“En Ayacucho, más de la mitad de los colegios están hoy en peligro. Techos que se caen, aulas deterioradas y miles de alumnos en riesgo”. En distintos puntos de la región, instituciones educativas funcionan en condiciones precarias.

A pocas semanas del inicio del año escolar, directores, docentes y padres de familia advierten que muchos locales no garantizan seguridad para los estudiantes.

Uno de estos casos ocurre en pleno centro histórico de Huamanga, en la institución educativa 9 de Diciembre. Parte de la infraestructura de este colegio, con más de 120 años de antigüedad, colapsó tras las lluvias registradas en los últimos días, afectando ambientes que eran utilizados como cocina y biblioteca.

IE 9 de Diciembre colapsó por las lluvias

Abraham Pocco, director de la IE 9 de Diciembre, refiere: “nuestra institución educativa tiene más de 120 años de creación institucional. Nuestra preocupación es que esta construcción antigua que, con esta inclemencia del tiempo -por las lluvias intensas que han estado cayendo, ha colapsado- siga desmoronándose”.

Pocco refirió que la parte que ha quedado destruida era la cocina hasta el año pasado. «El espacio lo hemos estado utilizando como cocina para poder preparar los alimentos de las pequeñas del nivel inicial y primaria del programa Wasimicuna. Y al otro lado estaba la biblioteca, donde se visualiza todavía material educativo que no lo han podido sacar.»

Hay otra parte del colegio que también corre el riesgo de que siga colapsando, Todo lo que es menajería ha sido prácticamente destruida. “Felizmente, gracias a Dios ha sido material o recursos materiales, pero no humano. No habido heridos… Felizmente no”, dijo.

La situación del colegio 9 de Diciembre no es un caso aislado, otros centros educativos en la región también presentan daños estructurales, falta de mantenimiento y limitaciones para atender a sus estudiantes.

Según el Defensor del Pueblo infraestructura de 1820 centros educativos debe sustituirse

El Defensor del Pueblo en Ayacucho, Wiber Vega, dice que han constatado que en la región existen 2,864 instituciones educativas -el sector más grande de la región es el sector de educación-, de las cuales 1820 instituciones educativas requieren sustitución total en su infraestructura.

También se tiene como dato que 1137 infraestructuras para educación cuentan con saneamiento físico legal y hay 1727 instituciones educativas o infraestructura sin saneamiento físico legal. “Es decir, en estas 1727 infraestructuras o propiedades lamentablemente, están todavía por sanearse. No se pueden hacer inversiones desde el Ejecutivo para esta mejora de la infraestructura en el sistema educativo acá en la región Ayacucho”.

Vega también refirió que, de las 2864 instituciones educativas en la región Ayacucho, 1044 cuentan con infraestructura apropiada. Entonces, hay bastante responsabilidad para las unidades de gestión educativa local, para la Dirección Regional de Educación y, por supuesto, para el gobierno regional de Ayacucho y también para el Ministerio de Educación.

“Las autoridades tienen que agendar inmediatamente para que se pueda implementar políticas públicas adecuadas para que este trinomio pueda funcionar, infraestructura, equipamiento y recursos humanos”, advierte.

SUTEP advirtió que muchos colegios no están en condiciones para iniciar clases

De acuerdo con reportes recogidos, colegios urbanos y rurales en provincias como Huanta, La Mar y Huamanga enfrentan problemas similares: aulas deterioradas, locales antiguos y falta de espacios adecuados.

Asimismo, el representante del SUTEP Ayacucho, Ronald Pizarro, refirió: “desde el magisterio advertimos que muchos colegios no están en condiciones óptimas para iniciar clases. Hay instituciones con techos dañados, paredes debilitadas y falta de mantenimiento”, resaltó.

El dirigente exhortó a que se hagan actividades y se desarrollen algunas acciones inmediatas para poder tratar de salvaguardar esta situación que preocupa a todos los padres de familia, a toda la población, a todos ellos. Explicó que si bien, desde el gobierno, los aceptan y reconocen como sindicatos, a nivel legal, legítimo en nuestra región, pero más allá, no hay una voluntad política de este gobierno para desarrollar estas acciones que debería ser una preocupación para todos y especialmente para las autoridades y el Consejo Regional.

Según afirmó el dirigente, esta situación afecta directamente el proceso educativo y la seguridad de los estudiantes, por lo que “exigimos que las autoridades regionales y nacionales atiendan esta problemática de manera urgente”

Sin embargo, mientras avanzan las coordinaciones y evaluaciones técnicas, cientos de estudiantes podrían seguir asistiendo a clases en locales con riesgo estructural. Es por eso que los directores, docentes y padres de familia esperan que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas, antes de que ocurra una tragedia.

Es un reportaje de Jornada para Pasó en el Perú

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Bajo tierra en la selva alta de Huánuco existe un lugar que permaneció intacto durante millones de años. Un espacio sin huellas humanas, sin turismo y sin intervención hasta ahora. El hallazgo ocurrió en el distrito de Luyando, provincia de León Prado.

Luyando, al estar en la provincia de Leoncio Prado, forma parte del valle del Alto Huallaga que tiene zonas montañosas y valles, con una altitud promedio de 660 a 700 msnm. Su clima es cálido y lluvioso, como caracteriza a la selva alta, con una alta humedad y abundantes precipitaciones fluviales gran parte del año. El territorio es bañado por los ríos Huallaga y Tulumayo.

Además, alberga recursos geológicos como la Cueva de los Siete Peces (caserío Trampolín), que está entre sus atractivos naturales, como podrá serlo más adelante la ‘cueva de cristal’, descubierta por Luis Manuel Maguiña, deportista de aventura especializado en rapel y exploración subterránea y quien fue el primero en ingresar.

«Realmente es maravilloso. Lo único que puedo decir que es mágico, es increíble. Ni yo mismo podía creer que es lo que había encontrado, no podía creer dónde estaba… me emocioné bastante”.

Según relató Luis Manuel, la exploración comenzó de manera inesperada. Pero como tenía equipo, experiencia y una oportunidad, no quiso dejarla pasar.

“Sin pensar fuimos a la cueva y tiene un pozo pequeño, no es de gran altura, aproximadamente entre 10 a 15 metros y ahí es donde empiezo a armar los equipos, los puntos de anclaje y decido bajar solo”.

Según cuenta el explorador, al inicio parecía una cueva más, pero tras avanzar unos metros, el escenario cambió por completo. Debido a que estaba solo, decidió volver al día siguiente junto a dos compañeros.

“Empecé a encontrar formaciones que no había encontrado en ninguna de las cuevas de acá. Todo brilla… y eso fue lo que me llamó bastante la atención”.

Por lo dicho por Maguiña, en el interior de la cueva no hay murciélagos ni señales de fauna. Y el agua es completamente cristalina. Para Luis, esta ausencia explica su estado de conservación.

