Decenas de colegios enfrentan graves riesgos estructurales por años de abandono, lluvias intensas y falta de mantenimiento, poniendo en peligro a miles de escolares
PASÓ EN EL Perú | En Ayacucho, decenas de colegios enfrentan graves riesgos estructurales por años de abandono, lluvias intensas y falta de mantenimiento, poniendo en peligro a miles de escolares. A semanas del inicio del año escolar, directores, docentes y padres alertan sobre aulas deterioradas, techos colapsados y ambientes inseguros que no garantizan condiciones mínimas para estudiar.
El colapso parcial del colegio 9 de Diciembre evidencia una crisis regional que afecta zonas urbanas y rurales, donde la infraestructura educativa envejecida sigue esperando intervención urgente. Defensoría del Pueblo y gremios docentes exigen acciones inmediatas, inversiones aceleradas y decisiones responsables para evitar tragedias anunciadas y proteger la vida de estudiantes y docentes.
Cusco: salió informe final de choque de trenes
El informe final del choque de trenes en Machu Picchu reconstruye minuto a minuto cómo una distracción humana rompió protocolos clave y desencadenó una tragedia ferroviaria. El documento confirma que la tripulación de Inca Rail ignoró órdenes de cruzamiento, invadió la vía contraria y provocó un impacto frontal inevitable en una curva cerrada.
El accidente dejó un trabajador fallecido, más de ciento veinte pasajeros heridos y pérdidas millonarias, además de paralizar la ruta turística más importante del país. La investigación concluye que se infringieron trece normas de seguridad, demostrando que un solo error humano puede destruir años de operaciones ferroviarias seguras.
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La Liga Contra el Cáncer desarrollará campañas de despistaje clínico de cáncer de piel en playas y espacios públicos de Arequipa con el objetivo de promover la prevención y el diagnóstico temprano. Las jornadas incluirán evaluaciones médicas gratuitas, consejería especializada y ferias informativas dirigidas a la población expuesta a la radiación solar durante la temporada de verano.
Las actividades se realizarán los viernes 6, 13 y 20 de febrero y el sábado 28 en distintos balnearios, entre ellos Punta de Camaná, malecón de Mollendo, Punta de Bombón y primera playa de Mollendo. Además, el 11 de febrero se efectuará una campaña en la plaza España de la ciudad de Arequipa. En cada punto participarán entre cuatro y cinco profesionales de la salud y se entregarán bloqueadores solares como parte de las acciones preventivas.
Recomendaciones médicas y alcance de la atención
El personal médico alertó sobre señales que requieren evaluación inmediata, como lunares sospechosos, manchas nuevas o quemaduras frecuentes. La institución recordó que el cáncer de piel figura entre los diagnósticos más comunes y enfatizó la importancia de controles periódicos. También informó que atiende a cerca de 200 mil personas y que la asistencia preventiva aún resulta baja, ya que solo una o dos personas de cada diez acuden a chequeos oportunos.
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Candidato se refirió a los problemas de transporte urbano en la ciudad y las frecuentes suspensiones de vuelos en Arequipa, aunque no profundizó en el cómo durante la conferencia de prensa
El candidato presidencial por Libertad Popular, Rafael Belaúnde, presentó opiniones y propuestas relacionadas con la región Arequipa durante recientes actividades políticas, donde abordó temas vinculados al desarrollo regional y la situación del país. En sus declaraciones, el postulante se refirió a la necesidad de impulsar cambios en la gestión pública y planteó lineamientos orientados a mejorar la economía y la gobernanza desde una perspectiva descentralizada.
Durante su intervención, Belaúnde enfatizó la importancia de fortalecer el crecimiento regional mediante políticas que promuevan la inversión y el desarrollo productivo, señalando que Arequipa cumple un rol estratégico dentro del sur del país. Asimismo, sostuvo que las autoridades deben priorizar medidas que permitan reducir trabas administrativas y generar condiciones para el crecimiento económico sostenible.
El candidato también abordó temas relacionados con la institucionalidad y el manejo del Estado, donde cuestionó prácticas políticas tradicionales y sostuvo que el país requiere reformas estructurales para enfrentar los principales problemas sociales y económicos. En ese contexto, presentó su visión respecto a la necesidad de modernizar la administración pública y fortalecer la descentralización como parte de sus propuestas.
Propuestas y opiniones planteadas para Arequipa
En sus declaraciones, Belaúnde sostuvo que Arequipa requiere políticas que impulsen la inversión privada y la reactivación económica regional, considerando el potencial productivo y empresarial de la zona. Asimismo, mencionó la importancia de mejorar la infraestructura y promover iniciativas que contribuyan a la generación de empleo, señalando que el desarrollo regional debe ejecutarse con participación del sector privado y del Estado.
Belaunde también planteó la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la transparencia en la gestión pública, indicando que las autoridades deben aplicar medidas orientadas a reducir la burocracia y mejorar la eficiencia de los servicios. Además, remarcó que la descentralización debe acompañarse de capacidades técnicas y de una planificación adecuada para asegurar resultados sostenibles en regiones como Arequipa.
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¿Vacancia o censura? Congresistas denuncian maniobras para blindar a José Jerí y mantenerlo en el cargo
Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori encabezan las encuestas mientras López Chau sigue subiendo
Carlos Álvarez amenaza con renunciar a su candidatura tras millonario desvío de fondos de la franja electoral hacia canal Nativa
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Ahora la Contraloría también está pidiendo información a Palacio de Gobierno sobre la contratación de las jóvenes que visitaron al presidente interino José Jerí y luego, fueron contratadas.
La Contraloría General de la República solicitó información en un plazo de tres días hábiles, de tres de las cinco jóvenes allegadas al presidente interino José Jerí, quienes lograron una orden de servicios con el Estado tras visitarlo en Palacio de Gobierno. También se solicitó información a los ministerios de Educación y del Ambiente.
De acuerdo con el oficio enviado al subsecretario general del Despacho Presidencial, la Contraloría pidió copia de las órdenes de servicio o contratos Rubiel Cristina Beraun Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva. Esto, sin importar la modalidad de contratación suscritas entre octubre del 2025 hasta la actualidad.
También solicita comprobantes de pago, conformidades de servicio, órdenes de pago u otros documentos que acrediten los pagos realizados en el marco de sus órdenes de servicio. La información debe enviarse a través de la mesa de partes virtual. “De no contar el Despacho Presidencial con algún documento, deberá informarlo en la respuesta”.
