próximo episodio.

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