“Es algo único, sí. Y lo que me llamó bastante la atención a mí fue que, en todas las cuevas que he visitado nunca había encontrado las helictitas”, refirió

Las helictitas son delicadas formaciones en cuevas que pueden ser fácilmente rotas al menor contacto. Tienen formas curvas o anguladas y crecen en direcciones aparentemente imposibles: hacia los lados, en espiral o incluso hacia arriba, a diferencia de las estalactitas y estalagmitas, que siguen la gravedad. Por todo ello, son raramente vistas al alcance de la mano en cuevas turísticas.

Luis Manuel Maguiña comenta que hoy la prioridad, no es abrir la cueva al turismo ni convertirla en un atractivo inmediato. El foco está en proteger un espacio que permaneció intacto durante millones de años y que todavía guarda información clave para la ciencia, advierte.

Al respecto, informa que se ha tenido una reunión con la municipalidad de Luyando, en la que se ha hablado sobre la cueva y el tema de turismo ahorita no está. “No pensamos ofrecerla como un destino turístico. Uno, porque recién vamos a hacer estudios y otro porque si el turismo llega ahí eso se va a destruir. Sabemos cómo somos las personas y eso es lo que yo he propuesto también”.

Al igual que a su descubridor, a quien lo que más le interesa es cuidar ese lugar, protegerlo a toda a toda cosa, porque realmente es muy hermoso, tiene historia y [han tenido que pasar] millones de años para que se puedan desarrollar esas formaciones, debe ser la preocupación de todos los luyandinos y de todos los peruanos.

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El controvertible congresista por Arequipa, Edwin Martínez ha sido protagonista de dos hechos en la semana. Se ha autopropuesto como reemplazo del presidente de la República, José Jerí, en caso sea retirado del cargo, porque afirma que tiene “la capacidad y preparación para asumir un rol tan importante y enfrentar los desafíos actuales”.

Dice esto, pese a que, en diciembre del 2025, Martínez obtuvo solo un voto en las elecciones internas de Acción Popular, en las que postulaba en la lista 3, para ser candidato a presidente de la República. Y tras truncarse su aspiración, anunció que no postulará para ser senador o diputado y que podría presentarse para el Gobierno Regional de Arequipa.

El otro hecho que ha protagonizado es la denuncia que ha interpuesto contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por permitir el mal uso de S/80 millones en la franja electoral que se entrega a cada partido y también lo acusa de negligencia en la implementación del voto digital.

Pero Martínez Talavera, actual congresista por el partido Acción Popular representando a Arequipa, desde que desempeñó el cargo de alcalde del distrito de Mariano Melgar del 2015 al 2018, ha tenido una trayectoria política marcada por incidentes de conducta pública y una serie de investigaciones judiciales que lo persiguen desde esa gestión municipal hasta su actual labor legislativa.

Caso Los Niños: Pedro Castillo y a 21 congresistas denunciados incluyendo a Edwin Martínez

La investigación por lavado de activos es la más grave de cuando fue alcalde

En sus años previos a la política, Martínez se dedicaba a la distribución de cerveza utilizando una antigua camioneta de los años ochenta, siendo esta su única fuente de ingresos entonces. Sin embargo, tras asumir la alcaldía, su perfil público cambió, no solo por su labor administrativa, sino por protagonizar incidentes como conducir en estado de ebriedad, encadenarse al Palacio de Gobierno y verse involucrado en constantes altercados físicos. Antecedentes que le dieron una imagen de «político peleón» que ha mantenido incluso en el Congreso.

La investigación más grave que enfrenta Martínez de cuando fue alcalde es una acusación por lavado de activos, por la cual el Ministerio Público solicita 11 años de pena privativa de la libertad. Según la tesis fiscal, el parlamentario habría utilizado dinero de procedencia ilícita, presuntamente obtenido durante su gestión edil, para incrementar su patrimonio y el de su entorno cercano. La fiscalía sostiene que Martínez no ha podido justificar un desbalance patrimonial de aproximadamente 700,000 soles.

La acusación se centra en el edificio de tres pisos que construyó en el distrito de Socabaya, destinado a sus tres hijos. La pericia fiscal indica que el inmueble cuenta con acabados de lujo, estacionamientos e incluso una piscina, que superan largamente lo declarado inicialmente por el congresista.

Martínez ha minimizado estos hallazgos ante la prensa, calificando la piscina como un «pozo de pato» y alegando que la propiedad fue construida con ahorros de sus 30 años de trabajo.

Además del inmueble, la red de presunto lavado involucra a su exesposa, sus hijos y su actual pareja, quienes figuran como co-investigados por la adquisición de diversos vehículos de lujo. Se sospecha que Martínez habría proporcionado el dinero para la compra de al menos seis autos, incluyendo uno adquirido al contado por su pareja sentimental por 20,000 dólares en 2017. Transacciones sospechosas para la fiscalía, porque entonces como alcalde declaraba ingresos mensuales que apenas rondaban los 4,500 soles.

Le gritaron de todo: congresista Edwin Martínez es pifiado mientras recibía reconocimiento en Arequipa (VIDEO)

El caso “Los Niños”, la Operación Valkiria V, lo involucran como congresista

Ya como congresista, Edwin Martínez está incluido en la compleja investigación del caso «Los Niños». La fiscalía lo categoriza dentro del grupo «Niños 2». Este está conformado por legisladores que habrían tenido nexos con el gobierno del expresidente Pedro Castillo para obtener beneficios ilícitos a cambio de apoyo político. Se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y negociación incompatible.

Su nombre también ha surgido en las investigaciones de la Operación Valkiria V, que desarticuló una presunta red criminal liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según las indagaciones, Martínez sería uno de los 42 congresistas que habrían pactado con asesores de Benavides. Esto, para votar a favor de la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos y la elección del Defensor del Pueblo. Aunque el congresista ha negado rotundamente conocer a los asesores implicados, su voto coincidió con los intereses de la red denunciada.

En el ámbito ético y administrativo, Martínez enfrentó un escándalo por la contratación en su despacho de Isabel Cajo. Una trabajadora presuntamente vinculada a una red de prostitución y chantaje dentro del Congreso. Por revelaciones periodísticas se sabe que Cajo tenía una cuenta en plataformas de contenido para adultos y estaba relacionada con el jefe de la oficina legal del Parlamento, sindicado como cabecilla de dicha red. Martínez defendió la contratación alegando que solo evaluó su currículum y que la vida privada de su personal no le interesaba.