Del mismo modo, la jefa del Órgano de Control Institucional del Ministerio del Ambiente, Gloria Cárdenas, ha dispuesto se recopile la información sobre la contratación de Guadalupe Vela Ramírez y otros. Y la jefa encargada del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Educación, Elizabeth Jaramillo, hizo lo propio sobre la designación de Violeta Emperatriz Otero Bea como secretaria nacional de la Juventud de dicho portafolio.
Fiscalía investiga preliminarmente
De otro lado y como se informó, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro inició una investigación preliminar por los presuntos delitos contra la administración pública.
La indagación fiscal que no incluye al presidente Jerí, investigará a quienes resulten responsables de contratar a cinco mujeres, tras acudir al Despacho Presidencial -incluso en día feriado y hasta altas horas de la noche- para cargos que gnados cuentan con requisitos claves que no habrían sido superados por las cinco allegadas al jefe de Estado.
La investigación está a cargo del despacho de la fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Páucar y las diligencias correspondientes a ley se desarrollarán, en sede policial, con personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).
Según se informó, dos de las colaboradoras cercanas al presidente interino José Jerí renunciaron a sus funciones públicas tras revelarse que accedieron a contratos estatales luego de una reunión nocturna en el despacho presidencial el 1 de noviembre de 2025, desde las 18:48 hasta las 23:56. Guadalupe Vela y Cristina Beraún presentaron su dimisión.
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Tras la revelación de una nueva “perlita” que involucra a amigas de Jerí convenientemente favorecidas con jugosos contratos en el gobierno, el presidente parece estar más embarrado que nunca. Pero, como ya es costumbre, ni este escándalo parece suficiente para moverle un solo cabello.
Mientras tanto, el Congreso sigue en modo vacaciones eternas. La única forma de debatir su posible salida es convocando a un pleno extraordinario, para lo cual se necesitan al menos 78 firmas. Hasta ahora, el pedido apenas supera las 50, descartando de plano la presencia de la bancada de Fuerza Popular.
Y es justamente ahí donde aparece el principal candado. Según denunció la congresista Ruth Luque, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, estaría moviendo fichas para que la salida de Jerí sea únicamente a través de la vacancia y no mediante censura.
El detalle incómodo: la moción de censura sí cumple con los requisitos para entrar a debate. La de vacancia, no tanto, pero como necesitaría más votos, es lo que buscan imponer quienes apoyan a Jerí. Los chinitos y las visitadoras sonríen.
Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori encabezan las encuestas mientras López Chau sigue subiendo
Aunque no son pocos los peruanos que desconfían de las encuestadoras como CPI, no está de más echarles un vistazo para hacerse una idea sobre cómo evoluciona el panorama electoral. En su último estudio, Rafael López Aliaga se mantiene a la cabeza con 14.6%, seguido por Keiko Fujimori con 6.6%. Lo llamativo es que Porky crece mientras la china cae, reforzando la lectura de que entre ambos pelean por la misma porción del electorado. Mario Vizcarra se mantiene en el tercer puesto, aunque crece 0.3 puntos porcentuales para quedarse con 4.7%.
Tras la terna inicial, César Acuña, Alfonso López Chau y Carlos Álvarez quedaron prácticamente empatados con 3.9, 3.7 y 3.6% respectivamente. Más rezagados aparecen José Luna, George Forsyth, Yonhy Lescano y Ricardo Belmont. Lo más preocupante es que los indecisos apenas varían y se mantienen en un 29%; lo mismo que los que viciarán el voto o no irán a sufragar, con 18.5%.
¿Qué conclusiones podemos sacar de esta sopa de números? Primero, que es casi imposible que López Aliaga y Keiko pasen juntos a segunda vuelta. Segundo, que López Chau no para de crecer, lento pero seguro, y puede terminar marzo peleando el tercer puesto con Mario Vizcarra. Y tercero que, como siempre, los indecisos recién decidirán su voto las 2 últimas semanas antes de las elecciones.
Carlos Álvarez amenaza con renunciar a su candidatura tras millonario desvío de fondos de la franja electoral hacia canal Nativa
Una tremenda olla de grillos se ha destapado a pocos meses de las elecciones y envuelve al partido con el que el comediante Carlos Álvarez buscaba llegar a la presidencia, País para Todos. Además, el escándalo involucra a Primero la Gente, con su candidata Marisol Pérez Tello, que prometía ser “diferente”.
Todo estalló luego de revelarse que estos dos partidos, han puesto gran parte de sus fondos para la franja electoral en el canal Nativa, de propiedad de Miguel del Castillo, candidato y líder del partido Primero la Gente. Osea, puso la plata en su propio canal. Tras el estallido, renunció a su candidatura, pero lejos de apagar el incendio, solo le echó más gasolina.
En total, más de S/ 2 millones se destinaron para la transmisión de propaganda electoral en este medio cuya audiencia es mínima o inexistente, pues se había declarado en quiebra y no tienen programación. Todo indica que en el caso de País para Todos, hubo un “arreglo” entre el partido y el canal.
Älvarez reaccionó indignado, asegurando que no sabía nada del direccionamiento de fondos y advirtió que, si no aparecen pronto los responsables, podría mandar su candidatura directo al tacho. En todo le encuentran business los políticos, verdad?
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
– José Domingo Pérez deja muda a Keiko Fujimori – Las candidaturas que se trajo abajo la Franja Electoral – Y cómo van las encuestas? – Jerí sigue perdiendo credibilidad y desaprobación se dispara – Entrevista a Nicolas Besich, coordinador general del Instituto Videnza sobre los gastos que generarían los planes de gobierno de los candidatos
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El fiscal José Domingo Pérez sorprendió en una reciente entrevista al asegurar que se siente muy orgulloso de sus raíces arequipeñas. Comentó que nació en Lima “por accidente” debido a que sus padres son de Arequipa, pero que desde muy pequeño fue educado en la ciudad blanca, por lo que su identidad es “100% arequipeña”.
Pérez elogió a los arequipeños por su historia de resistencia y también por reconocer a sus personajes más ilustres, como el nobel Mario Vargas Llosa.
