Amnistía Internacional presentó hoy un nuevo informe sobre las violaciones de derechos humanos durante las protestas contra Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
En aquellas movilizaciones ciudadanas murieron 50 personas civiles, incluyendo menores de edad, y un policía. Además, resultaron heridos 1,400 ciudadanos. “La evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte”, señala Amnistía Internacional.
“¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú” es el documento que da continuidad al informe “Racismo Letal”, presentado el año pasado. La nueva presentación detalla las decisiones clave tomadas por la presidenta como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía. “Ameritan que los fiscales evalúen su responsabilidad penal”, reitera Amnistía Internacional sobre Dina Boluarte.
Dina Boluarte negó bajo juramento ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes. Sin embargo, con documentos y pruebas a las que tuvo acceso Amnistía Internacional, se revela en el informe que, durante los tres meses en los que tuvieron lugar las protestas, se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía.
La mandataria tuvo múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno. Lamentablemente, en lugar de utilizar sus frecuentes reuniones con ministros, policías y comandantes para detener posibles violaciones a los derechos humanos, continuó elogiando públicamente a las fuerzas represivas.
Ascendieron a agentes involucrados en posibles violaciones de Derechos Humanos y criminalizaron como “terroristas” a los manifestantes
Amnistía Internacional también recuerda que, sin pruebas, desde el Gobierno se señaló como «terroristas» y «criminales» a los ciudadanos manifestantes.
El Gobierno, sin pedir cuentas a sus subordinados, decidió ascender a funcionarios clave involucrados en las muertes de civiles a los puestos más altos.
En el caso de la Policía, los comandantes firmaron planes de operación que calificaban a manifestantes de «terroristas». Sumado a ello, enviaron fuerzas especiales fuertemente armadas para enfrentar a estos civiles. Los mandos policiales permitieron el uso de la fuerza letal y repitieron estas mismas órdenes durante meses, pese a que varias de esas intervenciones resultaron en asesinatos múltiples. Todo ello relata Amnistía Internacional en el Informe publicado hoy con el título “¿Quién disparó la orden?”.
Amnistía Internacional acudió a la Policía para obtener detalles de alguna medida disciplinaria encontrando que no se realizó ninguna contra los agentes implicados. Por el contrario, se archivaron al menos 18 investigaciones disciplinarias abiertas contra policías. Después de firmar todos los planes operativos que tuvieron consecuencias letales, Dina Boluarte ascendió al general policial responsable de estos planes a Comandante General de la PNP.
Entre los nombres claves de la cadena de mando tentativa de Amnistía Internacional, involucrada en las presuntas ejecuciones extrajudiciales con sesgo racista, están el comandante general de la Policía, el ex premier Alberto Otárola, y la presidenta y jefa de las FFAA y de la Policía: Dina Boluarte.
Comunicaciones del Ministerio del Interior no hicieron ninguna mención a los asesinados en Juliaca 2023
“Los ministros del gabinete presidencial tampoco tomaron medidas para hacer rendir cuentas”, asegura Amnistía Internacional. La organización de alcance mundial que observa la protección de los Derechos Humanos realizó un pedido de información pública al Régimen. El Ministerio del Interior respondió a la solicitud confirmando que no se había tomado ninguna medida disciplinaria contra el general a cargo de las operaciones policiales durante las movilizaciones ciudadanas.
La organización también tuvo acceso a las cartas enviadas por el ministro del Interior al Comandante General de la PNP sobre las protestas de enero de 2023. En esas comunicaciones oficiales no hizo mención alguna de las 18 personas asesinadas en Juliaca durante operativos policiales.
Amnistía Internacional obtuvo los planes de operación internos de la PNP y descubrió que, los efectivos recibían órdenes vagas y de amplio alcance como «eliminar barreras humanas.»
Con este fin, la policía fue provista con fusiles. Los planes permitían que las unidades disparen con esas armas letales contra las multitudes. Todo bajo las órdenes de jefes operativos. Esto representó una violación a la legislación peruana como a los derechos humanos.
Los planes operativos también dejan constancia que los superiores de la cadena de mando estaban constantemente informados.
Amnistía Internacional: Agentes involucrados en asesinatos de Andahuaylas también participaron en las masacres de Juliaca
El 12 de diciembre de 2022, en Andahuaylas, fuerzas especiales de la Policía dispararon munición letal desde una azotea hacia decenas de personas solo observaban. Ahí, los agentes mataron a tiros a dos jóvenes e hirieron a varios más.
Amnistía Internacional encontró que los comandantes a cargo de aquella sangrienta operación estaban a solo dos cuadras.
“Un mes después de las primeras muertes en Andahuaylas, altos mandos de la PNP decidieron desplegar a los mismos jefes de las fuerzas especiales para supervisar las operaciones en el aeropuerto de Juliaca, donde hubo protestas el 9 de enero de 2023. Dieciocho personas murieron ese día en Juliaca y más de 100 resultaron heridas”
Amnistía Internacional.
El Ejército también ya había sido desplegado en una operación en Ayacucho, semanas antes. El sangriento resultado de esa intervención dejó 10 muertos en menos de cinco horas.
“Los registros obtenidos por Amnistía Internacional muestran que los soldados dispararon al menos 1.200 balas ese día, en respuesta a «órdenes verbales» de sus superiores”.
Sin embargo, los altos mandos de la PNP decidieron volver a involucrar al Ejército en el aeropuerto de Juliaca.
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