La postura del legislador frente a temas de género también ha generado un fuerte repudio social. Recientemente, fue denunciado ante la Comisión de Ética por sus comentarios machistas sobre una mujer que denunció por violación al actual presidente interino, José Jerí. Martínez responsabilizó públicamente a la víctima. Afirmó que «no debió embriagarse ni exponerse» y que una mujer debe «mantener la cordura» para evitar este tipo de situaciones. Estas declaraciones las calificaron como una revictimización de la denunciante.

Edwin Martínez se enfrenta a periodistas en defensa de su trabajadora (VIDEO)

Martínez tiene un futuro legal incierto porque procesos han avanzado

A pesar de estos cuestionamientos, Martínez mantiene un rol activo en el debate legislativo. Aunque a menudo de forma aislada de su propia bancada de Acción Popular. Durante el cierre de la última legislatura, criticó la denominada «Triple Alianza» entre Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre. Los acusó de dañar la institucionalidad del país para favorecer intereses particulares. Asimismo, se ha opuesto a reformas agrarias que, según él, perjudican al pequeño agricultor.

El futuro legal del congresista se presenta incierto, ya que los procesos por lavado de activos se encuentran en etapa avanzada cerca del juicio oral. Martínez ha intentado deslegitimar estas investigaciones acusando a la prensa y al Ministerio Público de inventar «historietas» para dañar su imagen. No obstante, las pruebas periciales sobre sus bienes y los testimonios recogidos por la fiscalía son el principal sustento de las acusaciones en su contra.

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El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, irá a juicio oral por presunta difamación en agravio de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. El Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema programó la audiencia para el martes 3 de marzo a las 2:00 de la tarde.

La denuncia de Espinoza se fundamenta en un mensaje publicado por el congresista Rospigliosi en la red social X el 7 de julio de 2025 en el que vinculó a la exfiscal con el terrorismo tras haber mantenido reuniones con familiares de las víctimas de las protestas de diciembre de 2022 y el inicio de 2023.

“La aliada del terrorismo y de las economías ilegales, Delia Espinoza, se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Esa persecución debe terminar y los delincuentes y sus aliados ir a prisión”.

Es por lo que, el 10 de julio de 2025, la exfiscal remitió una carta notarial a Rospigliosi solicitando una rectificación en un plazo de 24 horas. Ante la falta de respuesta, el congresista reiteró sus afirmaciones y sostuvo: “Esa es mi opinión, ese es mi análisis, lo ha sido desde hace mucho tiempo y lo reitero ahora. No tengo por qué retractarme, por supuesto”.

Fernando Rospigliosi despotrica contra Delia Espinoza mientras militares lo aplauden (VIDEO)

¿Qué es lo que exige el Juzgado a Fernando Rospigliosi?

El inicio del juicio oral contra el congresista fujimorista, está previsto en la resolución del Poder Judicial a la que tuvo acceso Infobae. La audiencia será virtual y Rospigliosi tendrá que conectarse obligatoriamente. De no hacerlo, se le declarará reo contumaz y “se oficiará a la Policía Nacional del Perú para que sea conducido a la fuerza al juicio oral”.

El Juzgado le impone comparecencia simple al presidente encargado del Parlamento y también cita a su abogado Humberto Abanto para el comienzo del juzgamiento. Si la defensa legal no se presenta, se le excluirá y reemplazará por un defensor público.

También le advierten a Delia Espinoza de que, si no se conecta a la audiencia del 3 de marzo, se archivará la querella por difamación agravada contra Fernando Rospigliosi.

La exfiscal exige que al congresista fujimorista se le condene a 2 años y 4 meses de prisión por llamarla “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” sin prueba alguna. Y pide además, una reparación civil de un millón de soles, monto que donaría en su totalidad al Hospital de Neoplásicas.

Si condenan a Rospigliosi su candidatura al Senado queda en suspenso

Por este caso y si el Juzgado Unipersonal Supremo determina que efectivamente Rospigliosi difamó a Delia Espinoza y le impone una condena, el fujimorista estaría impedido de postular al Senado, y su candidatura quedaría en suspenso. Aunque esta sea de primera instancia.

Esto, porque la Constitución así lo establece. “Están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”, dice nuestra Carta Magna.

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Durante una entrevista televisiva, Adriana Tudela, candidata a la segunda vicepresidencia por Avanza País, afirmó lo siguiente en relación con el Registro Integral de Formalización Minera, conocido como Reinfo: «El Reinfo es una política que se aprueba también durante el gobierno de Ollanta Humala, que era, digamos, abiertamente antiminero».

Las declaraciones de la candidata se dieron en un momento de la entrevista en que se hablaba de manera crítica sobre las políticas que presuntamente han obstaculizado por razones ideológicas a la minería formal y, por el contrario, han favorecido a la minería ilegal. El diálogo fue el siguiente: 

Tudela: […] Y creo que la izquierda tiene una enorme cuota de responsabilidad en el problema que estamos enfrentando. 

Entrevistador: Incluso los antimineros están en la minería ilegal ahora. Los supuestos antimineros de antes, ¿no?

Tudela: Exacto. Y además, el Reinfo es una política que se aprueba también durante el gobierno de Ollanta Humala, que era, digamos, abiertamente antiminero, ¿no?   

Entrevistador: Así es. Ha mencionado el 2011. Ahí empieza la debacle…

Tudela: Ahí empieza esto.

Entrevistador: Se para Conga, se para Tía María, se para todo…

Tudela: Y se crea el Reinfo.

Entrevistador: Y se crea el Reinfo, claro. 

Tudela: Y eso es responsabilidad directa de la izquierda del Perú. 

Tras revisar el marco normativo sobre el tema y consultar a especialistas en derecho ambiental, la red AmaLlulla concluye que la afirmación de Adriana Tudela es engañosa. Si bien el proceso conocido como formalización minera se originó en 2012, durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala, el Reinfo como tal fue creado formalmente en 2016, en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

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El pueblo tradicional de Cerro Viejo, en el distrito de Cerro Colorado, celebrará este domingo sus carnavales con la salida de sus tradicionales Chivos de Cerro Viejo, una de las expresiones más representativas del carnaval popular arequipeño.

Con sus características capuchas cónicas rojas, traje de parches llenos de color y el tradicional huiro en la mano —símbolo de su identidad festiva—, los Chivos recorrerán las principales calles del pueblo llevando música, alegría y tradición.

El pasacalle iniciará en la Calle Salamanca y continuará por Av. Pumacahua, Córdoba, Cahuide, Av. Arequipa, Gral. Morán, Inca, Canga, retornando por Av. Pumacahua, Av. Arequipa, Calle Arica, Salaverry y Maretégui, para culminar con un gran cierre en la Plaza de Cerro Viejo con música en vivo.

Cerro Viejo es un pueblo tradicional de la Arequipa de antaño, donde las costumbres se mantienen vivas: la entrada de ccapo, la fiesta de la Virgen del Rosario, las troyas, la quema de castillos, la música tradicional y sus reconocidas picanterías forman parte de una identidad que se celebra en comunidad.