Más allá de sus raíces, José Domingo Pérez es una figura clave en la justicia peruana por su lucha contra los políticos con mayor poder en el país. A lo largo de su carrera, Pérez ha liderado investigaciones contra expresidentes, altos funcionarios y casos de lavado de activos, colusión y corrupción. Su trabajo ha generado tanto apoyo como críticas. Sus investigaciones han puesto bajo escrutinio a importantes actores políticos y empresariales, lo que lo ha convertido en uno de los fiscales más relevantes y polémicos de los últimos años en Perú.
Además de su labor jurídica y tras sus supensión, Pérez ha incursionado en el espacio mediático con un programa digital propio, donde comenta actualidad jurídica y social, lo que ha ampliado su presencia ante audiencias más jóvenes y diversas.
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José Domingo Pérez decidió responder a las amenazas de Keiko Fujimori sobre el “castigo divino” y la supuesta prisión que le espera por investigarla. El fiscal suspendido aseguró que las palabras de la lideresa de Fuerza Popular constituyen una forma de intimidación y advirtió que ahora debe andar por la calle con mayor precaución.
Además, le recordó que no solo ella ha atravesado dificultades, sino que él también ha enfrentado múltiples ataques en su vida laboral y personal por abrir procesos contra su partido político. Pérez enumeró los hostigamientos, investigaciones, campañas de desprestigio y amenazas que ha sufrido desde que inició el caso Cócteles.
Asimismo, desmintió que el llamado “pitufeo” sea solo una falta administrativa y no un delito penal, como sostiene Fujimori. Para ello, citó el caso del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien fue condenado por financiamiento ilegal de campañas.
“Usted, señora Fujimori, le ha mentido al Perú. Eso no es un error administrativo. Dice usted también que el de arriba se encargará de mí. Yo creo que el de (abajo) se encargará de usted», sentenció
Pérez señaló que regresó al espacio digital para ejercer su derecho constitucional a expresarse y para enfrentar lo que denominó “narrativas conspiranoicas” y “leyes procrimen”. Afirmó que su programa busca informar con datos, combatir las noticias falsas y formar una comunidad basada en la verdad.
En su intervención, el fiscal recordó los múltiples ataques que ha sufrido desde 2017: campañas de difamación, amenazas de muerte, investigaciones sin sustento, hostigamientos en redes sociales y presiones políticas. También mencionó el “chat de la botica”, las acusaciones falsas en su contra y los intentos de vincularlo con hechos que luego fueron archivados.
Durante el programa, también denunció la apertura de procesos disciplinarios en su contra tras las declaraciones de la lideresa fujimorista y afirmó que estas acciones buscan silenciarlo: “Señora Fujimori, mi libertad ahora es el costo que un fiscal debe pagar por demostrar que usted en las campañas de los años 2011 y 2016 recibió de Odebrecht un millón de dólares; de Dionisio Romero, principal directivo del Banco de Crédito, 3 millones 650 mil dólares en efectivo; o de la empresa Sudamérica Fibra 7 millones 670 mil dólares en efectivo y otros dineros, de manera clandestina, sin bancarizar”, sostuvo.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició un proceso judicial para retirar la ciudadanía estadounidense a Luis Miguel Fernández Gaviola, exoficial del Ejército Peruano, al acusarlo de ocultar información clave sobre su pasado militar y su vinculación con la masacre de Pucará (Huancayo), ocurrido en 1989, al solicitar beneficios migratorios.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida presentó una demanda civil de desnaturalización ante un tribunal federal de Miami. El caso no es penal y no busca juzgar directamente las ejecuciones, sino determinar si Fernández Gaviola obtuvo la ciudadanía mediante fraude u ocultamiento de hechos relevantes, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
La acusación
Según la demanda, difundida el 26 de enero último por el Departamento de Justicia, Fernández Gaviola sirvió como suboficial de Infantería en el área de Inteligencia (G-2) de la 31.ª División de Infantería del Ejército Peruano, unidad militar que operaba en Huancayo durante el conflicto armado interno.
En ese rol, de acuerdo con el gobierno estadounidense, integró la unidad que ejecutó a ocho pobladores del distrito de Pucará en noviembre de 1989, bajo la acusación de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. Tras esos hechos, el exoficial ingresó a Estados Unidos en 1992, donde —dice la demanda— ocultó su historial al iniciar su proceso migratorio.
“Nadie que comete atrocidades como estas tiene derecho al valioso privilegio de la ciudadanía estadounidense”, afirmó Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia. “Le debemos al pueblo estadounidense protegerlo de violadores de derechos humanos que abusan de posiciones de poder, sin importar dónde hayan cometido sus actos”, señaló.
Portada del diario La Voz de Huancayo, del 6 de noviembre de 1989, dando cuenta de las ejecuciones extrajudiciales en Pucará.
Las presuntas falsedades
El Departamento de Justicia sostiene que en 2003, cuando Fernández Gaviola solicitó el ajuste de estatus para convertirse en residente permanente, declaró bajo juramento que no había prestado servicio militar en el extranjero y que nunca participó en la muerte de una persona por motivos políticos.
Cuatro años después, al solicitar la naturalización como ciudadano estadounidense, volvió a negar cualquier participación en persecuciones por razones políticas y aseguró no haber brindado información falsa o engañosa a las autoridades migratorias.
Para la fiscalía estadounidense, esas declaraciones resultan materialmente relevantes y, de comprobarse su falsedad, invalidarían el proceso de naturalización.
“La ciudadanía de los Estados Unidos es un privilegio profundo, reservado para quienes la obtienen honestamente y conforme a la ley”, sostuvo Jason A. Reding Quiñones, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. “Esta acción civil alega que el demandado ocultó hechos materiales sobre su pasado, incluida su participación en graves violaciones de derechos humanos, para obtener ese privilegio”.
La masacre de Pucará
De acuerdo con las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y posteriores acciones fiscales y judiciales en Perú, la madrugada del 4 de noviembre de 1989, dos patrullas del Ejército ingresaron al distrito de Pucará, en la provincia de Huancayo, se hicieron pasar por miembros del MRTA (Movimiento Revolicionario Túpac Amaru) y ejecutaron extrajudicialmente a ocho pobladores.
Las víctimas fueron Paulino Cabezas Cóndor, Raúl Cabezas Cueva, Leoncio Orihuela Medrano, Isauro Valdez Rojas, Nilo Castillón Laveriano, Máximo Pérez Ureta, Gladis Poma Vila y Madeleni Poma Vila.
La (CVR) documentó el caso y concluyó que los hechos constituyeron ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de derechos humanos, atribuidas a efectivos del Ejército destacados en Huancayo, entre ellos integrantes del Batallón antisubversivo Inclán, que operó en el cuartal 9 de Diciembre.
En efecto, la nota que desarrolla las ejecuciones extrajudiciales en Pucará, atribuyó el hecho a subversivos. Las investigaciones confirmaron que los perpetradores fueron militares.
Este caso es uno de los casos documentados por la CVR que llegaron a juicio. La Sala Penal Nacional condenó a 20 años de prisión efectiva a exintegrantes del Ejército, entre ellos a Marco Antonio Llontop Jesús, identificado como autor material de varios asesinatos en el operativo militar.
Otros implicados afrontaron procesos con resultados distintos, incluidas absoluciones y decisiones posteriores de instancias superiores, lo que dejó responsabilidades penales parciales, pero confirmó judicialmente la existencia de la masacre.
Ocultó información
La demanda presentada en Miami no evalúa esas sentencias en el sistema judicial en Perú. El caso es migratorio. El Departamento de Justicia aclaró que no existe aún una determinación de responsabilidad. El tribunal deberá resolver si Fernández Gaviola mintió u ocultó información relevante al pedir su naturalización como ciudadano estadounidense y si esa conducta justifica revocar dicha ciudadanía.
La investigación migratoria estuvo a cargo de la División de Violadores de Derechos Humanos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y el litigio lo asumirá la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia y la fiscalía federal de Florida.
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Ministerio Público despidió a 26 trabajadores CAS de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y la Unidad de Víctimas y Testigos (UDAVIT)
Las mujeres awajún están protestando por el desmantelamiento de la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer y la Unidad de Víctimas y Testigos (UDAVIT) en Condorcanqui, Amazonas por parte del Ministerio Público que pone en peligro el desarrollo de 800 casos de niños abusados sexualmente. Foto: El País
El Consejo de Mujeres Awajún, informó que el 14 de enero del 2025 se celebró el inicio la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer y la Unidad de Víctimas y Testigos (UDAVIT) en Condorcanqui, Amazonas, para proteger a las víctimas de abuso sexual en las comunidades awajún y wampís. Sin embargo, a un año de su labor, ha sido desmantelada.
Esto por cuanto se han despedido a 26 trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Río Santiago y El Cenepa, por “falta de presupuesto”, con lo que cientos de casos han quedado a la deriva, al quedarse sin psicólogos, abogados defensores ni trabajadores sociales para atender a las poblaciones más vulnerables, denunció Rosmery Pioc, presidenta del Consejo.
Refirió que se había dado un paso histórico para proteger a las víctimas de abuso sexual en las comunidades awajún y wampís. Pero hoy ese esfuerzo corre el riesgo de quedar en nada, dijo. “Me resulta incomprensible que, pese a que las sedes del Ministerio Público en los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa están totalmente equipadas, ahora el sistema de justicia sea desarticulado por falta de presupuesto”.
“No se trata de un simple recorte sino de que la han desmantelado despidiendo de manera arbitraria a 26 trabajadores CAS. Estaban enfocados en la tramitación de los casos de agresiones sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes awajún y wampís”, aseguró.
Hacen llamado al presidente Jerí a ministros a restablecer la fiscalía
Pioc dirigiéndose al presidente José Jerí dijo que, “desarticular la protección a las víctimas de abuso sexual es una negligencia que no podemos permitir. Exijo al Ministerio de Economía, al Ministerio de la Mujer y al Ministerio Público que restablezcan de inmediato la operatividad de estas sedes y sus equipos multidisciplinarios. Para que no gane la impunidad y que la dignidad de las niñas y mujeres debe ser una prioridad los 365 días del año.
De acuerdo con lo informado, solo en 2025 se ha registrado alrededor de 300 nuevos casos de abuso sexual contra menores en las comunidades nativas de Condorcanqui. Además, el desmantelamiento de estas unidades fiscales pone en riesgo el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui, que es la primera de la provincia. Se dejaría a las víctimas sin profesionales especializados en el ámbito legal, psicológico y social.
De acuerdo con una fuente del Ministerio Público de Amazonas, alrededor de 26 trabajadores CAS han sido despedidos. Advirtió que ante esta situación las fiscalías penales provinciales quedarían sin el apoyo administrativo indispensable para avanzar con las investigaciones.
“Hay una vulneración de derechos indígenas. El Estado incumple su deber de protección hacia los pueblos Awajún y Wampís, permitiendo que la falta de recursos económicos se convierta en cómplice de la violencia sexual”, señaló la fuente.
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Pese al operativo internacional anunciado con énfasis por la Embajada de Estados Unidos en Perú y la Policía Nacional, los dos jóvenes detenidos por presunta producción, posesión y distribución de material de abuso sexual infantil quedaron en libertad tras la audiencia de prisión preventiva realizada en Huancayo. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, […]
Pese al operativo internacional anunciado con énfasis por la Embajada de Estados Unidos en Perú y la Policía Nacional, los dos jóvenes detenidos por presunta producción, posesión y distribución de material de abuso sexual infantil quedaron en libertad tras la audiencia de prisión preventiva realizada en Huancayo.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, presidido por el juez Rafael Agustín Herrera Rivas, declaró infundado el requerimiento fiscal de nueve meses de prisión preventiva contra Peter Vidal Ventocilla Chávez (24) y José Fernando Márquez García (21). En su lugar, dispuso comparecencia con restricciones y el pago de una caución económica de S/ 1,000 por cada imputado.
La Fiscalía había proyectado una pena de 11 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito de pornografía infantil agravada, al atribuirles la comercialización de videos de menores de entre 8 y 11 años a través de canales privados de la plataforma Telegram.
Días antes de la audiencia, la Embajada de Estados Unidos en Lima difundió un ‘Breaking News’ en el que destacaba la captura como resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, agentes del Homeland Security Investigations (HSI) y la ONG Our Rescue.
Sin embargo, el jueves el juzgado resolvió que no se configuraban los presupuestos necesarios para imponer la medida más gravosa del proceso penal.
La Embajada de Estados Unidos difundió en redes sociales el anuncio de la captura como resultado de un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
Los argumentos del juez
Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que no se acreditó peligro de fuga ni de obstaculización del proceso, al considerar que ambos investigados cuentan con arraigo domiciliario y laboral, contratos vigentes y una conducta procesal colaboradora.