E festejo del carnaval tradicional será este domingo 15 de febrero a partir de las 11 de la mañana.

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• Censura contra José Jerí se debatirá este 17 de febrero: pleno extraordinario se realizará pese a trabas de Fernando Rospigliosi

• Renovación Popular tuvo que pedir que Waldemar Cerrón convoque a pleno extraordinario mientras que congresistas reúnían firmas para censurar a Fernando Rospigliosi, que tuvo que dar su brazo a torcer

• María del Carmen Alva ya tiene competencia: los polémicos José Balcázar y Edwin Martínez se ofrecen para reemplazar a José Jerí en la presidencia

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El video ¡CENSURA A JERÍ EL 17! | Rospiglosi se burla: adelanta que no va a pasar nada, ahora piden vacancia se publicó en YouTube en este enlace

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El excongresista Justiniano Apaza participa en las elecciones como candidato al Senado por el partido Primero la Gente. A pesar de su trayectoria vinculada a la izquierda y al sindicalismo, Apaza integra la lista liderada por Marisol Pérez Tello, argumentando que existe una coincidencia en la lucha contra la corrupción que trasciende las ideologías políticas. El candidato señaló que su retorno a la política activa responde a una percepción de falta de moral y valores en las instituciones actuales.

Sobre la reinstauración de la bicameralidad, Apaza sostuvo que la creación del Senado responde a intereses de los actuales legisladores para concentrar el poder. Cuestionó que la Cámara Alta posea facultades para nombrar a los directores del Banco Central de Reserva, al Contralor General y a los miembros del Tribunal Constitucional. En consecuencia, planteó que una de sus tareas principales será promover una consulta popular para que la ciudadanía decida si el Senado debe continuar o desaparecer, argumentando que no existe una igualdad de poderes con este diseño.

Posición sobre minería, seguridad y reformas legislativas

En relación con los conflictos socioambientales, el candidato indicó que no se opone a la inversión privada, pero enfatizó que los proyectos deben contar con licencia social. Respecto al proyecto Tía María, afirmó que su ejecución no es viable debido al rechazo de la población local. Asimismo, propuso modificar la Ley de Consulta Previa para que la opinión de las comunidades sea vinculante en las decisiones del Estado sobre actividades extractivas. Criticó además la gestión actual de los recursos naturales, mencionando la contaminación del río Tambo y la falta de control en las actividades mineras en el sur del país.

En el ámbito de la justicia y seguridad, Apaza se pronunció a favor de derogar las leyes relacionadas con el crimen organizado que, según su partido, debilitan la lucha contra la delincuencia. Sobre la inmunidad parlamentaria, la calificó como un instrumento que debe usarse con racionalidad para proteger la fiscalización, aunque aclaró que los congresistas procesados por delitos de corrupción o abuso de autoridad deben ser separados de sus cargos. Finalmente, en materia ambiental, respaldó la derogación de la denominada ley antiforestal, señalando que la Amazonía enfrenta una depredación por minería ilegal y falta de presencia estatal.

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Después de la pataleta de Fernando Rospigliosi y su mesa directiva, quienes hasta el final pusieron todas las trabas posibles para convocar a un pleno extraordinario, por fin hay fecha.

A regañadientes, Rospigliosi anunció que se han subsanado las famosas firmas digitales que eran “inválidas”, recalcando que, pese a haber cometido varios errores y presentar mal la moción en siete partes distintas, se ha aceptado el mínimo necesario para discutir la censura de Jerí este 17 de febrero a las 10 de la mañana.

Hasta tuvo el atrevimiento de sugerir que le deben una disculpa. ¿Una disculpa? Como si no hubiera sido él quien minimizó desde el inicio los escándalos del presidente, se negó a convocar al pleno con mil pretextos constitucionales y convirtió el trámite en una carrera de obstáculos.

Y ahora, como cereza del pastel, estamos casi seguros de que, aunque aprueben la censura contra Jerí, no pasará absolutamente nada. Porque el siempre precavido Rospigliosi y su séquito de “constitucionalistas de estanque” ya han dicho que la única forma de sacar a Jerí del cargo es con una vacancia.

Así que prepárense para otra semana en la que inventarán nuevas excusas para mantener en el cargo, por pura conveniencia, a alguien que, en otros tiempos, ya estaría rindiendo cuentas ante la Fiscalía.

Congresistas reúnían firmas para censurar a Fernando Rospigliosi, solo así tuvo que dar su brazo a torcer y convocar a pleno extraordinario

Aunque ya había las firmas necesarias para el pleno extraordinario, Fernando Rospigliosi buscaba todo tipo de sinrazones para proteger a José Jerí. Sin embargo, sus movidas acabaron con la paciencia de los partidos del pacto que quieren sacar provecho a este asunto. Renovación Popular acusó al popular gusano de encubrir las irregularidades de Pajerí y pidieron a Waldermar Cerrón, segunda máxima autoridad del Congreso en ejercicio, que sea él quien convoque al pleno extraordinario donde se debatan las mociones de censura y vacancia contra José Jerí.

A esto hay que añadir que entre los congresistas estaban reuniendo firmas para censurar a Fernando Rospigliosi. Solo así, “Rospi” tuvo que convocar sesión, pero se espera más trabas la próxima semana. 

María del Carmen Alva ya tiene competencia: los polémicos José Balcázar y Edwin Martínez se ofrecen para reemplazar a José Jerí en la presidencia

Aunque José Jerí todavía no cae en desgracia, sus coleguitas otorongos no han tardado en ofrecerse a ocupar su lugar en la Presidencia de la República. Se sabía que los partidos del pacto veían con buenos ojos la ascensión de Malcricarmen Alva, quien cuenta con la bendición de Rafael López Aliaga.

Sin embargo, otros dos padrastros de la patria han salido a ofrecerse para la sacrificada labor de jefe de Estado. Por un lado está José Balcázar, ex Perú Libre y ahora un no agrupado. Luego que Guido Bellido lo nominara, el tío ha salido a reventarse cohetes y a decir que es un tipo de consenso, como ya lo demostró al liderar la comisión para elegir a los magistrados de este Tribunal Constitucional. Así como lo leen, este tonto útil le entregó el TC al pacto y se siente orgulloso. Además, se hizo conocido por decir que las relaciones sexuales a temprana edad ayudan al futuro psicológico de la mujer.

La contraparte de Balcázar es casi de su misma calaña. Hablamos de Edwin Martínez, elegido por Acción Popular en Arequipa y recordado por sus incontables exabruptos. Su errática trayectoria congresal se ha caracterizado por ser señalado como uno de Los Niños, por defender al exministro castillista Juan Silva y al exministro boluartista Juan José Santiváñez y, en especial, por defender a Isabel Cajo, una de las chicas OnlyFans que trabajó en el Congreso y que también es amiguita de José Jerí.