Asimismo, el juez señaló que la prisión preventiva no resultaba idónea, necesaria ni proporcional, tomando en cuenta, entre otros factores, que los investigados presentan una enfermedad crónica debidamente acreditada ante el juzgado, cuya atención requiere tratamiento continuo y podría verse afectada por una medida de encarcelamiento preventivo.
Indicó que una medida de este tipo, en dichas condiciones, podría convertirse en una pena anticipada, contraria a los principios que rigen las medidas limitativas en el proceso penal y a estándares de derechos humanos.
Fiscalía apela
El Ministerio Público, representado por el fiscal Herik Henry Gonzales Rivera, sostuvo que existía un alto riesgo procesal debido a la gravedad del delito, la magnitud de la pena proyectada y la naturaleza de la evidencia digital.
Tras conocerse la decisión judicial, la Fiscalía interpuso recurso de apelación, solicitando que el caso sea revisado por la instancia superior.
Investigación de alcance internacional
La investigación se inició a partir de un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), remitido por autoridades estadounidenses, que alertó sobre una cuenta en redes sociales utilizada para promocionar material de abuso sexual infantil.
Un agente encubierto documentó el presunto sistema de venta de contenido ilícito mediante plataformas digitales y pagos electrónicos, información que dio lugar al allanamiento y a la detención de los investigados en Huancayo.
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El consumo excesivo de alcohol y la reducción de medidas de cuidado durante los carnavales incrementan el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS) en Ayacucho, advirtió la Dirección Regional de Salud (Diresa), tras registrar decenas de nuevos casos durante el último año. La obstetra Yobana Morote Huaytaya, coordinadora de la estrategia ITS, VIH […]
El consumo excesivo de alcohol y la reducción de medidas de cuidado durante los carnavales incrementan el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS) en Ayacucho, advirtió la Dirección Regional de Salud (Diresa), tras registrar decenas de nuevos casos durante el último año.
La obstetra Yobana Morote Huaytaya, coordinadora de la estrategia ITS, VIH y hepatitis de la Diresa, explicó que estas festividades suelen asociarse a conductas de riesgo que favorecen la transmisión de enfermedades sexuales.
“Durante estas fechas muchas personas reducen sus cuidados debido al consumo de alcohol, lo que incrementa la posibilidad de contagio”, manifestó.
Según los datos oficiales, Ayacucho cerró el año 2025 con 59 nuevos casos de VIH, 215 de hepatitis y un número aún mayor de sífilis, además de otros diagnósticos vinculados a distintas ITS. Las autoridades precisaron que la población más afectada se concentra entre los 18 y 59 años, con mayor incidencia en varones.
Aunque no siempre se registra un aumento inmediato durante los carnavales, las autoridades reconocen que estas celebraciones elevan la exposición a situaciones de riesgo.
“La posibilidad de contagio se incrementa cuando no se adoptan medidas de prevención”, explicó Morote.
En este contexto, el sector salud intensifica campañas informativas y preventivas durante estas fechas, con énfasis en el uso responsable del preservativo. Cada 13 de febrero, con motivo del Día Internacional del Condón, se refuerzan estas acciones mediante la distribución gratuita de preservativos en establecimientos de salud, acompañada de orientación para su uso.
“El condón brinda doble protección: evita las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados”, sostuvo la funcionaria.
La situación en Ayacucho refleja una tendencia nacional. El Ministerio de Salud reporta cada año miles de nuevos casos de ITS, especialmente de VIH, sífilis y hepatitis, concentrados en población joven y adulta. Especialistas señalan que las festividades masivas, el consumo de alcohol y la falta de información siguen siendo factores determinantes en la propagación de estas enfermedades.
Ante este panorama, la Diresa exhorta a la población ayacuchana a acudir a los centros de salud para recibir información, orientación y métodos de protección. La campaña vigente promueve la consigna
“Sin condón no hay acción”, con el objetivo de reforzar el autocuidado durante las celebraciones y prevenir que las cifras de ITS sigan en aumento.
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Tras descubrirse que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), bajo la gestión del alcalde Mario Reyna, despilfarró alrededor de S/250 mil en una fiesta con fuegos artificiales y orquestas, increíblemente el gerente municipal Luis Guillén Pinto salió a declarar que el objetivo central de la comuna es “seguir mejorando la calidad del gasto público”. El […]
Tras descubrirse que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), bajo la gestión del alcalde Mario Reyna, despilfarró alrededor de S/250 mil en una fiesta con fuegos artificiales y orquestas, increíblemente el gerente municipal Luis Guillén Pinto salió a declarar que el objetivo central de la comuna es “seguir mejorando la calidad del gasto público”. El pronunciamiento se dio durante la presentación de los programas presupuestales, en un contexto marcado por severas carencias en la ciudad, como el deterioro de la infraestructura vial y servicios básicos deficientes.
El gerente municipal, Luis Guillén, salió a declarar tras revelarse que la gestión del alcalde apepista Mario Reyna, despilfarró un cuarto de millón de soles.
Ofrecen una cosa, pero hacen otra
Ante funcionarios y responsables técnicos, Guillén exhortó a orientar los recursos municipales hacia bienes y servicios que generen resultados concretos y medibles para la población, señalando que la ejecución del gasto debe estar alineada con indicadores de desempeño y reducción de brechas. Sin embargo, sus palabras contrastan con el reciente gasto festivo, cuestionado por producirse mientras Trujillo enfrenta pistas colapsadas, problemas de seguridad ciudadana y demandas urgentes en salud y educación.
Esta es una pequeña muestra del estado de las pistas en varias zonas de Trujillo donde las obras siguen postergadas por décadas.
El gerente municipal insistió en que una programación presupuestal con “calidad de gasto” permitiría evidenciar mejoras en indicadores sociales como la reducción de la anemia, el desarrollo infantil o el fortalecimiento de la seguridad. Incluso subrayó que el cumplimiento de metas fijadas por el Ministerio de Economía y Finanzas genera incentivos económicos para la comuna, lo que, según dijo, contribuiría a optimizar la gestión municipal.
No fue el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, quien salió a defenderse tras revelarse el gasto en la fiesta de diciembre pasado, sino que envió a su gerente municipal para justificar lo injustificable.
Todo marcha bien, dicen..
En la misma actividad, el jefe de Planeamiento y Presupuesto de la MPT, Carlos Arangoitia Capa, se esforzó en informar que en el ejercicio fiscal 2025 la ejecución global alcanzó el 74%, con un 89.3% en actividades y solo 61.42% en inversiones, atribuyendo la caída a la actualización de la Ley de Contrataciones del Estado. Aun así, el debate público persiste: mientras la gestión municipal defiende su discurso de eficiencia, la ciudadanía cuestiona las prioridades reales de un gobierno local que gastó miles de soles en celebraciones cuando las necesidades estructurales de Trujillo siguen postergadas.
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Autoridades originarias, subprefectos y pobladores de Puno mostraron su descontento por la falta de organización en la entrada de Kapus, realizada el pasado 1 de febrero en el Arco Deústua, como parte de las celebraciones por la Virgen de la Candelaria. Según testimonios, la actividad, que suele ser un símbolo de unidad y tradición, se […]
Autoridades originarias, subprefectos y pobladores de Puno mostraron su descontento por la falta de organización en la entrada de Kapus, realizada el pasado 1 de febrero en el Arco Deústua, como parte de las celebraciones por la Virgen de la Candelaria.
Según testimonios, la actividad, que suele ser un símbolo de unidad y tradición, se desarrolló de manera caótica y apresurada, sin el orden ni la solemnidad que la caracterizan en marco de la Festividad Virgen de la Candelaria.
El alcalde del centro poblado de Collacachi, Joel Figueroa Gonzales, señaló que la ceremonia perdió su esencia este año y explicó que las autoridades originarias llegaron al Arco Deustua sin una guía clara, cada grupo actuando por su cuenta.
«No hubo coordinación, cada quien hizo lo que consideró, sin seguir un protocolo», comentó Figueroa, quien resaltó que esto restó importancia a un ritual que siempre ha sido central en la festividad de Candelaria.
Figueroa detalló que, durante la mañana, las autoridades se concentraron en el arco, pero sin un horario definido ni una estructura organizada. Algunos realizaron sus ofrendas a la Pachamama de forma dispersa y, luego, descendieron por el jirón Independencia y el jirón Lima para quemar la leña en el parque Manuel Pino.
«Todo se hizo de manera improvisada, sin el respeto que merece esta tradición», añadió, al indicar que esto generó confusión entre los participantes y asistentes, quienes esperaban un evento más solemne y representativo.
Criticó que, en años anteriores, la entrada de Kapus contaba con una logística bien planificada, donde cada paso tenía un significado y un orden. «Este 2026, en cambio, faltó liderazgo para dirigir la actividad», afirmó.
Ante esta situación, Figueroa hizo un llamado a las autoridades regionales y organizadores para que reflexionen y corrijan estos errores de cara a las próximas ediciones. «La Virgen de la Candelaria es una festividad que une a Puno, y eventos como este deben realizarse con el cuidado y la dignidad que merecen», recalcó.
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La antena está a unos 500 metros de la zona urbana de Cojata. Aún no se precisa cuándo ocurrió el hecho. Según comentan vecinos de la parte alta del distrito, los equipos de esta antena tienen un alto valor económico, lo que explicaría el intento de robo. Los moradores señalaron que, desde hace un tiempo, […]
La antena está a unos 500 metros de la zona urbana de Cojata. Aún no se precisa cuándo ocurrió el hecho.
Según comentan vecinos de la parte alta del distrito, los equipos de esta antena tienen un alto valor económico, lo que explicaría el intento de robo.
Los moradores señalaron que, desde hace un tiempo, el distrito fronterizo de Cojata está en la mira de los ladrones.
Se espera la llegada de las autoridades de turno, como la Policía Nacional y la Subprefectura, para inspeccionar el lugar y realizar las investigaciones del caso.
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Las autoridades ferroviarias publicaron finalmente el esclarecedor informe final del accidente ocasionado por el choque de trenes ocurrido el pasado treinta de diciembre en la ruta hacia Machu Picchu. Este documento técnico detalla con precisión quirúrgica que la colisión frontal entre las unidades de Inca Rail y Perurail fue totalmente evitable. El fallecimiento del motorista […]
Las autoridades ferroviarias publicaron finalmente el esclarecedor informe final del accidente ocasionado por el choque de trenes ocurrido el pasado treinta de diciembre en la ruta hacia Machu Picchu.
Este documento técnico detalla con precisión quirúrgica que la colisión frontal entre las unidades de Inca Rail y Perurail fue totalmente evitable. El fallecimiento del motorista Roberto Francisco Cárdenas Loayza y las lesiones de ciento veintidós pasajeros marcan el saldo trágico de este siniestro ferroviario. Según los peritos encargados el documento oficial señala directamente a la tripulación del tren sesenta y cinco por cometer faltas operativas críticas.
El análisis de las cajas negras y testimonios revela que el impacto ocurrió exactamente en el punto kilométrico noventa y cuatro del distrito. Esta zona de curvas cerradas impidió que los operadores pudieran reaccionar a tiempo para frenar las pesadas máquinas antes del violento choque.
El revelador informe del accidente por choque de trenes en Machu Picchu sostiene que el uso indebido de teléfonos celulares fue el factor determinante de la tragedia. El motorista Roberto Cárdenas recibió múltiples llamadas privadas en su equipo móvil personal mientras operaba la unidad IR novecientos cincuenta y cuatro. Esta distracción fatal provocó que la tripulación ignorara por completo el cruzamiento obligatorio programado en la estación de control denominada Pampacahua.
Los operarios de Inca Rail se concentraron en comentar un descarrilamiento previo en lugar de vigilar el cumplimiento de su hoja de ruta. Debido a este descuido inexcusable el tren invadió un tramo de vía única que ya estaba asignado legalmente a la empresa Perurail. Las normas de seguridad fueron vulneradas sistemáticamente por el personal de cabina provocando el caos y la destrucción material en la vía.
Detalles técnicos en el informe del accidente por choque de trenes en Machu Picchu
El documento confirma que el tren seiscientos dos de Perurail contaba con todas las autorizaciones vigentes y circulaba correctamente por su carril. El brequero de Inca Rail Luis Carlos Peña Loaiza detectó visualmente la presencia del otro tren pero no accionó el freno de emergencia. Esta omisión de funciones agravó significativamente las consecuencias del impacto frontal que destruyó gran parte de la estructura de los autovagones accidentados.