Lo peor de lo peor.

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– José Jeri más cerca del abismo: convocan sesión plenaria para su censura en el Congreso
– Misterio en el albergue de Jáuregui
– ¿Y cómo van las encuestas y candidatos?
– Conexión regional: Encaran a Portalatino en Arequipa y los estragos de la Candelaria

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El video José Jeri más cerca del abismo: convocan sesión plenaria para su censura en Congreso | Pico a Pico se publicó en YouTube en este enlace

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Pueblos originarios Awajún y Wampis han salido a las calles en protesta contra el abandono del Estado después del cierre de dos fiscalías especializadas y tres unidades médico-legales, medidas que dejarían inconclusas más de 800 denuncias de abuso sexual en menores. La grave situación ha sido denunciada por el Consejo de Mujeres Awajún Wampis – Comuawuy, que advirtió que casi a diario emergen nuevos casos de violencia y explotación sexual infantil en sus comunidades, un drama que, aseguraron, ha permanecido desatendido por las autoridades.

Según las mujeres Awajún y Wampis, la desarticulación de servicios que estaban destinados a atender delitos de gravedad como la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes genera un vacío institucional que favorece la impunidad. Las organizaciones sostienen que la medida no solo afecta el acceso a justicia, sino también la atención integral que requieren las víctimas para su recuperación física y psicológica.

La dirigencia también cuestionó la postura de varios de los postulantes en estas elecciones generales, argumentando que sus propuestas y agendas no contemplan de manera efectiva las necesidades de las comunidades amazónicas, especialmente en materia de seguridad, protección de derechos y servicios básicos de salud y justicia. Es por ello que han exhortado a la población peruana a elegir con responsabilidad, tomando en cuenta la urgencia de garantizar políticas públicas que protejan a la infancia y los derechos fundamentales de los pueblos originarios.

En una movilización convocada para este 13 de febrero, las mujeres Awajún y Wampis han llamado a la ciudadanía a unirse a la lucha y visibilizar la emergencia humanitaria que viven sus territorios ante el retroceso de mecanismos institucionales clave. La manifestación busca además exigir al Estado la reapertura inmediata de las fiscalías y unidades médico-legales que fueron cerradas, así como la implementación de acciones concretas para combatir la violencia sexual contra menores y asegurar que las denuncias no queden impunes.

El video PROTESTARON: 800 denuncias de abuso sexual quedarían impunes tras el cierre de fiscalías en Amazonas se publicó en YouTube en este enlace

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Durante una entrevista en un medio televisivo, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde fue consultado sobre el reciente escándalo por el uso indebido de los fondos públicos destinados a la franja electoral. García Belaúnde cuestionó los diferentes casos, revelados por la prensa, y como parte de sus argumentos dijo lo siguiente: “[…] eso debería ser gratis. Porque hay que recordar que hasta hace poco la franja electoral era gratis”. 

Las declaraciones de García Belaúnde ocurren en medio de la crisis política debida a los cuestionados manejos en distintas organizaciones políticas, que direccionaron la ejecución de pagos por financiamiento público indirecto de campañas, a cargo de la ONPE, hacia medios con conflictos de interés o de dudoso alcance.

Sin embargo, tras revisar la legislación y normativa al respecto y consultar con especialistas, AmaLlulla concluye que la afirmación del excongresista es falsa. En realidad, desde su origen, en el año 2000, la franja electoral nunca fue gratis. Desde su creación fue un espacio costeado con fondos públicos. 

Las organizaciones políticas están facultadas a cubrir los costos de sus campañas electorales a través de tres tipos de ingresos; el financiamiento privado, el financiamiento público directo y el financiamiento público indirecto, de acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

El financiamiento público indirecto, o también denominado franja electoral, es el conjunto de “espacios asignados a las organizaciones políticas con candidaturas inscritas en los medios de comunicación de radio y televisión de propiedad privada y del Estado, así como en medios digitales (redes sociales), para la difusión de sus propuestas, planteamientos, planes de gobierno y propaganda electoral”. 

La franja electoral tiene sus antecedentes en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), publicada el primero de octubre de 1997. Originalmente, el artículo 194 de esta norma establecía que la ONPE “adquiere espacios en los medios de comunicación del Estado, los mismos que se ponen a disposición de los partidos políticos inscritos o de las alianzas de partidos o de las listas independientes, sin costo alguno”.

Posteriormente, la Ley 27369, publicada el 18 de noviembre del 2000, modificó este artículo para extender los espacios de propaganda, sin costo para las organizaciones políticas, a canales de televisión y radios privadas. El uso de esos espacios pasó a estar bajo custodia del Jurado Nacional de Elecciones. En esta modificación aparece la expresión franja electoral.

Estos espacios no eran gratuitos, sino que el costo de los mismos era asumido por el Estado, a una tarifa preferente para todas las organizaciones políticas. 

“El Jurado Nacional de Elecciones dictará las normas reglamentarias que complementan el presente artículo y fijará los límites en duración, frecuencia y valor a la publicidad política durante el proceso electoral”, precisa la nueva versión del artículo 194.

En ese marco, el Reglamento de la Franja Electoral, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, el 19 de enero 2001, previo a las elecciones generales de ese año, estableció que la ONPE sería la institución encargada de contratar espacios de difusión a medios privados, “previa negociación de tarifas preferentes con los medios de comunicación social de acuerdo a las prácticas comerciales del mercado de publicidad”.

En ese marco, la Organización de los Estados Americanos (OEA), por medio del informe Misión de Observación Electoral Elecciones Generales Perú, 2001, confirmó que el Estado peruano pagó a medios de comunicación para desarrollar la franja electoral. 

“La ampliación de la franja electoral, pagada por el Estado, permitió el acceso equitativo y gratuito a los partidos políticos, agrupaciones independientes o alianzas, a los canales de televisión de señal abierta y estaciones de radio, públicos o privados, sin hacer depender esos accesos de los recursos económicos grandes o escasos de cada agrupación”, indica, entre sus conclusiones, el informe. 

Posteriormente, en el 2003, la Ley de Organizaciones Políticas estableció que, además del pago descrito en párrafos anteriores, el Estado debe compensar a los medios, reduciendo el monto del cobro que se les hace por el uso del espectro radioeléctrico. 

El artículo 270 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, publicado por la ONPE en el 2005, ratificó que el Estado proporciona un presupuesto específico para la contratación de los espacios para la franja electoral. 

En ese marco, en marzo de 2006, el Congreso aprobó la Ley 28679, que le otorgó a la ONPE la suma de 20 millones de soles para que esta institución financiara los gastos de la franja electoral de las elecciones generales de ese año. La ley señaló que dicha operación no perjudicaba la compensación que se le hace a los medios, que reduce el pago por derecho al uso del espectro radioeléctrico.