El valor de las pérdidas materiales asciende a la cifra de quinientos treinta y cinco mil trescientos dólares según las evaluaciones periciales iniciales. Las investigaciones demuestran que la empresa Inca Rail acumuló trece infracciones directas al Reglamento Operativo Interno durante ese único trayecto fatal. El informe final concluye que la disciplina operativa falló drásticamente poniendo en riesgo la vida de cientos de turistas nacionales y extranjeros.
La publicación de este informe busca establecer responsabilidades legales claras y prevenir futuros incidentes que dañen la imagen del turismo en Cusco. El servicio ferroviario permaneció suspendido por más de doce horas mientras las brigadas de auxilio realizaban las labores de rescate y peritaje. Los pasajeros heridos recibieron atención médica especializada tras ser evacuados por personal de la Policía Nacional y equipos médicos de emergencia locales.
La empresa concesionaria deberá implementar medidas correctivas inmediatas para garantizar que ningún operador utilice dispositivos móviles durante la conducción de los trenes. El cumplimiento estricto de los protocolos de comunicación por radiofrecuencia resulta indispensable para asegurar la integridad de todos los usuarios del servicio. Solo el respeto absoluto a las señales de tránsito ferroviario evitará que otra tragedia enlute nuevamente a las familias de los trabajadores.
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La Policía Nacional desarticuló a la presunta organización crim¡n4l denominada “Los Pintados de Ayabaca” e incautó aproximadamente 40 kilos de pasta básic4 de coc4ína (PBC) durante un operativo realizado la madrugada del último lunes, en el centro poblado de Chamaya, en el ingreso a la provincia de Jaén. La intervención fue resultado de un trabajo […]
La Policía Nacional desarticuló a la presunta organización crim¡n4l denominada “Los Pintados de Ayabaca” e incautó aproximadamente 40 kilos de pasta básic4 de coc4ína (PBC) durante un operativo realizado la madrugada del último lunes, en el centro poblado de Chamaya, en el ingreso a la provincia de Jaén. La intervención fue resultado de un trabajo de inteligencia ejecutado por la Divincri Cajamarca, en coordinación con la PNP de Jaén y otras unidades especializadas.
El jefe de la División Policial de Cajamarca, general José Quiroz Dávila, informó que siete personas fueron detenidas cuando se desplazaban en una camioneta procedente de Nieva, en la región Amazonas, con destino a la provincia de Ayabaca, en Piura. El vehículo había sido acondicionado para ocultar la dr*ga en la llanta de repuesto, donde se hallaron 52 paquetes tipo “queso” que contenían una sustancia pardusca pulverulenta en estado sólido, presuntamente PBC.
Durante el operativo también se intervino una motocicleta que cumplía la función de “liebre”, adelantándose en la vía para alertar sobre la presencia policial. En esta unidad fueron detenidas dos personas, mientras que otras cinco fueron capturadas en la camioneta, sumando un total de siete intervenidos. Según precisó el general Quiroz Dávila, la dr*ga incautada estaría valorizada en aproximadamente 50 mil dólares y tenía como destino la microcomercialización.
En tanto, los detenidos se encuentran en proceso de investigación y algunos de ellos presentarían antecedentes vinculados al tráf¡co ilícit0 de dr*gas. El alto mando policial señaló que la Fiscalía cuenta con suficientes elementos de prueba para continuar con las acciones legales correspondientes y reafirmó el compromiso de la Policía Nacional de intensificar los operativos contra el narcotráf¡co y otros del¡tos de alto impacto en la provincia de Jaén y la región Cajamarca.
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El 13 de enero de 2026, la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República puso fin a uno de los litigios más prolongados y complejos de Puerto Maldonado. El colegiado declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por Giovana Castillo Cárdenas, con la que buscaba […]
El 13 de enero de 2026, la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República puso fin a uno de los litigios más prolongados y complejos de Puerto Maldonado. El colegiado declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por Giovana Castillo Cárdenas, con la que buscaba anular la sentencia emitida en 2020 que reconoció la prescripción adquisitiva de dominio a favor de Máximo Alejandro Gonzales Román.
Con esta resolución, la Corte Suprema confirmó que Gonzales Román era el propietario legítimo del terreno ubicado en la avenida Circunvalación con el jirón Alejandro Humboldt, un predio urbano de 3 900 metros cuadrados cuya disputa, a lo largo de los años, había escalado hasta extremos insospechados.
Los orígenes del conflicto
La historia se remonta a 1990, cuando Máximo Alejandro Gonzales Román y su esposa, Luisa Serrano Borda, iniciaron la compra del terreno, originalmente perteneciente a Martín Nishizaka. La adquisición se realizó mediante sucesivas transferencias con Abel Acosta Abano y Lila Judith Málaga Vela, apoderados del propietario. Desde entonces, la familia tomó posesión del predio y la mantuvo de manera continua durante los años siguientes. En el año 2000, la propiedad fue inscrita en Registros Públicos por mandato judicial, con una garantía prendaria asumida por Gonzales Román. La posesión se mantuvo sin interrupciones hasta que, tras 18 años, el conflicto tomó un nuevo rumbo. A fines de 2008 apareció Giovana Castillo Cárdenas, quien presentó documentos que acreditaban la compra de un terreno rural de 9 100 metros cuadrados que abarcaba toda una manzana, incluyendo el predio ocupado por la familia Gonzales Serrano. Los procesos judiciales posteriores determinaron que dichos documentos provenían de títulos falsificados desde 1998, lo que generó una duplicidad de partidas registrales. Máximo Alejandro Gonzales Román y Susana Serrano.
Una negociación frustrada y el inicio de la batalla legal
Antes de recurrir a los tribunales, la familia Gonzales Serrano intentó resolver el conflicto por la vía del diálogo. Propusieron una transacción económica a Giovana Castillo, pero, según el testimonio de los esposos, la negociación se frustró tras la intervención de su hija mayor, Mayra Sulfana Mendizábal Castillo. “No, mamá, no transes nada, nos vamos a juicio”, habría dicho. Desde 2009, ambas partes iniciaron una cadena de procesos judiciales. Mientras la familia Gonzales Serrano presentó una demanda de nulidad de acto jurídico, la acción de reivindicación interpuesta por Giovana Castillo fue declarada infundada en tres instancias. En 2017, los Gonzales Serrano solicitaron la prescripción adquisitiva de dominio, la cual fue declarada fundada en julio de 2020. La sentencia quedó firme el 15 de junio de 2021, consolidando a Máximo Alejandro Gonzales Román como propietario definitivo. Giovana Castillo respondió con una demanda por cosa juzgada fraudulenta, declarada improcedente en dos instancias durante 2023. La última notificación judicial llegó el 12 de febrero de 2024. Un día después, Giovana falleció a causa de una insuficiencia respiratoria crónica. Dos semanas más tarde, el conflicto alcanzó su punto más violento.