Consultado para esta verificación, el politólogo Fernando Tuesta, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y exjefe de la ONPE (entre los años 2000 y 2004), confirmó que, desde su implementación en las elecciones de 2001, la franja electoral nunca fue gratuita porque el Estado siempre pagó por dichos espacios a los medios de comunicación públicos o privados. 

“Desde el año 2001 hasta ahora, o sea, más de 25 años o un cuarto de siglo, la franja siempre ha sido gratis para los partidos políticos. Pero esto fue porque el Estado se encargaba de pagar esos espacios”, indicó el especialista Tuesta. 

Actualmente, la Ley de Organizaciones Políticas precisa que la ONPE “recibe como asignación presupuestaria, conjuntamente con el presupuesto para el proceso electoral, el monto que irrogue el acceso a radio, televisión y al pago de la publicidad en redes sociales en cada elección. Los precios convenidos con los medios de comunicación deben ser los considerados para una tarifa social”. 

Este procedimiento está establecido específicamente en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.

“Decir que antes era gratis, no es preciso. Nunca fue gratis [para el Estado]. Los partidos acceden a los medios de comunicación a través del pago que hace el Estado a los medios”, explicó Fernando Tuesta. 

“Los partidos no pagan. Es por eso que se llama financiamiento público indirecto”, precisó el exjefe de la ONPE. 

Tuesta también publicó en la red social X los montos desembolsados por la ONPE para la contratación de espacios en medios de comunicación, como parte de la franja electoral, entre las elecciones generales de 2001 hasta las elecciones primarias de las elecciones generales de 2026. 

Ama Llulla confirmó con base en las informaciones periodísticas y documentales que hubo financiamiento público en esos procesos electorales. 

Con el fin de obtener precisiones sobre su afirmación, AmaLlulla se comunicó con Víctor Andrés García Belaúnde. En respuesta, el excongresista señaló lo siguiente: 

“Lo que yo he dicho, lo que he tratado de decir, es que la franja electoral ha sido gratuita. O sea, ha habido muchas modificaciones. Empezó siendo una franja electoral para las municipales. Hay toda una historia detrás de eso. Entonces, lo que yo he dicho es que sí, originalmente no se paga”. 

Enseguida, el excongresista García Belaúnde reconoció no conocer realmente si el Estado pagó siempre por la franja electoral. 

“Yo no sé si se pagó la primera elección, o la siguiente sí, o si se pagó siempre, eso no lo sé. Pero la idea original era esa. Era dar una franja para darle posibilidades a todos por igual para que todos puedan participar, pero que el Estado no desprenda dinero. Hay que revisarlo, yo no me he puesto a estudiar el tema, evidentemente, pero parece que la primera vez que algo de dinero se dio a los medios fue unos 9 millones de soles de unas elecciones municipales, pero yo no creo que haya sido siempre así, eso ha ido variando hasta el final”. 

En este punto es preciso señalar que el contexto de la entrevista en la que García Belaúnde brindó el dato objeto de esta verificación estaba referido a las elecciones generales, es decir, para elección del presidente de la república y miembros del Congreso.

En función de lo expuesto, AmaLlulla concluye que es falsa la afirmación del excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, acerca de que hasta hace poco la franja electoral era gratis. En realidad, desde su creación, el Estado siempre ha cubierto los costos de los espacios asignados a las agrupaciones políticas para la franja electoral. 

Este chequeo fue realizado por Evidencia.pe, miembro de la red AmaLlulla, con la herramienta de inteligencia artificial Quispe Chequea, de OjoPúblico.

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El pleno extraordinario del Congreso para ver la moción de censura contra el mandatario José Jerí, por sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos será el próximo martes 17 de febrero, según lo anunció Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Parlamento, luego de confirmara que se subsanaron las 29 firmas que fueron consignadas de forma errada.

Rospigliosi Capurro informó en su cuenta de X, que «los promotores de la censura subsanaron los errores al presentar el pedido para convocar el pleno extraordinario y que por ello, pudo fijar rápidamente una fecha para ver este tema».

Los congresistas que promovieron la censura, cometieron varios errores que los han subsanado y presentaron la moción en siete partes distintas (no es lo regular, pero se ha aceptado), con 78 firmas, justo el mínimo necesario. «En consecuencia, coordinando con la Mesa Directiva, he dispuesto que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Jerí, el martes 17 a las 10 am», expresó Rospigliosi en su mensaje.

La citación titulada como “Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso”, establece que la reunión se realizará de manera presencial el martes 17 de febrero de 2026 a las 10:00 a. m. Además informa que la convocatoria se hace “por disposición del señor Presidente encargado del Congreso de la República y de conformidad con el artículo 50 del Reglamento del Congreso”.

El pleno extraordinario se realizará en el Edificio José Faustino Sánchez Carrión, para debatir la moción de censura presentada contra el jefe de Estado. Los congresistas deberán evaluar los argumentos que se presenten y así, votar para aprobar o rechazar la medida.

José Jerí tiene cita con la Fiscalía el 2 de marzo por contratos a jóvenes en Palacio

Cuando ya se sepa si el presidente interino José Jerí fue o no censurado por el pleno del Congreso este 17 de febrero, deberá responder ante la Fiscalía por las contrataciones de personas de su entorno en Palacio. Esta audiencia está dentro de la investigación preliminar contra el mandatario por el presunto delito de tráfico de influencias, donde también se incluye el caso Chifagate.

Como las indagaciones se consideran «complejas», se realizarán en un plazo de 90 días. La cita para su declaración está fijada para el 2 de marzo a las 2.30 p.m. en Palacio de Gobierno. Podrá contar con la presencia de su defensa legal, que es financiada por el Estado tal como lo oficializó una resolución del Despacho Presidencial y que solicitó el propio Jerí Oré.

En tanto, ya se solicitó al secretario general de la Presidencia dándole un plazo máximo de tres días hábiles, que remita el reporte de contrataciones y designaciones de: Cristina Beraún, Fiorella Melgarejo, Alicia Camargo, Rosmery Briones, Susana Gutiérrez, Rossmary Malpartida, Rosario Espinoza, Rosa Yaya e Hilda Zapata.

También se debe presentar “la directiva que regula el procedimiento de contratación de locadores de servicios en el despacho presidencial y la Secretaría General de Palacio, incluida las contrataciones como locador bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial, en el periodo 2025”, dice el documento enviado.

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Una escenografía presentada por estudiantes de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito, en Cusco, llamó la atención por su carga de sátira política. La puesta en escena representaría al presidente José Jerí recostado en una camilla y atendido por masajistas. A su alrededor se leían frases como “masajes con final feliz”, “baños de florecimiento a toda máquina” y “manos expertas, contrato fijo”.

La obra se realizó en el marco del tradicional Jueves de Comadres, festividad que marca el inicio de los carnavales y en la que se exhiben muñecos y escenografías que expresan simpatía o críticas hacia autoridades y figuras públicas mediante la ironía y la sátira.

El video SE BURLAN DE ÉL | Exhiben escenografía que habría parodiado a José Jerí y a sus “visitadoras” se publicó en YouTube en este enlace

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La Asociación de Instituciones Folklóricas de Huaylarsh Antiguo y Moderno (Aifham) anunció que 80 conjuntos afiliados no participarán en el concurso «Festival del Huaylarsh, Huancán 2026». La decisión responde a su desacuerdo con una disposición de las bases que exige una presentación previa obligatoria tipo pasacalle con calificación el primer día del evento, programado para este jueves 19.

Según el pronunciamiento oficial, el acuerdo fue tomado por unanimidad tras evaluar el reglamento. El punto cuestionado aparece en el capítulo IX. Allí se establece que las delegaciones visitantes, es decir las principales instituciones de huaylarsh, deben realizar una presentación de dos minutos desde las 7:30 a. m. Esta actividad incluye puntaje y un número mínimo de parejas por modalidad (huaylarsh moderno y antiguo). Además, la organización la califica como una condición «indiscutible e irrevocable».

Desgaste para el bailarín

El presidente de la asociación, Adrián Aliaga Daga, declaró a Huanca York Times que desde el año pasado solicitan que este tipo de presentaciones no sea obligatorio ni evaluado. Señaló que el formato desgasta a los bailarines. También recordó que la institución ya se había manifestado contra pasacalles y concursos realizados de madrugada durante carnavales en distritos del sur de Huancayo. Según indicó, estas prácticas afectan a los danzantes y alteran el sentido tradicional de la festividad.

Al no registrarse cambios en las bases, los conjuntos acordaron no participar. En su comunicado, la Aiafham afirmó que respeta la posición de los organizadores, pero sostuvo que su decisión busca mantener coherencia con sus principios institucionales.

Asimismo, confirmaron que su conjunto Nueva Sociedad San Cristóbal de Huayucachi tampoco participará. Otros grupos, como Folkloristas de Huancayo, también difundieron el pronunciamiento.

Retrocedió

Consultada sobre el tema, la municipalidad informó que en una reunión con delegados retrocedió en la medida y retiró la obligatoriedad del pasacalle. Añadió que este viernes 13 se tendrá una posición definitiva.

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Durante el 2025, las exportaciones de café peruano alcanzaron los US$ 1,796 millones, anunció Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, consolidando un crecimiento sostenido en los últimos años. Este aumento responde tanto a la evolución de los precios internacionales como a la expansión hacia nuevos mercados y al fortalecimiento de la cadena de valor, que involucra a miles de familias cafetaleras en diversas regiones del país.

Según el reporte del sector, los envíos de café peruano llegaron a 52 mercados internacionales, siendo Estados Unidos el principal comprador, seguido por Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia. La diversificación de destinos ha permitido que el producto nacional mantenga su competitividad y presencia en el exterior.

Impacto en productores y regiones cafetaleras

El boom del café beneficia directamente a más de 223 mil familias involucradas en la producción, procesamiento y comercialización del grano. La actividad se concentra principalmente en regiones como San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco, donde pequeños productores manejan entre 1 y 5 hectáreas de cultivo, en su mayoría asociados en cooperativas o grupos locales.

Perú se mantiene como el noveno productor mundial de café convencional, con variedades como Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache y Geisha. Más allá de los volúmenes, el país sigue destacando por la calidad de sus cafés especiales; un ejemplo es el café Tunki de Puno, que en 2010 fue reconocido como el mejor café especial del mundo en la Feria de Cafés Especiales de Estados Unidos.

A pesar de los logros, gran parte de los pequeños productores requiere apoyo en diferentes etapas de la cadena de valor, desde la siembra y manejo del cultivo hasta la comercialización. Para muchos, las cooperativas representan una herramienta clave para mejorar la negociación y acceder a mercados más amplios.

El crecimiento sostenido del sector refleja la combinación de tradición, calidad y capacidad de adaptación de los caficultores peruanos, consolidando al café como el principal producto agrícola de exportación del país y una fuente importante de empleo directo e indirecto para aproximadamente dos millones de personas.

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Luego de que se conociera que varias menores víctimas de violencia sexual fueron expuestas en una actividad pública, realizada dentro del albergue que fundó la pastora evangélica y actual congresista Milagros Jáuregui; el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) intervino el lugar.

A través de un comunicado, este jueves informó que se ordenó el traslado progresivo de las niñas y adolescentes afectadas a otros centros especializados que garanticen condiciones adecuadas para su bienestar, seguridad y desarrollo integral.

“Con el objetivo de priorizar el interés superior de los residentes del centro de acogida residencial ‘La Casa del Padre’, hemos iniciado los procedimientos de variación de la medida de protección”, precisó.

El MIMP tomó esta decisión luego de que ejecutara, el último lunes, diversas acciones de supervisión y verificación en ese albergue privado que tiene más de ocho años de funcionamiento. Sin embargo, el sector también tendría responsabilidad porque, según la propia legisladora Milagros Jáuregui, la Unidad de Protección Especial de dicho ministerio les derivó al menos 150 adolescentes embarazadas o con hijos en estos años.

Fiscalía también reacciona

La situación es crítica. Por eso, este jueves también la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla realizó una visita inopinada al centro de acogida residencial ‘La Casa del Padre’ en el marco del inicio de una investigación por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En ese espacio, de acuerdo con la Fiscalía, se constató la presencia de 29 adolescentes y siete bebés, quienes ahora deberán ser trasladados a otros centros de acogida, de acuerdo con lo dispuesto por el MIMP.

También se verificó una serie de pruebas documentales y se realizó consultas generales a algunas adolescentes bajo un enfoque de protección integral y no revictimizante.

Asimismo, se revisó aspectos vinculados a las condiciones de confidencialidad y protección de la imagen, los protocolos internos sobre difusión de actividades institucionales, las medidas adoptadas para prevenir situaciones de revictimización; así como las condiciones generales del albergue fundado por la parlamentaria de Renovación Popular.

La diligencia fue dispuesta por el fiscal provincial Genaro Solís Quispe para constatar el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene dicho al albergue, ubicado en Cieneguilla, con la protección de la identidad, la dignidad, la privacidad y el desarrollo integral de las niñas y adolescentes, particularmente de aquellas en situación de especial vulnerabilidad.