El asesinato de Máximo Alejandro Gonzales Román
La madrugada del 27 de febrero de 2024, alrededor de las 4:30 a. m., Gonzales Román abría su tienda Eco Market, ubicada en el jirón Lambayeque 883, cuando dos sicarios llegaron a bordo de una motocicleta. Las cámaras de seguridad registraron el ataque. Uno de los atacantes descendió del vehículo, cojeando levemente, y disparó cinco veces contra la víctima. Antes de huir, efectuó nuevos disparos sobre el cuerpo ya sin vida. En la escena, la Policía halló cinco casquillos y tres proyectiles percutados. El informe del médico legista concluyó que Gonzales Román murió por un traumatismo torácico abierto causado por proyectil de arma de fuego. Tenía 62 años. Mayra Sulfana Mendizábal Castillo.
Quién era Máximo Alejandro Gonzales Román
Nacido en Cusco en 1962, desde niño acompañó a su padre, escultor de piedra en Machupicchu. Vendía ponchos a turistas y recorría los caminos llevando mensajes. A los 21 años llegó a Madre de Dios junto a su esposa, Luisa Serrano, en busca de nuevas oportunidades. Trabajó en Alfa Cargo y, con el tiempo, emprendió negocios propios. A lo largo de los años construyó su patrimonio con esfuerzo, entre ellos el terreno que se convirtió en el eje de un litigio que marcaría su vida.
El perfil de Mayra Sulfana Mendizábal Castillo
Mayra Sulfana Mendizábal Castillo nació en 1990 en Mazuko. Estudió Derecho, aunque no concluyó la carrera. Desde 2011 convive con el abogado José Rafael Córdova Gástelo, quien también actuó como su apoderado legal. Registra nueve denuncias policiales por invasiones de propiedad en La Joya y terrenos de la Fuerza Aérea, así como cinco investigaciones fiscales por estafa, invasión, agresiones y homicidio. Entre 2016 y 2017, visitaba el predio en disputa y amenazaba a los ocupantes. El vigilante Alejandro Guzmán Mena declaró que ella acudía “en tono amenazante, revisando quiénes ocupaban la propiedad”. Ante estos hechos, la familia Gonzales Serrano solicitó garantías personales. Un testigo protegido señaló que Mayra brindaba “servicios de vigilantes” vinculados a invasiones de terrenos. Además, en una declaración del abogado Hugo Cahuana, incorporada en la carpeta fiscal de 2024, se consigna que Mayra le habría dicho: “Su madre había fallecido porque había recibido una mala noticia, pero esa persona que le había causado la muerte ya había pagado”, en alusión al asesinato de Gonzales Román. Actualmente, la Fiscalía Penal Corporativa de Tambopata la investiga por el homicidio.
Exigencia de justicia
Luisa Serrano Borda, viuda de Gonzales Román, junto con sus hijos, exige que las autoridades identifiquen y sancionen a los autores materiales e intelectuales del crimen. Tras casi dos décadas de procesos judiciales, la familia busca cerrar un ciclo marcado por amenazas, documentos falsificados y violencia extrema. El caso Gonzales Serrano vs. Castillo expone la fragilidad de la seguridad jurídica en Madre de Dios y el modo en que los conflictos por la propiedad pueden escalar hasta quebrar vidas. La Corte Suprema cerró el litigio, pero la herida más profunda, el asesinato de un hombre que defendió su derecho durante 26 años, permanece abierta. La justicia, esta vez, enfrenta su prueba más decisiva.
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Tras una reunión de más de tres horas en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los gremios de motociclistas lograron acuerdos con el Ejecutivo. El objetivo es revisar las restricciones de circulación y solucionar el desabastecimiento de placas de rodaje. Este problema afecta a más de 50 mil usuarios en todo el país. Además, […]
Tras una reunión de más de tres horas en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los gremios de motociclistas lograron acuerdos con el Ejecutivo. El objetivo es revisar las restricciones de circulación y solucionar el desabastecimiento de placas de rodaje. Este problema afecta a más de 50 mil usuarios en todo el país.
Además, la medida que prohíbe el traslado de dos personas en motocicleta sería evaluada nuevamente. José Luis Huamán, dirigente nacional del gremio, informó a Cutivalú que el Gobierno revisará los sustentos técnicos presentados por los motociclistas.
“La norma no está atacando la delincuencia. Está perjudicando al ciudadano de bien. La moto es un vehículo de trabajo y necesidad. Se presume que por llevar pasajero ya somos delincuentes”, señaló Huamán.
Desabastecimiento de placas preocupa a motociclistas
Por otro lado, durante la reunión se abordó la falta de placas de rodaje “celestes”. Según Huamán, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitiría un decreto para permitir la entrega de placas blancas sin chip, al mismo costo.
La medida busca evitar multas injustas contra miles de motociclistas que aún no reciben sus placas.
“Se ha encontrado una solución al vacío legal. Esta semana se reanudaría la emisión de placas. Algunos motociclistas circulan con papeles de trámite por desesperación, pero el Ministerio debe cumplir su compromiso”, advirtió.
El dirigente agregó que muchos propietarios dependen de la motocicleta para generar ingresos. Sin embargo, continúan siendo sancionados por una falta administrativa que, según afirma, es responsabilidad del Estado.
“Hay cerca de 50 mil vehículos nuevos sin placa. El usuario necesita trabajar para pagar sus cuotas mensuales y aun así es fiscalizado”, agregó.
Alto costo del SOAT y normas en debate
Asimismo, los gremios cuestionaron el elevado costo del SOAT. En ciudades de la costa supera los 600 soles. Esto habría provocado que cerca del 70 % de conductores no cuente con el seguro obligatorio.
Además, pidieron modificar la norma que obliga a circular solo por el carril derecho. Consideran que esta disposición pone en riesgo su seguridad.
Finalmente, Huamán informó que el lunes 16 de febrero habrá una nueva reunión entre los motociclistas, la PCM y el MTC. En ese encuentro se definiría el retiro definitivo de la prohibición de dos personas en motocicleta en ciudades como Piura, Sullana, Lima y Trujillo.
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