Fuente: La República

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La DIRESA Puno distribuye 100 mil preservativos en todas las redes de salud durante febrero para prevenir la transmisión de ITS y VIH durante las fiestas de La Candelaria y Carnavales, según informó la obstetra y coordinadora regional de Estrategia Sanitaria Prevención y Control ITS-VIH-SIDA y Hepatitis, Nadine González Quispe.

La red de salud de Puno recibió 10 mil condones, el mayor porcentaje destinado a una sola red, mientras las demás redes sanitarias de la región obtuvieron cantidades proporcionales para cubrir la demanda durante las festividades, alcanzando un avance del 90% en la distribución a mediados de febrero.

«Se ha distribuido y se ha dado a todas las redes 100 mil condones para que puedan ser distribuidos, y a nivel de todas las otras redes el porcentaje para que se pueda cubrir durante estas fiestas de La Candelaria y fiestas de Carnaval», declaró González Quispe.

Reservas adicionales y estrategias de prevención

La DIRESA mantiene más de 100 mil preservativos adicionales en almacenes para distribuir de forma inmediata a establecimientos que agoten sus existencias durante las festividades, garantizando el abastecimiento continuo en toda la región mediante un sistema de reposición oportuna para la población.

La región registró 121 casos nuevos de VIH entre 2024 y 2025, siendo San Román la red con mayor número de contagios seguida por la red Puno, mientras se reportaron tres casos de sífilis congénita que motivaron un plan estratégico de eliminación de transmisión materno-infantil.

Los módulos informativos en todas las redes sanitarias ofrecen consejería sobre uso correcto del condón a jóvenes desde 14 años, menores con autorización paterna, mediante orientación presencial y plataformas digitales como WhatsApp y TikTok para comunidades lejanas sin acceso a establecimientos de salud.

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La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que Cusco registra 35 obras públicas paralizadas debido a fallas previas al inicio de su ejecución, como expedientes técnicos deficientes, falta de permisos o ausencia de terrenos disponibles, según el último reporte de la Contraloría General de la República. Este grupo de proyectos, cuyo costo total bordea los S/115 millones, ubica a Cusco como la tercera región con más obras detenidas por estas causas, solo por detrás de Áncash y Lima, y representa un riesgo en la gestión de los recursos públicos. “Cuando una obra se inicia sin contar con condiciones básicas resueltas, el proyecto queda expuesto a retrasos prolongados, modificaciones contractuales y mayores costos. En estos escenarios, el presupuesto inicial suele ampliarse, se acumulan gastos sin resultados concretos y se reduce la capacidad del Estado para asegurar que los recursos asignados se traduzcan efectivamente en infraestructura y servicios para la población”, explicó Erick Chuquitapa, economista de REDES. Precisamente, de las 35 obras paralizadas por errores previos al inicio de su ejecución, 34 están a cargo de gobiernos locales. Entre las más relevantes figuran la ampliación del sistema de agua y alcantarillado en Calca, a cargo de la municipalidad provincial, un proyecto iniciado en 2012 y actualmente detenido por falta de terrenos; la remodelación del mercado satélite de Quillabamba, ejecutada por la Municipalidad Provincial de La Convención; y la instalación de defensas ribereñas en el río Vilcanota, detenida por deficiencias en el expediente técnico. La concentración de estas paralizaciones ocurre en un contexto regional afectado por problemas de corrupción, un entorno que debilita la calidad de la planificación pública y hace más probable que errores técnicos, expedientes mal elaborados y decisiones deficientes terminen en obras que nunca llegan a ejecutarse. De acuerdo con la Contraloría, en 2023 Cusco perdió S/13 por cada S/100 de gasto público por corrupción e inconducta funcional, lo que equivale a más de S/1,352 millones. Además, el último reporte de la Defensoría del Pueblo indicó que 6 de cada 10 casos de corrupción registrados en Cusco durante el primer semestre del 2025 involucraron a funcionarios municipales. Este tipo de fallas previas no es nuevo en la región. En proyectos emblemáticos del pasado, problemas detectados desde las primeras etapas terminaron derivando en paralizaciones prolongadas, sobrecostos y procesos de investigación fiscal. Un caso representativo es el del Hospital Antonio Lorena, que fue licitado con un expediente técnico deficiente, dando lugar a múltiples ampliaciones de plazo y mayores costos. La obra quedó vinculada a investigaciones por corrupción en el gobierno regional de ese periodo y, más de diez años después, recién se proyecta su inauguración este año. El impacto de las obras paralizadas se refleja directamente en la vida cotidiana de la población. “Cuando una obra queda detenida, los recursos públicos asignados no se traducen en servicios ni en infraestructura para la gente. Eso significa que proyectos de agua, saneamiento, electricidad u otros servicios básicos simplemente no llegan”, señaló Chuquitapa. En Cusco, esta situación es especialmente visible: 7 de cada 10 hogares no cuentan con el paquete completo de servicios básicos, según el INEI. El economista añadió que vivir en un entorno sin servicios tiene efectos más amplios sobre el desarrollo regional. “Las obras inconclusas y la falta de confianza en las instituciones desincentivan la inversión privada y limitan las posibilidades de crecimiento, buena educación y empleo. Al acumular una gran cantidad de obras sin concluirse, el problema deja de ser puntual y se convierte en una señal de debilidad institucional que influye en las decisiones de inversión en la región”, finalizó.

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El techo del nuevo Mercado Municipal de Lucanas–Puquio colapsó el sábado 7 de febrero de 2026, a pocas semanas de su entrega oficial. La obra, valorizada en más de S/ 18 millones y con fecha de culminación prevista para el 4 de abril, sufrió el desplome tras la jornada laboral. No se registraron personas heridas, pero el hecho encendió alertas sobre la seguridad estructural y el control técnico del proyecto. La infraestructura es ejecutada por el Consorcio Puquio, conformado por Constructora de Ingeniería Perú S.A.C. e Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C., y supervisada por el consorcio Vergara y Asociados. Según el residente de obra, el área afectada sería de unos 30 metros cuadrados y el problema estaría vinculado al sistema de encofrado, descartando preliminarmente una falla en la calidad del concreto. El incidente ocurrió pese a que existía un acta de suspensión de actividades, levantada tras el fallecimiento del jefe de supervisión días antes del colapso. 

El alcalde provincial, Jhoni Atoccsa Morales, indicó que la municipalidad no tenía conocimiento de que se continuaría con el vaciado del techo y advirtió que, de confirmarse un incumplimiento, se aplicarán penalidades contractuales. Las dudas sobre la obra se profundizan debido a observaciones previas de la Contraloría, que en octubre del año pasado alertó sobre la falta de fichas técnicas de materiales, ensayos de control de calidad y pruebas de densidad de campo. Tras el colapso, la municipalidad evalúa un peritaje técnico independiente, mientras crece la preocupación ciudadana por uno de los proyectos más emblemáticos de la actual gestión edil.

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